por Joaquín Gómez(Tomado de Kaos en la Red)

Que no mientan más sobre el conflicto interno: el ejército esconde a los militares muertos, ¿se los reporta a sus familias o los desaparece?

Que no mientan más sobre el conflicto interno

Escrito por Joaquín Gómez, Integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP

Viernes, 08 de Junio de 2012

La muerte de cada soldado, policía o guerrillero disminuye la estatura humana de todos nosotros. Ha sido práctica histórica de los distintos gobiernos colombianos tergiversar, mentir y silenciar los hechos relacionados con el orden público, cuando los resultados no son favorables a sus fuerzas. Así ha sido siempre, convencidos, como lo siguen hoy, de que el deseo, la impotencia y la mentira son armas suficientes para destruir al adversario y ganar guerras injustas, olvidando que la verdad por encima de todo es objetiva, obsesivamente terca y fiel amiga del tiempo, la que, gracias a él, termina siempre reinando. Entre muchos, me referiré solamente a 5 hechos: Durante los cruentos combates de El Billar, en El Caguán, las cifras oficiales sobre el número de uniformados muertos fueron criminalmente adulteradas, divulgando un número menor de víctimas, buscando  minimizar el duro golpe recibido, cuando estos hechos en las guerras prolongadas favorecen de manera  alternativa a cada una de las partes enfrentadas. Esta inveterada  práctica en el  Estado colombiano y  sus distintos gobiernos fue la causa de que 10 de los cadáveres de los desventurados compatriotas muertos en los combates de El Billar, quedaran por fuera del registro oficial del número de víctimas. Las FARC, por medio de la Cruz Roja, enviamos la razón al Ejército, expresando nuestra disposición a propiciar  las condiciones necesarias para el levantamiento de estos cadáveres, dignos de sagrada sepultura. La respuesta que el  Ejército dio fue que eso era una celada de las FARC, que todo ese terreno estaba  minado. Los cuerpos de estos infortunados militares terminaron siendo festín de los gallinazos. Nos surge una pregunta, ¿será que la Institución militar  comunicó a los familiares la muerte de sus deudos?  Lo dudamos.  ¿Será que figuran en la lista de los militares ahora reclamados por el Ejército a las FARC?  Es muy posible. El 26 de febrero de 2011, a la 01:50 horas, unidades de la columna Teófilo Forero del Bloque Sur de las FARC asaltaron una patrulla de contraguerrilla del Ejército en Riecito,  jurisdicción del municipio de Puerto Rico (Caquetá), con un saldo de 10 militares muertos y la recuperación de una ametralladora. La acción duró 7 minutos. ¡Absoluto silencio de parte del Ministerio de Defensa!  ¿Será que  comunicaron la suerte de estos infortunados militares a sus familiares? El 18 de octubre de 2011, unidades del Bloque Sur asaltaron una patrulla del Ejército adscrita a la Brigada 27, que cuidaba el  pozo petrolero “Yurilla”, en la vereda Nueva Arabia, jurisdicción del municipio de Puerto Caicedo (Putumayo), con el resultado de 8 militares muertos y 5 heridos. Recuperadas todas las armas de apoyo: ametralladora, mortero de 60 mm y un lanzagranadas MGL de 40 milímetros.  Propios, sin novedad.  ¡Hermetismo  total de parte del Ministerio de Defensa! ¿Les comunicarían a los familiares de estas víctimas los hechos y circunstancias del deceso de estos desgraciados militares? El 26 de febrero del año en curso en combate sostenido por unidades del Bloque Sur con una patrulla de la Fuerza de Tarea Omega adscrita a la Brigada 27, en la vereda Aguas Negras del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo),  hubo 14 militares muertos y 3 heridos. Recuperado abundante material de guerra, entre ellos,  una ametralladora calibre 2,23. Propios, dos guerrilleros muertos. El parte oficial del Ministerio de Defensa al país  fue de 4 militares muertos y 5 guerrilleros. ¿Y los  otros militares  muertos,  qué? En los recientes hechos del 28 de abril del  presente año, en combate que se prolongó por 7 horas entre unidades del Frente 15 y una patrulla mixta conformada por Ejército y Policía, en la vereda “La Libertad” de la inspección de la Unión  Peneya,  jurisdicción del municipio de La Montañita (Caquetá) hubo 17 muertos y 12 heridos entre soldados y Policías, más un prisionero de guerra de nacionalidad francesa que  tenía más de 11 años de estar haciendo de periodista y de soldado. Desde el mismo campo de combate, un militar comprometido en los enfrentamientos le comunicó al general Navas, Comandante de las Fuerzas Militares,  que las víctimas oficiales era 15, y éste así lo declaró públicamente. Una reportera caqueteña, cuestionando la versión del  comunicado oficial de Pinzón afirmando que los muertos eran solo 4, decía: “Aquí mismo donde yo estoy,  hay 6 cadáveres, y otros tantos van a ser trasladados”. Sin  embargo, ante todo el país y contra todas las evidencias, se impuso la  “verdad oficial”: el  número de muertos que le convenía aceptar al gobierno Santos era solamente 4 (un Sargento, dos soldados profesionales y un policía),  y así fue como subordinaron  la realidad a las conveniencias subjetivas del alto gobierno. ¡Puro Macondo! Al siguiente día, todos los medios y los reporteros al unísono repetían que los muertos habían sido solamente 4  ¡Pobre Navas!¡Pinzón  lo hizo quedar ante el país como un zapato! Es la forma como continúan galopando sobre el tiempo y falseando la historia con mentiras  completas, verdades a medias, éxitos efímeros y fracasos ocultos; sembrando triunfalismos sobre tierras estériles, para cosechar sorpresas indeseables y desengaños previstos. Tejiendo telarañas de victorias con  multicolores hilos de mentiras. No es que nosotros con estas alusiones estemos reclamando litros de sangre. Tampoco estamos asumiendo el papel de aves carroñeras, ni vanagloriándonos por las acciones en referencia, porque sabemos por experiencia propia que la característica más sobresaliente de Belona es la  infidelidad. Además de ser conscientes que el pueblo raso es el que pone todas las víctimas de este conflicto, llámense soldados o guerrilleros, en esta  extraña guerra  donde no habrá  ni vencidos ni vencedores, sino una sola perdedora, Colombia. Únicamente estamos exigiendo que al país se le diga toda la verdad, por cruda y descarnada que sea, sobre la magnitud que ha alcanzado  el conflicto interno que estamos viviendo; que no se manipulen las cifras, que no se silencien los fracasos, que no se tergiversen los hechos, ni se llore de alegría por la muerte del adversario; que no se adopte una actitud maniquea como lo hacen muchos, cuando festejan la muerte de decenas de guerrilleros por los bombardeos de la Fuerza Aérea, pero, cuando los muertos son de la fuerza pública, los calificativos de esas mismas personas contra las FARC no se hacen esperar: terroristas, asesinos, dementes, cobardes…en fin; catalogan un hecho  de bueno o malo, no por hecho en sí, sino  por el bando que lo haya ejecutado. ¡Qué desgracia, los tuertos siempre opinan sesgados! Cómo no pensar que tanto los guerrilleros  como los soldados son hijos de Colombia; por igual tienen padres, madres, hermanas, hijos y sueños;  la muerte de cada uno de ellos en algo disminuye la estatura humana de todos nosotros. Mientras se le siga mintiendo al país sobre el conflicto, la paz seguirá siendo esquiva. ¡Que se diga toda la verdad! ¡Que no se le mienta al pueblo! Y veremos, como bien pronto  nos enrumbaremos hacia la solución política del conflicto social y armado que por casi 5 décadas desangra a Colombia. Hacemos un respetuoso  llamado a los periodistas  honestos, de sana y recta  conciencia y juicios sensatos, “fabricantes e inductores de opiniones”,  a que reflexionen y analicen la responsabilidad que les asiste en este conflicto; a que investiguen bien los hechos y no tomen como única fuente las “verdades oficiales reveladas”; porque la mayoría de las veces, son oficiales, pero no verdades; no sigan, algunos de manera consciente, haciéndole el juego a todos aquellos que han hecho de la guerra un negocio lucrativo; sirviéndoles de instrumentos para profundizar el conflicto, desfigurando los hechos y cultivando odios, a cambio de aplausos y abultados sueldos y prebendas  de parte de los usufructuarios de la injusticia social. A  Juan Manuel Santos, si verdaderamente quiere pasar a la historia como un Presidente benefactor del pueblo y  no de la oligárquica clase a la que pertenece, que renuncie a  la demagogia y  al populismo  y que no siga usurpando la llave de la paz, porque esta llave le pertenece no al que manda a los hijos del pueblo a morir en la guerra, sino al que pare los hijos   que mueren en la guerra, que es el  pueblo. Que no olvide las palabras de Abraham Lincoln: “Se puede engañar a todo el pueblo parte del tiempo, se puede engañar a parte del pueblo todo el tiempo, pero lo que no se puede es engañar a todo el pueblo todo el tiempo”. http://www.resistencia-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1304:joaquin-gomez-integrante-del-secretariado-nacional-de-las-farc-ep&catid=21&Itemid=36

Tribunal Mundial de Libertad Sindical  COLOMBIA Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012).   El Tribunal Mundial de Libertad Sindical integrado por los siguientes Magistrados: LUIS ENRIQUE RAMÍREZ, Presidente; LYDIA GUEVARA RAMÍREZ, Secretaria; LUIZ SALVADOR, OSCAR ALZAGA, JOSÉ LUIS CONTRERAS MONTES, GRETEL HERNÁNDEZ OLIVA y SEBASTIÁN VISCUSO, reunidos en sesión plenaria, en el expediente caratulado “Sindicatos de Colombia c/ República de Colombia s/ Violación del principio de libertad sindical” (Causa No. 001/ 2012.), dicta la siguiente sentencia
I.-objeto de la controversia  

El Tribunal ha recibido una demanda general que resume la presentada por 81 organizaciones sindicales y por trabajadores independientes, cuyo detalle se realizó en el auto de admisión de la demanda, de fecha 23 de mayo de 2012. En ella se denuncian graves violaciones al principio de libertad sindical por parte de la República de Colombia, alegándose que los trabajadores de este país, “siempre han sido blanco de los ataques de la clase política tradicional”, situación que se habría agravado a partir de 1965, según los demandantes, cuando “se acogió por el Estado la doctrina de la seguridad nacional o del enemigo interno”. Dice la demanda que “el paramilitarismo se ha convertido en una política de Estado, cuyo blanco principal son los defensores de derechos humanos, los opositores y los trabajadores.”

Luego la demanda desarrolla y fundamenta este punto, explicando la responsabilidad de los Estados Unidos en la actividad paramilitar en Colombia y la complicidad de los partidos políticos tradicionales. La demanda también relata otras violaciones graves a los derechos humanos, cuyo origen se vincula al derecho de libertad sindical, que prácticamente es impedido su cabal ejercicio por los trabajadores.

II.- Competencia

En el auto de fecha 23 de mayo de 2012 el Tribunal fundamentó su legitimidad y su competencia para conocer en el presente caso. En primer lugar, por estar conformado por juristas y personalidades sociales de diferentes países, ajenos a la controversia planteada. Decíamos en esa oportunidad, que el Tribunal Mundial de Libertad Sindical – Colombia (TMLS), es un tribunal ético internacional, fundado por representantes de la sociedad civil que pretenden denunciar y hacer visible, ante la comunidad nacional e internacional, la sistemática violación en Colombia de una de las libertades fundamentales de la persona humana: la libertad sindical. Es un tribunal ético, porque nace con el propósito de generar conciencia sobre la degradación de ese derecho humano, que la institucionalidad no ha podido, o querido, preservar. Su existencia se explica por el fracaso de las estructuras políticas formales, en dar una respuesta adecuada a las agresiones que sufre la libertad sindical en este país.

Cuando los sistemas judiciales convencionales se muestran impotentes para suprimir esos comportamientos, por ser incompetentes, tolerantes o, peor aún, cómplices, entonces las víctimas y los pueblos tienen el derecho de reapropiarse democráticamente de la justicia, generando un espacio para la denuncia, la condena y la difusión de los hechos de violación de la libertad sindical, identificando a sus responsables.

 El Tribunal no sustituye a los tribunales formales, sino que coadyuva a que las normas nacionales e internacionales se reconozcan y apliquen. Sin lugar a dudas, este es un paso para terminar con la impunidad, al exhibir ante la comunidad local e internacional hechos que repugnan a la conciencia social de la humanidad, y que van a contramano del siglo XXI, que es el siglo de los derechos humanos. Se trata, ni más ni menos, que desenmascarar la injusticia, y forzar la reacción de aquellas personas e instituciones, que tienen la capacidad de movilizar mecanismos correctivos de estas conductas socialmente reprochables.

 Cuando la violación de los derechos en general, y de la libertad sindical en particular, pasan a ser parte del escenario de lo cotidiano, y cuando las conciencias parecen estar anestesiadas, seguramente como mecanismo de defensa para poder sobrevivir a semejante degradación social, entonces las instituciones entran en una profunda crisis. Pierden legitimidad porque pierden credibilidad. Y llegado a este punto, los pueblos tienen el derecho a exigir y buscar justicia, la que les permite alzar la voz y denunciar a los violentos, a los corruptos, a los delincuentes, a los explotadores, que degradan las instituciones republicanas y, en nuestro caso, a los que sistemáticamente violan el principio de libertad sindical en sus diversas manifestaciones.

III.- Trámite ante el Tribunal

Recibida la demanda, al estar designadas las partes y pertenecer los hechos denunciados al marco de competencia del Tribunal, se ordenó notificar al Presidente de la República de Colombia, Señor Juan Manuel Santos Calderón para que pueda ejercer el derecho de defensa. Paralelamente, se dispuso la producción de la prueba ofrecida por la parte demandante, ordenando que por Secretaría y atento a su volumen, sea reservada y archivada la documentación, y que se tome declaración a los testigos ofrecidos realizándose las audiencias los días 23 y 24 de mayo de 2012 en el horario de 09:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 horas.

IV.- El marco normativo
Para resolver la controversia planteada, el Tribunal ajustó su decisión a la Constitución Política (CP) de la República de Colombia, artículos 25, 39, 53, 55 y 56; al Código Sustantivo del Trabajo (CST), a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), números 87 (1948) sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949), 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (1978) y 154 sobre el fomento de la negociación colectiva (1981); a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art.23); a la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 20 y 23.4), a los llamados “Pactos de Nueva York”, el relativo a los Derechos Civiles y Políticos (art. 22.1) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 8.1), el Protocolo de San Salvador (art. 8) y demás tratados que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia sindical. También se tuvieron en cuenta los dictámenes y resoluciones de los organismos internacionales de interpretación y aplicación de dichos tratados y convenios, como, por ejemplo, la Comisión de Expertos, la Comisión de Aplicación de Normas y el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Por último, pero muy especialmente, el Tribunal apoyó su decisión en la doctrina de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en los casos “Baena, Ricardo y otros” (02/02/2001) y “ Huilca Tecse c/ Perú” (03/03/2005).

El Tribunal destaca que la profusión de normas internacionales que consagran el principio de libertad sindical, permite considerarlo como un derecho humano fundamental integrante del “ ius cogens ” o derecho consuetudinario de gentes, obligatorio para todos los países, conforme al Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados.   

V.- La libertad sindical
Ingresados en el siglo XXI, el Tribunal considera innecesario explayarse mayormente sobre la libertad sindical, uno de los pilares de toda sociedad democrática.

Baste decir que la libertad sindical comprende tanto a la llamada libertad sindical individual, consistente en la facultad de constituir sindicatos, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, como la libertad sindical colectiva o autonomía sindical, que permite a las organizaciones sindicales realizar toda actividad lícita, incluida la huelga, para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. La función de los sindicatos, en las sociedades modernas, es crear una fuerza social que contrarreste los poderes empresariales. Pero el desconocimiento sistemático de la libertad sindical deriva en una situación de debilidad estructural de las organizaciones gremiales, lo que facilita los abusos y atropellos a los derechos de los trabajadores.

La libertad sindical está íntimamente vinculada con la subsistencia del trabajador y de su familia, con la protección y mejoramiento de sus intereses y derechos, ya que es la garantía para el ejercicio de sus derechos laborales, como son al trabajo digno y estable y a una remuneración justa. Y si la libertad sindical está relacionada con la subsistencia de la persona, entonces está vinculada con el derecho a la vida, que es el primer derecho humano. Esto explica que la propia O.I .T diga en sus informes, que la libertad sindical y la libertad de asociación son un derecho humano fundamental y un valor medular del sistema, cuyo propósito principal es que los trabajadores defiendan sus derechos adquiridos y aún puedan mejorarlos.

Las normas constitucionales y la ratificación de los tratados internacionales sobre derechos humanos y los Convenios de la O.I.T., es un dato importante para juzgar la situación de la libertad sindical en Colombia. Pero lo verdaderamente esencial es el grado de aplicación efectiva de esa normativa.

Este Tribunal ha podido comprobar, con las pruebas producidas, que en Colombia existe una enorme brecha entre la norma jurídica protectora y su aplicación en la realidad. Se viola la libertad sindical cuando el ordenamiento jurídico interno crea condiciones para la existencia de organizaciones de trabajadores débiles y sin capacidad de acción sindical. También cuando se reglamenta el derecho de huelga para que sea inofensiva, o cuando la negociación colectiva es un burdo simulacro.

Pero la más grave violación de la libertad sindical se produce cuando la violencia contra el sindicalismo es permanente, en el marco de una evidente impunidad, sobre todo de los grupos paramilitares, lo que nos habla de un Estado ausente o, peor aún, cómplice.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “ Huilca Tecse c/ Perú” (03/03/2005), ha dicho: “El estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, pues, de lo contrario, se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses”. Agregando: “Por lo tanto, la ejecución de un líder sindical, en un contexto como el del presente caso, no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de un determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor”.

La O.I.T ha señalado: “un clima de violencia, de presiones y de amenaza de toda índole contra dirigentes sindicales y sus familiares no propicia el ejercicio libre y el pleno disfrute de los derechos y libertades que consagran los Convenios núms . 87 y 98 y todo Estado tiene la ineludible obligación de fomentar y mantener un clima social donde impere el respeto a la ley, como único medio para garantizar el respeto y la protección a la vida”. (Véase Recopilación de 1996, párrafos 61 y 62; 306 .º informe, caso núm. 1903, párrafo 489, 331. Informe, casos núms . 1937 y 2027, párrafo 106; 327 .º informe, caso núm. 1787, párrafo 342 y 333. Informe, caso núm. 2268, párrafo 755.)

La experiencia indica que el ejercicio de la libertad sindical está claramente condicionado, por el nivel de respeto que exista en un país de las libertades individuales, en particular el derecho a la seguridad de las personas, la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión, el derecho a la defensa en juicio ante tribunales independientes e imparciales y el derecho a la protección de los sindicatos. En un país en el que se verifican graves violaciones de las libertades civiles, no puede existir libertad sindical. Colombia es un ejemplo, pues la sola existencia de los paramilitares es un atentado contra la legalidad y el Estado Social de Derecho.

Estrechamente vinculado con esta situación, aparece generalmente una administración de justicia deficiente, lo que sirve para incrementar aún más el clima de impunidad e inseguridad existentes. Las restricciones civiles y políticas constituyen una de las principales causas de violación de la libertad sindical, reconoce la O.I.T., lo que explica que casi la mitad de las quejas que recibe el Comité de Libertad Sindical se refieran a violaciones de derechos humanos. El mismo organismo internacional ha dicho, reiteradamente, que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido, cuando no existen las libertades civiles. Por ello ha insistido que un clima de violencia e inseguridad, es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales.

Es responsabilidad directa del Estado garantizar a los dirigentes sindicales, no sólo su vida, su integridad física, o su libertad, sino también la libertad de movimientos y de circulación, sin temor a represalia alguna. El Tribunal, conforme a la abrumadora prueba producida en esta causa, considera que el Estado colombiano no cumple con esa responsabilidad. 

VI.- Sobre los hechos comprobados
El Tribunal ha podido comprobar que en el Estado y sectores empresariales colombianos existe una especie de cultura antisindical, que corre en paralelo con una cultura de la violencia como forma de resolver los conflictos. Un comportamiento es cultural cuando más allá de su legalidad o legitimidad está socialmente considerado como incorporado al orden natural de las cosas. Está demostrado que la violencia ejercida desde el Estado o desde los grupos económicos, reduce la sindicalización y dificulta enormemente la formación de nuevos sindicatos.

En 1970 había una sindicalización del 14% de la población económicamente activa, y en la actualidad es menor del 4%, resultando que sólo el 2% de los trabajadores está amparado por la negociación colectiva. Con procesos de violencia contra la fuerza de trabajo se ha logrado en este país deslaboralizar la contratación individual, disfrazada como contratación civil, y sustituir al trabajador formal por trabajo subcontratado o tercerizado .

Paralelamente, este proceso ha sido acompañado por una fuerte ofensiva contra el derecho a la negociación colectiva, desnaturalizándose e incumpliéndose los convenios colectivos de trabajo vigentes, cuyas cláusulas son sistemáticamente violadas, tanto por el Estado como por los empleadores privados. La violencia antisindical ha posibilitado la aparición de cooperativas de trabajo asociado fraudulentas, que disfrazan como socios cooperativos a quienes no son otra cosa que trabajadores dependientes.

Otro fenómeno similar es la utilización fraudulenta de las agencias de servicios eventuales o temporarios, que pretenden reemplazar a los trabajadores efectivos por trabajadores que originan un menor costo laboral y que representan una fuerza de trabajo de difícil o imposible sindicalización. 

Este Tribunal considera que la mayoría de los trabajadores colombianos se encuentran en una situación laboral, que podríamos calificar como la prehistoria del Derecho del Trabajo, situación a la que se llega merced a los hechos reiteradamente mencionados y denunciados en esta causa.

Frente a la violencia irracional, generalmente originada en función de la protección de los intereses de los grupos económicos y de las empresas multinacionales, la reacción del Estado colombiano, reiteradamente denunciado y condenado por los organismos internacionales, ha sido la de desarrollar ineficientes procedimientos de protección de los dirigentes sindicales, omitiendo atacar con auténtica convicción política las causas que motivan dicha violencia.

El Tribunal da por acreditado que en Colombia existe una indisimulada alianza entre el Estado y los grupos económicos y financieros, locales y extranjeros. Por lo tanto, resulta evidente que existen poderosos intereses para mantener un movimiento sindical débil y fragmentado, situación que a veces se agrava por la actitud de alguna dirigencia sindical, que actúa según sus propios intereses. Ante los hechos notorios de graves violaciones a los derechos humanos de la clase trabajadora el Tribunal tiene por debidamente probada la impunidad con la que actúan los responsables de dichas violaciones. Y en este fenómeno es clara la responsabilidad del Poder Judicial. Los fueros sindicales, que son la herramienta que permite garantizar la actividad de los representantes sindicales, y que están reconocidos en la Constitución Política de Colombia y en los Convenios de la O.I.T., son sistemáticamente violados. El Tribunal ha podido comprobar, que el despido arbitrario de los dirigentes y activistas sindicales es un hecho que se reitera con llamativa regularidad. Situación que se ve agravada cuando con total impunidad se desconocen órdenes judiciales de reintegro de los trabajadores afectados.

En Colombia las relaciones laborales no son democráticas ni participativas. Son profundamente autoritarias. El trabajador es un sujeto sin voluntad, que deja en la puerta del establecimiento sus derechos ciudadanos. La empresa es, en general, una estructura autocrática, donde uno manda y los demás simplemente obedecen. Se desconoce el acuerdo bilateral y democrático de las partes que integran la relación laboral. El trabajador es un simple engranaje, fácilmente sustituible, de una maquinaria cuyas palancas son movidas por manos, cuyo dueño ignora. La estabilidad laboral es la madre de todos los derechos laborales, porque un trabajador sin estabilidad tiene escasas posibilidades de defenderlos.

El Tribunal ha podido comprobar que en Colombia las relaciones laborales son inestables, violentándose el principio de la permanencia del contrato de trabajo. La ausencia de libertad sindical, que lleva a un sindicalismo débil y fragmentado, permite que relaciones laborales que deberían ser por tiempo indefinido, por responder a necesidades empresariales permanentes, terminan disfrazadas como relaciones por plazo determinado, o como contratos de naturaleza civil, o como relaciones cooperativas, todas claras situaciones de burdo fraude laboral.

Es lógico que en este escenario, con una fuerza laboral temerosa de perder su puesto de trabajo, la discriminación, el abuso y la prepotencia patronal sean una consecuencia natural. El contrato de trabajo es, de por sí, una relación de poder; poder que se descontrola cuando no hay libertad sindical, como en el caso de Colombia. La debilidad del movimiento obrero en este país no es una casualidad, ni un hecho inevitable de la naturaleza. El Tribunal tiene por demostrado que hay un plan para que en Colombia exista una mano de obra dócil y barata. Y para ello es necesario que el sindicalismo no sea un obstáculo.

El procedimiento seguido para alcanzar este objetivo ha quedado a la vista en este expediente: la represión de la actividad sindical, la violencia extrema y la impunidad, dignas de los albores del siglo XIX y no de una sociedad democrática y moderna.

En este marco de franca desprotección de la clase trabajadora colombiana y de extrema debilidad del sindicalismo, no debería extrañar que el índice de siniestralidad laboral sea elevadísimo, lo que se ha podido comprobar a pesar de la ausencia de estadísticas oficiales confiables. Las condiciones de trabajo de un importante sector de trabajadores, son deplorables. Tales condiciones llevan a que un reducido número de trabajadores alcance los servicios de la seguridad social, desprotegiendo a la mayoría. La protección de la vida y la salud del trabajador, que son su único patrimonio, es considerado un costo laboral, que no todos los empleadores están dispuestos a pagar. A ello se suma la ineficacia de los organismos estatales, que deberían controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral.

El Tribunal se hace cargo que el discurso oficial pretende, especialmente en los foros internacionales, alegar que Colombia es un país en el que actualmente se respetan los derechos de los trabajadores y la actividad sindical. Sin embargo, la mejor prueba de la falsedad de tales afirmaciones es la resolución adoptada por la Corte Constitucional de Colombia en el caso P 750/2011, en la que expresamente se declara “la actividad sindical en el país es de alto riesgo”.

VII.-NORMATIVIDAD REGRESIVA 

1. Aún está vigente el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo (CST) que prohíbe la huelga en una amplia gama de actividades económicas que no son servicios esenciales, pese a que los organismos de control de la OIT, especialmente el Comité de Libertad Sindical, en varias ocasiones ha recomendado reglamentar el derecho de huelga, conforme a los criterios de la propia OIT en materia de servicios esenciales.

2. Las federaciones y confederaciones tienen prohibido declarar la huelga en el artículo 417 del CST.

3. Frente a más de un millón de empresas y 19 millones de trabajadores y trabajadoras que hay en Colombia, la negociación colectiva negociación colectiva El proceso de negociar términos y condiciones de trabajo mutuamente aceptables, así como de regular las relaciones laborales entre uno o varios representantes de los trabajadores/as, sindicatos o centrales sindicales por un lado, y un empleador, un grupo de empleadores o una o más organizaciones patronales por el otro, es prácticamente marginal. 

4. Véase convenio colectivo La negociación colectiva cubre a menos del 2% de los trabajadores colombianos. Por la exclusión de un gran número de trabajadores de la aplicación del régimen laboral del Código Sustantivo del Trabajo, de los 19´138.000 trabajadores, solo al 30% se les aplica dicho Código, y sólo 124.200 trabajadores se benefician de algún tipo de acuerdo colectivo. Se aprecia una grave exclusión del derecho de negociación colectiva de los trabajadores con vínculo diferente al contrato de trabajo.

5. La Ley 1453 reformó el artículo 200 del Código Penal, condenando a quien perturbe reunión, asociación o huelga. Esta protección es insuficiente. Es una norma inane, a la fecha no se ha estrenado y no se conoce una sentencia que aplique esta disposición.

6. El Estado colombiano expidió el Acto Legislativo No 01 de 2005, prohibiendo el tema de pensiones en la negociación colectiva.

7. El Estado colombiano expidió el Decreto 535 de 2009, por medio del cual se reglamenta la concertación de las condiciones laborales de los empleados públicos, con lo cual se niega la negociación colectiva de dichos trabajadores. Pero aún con la “concertación” se niega asuntos que excedan el campo laboral, tales como: la estructura organizacional, las plantas de personal, las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, los procedimientos administrativos y el principio del mérito como presupuesto esencial de la carrera administrativa.

VIII- Violaciones contra la vida e integridad personal, al derecho de asociación y negociación colectiva, persecución sindical, criminalización de actividad sindical. 

Para simplificar la lectura de la presente sentencia y atento a la significativa cantidad de casos que han sido presentados ante el Tribunal durante las audiencias de los días 23 y 24 de mayo de 2012 y los que han continuado llegando durante el desarrollo de las sesiones del Tribunal, el detalle de los mismos se contiene en el Anexo No. 1, que debe considerarse formando parte integrante de esta Resolución.

IX. En mérito de todo lo expuesto y sobre la base de la prueba colectada, El Tribunal Mundial de Libertad Sindical , RESUELVE:

1. Condenar al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical.
2. Exhortar al Gobierno de la República de Colombia a que adopte todos los recaudos necesarios para garantizar en el país la Libertad Sindical, suprimiendo de inmediato todos los obstáculos y restricciones que han sido denunciados en esta causa.
3. Exigir al Gobierno de la República de Colombia que prohíba, cese y sancione con el rigor necesario, todos los comportamientos violentos, cualesquiera que sean sus autores, que afectan el libre ejercicio de la actividad sindical.
4. Dirigirse a cada una de las empresas e instituciones públicas involucradas en la denuncia recibida, para que cesen en sus actos y políticas antisindicales. En el caso de empresas multinacionales, el Tribunal se dirigirá a la casa matriz.
5. Poner en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo la presente sentencia. Designar a la Dra. Gladys Delgado de Rodríguez para realizar los trámites de notificación.
6. Comunicar a todo el movimiento obrero organizado, local e internacional, lo resuelto en esta causa.
7. Notificar esta sentencia a los organismos defensores de los Derechos Humanos, locales e internacionales.
8. Pasar a un cuarto intermedio, hasta la fecha y en el lugar que oportunamente se fijarán, para analizar la evolución de la situación de la Libertad Sindical en Colombia.

Más sobre la convocatoria del Tribunal Mundial Sindical y la demanda contra el Estado colombiano en el sitio de la Marcha Patriótica: http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=523:tribunal-mundial-de-libertad-sindical-colombia&catid=37:en-la-marcha&Itemid=94

El sistema carcelario Una vida por diez pastillas La provincia de Buenos Aires, pero la Nación también, reclaman a gritos un enfoque integral de la ‘agenda seguridad’, concebida desde una matriz democrática; por otra parte la única desde la cual se podrá desmontar también la maquinaria de miedo y disciplina social dirigida por los fuertes poderes hegemónicos. (*) Por Víctor Ego Ducrot

Un constructor del Nunca Menos Duhalde, más Luis que nunca La inquietante relación de un luchador por los derechos humanos y las coordenadas de su tiempo. La memoria de un militante y la militancia por la memoria. Por Ernesto Espeche (*) Participación política La repolitización como reaseguro de no retrocesos Las miradas clásicas intentan explicar el actual proceso histórico como algo transitorio derivado de algunas ventajas económicas y de políticas asistenciales. Desconocen así el rol protagónico de sujetos sociales decididos a ser artífices de su destino. Por Daniel Gonzalez Almandoz Tiempo de bifurcación YPF: entre intervención y expropiación La decisión del gobierno de tomar el mando de la empresa petrolera no tiene vuelta atrás. Un proyecto de declaración de los hidrocarburos como “de interés público” es el paso necesario. Dos posibles vías hacia la toma del control es el dilema que el gobierno debe resolver. Por Emilio Meynet Contra la malicia periodística Integrados al mundo y soberanos El ataque mediático más artero y reiterado contra el proyecto político nacional y popular sostiene sin base alguna que nuestro país se aísla del mundo y por lo tanto no recibe inversiones ni puede desarrollar un comercio exterior sustentable. Por Julio Semmoloni La institución madre de APAS homenajea a Kirchner En la educación y el periodismo, Néstor presente La Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, en la cual nació nuestra agencia, inaugura instalaciones bajo el nombre del ex presidente argentino. Reproducimos un texto de la Dr. Florencia Saintout, decana de la casa de estudios, al respecto. Por Florencia Saintout (*) El oscurantismo católico I En el Sur también existe El periodista y militante de derechos humanos referencia el afincamiento de sectores ultra conservadores de la Iglesia católica en el sur de la provincia argentina de Mendoza. Hoy lo hace a partir de la publicación de una novela que alude al tema, en próximas ediciones sabrá Dios cómo más. Por Ramón Ábalo (*) Crisis siria Las dos caras del Imperio Al tiempo que Damasco aceptó poner en marcha un plan que propicia una salida pacífica al conflicto, Estados Unidos propone una doble jugada: acepta la propuesta pero financia a los grupos opositores armados sirios. Por David Garcia Operaciones fuera del área estéril Vapuleo al vice y cuentas a tres años La operación mediática y judicial contra el vicepresidente argentino, Amado Boudou, deriva en movimientos que la ubicarían como parte de la campaña para posicionar al gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, como candidato a la presidencia en 2015, en potencial disputa interna con el segundo de Cristina Fernández. Desde la Redacción de APAS Justicia fuera de su justo espacio Las leguas largas En los últimos días siguió la embestida mediática y política contra el vicepresidente argentino. En conferencia de prensa, Amado Boudou denunció las patrañas del monopolio y sus cómplices en la justicia. Desde la Redacción de APAS

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Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.

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