En
este país de guerras hay una que sí -más allá de la retórica oficial-
determinará el futuro de esta democracia: la gran disputa nacional en
torno a la educación pública.
La ofensiva de los autoproclamados reformadores de la educación está
compuesta por algunas de las fuerzas más poderosas del país, entre ellos
los hombres más ricos de Estados Unidos, el gobierno federal, el sector
financiero, los grandes medios y cabilderos, quienes afirman que el
problema central de un sistema de enseñanza público en descomposición
son los maestros de baja calidad y sus sindicatos que defienden el statu
quo.
La solución que proponen, financiada por miles de millones en fondos
privados, es sujetar el sistema de educación a un modelo empresarial
guiado por ejecutivos, donde se evalúa a los docentes exclusivamente en
torno a exámenes estandarizados y se mide todo por esquemas de datos
bajo normas que se aplican al sector privado. A la vez, se busca aplicar
el “libre mercado” al sector educativo, con esfuerzos para privatizar
algunos segmentos y contratar cada vez más servicios del sector privado
en la enseñanza pública.
En esta “guerra”, el enemigo son los maestros y sus sindicatos, a
quienes culpan de resistir el cambio, proteger sus intereses mezquinos,
que ponen encima de los de sus estudiantes, y de culpar a factores
socioeconómicos por sus deficiencias.
Tal vez la expresión mejor conocida de este argumento fue la película
documental Esperando a Superman, de 2010, que presentó un sistema
educativo compuesto de maestros mediocres y complacientes, casi como
burócratas, padres de familia frustrados y sindicatos del magisterio con
el solo interés de proteger a sus agremiados. Según la película, la
única y mejor solución son las llamadas escuelas chárter, que reciben
fodos públicos, pero son administradas de manera privada, exentas de
varias regulaciones, entre ellas, la obligación de contratar sólo
profesores sindicalizados, y algunas pueden ser operadas con fines de
lucro (hay más de 4 mil chárters en 40 estados del país, y ahora suman 5
por ciento de las escuelas públicas). Los críticos acusan que son la
punta de lanza de la privatización.
Ineficiencia y mediocridad
El argumento sobre la mediocridad e ineficiencia de la educación
pública ha sido nutrido por informes de instituciones y personalidades
muy destacadas, desde el secretario del rubro, Arne Duncan, a algunos de
los medios más influyentes del país. Bill Gates se ha obsesionado con
el hecho de que el sistema de enseñanza pública ya no produce la calidad
de trabajadores de alta capacitación técnica que requiere el país para
competir a nivel mundial, algo que Barack Obama ha reiterado al insistir
en que los estudiantes estadunidenses no pueden competir con los
coreanos. Un grupo de trabajo del prestigioso Consejo de Relaciones
Exteriores, encabezado por la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice y
el ex jefe de educación pública de la ciudad de Nueva York Joel Klein,
dio la alarma de que el pobre desempeño educacional estadunidense en el
contexto global representaba “una grave amenaza a la seguridad
nacional”.
Noventa por ciento de los alumnos estadunidenses están en planteles
públicos, alrededor de 50 millones actualmente. El gasto federal,
estatal y municipal en enseñanza supera 600 mil millones dólares al año.
Como afirma David Denby en The New Yorker, “el debate sobre el futuro
de la educación es en parte sobre empleo, poder y dinero, y ahora es
parte de la lucha ideológica entre el gobierno, como garante del bien
comunitario, y la competencia del mercado como un creador potencial de
excelencia”.
Por lo menos desde hace una década -algunos dicen que esta guerra
empezó hace 20 años- este movimiento reformista ha sido financiado en
gran parte por empresarios y sus fundaciones, la más sobresaliente la de
Bill Gates (Microsoft), la familia Walton (de Walmart), Mark Zuckerberg
(Facebook) y Eli Broad (su fortuna es de la aseguradora Sun Life) y
Michael Bloomberg (de Bloomberg y actual alcalde de Nueva York). Estos
han invertido miles de millones en programas de privatización de
escuelas públicas (las llamadas escuelas chárter), en financiar think
tanks, agrupaciones de cabildeo, centros de expertos, medios y
periodistas, y en el apoyo y cabildeo de autoridades locales, estatales y
federales, logrando imponer su agenda a escala nacional.
Ellos ya definen y determinan en gran medida el debate sobre las
políticas en el sector en este país, y tienen entre sus filas a los
jefes de educación de casi todas las principales ciudades del país,
hasta el propio secretario del rubro, Arne Duncan, y su jefe, Barack
Obama (como también a su antecesor, George W. Bush).
Privatización o escuelas chárter
Junto con ellos se ha integrado a este movimiento reformista un
sector de nula experiencia y, anteriormente, ningún interés en la
enseñanza pública: el financiero, que ahora también financia escuelas
chárter, promueve reformas para establecer el modelo empresarial y
condiciona sus contribuciones sustantivas a políticos en torno al apoyo a
iniciativas favorecidas por los “reformadores”.
Desde 2002, la pieza central del movimiento reformista ha imperado
sobre el panorama de la enseñanza pública, cuando el entonces presidente
George W. Bush promulgó la ley No child left behind o NCLB (ningún niño
dejado atrás), donde se establece el uso de los resultados de exámenes
estandarizados estatales a estudiantes para medir el desempeño de
maestros y escuelas, que en algunos casos puede llevar al despido de
docentes y hasta la clausura de planteles. Por tanto, con cada año se
obliga a que los maestros y administradores dediquen cada vez más
tiempo, esfuerzo y atención a estos exámenes, ya que determinan, cada
vez más, su futuro.
Al llegar Obama a la Casa Blanca, su secretario de educación formuló
un programa, Race to the top o RTTT (Carrera a la cima), que promueve
una competencia entre estados para ampliar el uso de estos exámenes, la
elaboración de más medidas y programas para la evaluación estadística de
estudiantes y maestros con base en los exámenes, y la creación de más
escuelas chárter a cambio de fondos federales.
NCLB y RTTT son las coronas del movimiento reformista empresarial, y
sus consecuencias se sienten a lo largo y ancho del país. Su argumento
fundamental es que, con base en estas reformas, los maestros por fin
serán evaluados objetividad, y con ello hay un proceso de rendición de
cuentas en el sistema.
Mero negocio: antirreformistas
El problema, según los críticos de estas “reformas”, es que ni el
diagnóstico de los reformadores, ni sus recetas están basadas en los
hechos, lo cual ha llevado a críticos a considerar que las reformas
tienen más que ver con negocios y una visión neoliberal que con la
función y propósito de la educación pública. Citan numerosos estudios,
investigaciones y datos que demuestran que las reformas no han generado
los resultados prometidos, que el diagnóstico está viciado por graves
errores en evaluación. Subrayan que el eje del modelo de reforma, los
exámenes estandarizados, no puede ser usado para medir el desempeño de
maestros y escuelas, según expertos nacionales y hasta directores de
algunas de las empresas que se dedican a eso, incluyendo la Rand
Corporation y la agencia de investigaciones sobre métodos de evaluación
escolar de la Academia Nacional de Ciencias.
Por otro lado, en años recientes se ha revelado que en Nueva York,
Houston, Chicago, Washington y otros lugares los políticos han inflado y
manipulado los resultados de los exámenes que tanto señalan como
pruebas del éxito de sus reformas.
“La educación pública está bajo ataque de las fuerzas de la
privatización, por gente que hace promesas falsas”, declaró Diane
Ravitch, profesora en la Universidad de Nueva York, quien hace una
década fue una de las reformadoras más prominentes del país, ex
secretaria asistente de educación en la presidencia de Bush padre,
autora de 10 libros sobre políticas e historia de educación, entre otros
logros destacados, quien ahora es tal vez la voz nacional más eminente
en contra de los reformistas.
En un discurso el año pasado, agregó que “la profesión magisterial
está bajo ataque de aquellos que culpan a los maestros por condiciones
más allá de su control. Desean quitarles su profesionalismo y
convertirlos en técnicos de exámenes”. También advirtió que “si logran
quitar a los maestros el derecho de negociar el contrato colectivo,
silencian sus voces.
Con ello eliminan la única fuerza que puede detenerlos. Eso deja el
camino abierto para recortar fondos; para entregar más escuelas públicas
a las cadenas de escuelas chárter… y para implementar políticas que
dañan a los niños y reducen la calidad educativa. No permitan que lo
hagan”.
Ravitch, en un artículo en The Daily Beast, pronosticó que “en los
próximos años, los alumnos estadunidenses serán sometidos a más y más
exámenes, la industria de los exámenes engordará, y la calidad de
educación sufriría.
Para rescatarse, los maestros enseñarán sólo en torno a los exámenes
malos, los distritos escolares abandonarán las artes y reducirán el
tiempo en materias como historia, geografía, civismo, ciencias e idiomas
para tener más tiempo para los exámenes. Habrá más escándalos de
trampas con las calificaciones de las evaluaciones, que determinarán las
vidas y carreras de maestros y directores, y la sobrevivencia de sus
escuelas”.
Más recientemente, señaló que las empresas con fines de lucro tienen
el objetivo de “lograr ganancias, no buena educación. La manera en que
generan ganancias es cortar costos, y lo hacen sustituyendo maestros con
experiencia con maestros sin experiencia, y con tecnología. No
preguntan si es bueno para los niños o si mejora la educación, sino si
incrementa las ganancias sobre la inversión”.
La fuerza del mercado
De hecho, para algunos, las reformas han sido parte de un esfuerzo
impulsado por fuerzas conservadoras y empresariales, que argumentan que
la única manera de mejorar todo es aplicar las “fuerzas del mercado” al
sector público. En 2008, la revista Time citó que Susan Neuman,
profesora de educación quien había sido subsecretaria del sector del
presidente George W. Bush y promotora de la ley NCLB, señaló que algunos
de sus colegas en el gobierno veían esa ley como “un caballo de Troya”
para promover su agenda de privatización, demostrar el “fracaso” de la
educación pública y así “hacerla estallar un poco”.
Richard Rothstein, experto en políticas educativas del Instituto de
Política Económica y autor de varias obras sobre el tema, ha sido un
crítico feroz de las reformas implementadas, y recientemente comentó al
New Yorker que “el movimiento de reforma está destruyendo el sistema de
la enseñanza pública”.
Los reformistas acusan a sus críticos de usar la pobreza y otras
condiciones socioeconómicas como justificación para detener las
reformas, las cuales, dicen, son la mejor manera de ofrecer
oportunidades a los sectores más vulnerables. Pero según investigaciones
de varias universidades y expertos como Jonathan Kozol, son los
reformistas los que niegan el impacto de la pobreza sobre los
estudiantes. De hecho, la brecha en desempeño académico entre pobres y
ricos se ha ampliado hasta un 50 por ciento desde 1980.
Rebelión
Hay cada vez más avisos de rebelión contra la visión tecnócrata y
empresarial de la educación. En Texas, casi 80 por ciento de las juntas
escolares del estado han aprobado una resolución rechazan los exámenes
estandarizados como base de evaluación de maestros y escuelas. En la
ciudad de Nueva York, encuestas registran que las mayorías reprueban las
reformas educativas del alcalde Bloomberg.
El 10 de septiembre del año pasado, por primera vez en 25 años, el
sindicato de maestros de Chicago estalló una huelga y no fue por la
disputa sobre salarios, sino contra la demanda del alcalde Rahm Emanuel,
ex jefe de equipo del presidente Barack Obama, de abrir más escuelas
chárter, mayor evaluación y bonos de maestros con base en los resultados
de estudiantes en exámenes estandarizados. Ocho días después, la huelga
concluyó tras concesiones por ambos lados, pero para muchos maestros
esta acción logró detener, por ahora, la imposición de la agenda
empresarial, una batalla en una guerra que continúa.
Rothstein escribió que la huelga “fue la primera rebelión abierta de
maestros a escala nacional por esfuerzos para evaluar, castigar y
recompensarlos basados en las calificaciones de sus estudiantes en los
exámenes estandarizados… El descontento de los maestros ha estado
burbujeando ahora durante una década, pero se necesitó un sindicato bien
organizado para dar expresión práctica a ese descontento”.
Chicago, dicen unos, sólo es una primera llamada.
(Con información de La Jornada)