Mise à jour le 23 de mayo de 2012
Nosotros, los
miembros del Buró Internacional de la Federación Internacional de
Derechos Humanos (FIDH), todos defensores de derechos humanos de los
cinco continentes, nos dirigimos a Usted para expresarle nuestra
profunda preocupación en cuanto a los repetidos ataques en contra de los
integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR),
organización colombiana miembro de la FIDH.
Desde el pasado mes de noviembre de 2011, el CCAJAR es el objeto de una campaña que apunta a deslegitimar su labor, cuando Usted calificó, tras el estallido del escándalo de los falsos testimonios en el caso de Mapiripán, a sus integrantes de “avivatos” y “corruptos”. A este respecto cabe recordar que el pasado lunes 14 de mayo la señora Mariela Contreras, quien había dado falso testimonio en el caso de Mapiripán, declaró ante la Fiscalía de Derechos Humanos confirmando que el CCAJAR no la indujo a mentir ni ante la Fiscalía ni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las declaraciones vertidas por usted se aúnan a las descalificaciones realizadas desde las Fuerzas Armadas afirmando que el CCAJAR se dedica a hacer guerra jurídica por su accionar en los tribunales colombianos e internacionales, y se suman también al anuncio de “sanciones ejemplares” a nivel judicial, reclamadas por varios ministros de su Gobierno y por parte del Procurador General de la República en contra del CCAJAR. Todas estas declaraciones constituyen un precedente sumamente grave en la medida en que revelan la voluntad, desde las más altas esferas del Estado colombiano, de estigmatizar y desacreditar al CCAJAR, organización que durante más de treinta años ha demostrado su compromiso en la representación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, y cumple una labor esencial en la defensa de los derechos humanos y del Estado de derecho en Colombia. En su Informe Anual 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por estas declaraciones en contra del CCAJAR, considerando que podían “impactar negativamente en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos colombianas, que a lo largo de estas últimas décadas han desarrollado su trabajo en defensa de derechos humanos en situaciones de serio riesgo, lo cual ha costado la vida a muchos de ellos y ha llevado a la Comisión a solicitar reiteradamente al Estado colombiano a respetar y proteger su accionar [1]”
A pesar de las reiteradas solicitudes, ni Usted ni sus ministros han rectificado estas declaraciones, que además de mostrar una falta de reconocimiento de la labor de estos defensores, los ponen en una situación de indefensión y riesgo. La semana pasada, la Contraloría, cuyo mandato cubre las actividades estatales más no las de la sociedad civil, llamó a declarar a varios miembros del Colectivo, con relación a las acusaciones de enriquecerse en el caso de la masacre de Mapiripán. Si bien entendemos que se puedan investigar estos hechos, solicitamos nuevamente que Usted rectifique sus declaraciones y emita un pronunciamiento de respaldo al trabajo legítimo de las ONGs y del CCAJAR en la protección y representación de las víctimas. En el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre de Mapiripán. Es el deber de un Estado democrático aceptar que se inicien acciones judiciales y se dicten sentencias en su contra inclusive a nivel interamericano cuando algunos actores del Estado violentan los derechos humanos.
Lo anterior agrava la situación de vulnerabilidad del CCAJAR, que beneficia de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se suma a acciones de intimidación y violencia surgidas en el mes de marzo, cuando en la estación de autobús cerca de la sede del CCAJAR, un grupo de personas repartieron volantes deslegitimando el trabajo de la organización. Esto se agrega a múltiples amenazas que han llegado al CCAJAR provenientes de grupos paramilitares. Finalmente, se han dado hechos graves de violencia en contra de integrantes del CCAJAR, sobre los cuales nuestra liga le ha comunicado directamente información.
Ante esta situación, nosotros, los miembros del Buró Internacional de la FIDH, haciendo constar que el CCAJAR en ninguna circunstancia se dedica a hacer guerra jurídica, solicitamos la rectificación de sus declaraciones y el reconocimiento de la legitimidad de esta organización. Asimismo, le instamos a que se tomen de forma inmediata medidas particulares de protección para los miembros del CCAJAR y sus familiares, y a que se depuren los archivos de inteligencia relacionados a los defensores de derechos humanos.
La FIDH acogió con esperanza su compromiso de desarmar la palabra y de proteger la labor de los defensores de derechos humanos en Colombia. Confiamos en que sepa cumplir con esta promesa y romper con las prácticas de su predecesor.
Desde el pasado mes de noviembre de 2011, el CCAJAR es el objeto de una campaña que apunta a deslegitimar su labor, cuando Usted calificó, tras el estallido del escándalo de los falsos testimonios en el caso de Mapiripán, a sus integrantes de “avivatos” y “corruptos”. A este respecto cabe recordar que el pasado lunes 14 de mayo la señora Mariela Contreras, quien había dado falso testimonio en el caso de Mapiripán, declaró ante la Fiscalía de Derechos Humanos confirmando que el CCAJAR no la indujo a mentir ni ante la Fiscalía ni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las declaraciones vertidas por usted se aúnan a las descalificaciones realizadas desde las Fuerzas Armadas afirmando que el CCAJAR se dedica a hacer guerra jurídica por su accionar en los tribunales colombianos e internacionales, y se suman también al anuncio de “sanciones ejemplares” a nivel judicial, reclamadas por varios ministros de su Gobierno y por parte del Procurador General de la República en contra del CCAJAR. Todas estas declaraciones constituyen un precedente sumamente grave en la medida en que revelan la voluntad, desde las más altas esferas del Estado colombiano, de estigmatizar y desacreditar al CCAJAR, organización que durante más de treinta años ha demostrado su compromiso en la representación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, y cumple una labor esencial en la defensa de los derechos humanos y del Estado de derecho en Colombia. En su Informe Anual 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por estas declaraciones en contra del CCAJAR, considerando que podían “impactar negativamente en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos colombianas, que a lo largo de estas últimas décadas han desarrollado su trabajo en defensa de derechos humanos en situaciones de serio riesgo, lo cual ha costado la vida a muchos de ellos y ha llevado a la Comisión a solicitar reiteradamente al Estado colombiano a respetar y proteger su accionar [1]”
A pesar de las reiteradas solicitudes, ni Usted ni sus ministros han rectificado estas declaraciones, que además de mostrar una falta de reconocimiento de la labor de estos defensores, los ponen en una situación de indefensión y riesgo. La semana pasada, la Contraloría, cuyo mandato cubre las actividades estatales más no las de la sociedad civil, llamó a declarar a varios miembros del Colectivo, con relación a las acusaciones de enriquecerse en el caso de la masacre de Mapiripán. Si bien entendemos que se puedan investigar estos hechos, solicitamos nuevamente que Usted rectifique sus declaraciones y emita un pronunciamiento de respaldo al trabajo legítimo de las ONGs y del CCAJAR en la protección y representación de las víctimas. En el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre de Mapiripán. Es el deber de un Estado democrático aceptar que se inicien acciones judiciales y se dicten sentencias en su contra inclusive a nivel interamericano cuando algunos actores del Estado violentan los derechos humanos.
Lo anterior agrava la situación de vulnerabilidad del CCAJAR, que beneficia de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se suma a acciones de intimidación y violencia surgidas en el mes de marzo, cuando en la estación de autobús cerca de la sede del CCAJAR, un grupo de personas repartieron volantes deslegitimando el trabajo de la organización. Esto se agrega a múltiples amenazas que han llegado al CCAJAR provenientes de grupos paramilitares. Finalmente, se han dado hechos graves de violencia en contra de integrantes del CCAJAR, sobre los cuales nuestra liga le ha comunicado directamente información.
Ante esta situación, nosotros, los miembros del Buró Internacional de la FIDH, haciendo constar que el CCAJAR en ninguna circunstancia se dedica a hacer guerra jurídica, solicitamos la rectificación de sus declaraciones y el reconocimiento de la legitimidad de esta organización. Asimismo, le instamos a que se tomen de forma inmediata medidas particulares de protección para los miembros del CCAJAR y sus familiares, y a que se depuren los archivos de inteligencia relacionados a los defensores de derechos humanos.
La FIDH acogió con esperanza su compromiso de desarmar la palabra y de proteger la labor de los defensores de derechos humanos en Colombia. Confiamos en que sepa cumplir con esta promesa y romper con las prácticas de su predecesor.
