No fue el 2012 un año fácil en las garantías para el ejercicio del trabajo de las diferentes organizaciones o movimientos sociales en el Departamento, la grave crisis que vive el movimiento social se materializa en la estigmatización, la amenaza,- la criminalización de la protesta, el homicidio, el desaparecimiento forzado, el hostigamiento, la judicialización, persecución, el abuso de autoridad, los despidos laborales y la violación permanente y sistemática a los derechos humanos fundamentales, estuvieron en el orden del día en el 2012.

En el año 2012 se desarrollaron dos reuniones con el Cerrem, una el 9 de marzo con presencia en ese entonces del Ministro de Interior Germán Vargas Lleras, y otra el 4 de junio presidida por el  Andrés Villamizar, director Nacional de Protección UNP,- ambas reuniones se hicieron con un sinnúmero de organizaciones sociales donde en estas se denunciaba la difícil situación de las mismas y de sus dirigentes, comprometiéndose el gobierno en ese entonces a tomar medidas que garantizaran el ejercicio de sus labores,- hay que señalar que estos compromisos se han venido cumpliendo parcialmente, en el caso del movimiento sindical de la CUT y de sus sindicatos filiales ha habido más esperanzas que realidades, las mayorías de las medidas que se han tomado como garantías se han concentrado en ayuda de transportes, chalecos antibalas y equipo de comunicación.


Al Comité Ejecutivo de la CUT, le fue retirado el esquema de protección a pesar de las amenazas contra sus dirigentes especialmente contra su Presidente Edgar Santiago, a excepción de Leonardo Sánchez y Enrique Pertuz, que cuentan con esquema de seguridad, en sus sindicatos filiales tales como: Sintrenal, no se cumplió el compromiso de estudio para el blindaje de su sede.


Anthoc departamental, traía un esquema para sus dirigentes de la Junta Directiva Arístides Hernández y Edio Omar Botello, que le fue retirado y reemplazado el esquema de protección por una ayuda de transporte,- un chaleco antibalas y un equipo de comunicación, siguen amenazados, Arístides Hernández, Edio Omar Botello y Teódulo Martínez. Se encuentran desaparecidos Esteban Jaimes, de Anthoc de Villa del Rosario y fue asesinada la enfermera Amparo Yañez.


Sindesena: Persiste la amenaza contra el directivo Álvaro Vásquez, quien no tiene esquema de protección.


Asonal judicial: Persisten las amenazas contra José Gamboa, presidente y Fabián Espinoza, vicepresidente sin esquema de protección.


Asinart: Hay un esquema colectivo y se encuentra amenazado su presidente Martín Cruz, entre el año 2011 – 2012 han sido amenazados 32 docentes, asesinada Francela navas, y desaparecida Ana Teresa Leal Mogollón,- hay instituciones completas donde los docentes no tienen garantías para sus trabajos y han sido amenazados en sus conjuntos, casos la Escuela Capitán Largo del Municipio de Abrego y los docentes del colegio del Tarra.


Con los docentes se presentan situaciones que son amenazados por la insurgencia en Municipios como Tibú y terminan trasladándolo a Municipios de Área del Catatumbo sin ningunas garantías para la vida de estos docentes.


Sintrasaludcoop: Se encuentra amenazada su Vicepresidenta Fanny Suárez, al Presidente de esta organización sindical Hugo Sanguino, la Empresa Saludcoop, lo despidió por haber conformado la organización sindical de Sintrasaludcoop, teniendo fuero sindical.


Asovicut: Asociación de Vendedores Informales de Cúcuta, quienes la administración Municipal en cabeza de su Alcalde Donamaris Ramírez, su Secretario de Gobierno David Castillo, la policía Metropolitana y el Grupo del Esmad, los han hostigados, golpeados, reprimidos,- encarcelados y su mercancía decomisada, cada vez que hacen uso del derecho a la protesta reclamando un derecho fundamental como es el trabajo, en esta actitud violenta de la criminalización- de la protesta ha sido detenido y encarcelado el Fiscal Cesar Valencia, y lesionado con incapacidad hasta de 15 días Marisol Contreras, Yani Milena Ascanio (embarazada), Rocío Valencia, Juan Pablo Marín y Diego Esteban Calderón, entre otros.


Asintracol, dond e despidieron a 115 trabajadores de Recursos Humanos de Colombia, con el aval del Ministerio de Trabajo, despido donde incluyeron a toda la Junta Directiva Sindical de esta organización que tenían fuero sindical y circunstancial, entre los cuales se encuentran Luis Armando Duarte, presidente,- Edwin Virviescas, secretario general, Pedro Pablo Guarín, tesorero, Orlando Medina, fiscal, Mélida del Carmen Duarte, secretaria de Salud Ocupacional, Emilsen Jurado, Comité de Reclamos, Edgar Ramírez, Suplente de Fiscalía, Cecilia Velandia, Secretaria de la Mujer, despido que se dan en el marco de la discusión de un pliego de peticiones.


Sintragasolina: Este año han sido asesinados 11 de sus miembros y amenazado su presidente Abel Correa, permanentemente son amenazados por la Administración Municipal de desalojarlos de sus puestos de trabajo que es el único sustento que tienen para sus familias.


Asociación de Taxis de Servicio Colectivo: Quienes fueron perseguidos, reprimidos y detenidos sus vehículos por parte de la Administración Municipal encabeza del Alcalde Donamaris Ramírez, negando el derecho adquirido a través de la Resolución 020 que los ampara para prestar el servicio a las comunidades.


Sindicato de Madres Comunitarias: Quienes no tienen ningún tipo de garantías laborales, quienes han venido exigiendo al gobierno nacional que se le dé cumplimiento a la sentencia de la Corte del pago de un salario mínimo por su labor.


Asociación Sindical de Trabajadores de la Nueva Sexta: Desde hace 50 años venden productos venezolanos porque son más asequibles a las clases populares, denuncian la confiscación de sus mercancías de las cuales derivan su sustento vital y permanentemente son obligados al pago de extorsiones por parte de organizaciones al margen de la ley.


Las amenazas a las organizaciones y sus dirigentes arrecian cada vez que hay denuncias o discusión de pliego de peticiones.


Transtonchalá, Sindicatos del transporte donde despidieron a los directivos de la organización y amenazados con panfletos y señalados de pertenecer a grupos de izquierda.


Fundación Nacional de Víctimas de la Violencia: Su secretario General y Presidente de la Asociación de Trabajadores de Villa Rosario Asodestra, Olinto Nieves, tuvo que abandonar el Departamento a raíz de las amenazas permanentes contra él y su familia.


Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: Todavía está espera esta organización que el gobierno genere una política de encontrar a sus seres queridos, se le suman a las cifras de desaparecidos de años anteriores los 100 casos-
registrados este año en el Area Metropolitana de Cúcuta, permanentemente hay denuncias de la falta de voluntad por parte de los organismos del Estado y del Gobierno Departamental y Municipal de desarrollar una política hacia el tema de los desaparecidos.


El Movimiento Comunal: 27 dirigentes han sido amenazados, perseguidos y otros han sufrido atentados entre los cuales se mencionan: Cesar Augusto Torres, Gladys Sambrano, Pedro Fuentes, Kelly Martínez Rubio, Libardo Valencia, Oscar Eduardo Reales, Blanca Miriam Romero y Javier Enrique García, entre otros.


ONG de desplazado: Han amenazado a 36 de sus dirigentes y miembros de base entre los cuales se encuentran Manuel Bayona, Deysi López, Gilma Obregón, Ana Doris Rodríguez,  Carmen Zulima Naranjo, Yesid Acosta, Rubén Darío Yañez, Flor Ortiz, Walter Alfonso Mina y Olinto Nieves, entre otros.


Defensor de derechos humanos, : Dirigentes como Nubia Mendoza y Olga Lucía Quintero, del Movice y Ascamcat, están amenazadas.


Corporación Víctimas de Norte de Santander: Rubén Darío Yañez y Luis Alberto Rojas, están amenazados.


LGBTI: Amenazados: Luis Edwin Patiño y Pablo Alfonso Vargas, se le suma a esto el cobro de extorsiones y vacunas a que se ven sometidos permanentemente por las bandas criminales asentadas en Cúcuta.


Hay que señalar que en el marco de las garantías para las organizaciones sociales se presentan obstáculos para las organizaciones sindicales y sus dirigentes en los permisos sindicales transitorios y permanentes por parte de los patronos y las administraciones, violando derechos constitucionales y acuerdos internacionales con la OIT.


La Central Unitaria de Trabajadores CUT Norte de Santander, ha venido impulsado la apertura de un proceso de diálogo social con la Administración Municipal y Departamental que no ha encontrado eco por parte de estas administraciones donde no solamente- se discutan las garantías a las organizaciones sociales sino también lo que tiene que ponerse en marcha para el desarrollo del Municipio y del Departamento y el respeto a derechos fundamentales de salud, vivienda, educación, servicios públicos, entre otros.


Hay que señalar que en el tema de las garantías nos asiste una gran preocupación en el compromiso de las entidades correspondientes de investigar, sancionar y judicializar a los comprometidos en la violación de derechos fundamentales y el respeto a las garantías para el desarrollo de la labor de estas organizaciones, llama la atención el papel que juega la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Personería, la Contraloría por la impunidad que reina en todos estos procesos y la falta de voluntad política por parte de las administraciones nacionales, departamentales y municipales  en su compromiso frontal de defensa de los derechos humanos y garantías, acompañamiento a los procesos sociales.


Los responsables oficiales y los grupos organizados al margen de la Ley siguen en esa dinámica constante de amenazas, hostigamientos, homicidios, desplazamiento, entre otros con las organizaciones sociales.


El panorama en la región del Catatumbo no es aislado de lo que se vive en el Área Metropolitana de Cúcuta y en otros Municipios, la macartización y señalamientos contra organizaciones campesinas (Ascamcat y Cisca) siguen en el orden del día al igual que los campesinos de estas zonas a los cuales muchos de ellos son señalados como auxiliadores de la insurgencia.