Por: Juanita León, Directora La Silla Vacía.
26 de Febrero, 2013
El doble discurso del Gobierno frente al proceso de paz comienza a pasarle una cuenta de cobro a la popularidad de Santos, que sigue en caída libre.
Según la encuesta Gallup realizada por teléfono en las cinco principales ciudades, la imagen desfavorable de Santos alcanzó el 47 por ciento contra el 44 por ciento que tiene una imagen positiva de él. Es la primera vez, según esta encuesta, en que su imagen desfavorable supera la favorable, que es la peor pesadilla de cualquier político.
Su popularidad está en un punto tan bajo, que está incluso por debajo de cuando la debacle de la reforma a la justicia en junio del año pasado, que hasta ahora ha sido su peor crisis. Desde diciembre, cuando se realizó laúltima encuesta Gallup , Santos perdió 11 puntos de popularidad y su rechazo aumentó en nueve puntos, lo cual dobla el margen de error de esta encuesta.
La insatisfacción de los colombianos con el manejo que el Gobierno le está dando a la guerrilla también alcanzó su punto más alto en cinco años. Esto se refleja tanto en el manejo del orden público, que volvió a ser la preocupación número uno de los colombianos, como en la conducción del proceso de paz.
En ocho puntos aumentó el porcentaje de colombianos que no cree que las negociaciones en la Habana conduzcan a un Acuerdo de Paz que le ponga fin al conflicto armado.
"Indudablemente en este bimestre el proceso de paz no tuvo una dinámica positiva a los ojos de la opinión pública, y eso terminó afectando sensiblemente el optimismo, el cómo van las cosas en el país y la favorabilidad del presidente Juan Manuel Santos", dijo Jorge Londoño, presidente de Gallup a El Tiempo.
La realidad vs. La percepción
El pesimismo de los colombianos frente al proceso de paz no corresponde con la realidad de la mesa de negociación, si se creen las declaraciones que dio el jefe guerrillero Iván Márquez a María Jimena Duzán, de Semana.
Los negociadores del Gobierno y las Farc se reúnen por las mañana a discutir y los acuerdos a los que van llegando los van plasmando en un texto único, tal como se redactan los acuerdos diplomáticos.
La Silla confirmó con el Gobierno y en efecto ya han llenado con las Farc más de tres páginas con los acuerdos preliminares a los que han llegado en el primer punto sobre el desarrollo rural integral.
Aunque este texto puede sufrir varias modificaciones durante los próximos meses, el que ya hayan logrado suficientes acuerdos para llenar las tres cuartillas de las que habla Márquez significa que la negociación está lejos de estar “empantanada”.
De hecho, esta negociación ha llegado más lejos de lo que jamás avanzó la del Caguán.
Razones para tenerle fe
En el Caguán, después de dos años, seguían discutiendo sobre la agenda de la negociación. En este proceso, en la fase exploratoria que duró casi dos años, el Comisionado Sergio Jaramillo y ‘el médico’, de las Farc, estipularon un Acuerdo Marco que circunscribe la negociación a cuatro puntos gruesos y negociables en un plazo razonable: desarrollo rural integral, participación política, víctimas, y solución del problema de las drogas.
En el Caguán y en las negociaciones anteriores nunca quedó por escrito que el objetivo del proceso sería dejar las armas. Como lo contó en una reciente entrevista con La Silla Carlos Lozano, cuando la comisión de Notables integrada por delegados del Gobierno de Pastrana y Farc sugirió que ese debería ser un punto de la negociación los guerrilleros patalearon. En cambio, este Acuerdo deja por escrito y explícitamente que el objetivo del proceso es ponerle fin al conflicto armado como condición para construir la paz y uno de los puntos es la dejación de las armas.
Las condiciones internacionales tampoco habían sido tan favorables a una negociación: Hugo Chávez, que es el personaje con mayor influencia sobre las Farc, los ha impulsado para que le apuesten a las urnas como un camino más efectivo para avanzar su revolución bolivariana; Barack Obama ha modificado la aproximación frente a la “guerra” contra el terrorismo y las drogas, lo cual le da un mayor margen de maniobra al Gobierno para negociar.
El Plan Colombia, que ha financiado una parte importante del fortalecimiento militar del país, está en su etapa final, con lo cual el Establecimiento tendría que pagar varios impuestos al patrimonio más para intentar derrotar militarmente a las Farc. Las Farc no consiguieron los misiles tierra-aire que les habría permitido contrarrestar la superioridad bélica de las Fuerzas Militares. Ambos lados saben que para ganarle al otro el sacrificio en vidas y económico sería demasiado alto.
Por primera vez en mucho tiempo los intereses políticos del Gobierno y de las Farc coinciden. Santos y la Unidad Nacional necesitan que el proceso funcione para mantenerse en el poder. Las Farc necesitan que el proceso funcione si quieren que la izquierda, representada en la Marcha Patriótica, tenga algún futuro político. Las experiencias de Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y Nicaragua son un ejemplo contundente de que la izquierda puede llegar al poder y ejercerlo.
¿Por qué, entonces, si hay tantos indicios para creer en que este proceso tiene algún futuro los colombianos le han ido perdiendo la fe? La respuesta es simple: porque nadie en el Gobierno lo defiende.
La ambiguedad del mensaje
Por la confidencialidad que exige cualquier proceso de paz para ser exitoso y por la misma estructura del proceso, cuyo principio es que “nada está acordado hasta que todo está acordado”, comunicar los acuerdos que se vayan dando en la Habana no es fácil porque ninguno es definitivo hasta que se firme la paz.
El Gobierno tampoco ha querido generar muchas expectativas con el proceso hasta que este avance lo suficiente para reducir el costo político de un eventual fracaso. Quizás también piensan que si lo ‘cacarean’ mucho se vuelven un rehén de las Farc y eso modifica la relación de poder en la Mesa.
Entonces, la estrategia de comunicación ha consistido en decir lo mínimo. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo no dan nunca una declaración y sus caras adustas en La Habana no transmiten mucho optimismo. Y el Presidente Santos es ambiguo en sus mensajes.
Quizás como Uribe no cree en la negociación y Santos cree sobre todo en Uribe, el Presidente se esfuerza por restarle públicamente importancia al proceso. A veces dice “que le cuentan” que está avanzando pero en lo que insiste con mayor frecuencia es en que está dispuesto a “pararse de la mesa” sin el menor problema. El mensaje es que nada se perdería si fracasa la negocación. Es un mensaje que, a juzgar por los resultados de esta encuesta, los colombianos han interiorizado.
Tres de cada cuatro colombianos cree, según la Gallup, que es posible derrotar a las Farc militarmente. Es el mensaje que envían a diario los generales y el Ministro de Defensa, quien ha sido hasta ahora el verdadero portavoz sobre el proceso de paz.
Como los periodistas de televisión y radio están acostumbrados a buscar un ‘equilibrio’ en sus notas, cada vez que tienen un 'full' de los guerrilleros en Cuba diciendo cualquier cosa (todos los días), los reporteros buscan contrarrestar esa declaración con una de los militares o de Juan Carlos Pinzón, cuyo rol –como es obvio- es jugar a ser el policía ‘malo’. El problema es que nadie en el gobierno está jugando a ser el policía ‘bueno’.
Los fantasmas vs. los gestos
Hay mil razones para desconfiar de las Farc. Ellos aprovecharon la zona de distensión del Caguán para fortalecerse militarmente, para intensificar su reclutamiento y reentrenarse. De hecho, como lo contó La Silla, las Farc siguen reclutando jóvenes.
También hay razones para que los guerrilleros desconfíen del Establecimiento. No solo el exterminio de la Unión Patriótica pesa como un fantasma sobre la negociación sino que mientras el presidente Pastrana hablaba de paz con ellos, negociaba con los gringos el Plan Colombia para exterminarlos. De hecho, las Fuerzas Militares siguen aumentando su número de soldados.
Pero también hay razones para tener un poco de fe en esta negociación. Las Farc aceptaron acabar con el secuestro extorsivo y devolvieron a los policías que secuestraron recientemente. Siguieron negociando a pesar de que Santos autorizó que mataran a Alfonso Cano, su máximo comandante y quien ya estaba en conversaciones con el Gobierno. Dejaron de insistir en negociar el modelo económico y en debatir sobre la minería. Hicieron un cese del fuego unilateral que en gran medida fue acatado por todos sus frentes.
El Gobierno, por su parte, está comprometido con la reparación de las víctimas. Presentó un Estatuto Anti-Drogas que permitiría legalizar los cultivos ilícitos en algunas regiones. Como lo contó en una completa nota este fin de semana El Tiempo, el Gobierno ya está trabajando en la creación de un banco de tierras y en la actualización del catastro rural que son fundamentales para los programas de desarrollo agrario que se están negociando en La Habana. Se dio la pela para pasar el Marco para la Paz, que abrió la puerta para que los guerrilleros eventualmente puedan hacer política.
Es cierto que el proceso de paz puede fracasar en cualquier momento. Basta con que la Teófilo Forero, de las Farc, le de por hacer otro atentado como el del Club El Nogal o que la extrema derecha decida boicotearlo responsabilizando a las Farc de un atentado terrorista.
También falta lo más difícil. Pasar la ley reglamentaria del Marco para la Paz será una proeza política para el Gobierno y aún más si no lo logra hacer en el próximo semestre. Cualquier tratamiento jurídico benévolo para los guerrilleros será un harakiri político si se hace en época de elecciones: la Gallup muestra que el 79 por ciento de los consultados está en total desacuerdo con que los miembros de las Farc una vez hayan dejado las armas, puedan participar en política sin tener que pagar cárcel.
La discusión del punto sobre víctimas polarizará aún más al país. Ya en la entrevista de Márquez él acepta que “le darán la cara a las víctimas”, lo cual es un avance frente a su discurso de Oslo en el que negaron categóricamente ser victimariso. Pero agrega que quieren que “se aborde el tema en toda su dimensión”.
En otras palabras –y esto también quedó explícito en el Acuerdo Marco- quieren que se cuente la verdad sobre el paramilitarismo. Y la defensa del gobierno de Colombia ante la Corte Interamericana en el caso del Palacio de Justicia, en el que el agente del Estado Rafael Nieto negó que hubiera habido desaparecidos, es solo una pequeñísima muestra de las dificultades que tendrá el estamento militar para reconocer la verdad.
En fin, lo difícil aún no ha comenzado. Al final, el país tendrá la oportunidad de decidir si quiere y puede tragarse los sapos que necesariamente implicará esta negociación porque el Acuerdo Marco también contempla un mecanismo de refrendación popular de los acuerdos.
Lo que sí sería una lástima es que el proceso se eche por la borda justo cuando está avanzando porque el Presidente no logró –ni siquiera intentó- transmitirle a los colombianos la fe que siente en que este proceso puede conducir al fin del conflicto armado con las Farc.
