San Andrés y la Drummond
A finales del año
anterior, tras conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia
de la Haya en el diferendo entre Colombia y Nicaragua, los medios de
comunicación, voceros de las clases dominantes, políticos y politólogos,
abogados y una caterva de oportunistas, encabezados por un expresidente
de la República –el más descarado pro imperialista y vendepatrias que
se recuerde en la historia de sumisión que caracteriza a la oligarquía
criolla- llamaron a desconocer el fallo y, recurriendo al más barato y
mentiroso de los nacionalismos, clamaron porque se adelantara una guerra
contra Nicaragua para defender los Callos y el mar circundante. Al
mismo tiempo, los sicarios del micrófono y de la pluma –que abundan en
este país- pasaron rápidamente a difundir sus breviarios de odio y
resentimiento contra los nicaragüenses. Enseguida, Juan Manuel Santos
siguió con la misma tónica y decidió desconocer el fallo, con lo que se
ha dado muestra que el colombiano es un Estado canalla, al estilo de
Israel o los Estados Unidos, para el cual el derecho internacional
solamente es aceptable cuando le conviene o cuando las grandes potencias
le imponen sus intereses.
Todos esos chovinistas, con unos bríos
que los hacían aparecer como cruzados medievales en defensa de la
patria –es decir de sus fundos, bancos y propiedades-, se rasgaban las
vestiduras como los primeros defensores de la soberanía nacional, que
supuestamente fue lesionada por los jueces de la Haya. En forma
demagógica dieron la impresión de preocuparse por los habitantes
raizales de San Andrés y Providencia y hasta realizaron manifestaciones
políticas de rechazo al fallo mencionado en los territorios insulares
del Caribe colombiano, derramando lágrimas de cocodrilo por la triste
situación de los pescadores isleños, como si alguna vez en realidad se
hubieran preocupado por ellos, que desde siempre han soportado el olvido
y el abandono del Estado central.
Tales muestras de nacionalismo
no pasaban de ser un simulacro porque, al mismo tiempo, los mismos
sectores que tronaban contra Nicaragua y contra la corte de la Haya, son
quienes han feriado y entregado el territorio colombiano para que sea
un botín de las empresas multinacionales de la minería y lo han
convertido en la más grande base militar de los Estados Unidos.
Por
si hubiera dudas de su verdadero carácter antinacional del Estado
colombiano, pocas semanas después, exactamente en el mes de diciembre de
2012, sucedió un hecho que demostró fehacientemente ese espíritu
entreguista, cuando en silencio y casi a escondidas se le dieron a la
empresa carbonífera Drummond 60 mil millones de pesos, para cumplir con
un laudo arbitral que se falló en contra de Colombia a finales del 2011,
por parte de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de
Comercio, son sede en París. El origen de este fallo se remonta a la
demanda que la Drummond interpuso contra el Estado colombiano por
supuesto incumplimiento en el transporte de carbón por ferrocarril desde
el Departamento del César hasta Santa Marta, más exactamente por parte
de Ferrocarriles del Norte de Colombia, FENOCO.
Como suele ser
normal en estos casos, el fallo favoreció a la empresa multinacional del
carbón, y los árbitros enviaron copia del Laudo a la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justica que dio un concepto favorable, con el argumento
que el fallo era acorde con el derecho interno de Colombia. Los
árbitros habían determinado que Colombia debía pagar 38 mil millones de
pesos por costos de transporte de carbón y 13 mil millones por no haber
cumplido con sus deberes de vigilar y controlar la vía. El fallo fue
aceptado sin ninguna oposición, ni jurídica ni política, pero como el
presupuesto del año 2012 ya estaba aprobado no se asignó la partida
correspondiente, y no se pudo pagar en el 2011. Esto se hizo con un
impresionante mutismo y en secreto en diciembre de 2012, cuando se le
entregaron 60 mil millones de pesos como parte de la multa impuesta al
país, más los respectivos intereses.
No es que sea novedoso que
el Estado colombiano y sus diversas instancias, como la Corte Suprema,
avalen los intereses del capital transnacional sin reparo alguno, lo que
resulta llamativo es que el desembolso de la indemnización que se le
entregó a la Drummond se hubiera hecho en el mismo instante en que el
fervor patriotero contra Nicaragua alcanzaba las cotas más altas. Y
llama también la atención que el abogado que “defendió” al país en este
laudo haya sido un uribista de pura cepa, nada más ni nada menos que
Edmundo del Castillo, Secretario Jurídico de la Presidencia ilegitima
del hacendado paisa, y hoy acusado de varios delitos, entre ellos las
chuzadas ilegales del desaparecido Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS).
Es decir, que de manera directa, un miembro de
los que se reclaman como grandes patriotas, tanto que cantan el himno
nacional con la bandera al pecho al más puro estilo fascista y con
camisa negra al estilo de Juanes, no sólo sabía del resultado adverso
contra los intereses del país que se perpetró en París, sino que
intervino de manera directa en el asunto. Sin embargo, ante tamaño
atraco ninguno de los patrioteros que se hacían cruces por la decisión
de La Haya ha abierto la boca para protestar y denunciar el
arrodillamiento ante la Drummond. Los mismos que respiran odio y entonan
canticos de guerra contra nuestro vecino centroamericano han
permanecido mudos y, por supuesto, no han hecho encendidos y belicosos
llamados para que ese fallo a favor de la multinacional del carbón fuera
desconocido. Ni el ex presidente paisa ni Juan Manuel Santos, tan
beligerantes a la hora de desconocer el fallo relacionado con San
Andrés, han comentado este acontecimiento ni han enviado al respecto
ningún insoportable mensaje a través del twitter, como cuando se
anuncia, con regocijo propio de los vampiros sedientos de sangre, el
asesinato de algún comandante de la insurgencia. Santos, por ejemplo,
afirmaba el 18 de diciembre que no acataría el fallo de la Haya, al
tiempo que por debajo de cuerda ya se habían entregado los 60 mil
millones de pesos a la Drummond, empresa que, como en el cuento de
Rafael Pombo, es una pobre viejecita sin nadita que comer.
Este
silencio simplemente revela hasta donde llega el supuesto nacionalismo
de la oligarquía criolla: patrioterismo barato y retórico respecto a
otros países de la región, más pequeños y en teoría más débiles
militarmente (recuérdese al respecto lo sucedido con Ecuador en marzo
del 2008) y sumisión absoluta y abyecta respecto a los países
imperialistas y sus empresas multinacionales, a los que se les concede
todo lo que exijan.
En el caso de la Drummond el asunto adquiere
unos mayores ribetes de indignidad, si se tiene en cuenta que esta
multinacional estadounidense, que explota el carbón en la costa
atlántica colombiana, es responsable de innumerables crímenes
ambientales y sindicales. Crímenes ambientales, puesto que desde hace
años viene destruyendo los ecosistemas de la región, contamina campos y
ciudades, vierte toneladas de carbón al mar, como se ha comprobado
recientemente, y en virtud de lo cual se le impuso la ridícula multa de
2.900 millones de pesos, es decir, 20 veces menos que la que le pagó el
Estado colombiano. Y crímenes laborales, porque se ha comprobado que esa
empresa ha financiado a grupos paramilitares que han asesinado a varios
dirigentes sindicales. Además, uno de sus más acérrimos defensores, y
ahora ex presidente, admitió haber recibido dinero de esa empresa para
pagar los honorarios del abogado que logró que ese personaje no
declarara en los Estados Unidos en el proceso que se adelanta contra la
Drummond por paramilitarismo y asesinato de sindicalistas.
Con
este hecho queda claro el verdadero significado del patriotismo barato y
de pacotilla de la oligarquía y del Estado colombiano. Ese
patrioterismo sólo sirve para incitar el odio y el racismo contra los
países vecinos, a la par que le sirve de disfraz a esa oligarquía para
encubrir su carácter de ficha incondicional de los intereses
imperialistas en el país y en la región, a nombre de la pretendida
confianza inversionista, un simple eufemismo para ocultar su mentalidad
servil y neocolonial.
(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la
Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y
compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial
Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4
volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo:
mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; entre
otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008.
