Colombia está a punto de aprobar una ley que favorecerá la impunidad.
Bruselas, 22 de noviembre de 2012.
Colombia está a punto de aprobar una reforma constitucional que la
llevaría a retroceder al menos 20 años en materia de derechos humanos.
Así se lo han hecho saber tanto al Presidente Santos como al Congreso,
organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas, Naciones
Unidas (ONU). La ampliación del fuero penal militar pretende, sin
ocultarlo, favorecer a los militares y policías involucrados en
violaciones a los DDHH y al DIH.
En un hecho sin precedentes, 11 relatores de la ONU, han
solicitado al Congreso colombiano que retire esa propuesta de reforma
que, “
de aprobarse, (…) perjudicaría seriamente la administración de
la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y
del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves,
por parte de las fuerzas militares o de la policía”. En la reforma
se establece una lista de crímenes que no podrán ser conocidos por la
justicia militar. Esta lista ha ido cambiando según las versiones del
proyecto de reforma, incluyendo por ejemplo los crímenes de lesa
humanidad, genocidio y desaparición forzada, etc. pero dejando por fuera
otros crímenes graves como crímenes de guerra, etc. Además, como lo
manifestaron los relatores, preocupa que “
esta propuesta de reforma
constitucional intente permitir que las instituciones de la justicia
penal militar o policial sean las primeras en determinar si existe
indicio de algunos de estos delitos” lo cual afectaría seriamente
la independencia de la fase de investigación preliminar de los hechos y
por lo tanto la calificación de los mismos.
A excepción de aquellas expresamente excluidas, las violaciones a
los derechos humanos que están siendo investigadas o procesadas en la
justicia ordinaria pasarían a la justicia penal militar. Esto se
aplicaría por ejemplo a los llamados “falsos positivos”, más de 2.000
ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros del ejército entre
2002 y 2009. Los agentes del Estado en Colombia han sido y siguen siendo
responsables de numerosas violaciones a los derechos humanos y al DIH. “
Muchos
de estos crímenes han sido documentados y siguen siendo objeto de
preocupación para los distintos mecanismos de la ONU y del Sistema
Interamericano de DDHH, que han formulado recomendaciones al respecto a
fin de investigar, juzgar, sancionar y asegurar la no repetición de
estos crímenes. La extensión del fuero penal militar iría en sentido
contrario a estas recomendaciones”, advierte el portavoz de Oidhaco, Vincent Vallies.
En su último informe, de noviembre de 2012, la Oficina de la
Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Colombia destaca el
riesgo que representa esta reforma constitucional. La Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a través de su presidenta,
Souhayr Belhassen, advierte que "
el tono del informe (de la CPI)
anuncia claramente que constituye una última advertencia al Estado
colombiano pues si no hace lo necesario para impedir la impunidad de los
más altos responsables de estos crímenes, la CPI abrirá una
investigación".
Desde Oidhaco pedimos a la Unión Europea y a sus Estados miembro,
a Suiza y Noruega, reiterar de manera urgente su preocupación frente a
esta reforma y llamar a las autoridades colombianas a que estas
disposiciones sean retiradas y que se abstengan de promover y adoptar
reformas que puedan reforzar y/o llevar a la impunidad en casos de
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario, así como reformas que atentan contra la independencia de la
justicia y el balance de los poderes.
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