Introducción La relación entre imperialismo y democracia se ha debatido y analizado durante más de 2.500 años, desde en la Atenas del siglo V a.C. hasta en el Liberty Park de Manhattan. Los críticos actuales del imperialismo (y el capitalismo) afirman percibir una incompatibilidad esencial y citan las medidas del Estado policial en expansión que acompañan a las guerras coloniales, desde la legislación antiterrorista de Clinton y la «Ley Patriótica» de Bush hasta la orden de Obama del asesinato extrajudicial de ciudadanos estadounidenses en el extranjero.
Sin embargo, antes, muchos teóricos del imperialismo de diferentes sensibilidades políticas, que abarcan desde Max Weber hasta Vladimir Lenin, han sostenido que el imperialismo aglutinaba al país, reducía la polarización interna entre clases sociales y generaba trabajadores privilegiados que sustentaban activamente a los partidos imperiales y votaban por ellos. Un estudio histórico comparativo de las condiciones bajo las que convergen o divergen el imperialismo y las instituciones democráticas puede arrojar alguna luz sobre los retos y alternativas a que se enfrentan los florecientes movimientos democráticos emergentes en todo el planeta.
El siglo XIX
Durante el siglo XIX, la expansión imperial europea y estadounidense abarcó a todo el mundo. Fruto de su colaboración echaron raíces las instituciones democráticas, el derecho de sufragio se extendió a la clase trabajadora, emergieron partidos competitivos, se aprobó legislación social y la clase trabajadora incrementó su cuota de representación en las cámaras legislativas.
¿Fue el crecimiento simultáneo de la democracia y el imperialismo una correlación casual que reflejaba la divergencia y el conflicto de fuerzas contrapuestas, una de las cuales favorecía la conquista en el exterior y, la otra, promovía la política democrática? En realidad, hay grandes solapamientos entre la política pro imperialista y la democrática, y no solo entre las élites.
Durante el siglo XIX y, en especial, el siglo XX, sectores importantes de los partidos laboristas y socialdemócratas e infinidad de izquierdistas y socialistas revolucionarios destacados aunaron en un momento u otro el apoyo a las demandas de los trabajadores y la expansión imperial. No fue sino Karl Marx quien, en sus primeros escritos periodísticos para The New York Herald Tribune, apoyó críticamente la conquista británica de la India porque significaba una «fuerza modernizadora» que rompía barreras feudales, aun cuando apoyara (con ciertas críticas) las revoluciones europeas de 1848.
Las clases dominantes, la fuerza motriz del imperialismo, estaban divididas: algunas veían en las reformas «democráticas», en la «ciudadanía», un medio de incrementar el reclutamiento obligatorio masivo para las guerras imperiales; otros temían que las reformas democráticas reforzaran las demandas sociales y socavaran la acumulación de capital y poder por parte de la élite. Ambos tenían razón: a la mayor participación política acompañó un nacionalismo moderno virulento que alimentó la construcción del imperio. Al mismo tiempo, el acceso de las masas a los derechos democráticos supuso un refuerzo para las organizaciones de clase, que ponían en peligro o en cuestión el un régimen clasista. En el seno de las clases dominantes, las instituciones democráticas se consideraban un territorio en el que resolver pacíficamente los conflictos entre élites sectoriales rivales. Pero, cuando adoptaron un carácter masivo, se las percibió como amenazas políticas.
Los partidos imperiales y fundados en diferencias de clase competían por los votantes entre unos trabajadores urbanos con el derecho a voto recién adquirido. En muchos casos, las lealtades imperiales y de clase «coexistieron» en los mismo individuos. La pregunta de cuál de las dos, la conciencia imperialista o la de clase, acabaría siendo «dominante» o «destacada» dependía en parte de los éxitos o los fracasos de los proyectos políticos rivales más amplios.
Dicho de otro modo, cuando la expansión imperial triunfó con las fáciles conquistas derivadas de unas colonias lucrativas (en especial, las formadas por asentamientos), los trabajadores democráticos suscribieron el imperio. Fue así porque el imperio reforzaba el comercio, sobre todo el de unas exportaciones muy beneficiosas a cambio de importaciones muy baratas, al tiempo que protegía a los mercados y los fabricantes locales. A su vez, esta situación hizo aumentar el empleo y los salarios en sectores importantes de la clase trabajadora. En consecuencia, los partidos laboristas y socialdemócratas y los sindicatos no se opusieron al imperialismo, sino que de hecho lo apoyaron.
En cambio, cuando las guerras imperialistas desembocaron en conflictos sangrientos y caros prolongados, la clase trabajadora sustituyó su entusiasmo chovinista inicial por desencanto y oposición. Las exigencias democráticas de «poner fin a la guerra» dieron lugar a huelgas que se oponían a la desigualdad de los sacrificios realizados. Los sentimientos democráticos y antiimperialistas tendieron a fundirse.
El conflicto entre democracia e imperialismo quedaba aún más patente en los casos de derrota imperial y ocupación militar. Tanto la derrota de Francia en la guerra franco-alemana de 1870-1871 como la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial desencadenaron levantamientos socialistas democráticos generalizados (la Comuna de París de 1871 y la revolución alemana de 1918) que combatían el imperialismo, la dominación ejercida por la clase gobernante y la totalidad del marco institucional imperial capitalista.
El imperialismo y el debate de la democracia y «la historia desde abajo»
Los historiadores, en especial los practicantes de la tan de moda «historia desde abajo», han exagerado los valores democráticos y las luchas de la clase trabajadora y han subestimado el apoyo prolongado y muy apreciable prestado por sectores importantes al éxito de la conquista y la expansión imperial. La idea de solidaridad de clase «intrínseca» o «instintiva» se trasluce en el papel activo de los trabajadores que en la conquista imperial han desempeñado como soldados, colonos en el exterior, marinos mercantes o capataces. Los colaboradores imperiales y los leales al imperio han sido numerosos entre los trabajadores ingleses y franceses y, especialmente más adelante, en el seno del movimiento sindical estadounidense.
La cuestión teórica reside en que la preponderancia de la conciencia y la acción democrática sobre la imperial entre los trabajadores depende de los resultados materiales y prácticos de las políticas imperiales y las luchas democráticas.
Los trabajadores y el imperialismo
La construcción de un imperio requiere que los trabajadores produzcan más por menos con el fin de exportar e invertir lucrativamente en las regiones colonizadas. Esto llevó al conflicto entre capital y trabajo, sobre todo en la primera fase de la expansión imperial. Cuando los gobernantes imperiales consolidaron su dominio sobre los países colonizados, intensificaron la explotación de los mercados, de la mano de obra y de los recursos. Las exportaciones imperiales acabaron con los competidores locales. Los beneficios aumentaron, los salarios se incrementaron y los trabajadores abandonaron su oposición inicial al imperialismo para reclamar su cuota del incremento de los ingresos de unos productores orientados a la exportación. Los dirigentes de los trabajadores y los sindicalistas aprobaron las políticas de «preferencia imperial» que protegían a los sectores industriales locales frente a la competencia y privilegiaban el controlo monopolista de los mercados coloniales. Lo hicieron porque las políticas imperiales preservaban los puestos de trabajo y elevaban el nivel de vida.
Los trabajadores más activos en los conflictos sociales, incluidos en listas negras o encarcelados, se mudaron voluntariamente o fueron deportados a países colonizados. Una vez instalados en el extranjero se les concedió acceso privilegiado a empleos mejor pagados como capataces o empleados cualificados o fueron ascendidos a cargos de dirección. Los trabajadores militantes dependientes del imperio, una vez en el extranjero, se convirtieron en colaboradores coloniales. Muchos animaron a antiguos compañeros de trabajo, parientes o amigos a unirse a ellos como colonos de éxito o trabajadores contratados. La «domesticación» de trabajadores y la reconciliación de los sentimientos democráticos e imperialistas fue causa y consecuencia del éxito del imperialismo.
Lealtad al imperio: no solo por pan
Aunque los beneficios materiales que acumulan los trabajadores gracias al «éxito del imperialismo» son un factor que fortalece la conciencia imperial de los trabajadores, también se veían reforzados por una gratificación simbólica; era igualmente importante la sensación de ser miembro del «país dominante del mundo» en el que «el sol no se ponía nunca». Es raro encontrar un país en el que la mayoría de los trabajadores exprese «solidaridad» con los mineros explotados, los recolectores de las plantaciones o los campesinos desplazados y los pequeños propietarios indígenas de las «colonias». Cuanto más fuerte era la garra de la potencia colonial, mayores las «oportunidades coloniales», más largos los vínculos coloniales, más profunda la penetración económica y más fuerte el sentimiento de superioridad imperial entre los trabajadores de los estados imperiales. No es raro que los trabajadores, los sindicatos y el Partido Laborista británico pusieran pocas objeciones a la brutalidad de las guerras del opio imperiales contra China y a las hambrunas genocidas inducidas por el imperio en Irlanda en el siglo XIX y en la India en el siglo XX. Asimismo, los partidos de los trabajadores franceses, en especial los socialistas, estuvieron en la primera línea del frente de las guerras coloniales posteriores a la Segunda Guerra Mundial contra Indochina y Argelia, y solo le dieron la espalda ante la inminente derrota y la desintegración interna. Con el mismo espíritu, las guerras coloniales victoriosas estadounidenses contra Cuba y Filipinas, su invasión de países caribeños y centroamericanos, estuvieron apoyadas por la Federación del Trabajo estadounidense y por muchos «trabajadores de a pie», aun cuando una minoría de trabajadores «radicalizados» se opusiera a ellas. El «giro parcial» de la mano de obra contra las guerras coloniales estadounidenses producido durante las guerras de Corea, Vietnam y Afganistán fue consecuencia de derrotas prolongadas y de los elevados costes económicos sin ninguna victoria a la vista. Se debería añadir que los trabajadores estadounidenses, al oponerse a las guerras imperiales, no manifestaban solidaridad alguna con los movimientos de liberación nacional y de trabajadores de los países colonizados.

El imperialismo y los «verdaderos demócratas»
Sostener, como han hecho algunos en la izquierda, que el imperialismo no coexiste con la «verdadera» democracia es sostener que los últimos 150 años han carecido de elecciones libres, competencia entre partidos y derechos ciudadanos, por reducidos que hayan sido, en especial, durante la última década. La realidad es que la intervención y la expansión imperiales se han inspirado precisamente en la sensación de «obligación» de los ciudadanos de mantener las instituciones democráticas, que ha permitido a los dirigentes imperiales obtener legitimidad y apoyo ciudadano activo u obediencia para librar guerras coloniales sangrientas e, incluso, genocidas.
Si la democracia no ha sido normalmente un obstáculo para la expansión colonial, sino de hecho un agente facilitador bajo determinadas circunstancias, ¿bajo qué condiciones los movimientos ciudadanos y de trabajadores han dado la espalda a las guerras imperiales? ¿Cuál ha sido la respuesta política de la clase gobernante cuando la mayoría del electorado se ha vuelto contra las guerras imperiales? Dicho de otro modo: cuándo las instituciones democráticas han dejado de operar como vehículos de las políticas imperiales, ¿qué pasa?
De la democracia imperial al Estado policial imperial
Los últimos diez años nos brindan enseñanzas importantes sobre la relación entre imperialismo y democracia en Estados Unidos.
Empezando por las controvertidas circunstancias políticas que rodean al hecho de que terroristas conocidos pudieran entrar en Estados Unidos y secuestrar aviones el 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense emprendió dos grandes guerras coloniales y numerosos ataques terrestres y aéreos directos «clandestinos» en Somalia, Yemen, Pakistán, Libia y otros países. La «guerra global contra el terrorismo» iniciada bajo el régimen de Bush y desarrollada por cargos militaristas-sionistas veteranos no electos en cooperación con la OTAN e Israel fue apoyada por el Congreso, elegido democráticamente. En ese aspecto, la inmensa mayoría del electorado, influido por una descomunal campaña de propaganda basada en el miedo, la manipulación informativa y las mentiras respaldó las guerras contra el terrorismo.
Dado el alcance y la amplitud sin precedentes de las guerras (una guerra global contra el terrorismo), el inmenso incremento del gasto militar y los grandes desembolsos para un aparato interno (el Departamento de Seguridad Nacional) represivo (de seguridad), se construyó un nuevo Estado policial de carácter marcadamente ejecutivo que sustituyó a la institución democrática vigente y a los derechos de los ciudadanos.
La trayectoria de la política imperial pasó de los primeros éxitos militares a una ocupación prolongada problemática. Esto desencadenó una escalada de la resistencia, el aumento de los gastos del Estado, la profundización de las crisis fiscales, la degradación social y una creciente oposición política.
Como sucediera en el pasado, las guerras imperiales de la actualidad que son prolongadas, costosas y para las que no hay una victoria decisiva a la vista, han desembocado en el desencanto ciudadano, seguido por un rechazo frontal y cada vez mayor. Las mayorías asalariadas que votaron a los legisladores imperiales y respaldaron una legislación que ampliaba sus competencias, incluidas leyes (la Ley Patriótica) que dejaron en suspenso derechos civiles y constitucionales elementales, se han apartado de la agenda imperial. Hoy, la mayoría democrática da prioridad a sus intereses económicos de clase, sobre todo en una situación de recesión prolongada y con una tasa de desempleo y subempleo próxima al 20 por ciento. Empezando entre los años 2008-2011, las guerras interminables y las crisis prolongadas han desencadenado un conflicto entre democracia e imperialismo.
En otras palabras, la mayoría democrática se ha convertido en un obstáculo para llevar a cabo y desarrollar guerras imperiales. La actividad militar imperial en Iraq, Afganistán, Libia, etc., no arrojó victorias rápidas, conquistas de mercados de exportación lucrativos, ni apropiación de recursos naturales. No se han creado puestos de trabajo y no ha repercutido ningún beneficio sobre los empleados y trabajadores del país imperial. Los elevados gastos de armamento han reducido las inversiones públicas que emplean mano de obra intensiva en proyectos de infraestructuras pendientes y críticos. El reducido número de puestos de trabajo peligrosos en los países ocupados ha sido poco atractivo y demasiado arriesgado para los desempleados.
Dicho de otro modo, a diferencia de la mayoría de las guerras coloniales-imperiales anteriores, nada de la riqueza saqueada se ha utilizado para obtener la lealtad de los trabajadores al imperio. La carga del imperio ha recortado progresivamente los salarios y el nivel de vida de los asalariados. Con el paso del tiempo, una fiscalidad regresiva ha erosionado todo sentido de la grandeza o la superioridad chovinista. Por el contrario, los ciudadanos del imperio han desarrollado un complejo de inferioridad política. Ante la oposición islámica decidida y el creciente poderío económico de China, se han abierto paso una belicosidad exagerada entre una minoría y una introspección crítica en la mayoría. Ha ganado peso la conciencia popular de que en Washington y en Wall Street «hay algo esencialmente malo». Los primeros cantos de guerra y la despreocupada agitación de banderas, cuando los ejércitos del Imperio partieron hacia Afganistán e Iraq, fueron sustituidos por un derrotismo iracundo contra unos dirigentes engañosos. Más del 80 por ciento de la opinión pública actual manifiesta una opinión negativa del Congreso y rechaza a ambos bandos en guerra. Contra la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional se esgrimen opiniones negativas similares.
Transcurrida una década de guerra y cuatro años de crisis económica, han estallado las protestas masivas y el movimiento «Ocupa Wall Street» pone nuevas alternativas sobre la mesa, lo que altera la agenda imperial con una enérgica denuncia de la élite militarista-financiera.
Los gobernantes ejecutivos, en especial los aparatos judicial, de inteligencia y policial, han impuesto cada vez más medidas arbitrarias propias de un Estado policial. El Departamento de Seguridad Nacional somete a vigilancia a decenas de millones de personas. El Estado policial intercepta miles de millones de comunicaciones por fax, correos electrónicos y páginas web e interviene llamadas telefónicas. El vínculo entre imperialismo y democracia se rompió en el momento en que un imperio en decadencia ya no podía conseguir el apoyo o la obediencia del electorado.
Las agencias de inteligencia han inventado tramas terroristas cada vez más absurdas. La conspiración iraní de la bomba contra el embajador de Arabia Saudí en Washington ha representado la tentativa más burda y primitiva por recuperar el apoyo público al militarismo imperial en la región del Golfo. Aparte de la configuración de poder sionista-pro israelí, políticamente muy influyente pero infinitamente reducida, la opinión pública estadounidense no se distrae de su programa en el interior: reclamar puestos de trabajo en el país y oponerse a Wall Street.
A medida que el conflicto entre imperialismo y democracia se ha ido intensificando, el anterior «consenso» se ha ido quebrando. La Casa Blanca y el Congreso se inclinan por un imperialismo respaldado por un Estado policial profundamente antidemocrático. La mayoría del electorado avanza utilizando los derechos democráticos que le quedan para orientar el programa político del imperio hacia una república social.
Conclusión
Hemos defendido que imperio y democracia han sido complementarios en momentos de imperialismo ascendente. Hemos mostrado que cuando las guerras de conquista han sido cortas y baratas, y cuando los resultados han sido lucrativos para el capital y generadores de empleo para la mano de obra, las mayorías democráticas han prestado apoyo a las élites imperiales. Las instituciones democráticas han prosperado cuando los imperios en el exterior han suministrado mercados, abaratado recursos y elevado el nivel de vida. Los trabajadores han votado por partidos imperiales, sostenido opiniones favorables de las autoridades ejecutivas y legislativas y vitoreado a los veteranos de guerra coloniales (nuestras tropas). Algunos incluso se presentaron voluntarios y se alistaron en el ejército. Con gran apoyo ciudadano al imperio, el Estado más o menos «se atuvo» a las garantías constitucionales. Pero el matrimonio entre democracia e imperialismo no es «estructural». Depende de una serie de condiciones variables, que pueden causar una ruptura profunda entre ambos, como estamos viendo en la actualidad.
Las guerras imperiales prolongadas, perdidas y costosas que erosionan cada vez más el nivel de vida de más de una generación han socavado el consenso entre los gobernantes imperiales y los ciudadanos democráticos. Los primeros indicios de esta divergencia potencial fueron palpables durante la última época de la Guerra de Corea, cuando la opinión pública se volvió contra el presidente Truman, arquitecto de la Guerra Fría y de la invasión estadounidense de Corea. Aparecieron más evidencias durante la Guerra de Vietnam. Ante una guerra prolongada y que se perdía, que puso en peligro la vida y las oportunidades de decenas de millones de estadounidenses en edad de reclutamiento, millones de civiles y el ejército han optado por poner fin a la guerra y cuestionar las intervenciones imperiales. El Estado represivo todavía no estaba lo bastante organizado para aterrorizar y contener el levantamiento democrático de la década de 1970. El fin de la Guerra de Vietnam representó el punto más alto del afán de los Estados Unidos democráticos por contrarrestar el imperialismo y reconstruir la república.
Las posteriores intervenciones imperiales reducidas, rápidas, baratas y militarmente victoriosas en Panamá, Granada, Haití y otros lugares no provocaron ningún conflicto entre imperialismo y democracia. Tampoco las guerras clandestinas y vicarias en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Angola, Mozambique, Afganistán y los Balcanes suscitaron ninguna oposición democrática significativa, puesto que fueron baratas (en vidas y en fondos) y no fueron acompañadas de ningún recorte acusado de gastos sociales e ingresos.
Algunos estrategas imperiales contemplaban desde la misma óptica la aparición de las guerras ofensivas en curso en Afganistán, Iraq y mundial: victorias rápidas, baratas y con bajo coste en el interior. Una autoridad pro israelí que ocupa un alto cargo en el Pentágono sostuvo incluso que la invasión y ocupación de Iraq se «autofinanciaría» mediante la apropiación del petróleo.
Las guerras del siglo XXI han resultado ser de otra forma: siguieron la pauta de Corea y Vietnam, no la de América Central y el Caribe. Las guerras del siglo XXI, inmensamente caras, no han desembocado en victorias aceleradas y, peor aún, se han producido en mitad de una crisis económica sin precedentes, sin la expansión del mercado y el sector manufacturero de las décadas de 1950 y 1960 que habían amortiguado la retirada de Corea y Vietnam.
La divergencia entre imperialismo y democracia se ha agudizado. La disidencia democrática se ha incrementado y el Estado policial se ha vuelto más prominente y directo. El imperialismo recurre cada vez más a «tramas terroristas ficticias en el interior y en el exterior» para acrecentar los poderes de la maquinaria represiva y gobernar por orden. Las exhortaciones de la Casa Blanca suenan a hueco. La opinión pública otorga cada vez menos credibilidad a las afirmaciones de sus gobernantes de que haya detenciones arbitrarias «justificables», vigilancia generalizada y asesinatos extrajudiciales de ciudadanos estadounidenses (e incluso de sus hijos).
Ahora nos enfrentamos a riesgos a gran escala y a largo plazo, intrínsecos de las democracias imperiales. No por «contradicciones internas», sino porque antes o después las potencias imperiales encuentran la horma de su zapato en forma de luchas prolongadas libradas por movimientos de liberación antiimperialistas y nacionales. La ruptura entre democracia e imperialismo tiene lugar solo cuando las guerras imperiales imponen su coste en los salarios y en la mayoría asalariada. Entonces, y solo entonces, se ponen en marcha las fuerzas democráticas para crear una república democrática, con justicia social y sin imperio.
El peligro actual es que las estructuras imperiales están profundamente arraigadas en todas las instituciones políticas clave y están respaldadas por un aparato estatal policial de una envergadura y una dispersión sin precedentes, al que se llama Departamento de Seguridad Nacional. Tal vez tenga que ser un gran impacto político-militar externo el que encienda el tipo de levantamiento democrático masivo necesario para transformar un Estado policial imperial en una república democrática. Ante las derrotas militares en el exterior y una crisis económica interna implacable y cada vez más profunda, el régimen gobernante padece una creciente sensación de aislamiento e impotencia. El peligro es que estos miedos y frustraciones induzcan a la Casa Blanca a tratar de recuperar apoyo popular atacando Irán con un pretexto inventado. Un ataque estadounidense-israelí a Irán se traducirá en una conflagración de ámbito mundial. Los pozos petrolíferos saudíes y del Golfo Pérsico arderán en llamas. Las vías de comunicación y transporte esenciales quedarán bloqueadas. El precio de la gasolina se disparará mientras que las economías asiática, europea y estadounidense se desplomarán. Irán podría tomar represalias y las tomaría. Los soldados iraníes con sus aliados iraquíes sitiarían a los destacamentos estadounidenses en Bagdad. Afganistán y Pakistán y el resto del mundo musulmán tomaría las armas. Las tropas estadounidenses se rendirían o se retirarían. La guerra dejaría hechas trizas las arcas públicas estadounidenses. Se produciría una espiral descontrolada de déficit. El desempleo se duplicaría. Esta probable secuencia de acontecimientos desencadenaría un movimiento democrático masivo y una lucha decisiva entre una república emergente que se esforzaría por nacer y un imperio en decadencia que amenazaría con arrastrar al mundo al infierno de su propia desaparición.

Estamos organizando para los días 28 y 29 de Octubre de 2011 en Tenerife (Islas Canarias) , unas jornadas para tratar de “analizar la situación en el mundo del Derecho del recurso a la Rebelión desde las ópticas jurídica, ética, política, económica y social, y los intentos de aplicación del Derecho Internacional Humanitario a distintos modelos de conflictos armados”.

Pretendemos comenzar analizando el concepto mismo de rebelde, su aplicación perversa en algunos casos y su negación en otros. A pesar de ser un tema difícil de abordar lo consideramos impostergable ante la deriva autoritaria de los Estados con el desarrollo de las denominadas “legislaciones antiterroristas” que, desde nuestra postura, niegan el carácter político del rebelde para tipificarlo como un delincuente de especial peligrosidad ajeno a móviles altruistas. De esta manera se niega al interlocutor político en la resolución de los conflictos y, por tanto, también el carácter político, económico y social de los conflictos armados. Se cierra así, de ese modo, las posibles soluciones a través de la negociación política o, al menos, la negociación para la aplicación de los principios más universales del Derecho Internacional Humanitario.

Entendemos que si bien el Derecho Internacional Humanitario fue concebido para las guerras entre Estados, es posible y necesario hacer un esfuerzo a fin de adaptarlo a guerras asimétricas como la colombiana con el objetivo, a corto plazo, de limitar las hostilidades y el sufrimiento, permitiendo en consecuencia un clima más apropiado para unas negociaciones políticas más profundas que trasciendan la mera promesa de amnistí a y que aborden la resolución de un conflicto armado que hunde sus raíces en las enormes injusticias sociales que sufren las clases oprimidas en Colombia, situación estructural que de ser mantenida impedirá alcanzar una paz duradera.

Las jornadas tendrán lugar los días 28 y 29 de Octubre de 2011, y en ellas contaremos con la participación de los siguientes ponentes:

Día 28 de Octubre:

• Santiago Alba Rico, cuya aportación a las jornadas será la ponencia: “Condición humana, derecho a la rebelión y alternativas post-capitalistas”. Es escritor, ensayista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, que ha publicado multitud de libros de ensayo sobre filosofía , política y antropología , como por ejemplo: “Las reglas del caos. Apuntes para una antropología del mercado”, “Iraq un cuento para niños”, “Partes de guerra y prosas de resistencia”; y también junto a otros autores: “Crímenes de guerra”, "Medios violentos. Palabras e imágenes para la guerra", "Washington contra el mundo". Además de colaborar como redactor en varias revistas y medios de comunicación, también hizo aportaciones al guión del documental “Bagdad Rap” de Arturo Cisneros. Ha vivido varios a ños en el Cairo y actualmente reside en Túnez.

• Enrique Santiago Romero, desarrollará la ponencia: “Terrorismo o Rebelión ”. Aspectos jurídicos globales”. Este político y abogado español es autor de un intenso trabajo de gran interés en el ámbito de la Solidaridad y los Derechos Humanos. Ha sido hasta noviembre de 2006, Secretario General de CEAR, (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Como político, procede de los Colectivos de Jóvenes Comunistas, (organización juvenil del P.C.P.E.), posteriormente ingresó en la Unión de Juventudes Comunistas de Espa a (organización juvenil del PCE), donde se desempeñó como Secretario General entre 1990 y 1992, y actualmente es Secretario de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida. Como abogado ha desempeñado un importante trabajo en diversas organizaciones de solidaridad internacional. Fue miembro del equipo jurídico en la acusación popular contra el ex-dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad; representó a la delegación de ONG’s y organizaciones sociales que participaron como observadores en el referéndum presidencial en Venezuela en agosto de 2004; ejerce como abogado de Remedios Garcí a , defensora de derechos humanos española, la cual fue técnico cooperante que participó en los diálogos del Caguán, donde se buscaba una salida negociada al conflicto armado colombiano y actualmente acusada en Españ a de pertenecer a “organización terrorista”.

Para el sábado 29 de Octubre bajo el título de Análisis del Conflicto Colombiano, está previsto abordar la evolución en el tratamiento jurídico de la rebelión por parte del Estado colombiano en el actual conflicto armado.

Día 29 de Octubre:

• Abrirá las jornadas de la mañana Mª Lledón Soriano Segarra (Lidón) con la ponencia “Escenarios de luchas, violencias y emancipación”. Lidón es profesora en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, coordinadora de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y coordinadora desde hace varios a ños de las brigadas a Palestina del Komite Internazionalistak de Euskal Herria. Ha participado como coautora en dos libros, “Palestina tiene nombre de mujer” y “El siglo XXI: el siglo de oro de las mujeres”. Sus crónicas sobre el conflicto abierto en Oriente Medio son reflejo de una lucha encarnizada en la que, según opina, "todos y todas tenemos una pequeñ a gran responsabilidad".

• La segunda ponencia de la mañana que lleva el título “¿Resistencias o terrorismo?” El testimonio de un periodista en varias guerras” correrá a cargo de Unai Aranzadi , un premiado documentalista, escritor y fotoperiodista especializado en conflictos armados y derechos humanos. Sus documentales han sido emitidos en la BBC WORLD SERVICE, AL JAZEERA ENGLISH y CANAL +, entre otros. Sus escritos y fotografías han sido publicados por El País, Der Spiegel, Reuters y The Washington Post. Ha trabajado en Somalia, Irak, Afganistán, Líbano, Chechenia, Palestina, Congo, Colombia, Kurdistán, Chiapas y Honduras entre otros espacios de conflicto. Desde 2001 es Director de INDEPENDENT DOCS TV News and Media. Su trabajo se define desde un ángulo periodístico alternativo, que utiliza los medios de comunicación para promover un cambio social que mejore la vida de las mayorías. Ejerce un periodismo que permite conocer, por ejemplo, los motivos de la rebelión alegados por los propios rebeldes, sin adulterar los contenidos con efectos que generen impacto, morbo, sensacionalismo y que persiguen construir una opinión interesada, limitándose a mostrar simplemente lo que ve y escucha. Esto es imprescindible para romper con el cliché de “terrorista”, cuyo objetivo es desposeer al rebelde de su carácter político altruista, rebajándolo a “delincuente especialmente peligroso”, con “fines ocultos y egoístas” con el que no cabe la negociación, porque se trata de un “problema de seguridad del Estado”.

El mismo sábado 29 de octubre en horario de tarde, continuaremos con dos ponencias con las que se pretende abordar la temática de la “geopolítica de la rebeldía y sentidos de las nuevas revueltas sociales”.

• Comenzaremos con la ponencia “el delito político en Colombia y la legislación anti-terrorista” que expondrá Leonardo Jaimes Marín, abogado colombiano especializado en Derecho Penal y en la defensa de población judicializada por razones políticas. Acompañ a desde lo jurídico a comunidades campesinas en resistencia en su proceso de construcción de la memoria histórica. Ha participado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en casos como la masacre de Trujillo y ha colaborado en la preparación de casos ante la Audiencia Nacional española por crímenes de lesa humanidad. Es apoderado judicial de rebeldes capturados por el Estado colombiano y autor de varias publicaciones sobre Delito Político y Derecho Internacional Humanitario. Su papel en las jornadas serí a abordar la evolución en el tratamiento jurídico de la rebelión por parte del Estado colombiano.

• Tras su intervención se abordará la ponencia: “ derecho humanitario, guerras asimétricas y rebelión ” por parte del también colombiano, Carlos Alberto Ruiz Socha , abogado residente en España , exiliado desde 1998. Trabajó en la década de los 90 como defensor de Derechos Humanos y presos políticos. Es miembro de varios organismos defensores de derechos humanos como la Comisión Justicia y Paz y el Instituto ILSA, directivo de la Liga Internacional por los Derechos de los Pueblos y asesor externo de la Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto Armado y la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Profesor universitario y Doctor en Derecho , con Tesis Cum Laude por unanimidad, por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Autor del libro "La rebelión de los límites. Quimeras y porvenir de derechos y resistencia ante la opresión" y de multitud de ensayos de análisis político y jurídico sobre Palestina, Colombia y temas de derecho internacional.

Por último, bajo el título: “Las tareas de la indignación”, pretendemos englobar la presentación de las conclusiones y el plan de trabajo. Nuestra intención es dar a estas jornadas un carácter internacional para reactivar un debate necesario e impostergable como hemos explicado antes. Por ello también hemos solicitado la asistencia en condición de invitados, de representantes del Frente Polisario y del Frente Popular de liberación Palestina, así como delegados observadores del ALBA y del Tribunal Permanente de los Pueblos y de diferentes organizaciones dentro de los ámbitos, político, social y sindical, tanto nacionales, como internacionales.


Fuente: http://rcanariaddhhcolombia.blogspot.com/