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Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

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[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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El voto en blanco es bello

Sombrero de mago

Por: Reinaldo Spitaletta

El presagio comenzó cuando vi a varios habitantes de Bello leyendo la novela de José Saramago, Ensayo sobre la lucidez. "Algo va a pasar aquí", se escuchaba el creciente rumor. Y era que, a propósito de haber un solo candidato a la alcaldía de esa ciudad macondiana, la gente quería rebelarse por primera vez en la historia de un municipio caracterizado históricamente por el clientelismo, el desgreño administrativo y la corrupción.

Bello es una ciudad única en su género. Lleva el apellido de un connotado gramático venezolano, don Andrés, y es la cuna (cuando se llamaba Hatoviejo) de Marco Fidel Suárez, denominado el presidente paria, muy buen gramático y perverso mandatario. Fue uno de los que entregó el petróleo nacional a los Estados Unidos, país al que consideró como el “réspice polum” o estrella del norte “que guía nuestra política exterior”. Todo un colonizado.

En Bello, que tiene un cerro tutelar, con mitos y leyendas, el Quitasol, nació la industrialización del Valle de Aburrá, a partir de 1902, cuando se erigió allí la primera fábrica textilera de la región. La primera huelga (por lo menos con ese nombre) que estalló en Colombia, fue la de 1920, cuando más de cuatrocientas obreras, lideradas por Betsabé Espinal, paralizaron la producción. Y, entre otras reivindicaciones, pedían que se las dejara laborar calzadas y que no las persiguieran sexualmente los capataces. Hasta el gerente de la empresa fue señalado como acosador.

Bello es una de las ciudades que ha padecido todos los estigmas. Debido a graves problemas de identidad y de falta de sentido de pertenencia al territorio, hubo administradores locales que la cedieron para que allí se instalara un leprocomio (en Fontidueño); luego la casa de locos de Medellín se la pasaron a su vecino; también sirvió su jurisdicción para la construcción de una cárcel nacional y para la instalación del basurero de Medellín. “Está loco o va pa’ Bello”, se decía en otros tiempos.

Dueña de una cultura obrera durante buena parte del siglo XX, como que allí estaban varias textileras y los talleres del ferrocarril, Bello también fue una ciudad en la que medró el aterrador laureanismo. Como lo dijo alguna vez Álvaro Cepeda Samudio, en 1948: “Bello se había distinguido por dos razones más o menos importantes en el panorama del país: por la excelencia de sus tejidos y por el subido color azul que caracteriza a sus habitantes”. Agregaba el cronista y escritor costeño que a los godos de Bello se les permitía todo, con desmanes incluidos, menos que escribieran mal. Se refería a una leyenda al pie de un retrato de Laureano Gómez, plagado de errores gramaticales.

Bello, que es conocida hoy –tal vez en una hipérbole paisa- como la Ciudad de los artistas, albergó en las décadas del ochenta y noventa la “mano de obra” para los ejércitos del capo Escobar. La más temible organización sicarial de Colombia tuvo su residencia en esa población de gentes laboriosas y que olían a algodón y a telas de “hilos perfectos”. Se llamaba La Ramada.

Bello, cuna de pintores como Lola Vélez, alumna de Diego Rivera y Pedro Nel Gómez, y de juristas de talla internacional como Fernando Vélez Barrientos; Bello, que alguna vez tuvo como concejal a un burro de verdad y fue tierra de “aplanchadores” de la Violencia; Bello, la misma que junto con Palmira, según Estanislao Zuleta, no tenía cultura, acaba de dar una demostración de civilidad y cultura política, ejemplo para todo el país.

Bello, que tantos años estuvo sin agua potable, pese a su riqueza hídrica, y que fue un laboratorio de la modernidad en el país, volvió realidad la ficción. Porque, en efecto, llovía, como en la obra de Saramago, el día de las elecciones y se escuchó el aullido de algún perro. Y lo que parecía increíble, sucedió.

El único candidato a la alcaldía, del partido conservador, perdió las elecciones frente al voto en blanco, que lo superó con creces. Las elecciones se repetirán con otros aspirantes. Y de esta forma, Bello, pueblo de larga historia, pasará a la posteridad como la primera ciudad de Colombia en la que, como en la novela de un portugués, ganó el voto en blanco, que algunos políticos ya tendrán que empezar a temer como si fuera la peste blanca. El presagio se cumplió.

Impunidad en Colombia denuncian organizaciones


Asociaciones de mujeres, campesinos y sindicatos colombianos denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la impunidad, falta de políticas especiales y ausencia de garantías en el país.
Durante una audiencia, dentro del periodo de sesiones número 143, las asociaciones gremiales denunciaron que la justicia colombiana mantiene una "casi total impunidad" ante la situación de violencia antisindical, que se ha cobrado más de 2.900 víctimas mortales en los últimos 25 años en el país y 23 en lo corrido de 2011.
"Los resultados de nuestros estudios muestran un resultado de impunidad total en el 97 por ciento de los casos, siendo una de las condiciones por las que Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer la libertad sindical", dijo Luis Alberto Venegas, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
"En Colombia hemos sufrido 11.824 violaciones a la vida, a libertad y a la integridad contra los sindicalistas en el país, entre ellos 2.908 homicidios, 290 atentados, 222 desapariciones forzadas, 5.348 amenazas de muerte y 1.776 desplazamientos forzados", enumeró Vanegas.
El representante de la mayor central obrera del país explicó que uno de los principales problemas del sindicalismo colombiano es la falta de diálogo entre las uniones sindicales y la Fiscalía General, a la que acusó de una respuesta escasa y tardía. "El movimiento sindical ha mostrado una actitud dispuesta a mantener un diálogo con la Fiscalía General de la Nación para que produzca resultados que las víctimas del sindicalismo necesitan. Sin embargo, hace más de un año los espacios de interlocución han sido cerrados", añadió.
Sin embargo, Vanegas admitió que se ha registrado una disminución en los casos de homicidios contra sindicalistas, aunque se han mantenido las cifras de desaparición forzada y ha crecido el número de amenazas del 45 al 71 por ciento en el último año, según sus cálculos.
La representante del Estado y directora de DD.HH. y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Interior de Colombia, María Paulina Riveros, negó las acusaciones actuales de falta de comunicación por parte de la Fiscalía y precisó que la naturaleza de la violencia contra los sindicalistas se enmarca en el contexto del conflicto armado que sufre el país.
Riveros recordó que Colombia sufre un conflicto armado interno desde hace más de 50 años, y explicó que la violencia antisindicalista no está relacionada con el ejercicio sindical, sino que es una consecuencia desafortunada más del contexto armado. "Si se contabilizaran los casos de violencia en relación a su actividad sindical se tendría que decir que lamentablemente sólo se ha registrado un homicidio relacionado con la actividad sindical, el de Germán Restrepo Maldonado, que ya ha sido resuelto por la justicia", argumentó la representante.
Restrepo fue tiroteado el 12 de agosto pasado en un establecimiento público del centro de la ciudad colombiana de Medellín a manos de varios sicarios. Por entonces, Restrepo era el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Empaques (Sintraempaques), cargo que ejercía desde agosto de 2008 y fue uno de los pocos sindicalistas que se declaró a favor del tratado de libre comercio (TLC) que Colombia y EE.UU. rubricaron el pasado 12 de octubre tras cinco años de negociaciones.
Según Vanegas, el móvil más usado contra los sindicalistas en Colombia es "el prejuicio de guerrillero contra la víctima", pero explicó que no se trata más que de un estigma asociado a el colectivo. Por su parte, representantes de campesinos afirmaron que la Ley de Víctimas, que prevé la restitución de tierras, "no garantiza los derechos de los colombianos y favorece el modelo minero energético".
"Está claro que históricamente el factor de concentración territorial en Colombia es el principal elemento del conflicto político, social y armado que vive Colombia hace más de 50 años", dijo Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo.
Asimismo, varias asociaciones de mujeres colombianas solicitaron ante la CIDH la creación de políticas públicas que afronten la especial situación de vulnerabilidad de las féminas en el conflicto interno que sufre el país. "Reconocemos que el Estado colombiano ha avanzado en este tema, y podemos decir que está en la agenda pública (...) pero el Estado colombiano tiene que llevar a cabo políticas públicas que hagan justicia con la situación de las mujeres que han sido víctimas en el conflicto armado", apuntó la representante de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES), Lina Céspedes.

Tomado de El Espectador
 

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