Existen
algunos temas que implícitamente no aparecen relacionados en el preámbulo del
“Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera”, ni en la
Agenda contenida en el mismo acuerdo suscrito con el Gobierno
colombiano. Sin embargo, no se puede evitar al profundizar en algunos de ellos,
pues no se trata de un recetario anquilosado donde solo cabria la definición de
la relación de términos contenidos tanto en el Acuerdo General como en la Agenda de seis puntos. Esto
quiere decir que se puede opinar y proponer sobre temas como Soberanía
Nacional, Sistema Económico, Régimen
Político, etc.
Quiero
referirme a uno de ellos que, por su importancia, es necesario fijar una
posición, pues tiene que ver con lo consignado en el preámbulo con relación a
que “…Una Colombia en paz jugará un papel
activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial…”. Pues la
paz no es simplemente el silencio de los fusiles y menos de una sola de las
partes.
Si,
se trata del tema de la
SOBERANÍA NACIONAL Y MILITARIZACION del país que tiene
implicaciones igualmente con la posibilidad de una paz no solo nacional sino
regional y mundial. En primer lugar la existencia de acuerdos militares con
potencias extranjeras que como ocurre con “Plan Colombia” y el mal llamado “Plan
Patriota” donde los gringos vienen poniendo las armas y el pueblo colombiano
los muertos. Porque el régimen colombiano ha sido indigno, plegado y arrastrado
al cumplimiento de las estrategias de los EE.UU. que, bajo el pretexto de la
“lucha contra las drogas y las guerrillas”, busca entre otros los siguientes
objetivos:
- Asegurar
el control vital de una zona del dominio imperial que es América Latina.
- Controlar
la biodiversidad y en general los recursos naturales de la región, en especial
de la Amazonía
y la Orinoquía.
- Consolidar
su dominio ideo-político en una zona que consideran de desórdenes interiores en
los países vecinos que forman parte del ALBA, particularmente contra Venezuela
(petróleo) y Bolivia (litio).
- Imponer
su política neoliberal del mal llamado libre comercio.
No
hay que olvidar que con la firma del “Plan Colombia” en el año 2000 la
oligarquía colombiana autorizo al gobierno de los EE.UU. no solo la utilización
de siete bases militares (Palanquero, Tolemaida, Apiay, Larandia, Bahía Málaga,
Cartagena y Malambo) sino lo que es más grave la utilización de cualesquiera de
las bases comerciales existentes en el país, convirtiéndolas en avanzadas militares,
con total inmunidad (léase impunidad) para el personal militar estadounidense y
de “contratistas” (mercenarios) que tienen carta blanca para violar las leyes
colombianas.
De
todas estas bases militares, Palanquero es la principal base aérea de combate
en el país, financiada por el Plan Colombia con 46 millones de dólares, con
pista para todo tipo de aviones y a la cual le fue levantada la sanción gringa
por la participación de algunos de sus mandos en la masacre de Santo Domingo..
“El 13 de diciembre
de 1998 en el caserío de Santo Domingo, del municipio de Tame, Arauca, un
helicóptero UH-1H de matrícula FAC-4407 de la Fuerza Aérea
Colombiana – FAC-, arrojó un explosivo cluster, con el apoyo de un avión
perteneciente a la empresa estadounidense OXY, causando la muerte de 17
civiles, entre quienes estaban: Luis Carlos Neite Méndez (5 años), Edna
Margarita Bello (5 años), Jaime Castro Bello (4 años), Deysy Catherine Cárdenas
Tilano (7 años), Jorge Vanegas (10 años); Wilfran Gaitán Serrano (13 años) y,Giovanny
Hernández Becerra(17 años); y resultaron 25 heridos, entre los cuales se
encuentran 9 niños y niñas”.
El Estado promovió
la impunidad con sus actuaciones posteriores a la masacre, entre ellas permitir
que la investigación estuviera a cargo de la Justicia Penal
Militar por un largo periodo y que ahora, a pesar de la enorme inconformidad y
protestas levantadas en el país contra el proyecto de ley se pretende ampliar
el fuero militar que implicara mayor impunidad.
Sin pena ni gloria el gobierno colombiano, con la
complicidad de las élites financieras y los grandes medios de comunicación,
firmaron tal Acuerdo recibiendo a cambio diariamente entre 2 y 3 millones de
dólares en “ayuda” militar con destino a la fuerza pública (ejército, aviación,
armada, policía, organismos de seguridad, etc.), ayudándole a EE.UU. a suplir
en Colombia las operaciones antidrogas que realizaba en la base ecuatoriana de
Manta, de donde el nuevo gobierno de Rafael Correa en un acto de soberanía los
expulsó.
Colombia es uno de
los países más militarizados del planeta, pues cuenta con un ejército de más de
600 mil efectivos, que entrena a otros de Panamá, Perú, chile, África y oriente
medio; el más moderno armamento ofensivo y con experiencia de participación no
solo en guerras internas sino internacionales como integrante de fuerzas
multinacionales MFO (Multinational Force and Observers), fuera del marco
de la ONU, participando
al lado de los EE.UU. en guerras como la de Corea y el Sinaí. Además de la
presencia de cuerpos armados paramilitares, muchos de ellos tolerados por
algunos mandos del ejército y la policía, es conocida la presencia de tropas y
organismos de inteligencia estadounidense e israelita, todo lo cual constituye
una amenaza latente para los gobiernos democráticos que se vayan estableciendo
en América Latina.
Es por todo esto que las FARC-EP en su Plataforma
Bolivariana por la
Nueva Colombia “Invitamos a todos los colombianos que anhelan una patria soberana,
en desarrollo y en paz, a trabajar por la conformación de un nuevo gobierno
nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo, que se
comprometa: (No solo a una) Revisión
total de los pactos militares, tratados comerciales y convenios lesivos para la
nación”, sino que, además planteamos en su segundo punto:
“2. La
doctrina militar y de Defensa Nacional, será BOLIVARIANA. En cumplimiento del
mandato del libertador, los militares emplearán su espada en defensa de las
garantías sociales. Las nuevas Fuerzas Armadas se distinguirán por su amor al
pueblo y el odio a la tiranía. Serán garantes de la soberanía nacional,
respetuosas de los derechos humanos, y tendrán un tamaño y un presupuesto
acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos. La Policía Nacional
dependerá del Ministerio del interior y justicia, reestructurada para que
cumpla su función preventiva; moralizada y educada en el respeto de los
derechos humanos”.
Cordialmente.
Bernardo Salcedo
La habana, dic.29 de
2012
La guerrilla difundió un video en que el Iván Márquez expresó que
espera que el próximo año sea un buen tiempo de conquistas políticas a
través de la lucha y la movilización.
