En la historia
colombiana del siglo XX se presentaron muchas huelgas en diversos
sectores de la actividad económica. Algunas de esas huelgas terminaron
en forma sangrienta, debido a la represión a que fueron sometidas por el
Estado. Esta pauta se había iniciado en el país desde finales de la
década de 1910, cuando fueron reprimidas las huelgas de los puertos de
la Costa Atlántica, con un saldo trágico de varios obreros muertos.
Después, en numerosas ocasiones, fueron abaleados por las tropas
oficiales los huelguistas que realizaban movimientos reivindicativos de
protesta laboral.
Durante el
Frente Nacional (1958-1974) se
acentuó esta tendencia represiva del Estado colombiano para impedir la
protesta de los trabajadores y sabotear o terminar de manera abrupta con
las huelgas. Eso sucedió con los
trabajadores de Rio Paila en 1959 que
fueron tiroteados por el Ejército, lo que causó dos muertos y numerosos
heridos. Lo mismo aconteció en
Puente Rojo, en el Valle del Cauca,
cuando el 26 de agosto de 1962 fueron masacrados 11 trabajadores por
parte del ejército, que atacó a mansalva una pacífica reunión que había
sido convocada por la Federación de Trabajadores del Valle (FEDETAV). En
el mismo sentido, el 23 de febrero de 1963 en la pequeña población de
Santa Bárbara, Antioquia, el Estado colombiano masacró a trabajadores,
campesinos y habitantes de ese municipio, que participaban en la huelga
de Cementos El Cairo. Sea esta una ocasión propicia para describir y
analizar estos acontecimientos, como se hace en este artículo.
La huelga
El
municipio de Santa Bárbara se encuentra situado en el flanco Occidental
de la Cordillera Central, en el suroeste antioqueño, a 57 kilómetros de
distancia de Medellín. La fábrica de Cementos El Cairo está localizada a
13 kilómetros de la población de Santa Bárbara, en la depresión formada
por el río Buey y la quebrada Sabaletas. En 1963 laboraban en esta
planta de cementos 230 trabajadores de planta, 221 de los cuales estaban
organizados en un sindicato (SINTRACAIRO), afiliado a la Federación de
Trabajadores de Antioquia (FEDETA).
Ante la difícil situación
económica que afrontaba el país y que afectaba de manera directa a los
trabajadores por la galopante inflación y el deterioro del poder
adquisitivo de sus salarios, Sintracairo presentó un pliego de
peticiones en el mes de octubre de 1962. En ese pliego se solicitaba
aumento general de salarios, prima de vacaciones, auxilio escolar,
servicio médico y odontológico, préstamos para adquisición de vivienda,
mejoras en la calidad del servicio en el casino, remuneración de
dominicales y festivos trabajados, entre otros aspectos. La Empresa
dilató las discusiones del pliego por varios meses, y no atendió la
mayor parte de las solicitudes del Sindicato, en especial las relativas a
aumento salarial. Por esta circunstancia, los trabajadores se fueron a
la huelga, que se inició el 23 de enero de 1963.
Desde un
principio, la empresa saboteó la huelga con el fomento de los esquiroles
y rompehuelgas. Para sabotear la huelga, la empresa continuaba
movilizando cemento y clinker –materia prima del cemento- desde la
factoría de El Cairo hacia la fábrica de Cementos Argos en Medellín,
como si no existiera un cese legal de actividades. Su acción de
rompehuelgas se vio facilitada por el respaldo del gobernador Fernando
Gómez Martínez y por la activa participación de las Fuerzas Militares en
el transporte del cemento. Esto, obviamente, desencadenó la protesta de
los obreros de El Cairo, quienes a los pocos días de iniciada la huelga
instalaron una carpa en la carretera central, con el fin de oponerse a
la maniobra patronal.
Los trabajadores comenzaron el saboteo
activo a las volquetas que transportaban cemento o clinker hacia
Medellín obstaculizando la vía entre El Cairo y Santa Bárbara, con el
uso de tachuelas y lanzándoles piedras. Este mecanismo de resistencia se
aplicó hasta que los choferes de las volquetas se vieron presionados a
entregar los vehículos a la empresa para evitar problemas con los
huelguistas, quedando temporalmente suspendido el suministro de la
mercancía.
El sábado fatal
Tras quedar paralizado
totalmente el transporte de materia prima para la fábrica de cementos
Argos, el 22 de febrero el Gobernador del Departamento, Fernando Gómez
Martínez, dio a conocer la determinación de transportar cemento y
clinker “costara lo que costara”, aunque fuera necesario pasar por
encima de los cadáveres de los trabajadores.
En las horas de la
tarde de ese viernes 22 de febrero, el sindicato convocó a una Asamblea
Extraordinaria en las carpas de la huelga, para presentar una propuesta
de los inspectores de trabajo en materia salarial, que no satisfizo a
los trabajadores porque no tenía en cuenta las solicitudes del pliego de
peticiones. En esa misma reunión, el Inspector del Trabajo comunicó a
los obreros que se había ordenado a la empresa que cancelara los
salarios que adeudaba a sus trabajadores, según la Ley primera de 1963,
con retroactividad al primero de enero.
Por esa razón, el sábado
23 de febrero de 1963 desde tempranas horas los trabajadores se
congregaron en las carpas de la huelga para esperar el pago del salario
adeudado. En efecto, el pago se efectuaría, pero no en dinero, sino con
plomo y metralla, como una respuesta represiva y cobarde para los
obreros y el pueblo de Santa Bárbara.
A las 9 de la mañana de
ese fatídico sábado 23 de febrero de 1963 se trasladaron al municipio de
Santa Bárbara el comando del Batallón Girardot, un pelotón de la
Compañía Militar y dos pelotones de la compañía B que estaban en
guarnición, con el fin de transportar el cemento de la fábrica El Cairo
hasta la ciudad de Medellín. A las diez y media de la mañana, la
caravana pasó por el sitio donde estaban los integrantes de la huelga,
en las afueras de la población de Santa Bárbara, quienes manifestaron
que permitirían el paso de los carros que fueran a traer el cemento,
pero que no los dejarían regresar. La caravana atravesó el lugar en
donde se encontraban los huelguistas y ningún carro fue apedreado. Tan
pronto llegaron las volquetas a las instalaciones de la empresa se
inició la carga del material, labor que fue asumida por algunos
esquiroles y por los soldados del ejército nacional siguiendo las
órdenes de sus superiores.
Mientras tanto, los obreros decidieron
bloquear la carretera central en el punto donde se encontraba la carpa
obrera, en inmediaciones del municipio de Santa Bárbara, en cercanías a
la bomba de Gasolina Codi. El bloqueo de esa carretera fue hecho por
grupos de obreros que se acostaron sobre el pavimento, una estrategia
que en semanas anteriores funcionó para impedir la salida de las
volquetas de la fábrica.
A las 4 de la tarde partió la caravana
de 40 volquetas con cemento y clinker, desde las instalaciones de la
fábrica con rumbo a la ciudad de Medellín. En esa caravana se
encontraban volquetas, con placa oficial, pertenecientes al Municipio de
Medellín, y volquetas particulares conducidas por esquiroles,
escoltadas por más de 100 efectivos del ejército, que se habían
desplegado para que trasladaran el cargamento. La caravana se ubicó
aproximadamente a unos 300 metros antes de llegar al sitio donde se
encontraban los huelguistas, muchos familiares de los trabajadores,
algunos campesinos, mujeres, niños, curiosos y toda clase de personas
del pueblo de Santa Bárbara, que se habían congregado en este lugar,
pendientes del paso de las volquetas. Miembros del ejército empezaban a
tomar posiciones estratégicas a lado y lado de la carretera y el Coronel
Valencia Paredes exigió a los huelguistas que se dispersaran para dar
paso a la caravana que prácticamente llevaba todas las existencias de
clinker que se encontraban en las instalaciones de Cementos El Cairo.
Ante
la negativa de los obreros, el oficial se comunicó con el gobernador
Gómez Martínez, quien le respondió tajantemente: “‘¡Hombre, coronel, si
no es capaz de pasar ese cemento, véngase inmediatamente que yo mando a
otro!’”. Al mismo tiempo, los militares comenzaron a insultar a los
trabajadores, diciéndoles que si no despejaban la carretera serían
despedidos y que tenía más valor el clinker que todos los huelguistas
allí presentes. Ante la provocación, los obreros lanzaron también gritos
ofensivos y desafiantes contra los militares y se proveyeron de
piedras, canecas llenas de agua y toallas, e intentaron desinflar las
llantas de las volquetas; los ánimos y el espíritu de lucha de los
obreros se exasperaban ante la actitud amenazadora y de rompehuelgas
asumida por el ejército.
Cuando, el reloj señalaba las 4 y 45 de
la tarde, el comando del Batallón emitió la siguiente orden:
“dispersión con gases”. Enseguida, el Capitán Álvaro Guzmán Bastidas y
el Teniente Víctor J. Jaramillo, avanzaron con los soldados, carretera
arriba y llegaron a la bomba de gasolina Codi, (propiedad de Raúl
Moreno, administrador de la fábrica Cementos El Cairo). Desde allí se
produjo la primera descarga de gases sobre la multitud y un pelotón del
ejército empezó a capturar a los dirigentes de la huelga. Ante la
arremetida de las Fuerzas Armadas, la multitud respondió con una nutrida
lluvia de piedras, los únicos objetos con que contaba para defenderse.
Había confusión y miedo y, ante los ataques aleves de la tropa, la gente
se cubría la cara con toallas y pañuelos húmedos. Los huelguistas
intentaban repeler la embestida de las fuerzas militares e impedir el
paso de las volquetas.
En forma inesperada, el ejército empezó a
disparar balas de pistola, de ametralladora y de fusil dirigidos a
mansalva y a sangre fría contra los inermes trabajadores y contra la
multitud presente en el lugar, Ante la agresión violenta e
indiscriminada de las fuerzas represivas, la multitud comenzó a correr,
unos hacia los cafetales aledaños a la carretera, otros hacia las casas
vecinas en busca de refugio. En las ventanas del hospital que daban a la
bomba se hallaban varios médicos, que alcanzaron a tomar algunas fotos
del accionar represivo de la tropa. Tan pronto los miembros del ejército
se percataron de las cámaras dispararon hacia el hospital y enviaron
soldados a arrebatarles los rollos fotográficos. A las 5:15 de la tarde
se observaban los primeros heridos y varios muertos y el ejército
continuaba la inmisericorde persecución contra los obreros y los
habitantes de Santa Bárbara trataban de huir del lugar de la masacre.
El
Teniente Víctor J. Jaramillo, al frente de un pelotón de soldados,
cruzaba por un callejón que unía la calle de la casa de Luis Eduardo
Zapata con la Bomba Codi, para continuar la persecución de los
huelguistas. Allí después de recibir varias descargas de fusiles y
pistolas, cayó muerta con un impacto de bala en su cabeza la niña de 10
años María Edilma Zapata, quien huía aterrorizada por la balacera que el
ejército desplegaba contra los trabajadores. Esta niña era hija del
obrero y sindicalista de la fábrica Cementos El Cairo, Luis Eduardo
Zapata, quien había sido detenido esa mañana en desarrollo de uno de los
primeros altercados ocurridos en la carpa de los obreros. La
persecución prosiguió. El ejército empezó a allanar domicilios, en busca
de los obreros, mientras otros pelotones de soldados se dispersaban por
el hospital, el camino del Cauca, los cafetales, los almendros y el
llano, continuando con la masacre. Los obreros estaban acorralados y
muchos habían sido concentrados por el ejército en las carpas de la
huelga.
Otros muertos y heridos se encontraban en cercanías de
la bomba de gasolina Codi, enfrente y diagonal al Hospital Santa María,
en el cafetal, y en las calles del barrio obrero, denominado Los
Almendros. La masacre finalizó a las 5:30 pm aproximadamente. A las 6 de
la tarde, cuando la noche comenzaba a caer, los comandantes del
operativo dieron la orden de pasar las volquetas con el clinker, cuando
todavía estaba fresca la sangre de los obreros cementeros que habían
sido masacrados. Sin embargo, el cobarde ataque del ejército sobre la
población de Santa Bárbara se extendió hasta las 7 de la noche cuando se
decretó el toque de queda. Entre las 6 y las 7 de la noche los
militares patrullaban las calles de Santa Bárbara, allanaban casas y
capturaban a los líderes de la huelga.
En Santa Bárbara unas 80
personas fueron privadas de su libertad y en varios vehículos fueron
trasladadas al Batallón Girardot. Incluso, el ejército empleó un bus de
color rojo, propiedad de Cementos El Cairo, para transportar a los
detenidos. Se capturaba en forma indiscriminada a todos los habitantes
de Santa Bárbara. El balance final de ese trágico sábado 23 de febrero
de 1963 fue terrible: 12 muertos, más de cien heridos y decenas de
detenidos.
Los responsables y la impunidad
A las
ocho de la noche de ese sábado sangriento, la gobernación de Antioquia
negó que en Santa Bárbara haya habido una masacre y expidió un
comunicado en el que aseguraba que el ejército “fue atacado
sorpresivamente en un punto vecino a Santa Bárbara. El ataque se hizo
desde los barrancos de la carretera, desde los cafetales, y desde la
misma vía y en él se usaron revólveres, fusiles, armas automáticas y
piedras. Las Fuerzas Armadas repelieron el ataque y del choque
resultaron tres sub-oficiales heridos con bala, ocho soldados con
piedra, ocho muertos civiles, entre ellos una niña que recibió una
pedrada, y numerosos heridos más”.
Así se fraguaban las mentiras
oficiales para justificar la masacre y responsabilizar a los
trabajadores de una supuesta emboscada al ejército. Era también el
comienzo de la impunidad, como producto de la cual los responsables
directos de la masacre se presentaban como defensores de la patria
contra los “embates del comunismo internacional”. Entre esos
responsables se encuentran el gobernador de Antioquia, Fernando Gómez
Martínez, dueño de El Colombiano, un periódico desde donde se calumnió a
los huelguistas; los militares, que cumplieron el papel de rompehuelgas
y accionaron sus armas contra pacíficos habitantes de Santa Bárbara;
Belisario Betancur, Ministro de Trabajo, quien respaldó a la empresa
cementera; Eduardo Uribe Botero, Ministro de Gobierno y accionista de
Cementos El Cairo; las camarillas sindicales de la UTC y la CTC, por su
complicidad directa con la política antiobrera del Frente Nacional…
El
crimen cometido por estos personajes quedó en la impunidad absoluta
puesto que la “exhaustiva investigación” que se realizó los declaró
inocentes y como compensación por sus “múltiples servicios a la patria”
(es decir al capitalismo criollo) fueron premiados con altos cargos en
la administración pública, tales como embajadores en Washington,
Ministros y uno de ellos alcanzó la Presidencia de la República, y fue
responsable directo en la masacre del Palacio de Justicia en 1985.
La
pregunta final es obvia: ¿podía haber investigación imparcial en el
proceso de Santa Bárbara bajo un régimen antidemocrático, excluyente,
represivo y anticomunista que observaba cualquier protesta social como
una acción subversiva contra el Estado? Evidentemente no, la
investigación fue toda una farsa y nunca se condenó a los responsables
de la masacre. Más exactamente, nunca se realizó una investigación de
verdad, sino un simple simulacro, por lo demás propio de un país de
leguleyos santanderistas.
Con en este caso se comprueba que los
actos judiciales no pueden convertirse en veredictos de tipo histórico,
porque como lo ha dicho Carlo Ginzburg: “Un historiador tiene el derecho
de percibir un problema allí donde un juez decidiría un ‘no ha lugar a
proceder’”.
(*)
Renán Vega Cantor y Andrés Jáuregui González son historiadores
colombianos, autores del libro "Sangre y Cemento", investigación
histórica sobre la huelga y masacre de trabajadores en Santa Bárbara en
1963, recién publicado en Colombia por el Sindicato Unitario de la
Industria de Materiales para la Construcción (SUTIMAC), en conmemoración de los 50 años de la masacre.
