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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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Naranjo y los paramilitares

¿Qué hace el general retirado como asesor en México?
 

Sería importante saber lo que está haciendo el general colombiano en retiro, Óscar Naranjo, como asesor de Enrique Peña Nieto para asuntos de delincuencia organizada. Luego de su descuidado asomo a la política mexicana durante la pasada campaña presidencial, cuando hizo comentarios que por su calidad de extranjero no le correspondía realizar, Naranjo se ha mantenido personalmente a la sombra, aunque en el escenario nacional han comenzado a aparecer hechos que inevitablemente hacen recordar algunos de sus métodos y preferencias, en especial lo relacionado con los grupos de autodefensa civil que abren paso al paramilitarismo tan fomentado y aprovechado en Colombia por los ocupantes de los poderes político y económico. Naranjo fue utilizado en momentos electorales por el peñanietismo para enviar una señal de cierto sometimiento a los lineamientos estadounidenses a los que sirve el jefe policiaco sudamericano en mención. Pero, luego de esa presentación aparatosa y de las declaraciones públicas que hizo, el general de la muerte se relegó o lo relegaron, como si tan sólo hubiera sido aprovechado para una coyuntura comicial (pues luego EPN ha practicado un silencioso alejamiento de la órbita gringa, dejando el manejo interno de esos asuntos delicados a operadores o cabilderos locales: homeopatía política) o la densidad de las tareas que le fueron encomendadas obligara a disolver su perfil público.

Otra línea válida de análisis pasa por diferentes planos internacionales. Naranjo es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington; miembro del equipo gubernamental de su país que negocia la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en una ruta de diálogo instalada en Oslo y desarrollada en Cuba, con este país y Noruega como garantes y Chile y Venezuela como acompañantes; está postulado para asesor en asuntos de seguridad con Peña Nieto, con presunta residencia en México, y acaba de ser propuesto por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe para que sea candidato presidencial en su tierra natal en 2014.

Tanto rejuego internacional ha impedido que Naranjo se consolide como el peligro e incluso la ofensa que las fuerzas armadas mexicanas creyeron encontrarían en un extranjero proestadunidense convertido en poderoso asesor. Miguel Ángel Osorio Chong ha concentrado en sí, para bien o para mal, los hilos de la seguridad nacional y los generales y almirantes mexicanos parecen más entretenidos en pleitos internos (el control de la gendarmería nacional, por ejemplo, que será un disfraz muy mal puesto de la misma presencia verde olivo de años anteriores) que en guerrear políticamente contra el sudamericano que cinco años atrás (el primero de marzo de 2008) fue pieza del modelo de violencia, guerra y muerte que ha dejado profundas huellas en el pueblo de Colombia, según denuncia de la Asociación de Padres y Familiares de Víctimas de Sucumbíos que ha juntado 5 mil firmas para exigir a EPN que no designe al policía extranjero como asesor.

En Sucumbíos, Ecuador, militares colombianos irrumpieron para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el que había estudiantes mexicanos, cuatro de los cuales murieron, mientras una sobreviviente, Lucía Morett, resultó herida. Familiares de esos jóvenes consideran que la anunciada designación de Naranjo Trujillo, quien fue director de la Policía Nacional de Colombia, sería aberrante y una afrenta a la memoria de nuestros hijos.

Por lo pronto, el pararrayos de las discusiones sobre la materia ha sido Manuel Mondragón y Kalb, el ex jefe policiaco de la Ciudad de México que Andrés Manuel López Obrador quería para la seguridad pública federal y Peña Nieto habilitó para esas funciones aunque con jaloneos burocrático-legislativos que ya han cesado. El médico y karateca de los focos rojitos hizo profesión de fe peñista el primero de diciembre pasado, en un episodio aún oscuro que mostró inauguralmente los dientes represivos de la policía federal, ya bajo el mando de Mondragón y Kalb, y de la capitalina, que en la práctica continuó bajo sus instrucciones.

Y, sin embargo, el paramilitarismo se mueve. Cierto es que hay razones más que sobradas para que la población indefensa y mancillada se organice por sí misma para enfrentar a los delincuentes que no son combatidos ni vencidos por la fuerza pública, colocada en términos generales al servicio de diversos cárteles (según las regiones y los políticos correspondientes). También es cierto que hay un benévolo intento de comprensión de este fenómeno súbito y creciente, aplicándole una visión idealista que cree llegado el momento de que el pueblo tome el poder en sus manos y haga justicia.

Pero el soltar amarras en lo comunitario y la autodefensa también es una manera de eludir responsabilidades en el timón y frente a la tormenta. Durante el calderonismo se intentaba justificar las masacres aduciendo que se mataban entre ellos y, con esa coartada, la obligación judicial del Estado fue eludida, condenando a los asesinados a la gran fosa común de los daños colaterales o los enfrentamientos entre los malos. Con el paramilitarismo sería peor: habría choques entre presuntos miembros de cárteles antagónicos pero también entre guardias populares y grupos del crimen organizado, con los gobiernos haciéndose a un lado e incluso maniobrando a favor o en contra de determinadas tendencias. ¿El general Naranjo está detrás de este rediseño tan conocido en Colombia? ¿Será designado oficialmente como asesor, lo hará desde las sombras o preferirá regresar electoralmente a su patria? ¿El paramilitarismo está siendo tolerado y promovido desde el poder para justificar acciones represivas?

Y, mientras Lía Limón y Bucareli sostienen que son más de 26 mil los desaparecidos durante el calderonismo y Marcelo Ebrard se asoma en Chiapas mediante una conferencia para asentar que sigue pensando en la presidencia del PRD y en el 2018 (aunque los chuchos, gracias al Pacto, podrían no estar tan de acuerdo), ¡hasta mañana!

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/02/27/opinion/014o1pol

Cantantes vallenatos, narco-paramilitares

José María Carbonell, Cambio Total.

Desde hace mucho tiempo hemos venido denunciando en las publicaciones alternativas que el narco-paramilitarismo se ha metido en todas las esferas de la vida colombiana. De la mano de quién ? Desde sus orígenes, de la mano de los militares y los politicastros de los partidos burgueses (liberal, conservador y otras especies, Cambio Radical, la U, PIN, etc).

Ayer leíamos que el narco-paramilitar « Poncho » Zuleta está en una lista del ELN que lo declara objetivo militar por sus andanzas narco-paramilitares. Eso es suficientemente conocido en toda la Costa Caribe. Incluso hay un video de « Poncho » dándole vivas a los « paracos » en Astrea, Cesar, pueblo en el que Zuleta tiene una hacienda. También son reconocidas las matanzas que organizó el célebre « Poncho » después del asesinato de su hermano Héctor, ocurrida por el asesinato de uno de los Roy, matanzas en las cuales contó incluso con la colaboración del DAS.

Hoy la prensa burguesa nos trae información sobre las andanzas de familiares de Jorge Oñate, el « ruisieñor del Cesar » -que de ruiseñor tiene sólo el nombre y más bien es un zopilote-, implicados en el asesinato de un exconcejal de La Paz (Cesar), a quien mandaron asesinar y les pagaron el dinero a elementos de las banda neo-narco-paramilitar « Los Rastrojos ».

Hemos sabido de las andanzas de Jorge Oñate con su « compadre » del alma, Lucas Gnecco Cerchar, quien fuera gobernador del Cesar y la ligazón de éste personaje con el narco-paramilitarismo. Lo que no sabíamos es que Oñate, su familia en éste caso, aclaramos, tuviera tales instintos asesinos y encargar la muerte del exconcejal.

Ahora bien, Oñate llegó a ser presidente de Sayco y sería interesante si hubiera algún ente de la « justicia » que investigara sus manejos en esa organización de compositores colombianos, porque todo apunta a que llegó allí porque « es mucha la plata que se puede robar allí ».

El inconmesurable Alfredo Gutiérrez dijo en cierta ocasión que « el narcotráfico » permitió la expansión del vallenato en Colombia y el mundo. Quizá sea cierto porque los capos narcotraficantes y algunos de menor cuantía son los que tienen los « verdes » dólares para pagarles sus toques. Lo que no dijo Gitiérrez es que una cosa es que los contraten y otra muy distinta convertirse ellos mismos en miembros o aliados de las bandas criminales estatales y para-estatales.

Hemos sabido de algotros cantantes y músicos comprometidos en alianzas criminales, pero por lo pronto « te la dejo ahí... ».
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VIVA LA TIERRA PARAMILITAR - HERMANOS ZULETA ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=O0o...
 

Condenan al Estado por masacre de Caño Jabón

Por no impedir que ‘paras’ asesinaran a cerca de 20 personas

Para el Consejo de Estado fue claro que se hizo caso omiso de las denuncias que presagiaban la incursión de los criminales en ese lugar.

Por SEbastián Jimenez Herrera, El Espectador.

Nadie le impidió a 200 paramilitares que, al mediodía del 4 de mayo de 1998, llegaran a Caño Jabón (Meta), saquearan y quemaran los comercios de esa pequeña población, sacaran de su casa a los pobladores y los reunieran en la plaza principal para escoger a por lo menos 20 de ellos y matarlos. Los torturaron, desmembraron y les prendieron fuego a sus restos. Por ello el Consejo de Estado condenó a la Nación.

Entre los muertos estaba Wilson Bernal, de 31 años de edad, que fue degollado. Sus familiares le pidieron a la justicia que los indemnizara porque a Caño Jabón lo habían dejado solo, a merced de los ‘paras’; porque, a pesar de que se había denunciado en tres ocasiones que allí iba a ocurrir una masacre, el Estado no hizo nada. Al contrario, miembros del Ejército dijeron que los campesinos estaban siendo manipulados por las Farc para que se “inventaran” que una incursión de los ‘paras’ era inminente.

Por eso no hubo quién evitara que éstos llegaran “como Pedro por su casa”, masacraran a 20 personas y generaran miedo suficiente para que los pobladores de Caño Jabón se fueran y lo dejaran convertido en un pueblo fantasma. En fallo del Consejo de Estado del 13 de febrero la justicia les dio la razón.

La corporación estableció que el Ejército no cumplió con su deber. Así lo ratificó el Tribunal Administrativo del Meta, que en 2003 condenó al Estado por “dejar a la ciudadanía en manos de filibusteros y asesinos que han sembrado la muerte, especialmente, en apartadas regiones del país (...). El Estado fue inferior a sus obligaciones, eso permitió que estas personas fueran asesinadas vilmente”.

En el fallo se cuestiona, además, el argumento que presentó el Ministerio de Defensa en el proceso, cuando aseguró que la masacre era responsabilidad de los ‘paras’ y que al Estado no se le podía imponer una carga excesiva al exigirle que permanezca “en todas y cada una de las regiones del país, atendiendo las amenazas que hay contra la población civil”.

El ministerio agregó que “hay que tener en cuenta la situación de guerra que vive el país, la crisis económica, la capacidad de los grupos subversivos, que hacen que el Estado no pueda operar de una manera oportuna para salvaguardar la vida de los colombianos”. El tribunal administrativo de Meta respondió: “No se puede justificar la imposibilidad de los militares para cauterizar tan censurables hechos, como diría Gabriel García Márquez, una masacre anunciada”.

En su revisión del fallo del tribunal, apelado por el Ministerio de Defensa, el Consejo de Estado puso de presente que los días 15 de octubre, 19 de noviembre y 4 de diciembre de 1998 los campesinos de Caño Jabón denunciaron la posibilidad de la masacre. Los militares no les creyeron. Por el contrario, el entonces comandante de la Cuarta División del Ejército, general Humberto Cortés, dijo: “Esta gente está siendo manejada y manipulada por las Farc” y señaló a los campesinos de vínculos con el narcotráfico.

En un informe del Batallón de Infantería Nº 19 se dijo: “Estas personas fueron presionadas por grupos subversivos, enemigos de la institución, que buscan a toda costa dañar la imagen de nuestro Ejército. La narcosubversión, a través de entes de control y ONG, busca cambiar a su conveniencia el dispositivo de las tropas”.

Algo similar expresó el entonces comandante de la Séptima Brigada, general Jaime Uscategui, condenado a 37 años por su participación en la masacre de Mapiripán y quien en un consejo de seguridad comentó que a su comando llegaban “denuncias de la presencia de las Auc en todas partes, lo que obliga (a sus comandos) a enviar tropas, dejando municipios expuestos a la guerrilla”, ante lo cual ya no sabía qué hacer, añadiendo que estaba “cansado de dar contestación a tantos oficios”. El general dijo que militarizaría la zona. Nunca lo hizo.

“Las autoridades consideraron que las denuncias obedecían a una táctica de la guerrilla para distraer a la tropa y generar traslados innecesarios de personal”, explicó el Consejo de Estado. Con este panorama, esa corporación confirmó la responsabilidad del Ministerio de Defensa, del Ejército y del Departamento del Meta, el cual aseguraba que no tenía nada que ver porque, en su criterio, proteger a los ciudadanos era labor de las FF.AA.

Asimismo expresó el Consejo de Estado que llamaba la atención que “los protagonistas de la omisión del Estado en este caso, hubieren sido aquellos por cuyas omisiones se condenó al Estado colombiano por la masacre de Mapiripán —ocurrida 10 meses antes de los hechos— cuya similitud con la masacre de Caño Jabón, permite considerar la existencia de un contexto inadmisible de tolerancia para con la actuación de los grupos mal llamados paramilitares”. Por la masacre de Caño Jabón han sido condenados: Salvatore Mancuso, Humberto Aguilar, alias Drácula, y Elkin Casarrubia, alias El Cura, pero ningún militar hasta el momento.

En Twitter: @juansjimenezh.
Sebastián Jiménez Herrera
Elespectador.com

Detroit: Así se hundió el Titanic del capitalismo estadounidense

E.J. Rodríguez
Jot Down Cultural Magazine


El ocaso de toda una gran ciudad en pleno corazón del imperio estadounidense. Un antiguo símbolo de su poderío industrial y del “sueño americano” donde hoy, sin embargo, se venden viviendas por el precio simbólico de un dólar, ya que nadie quiere habitar el inhóspito silencio de unos barrios abandonados que no tienen electricidad, ni agua, ni policía, ni escuelas. Porciones enteras de la ciudad han muerto. Otras están agonizando. Otras sobreviven, pero lo hacen rodeadas de un creciente marasmo de solares vacíos y calles abandonadas. Al igual que la calavera de Hamlet, el pulido esqueleto de Detroit nos mira con la sonrisa sardónica de los muertos, como queriendo decir “no os lo toméis a mal, amigos, ¡la economía de mercado es así!”.

La prensa internacional lleva varios años recreándose en el asombro por lo sucedido en la ciudad más grande de Michigan y nosotros no podíamos ser menos, ya que el declive de Detroit es un fenómeno fascinante. Trágico, sin duda, pero fascinante. Primero por las imágenes que ha generado, especialmente en forma de “naturaleza muerta” arquitectónica. Han sido esas fotografías las que han atraído las miradas del mundo hacia una ciudad que llevaba décadas descomponiéndose en silencio. Hace un tiempo causó cierto impacto un reportaje de la revista Time en el que dos fotógrafos franceses —Yves Marchand y Romain Meffre, quienes además publicaron un libro llamado Ruins of Detroit— hacían un repaso a algunos rincones muy representativos de la decadencia de la ciudad. Podíamos ver estaciones de tren, aulas, consultorios de dentista, teatros, polígonos industriales, oficinas, bibliotecas… todos ellos lugares que ahora están vacíos, descascarillados por el tiempo y sumidos en un entrópico desorden. Un fantasmagórico espectáculo de objetos cotidianos a los que ya nadie va a dar uso, de pequeños pedazos de civilización que se han perdido y que nadie sabe cómo recuperar. Son escenas que se repiten una y otra vez a lo largo de una de las ciudades más grandes de los EE. UU. No estamos hablando de recovecos ignorados por hallarse en las inconvenientes e incómodas afueras, no, aunque a veces lo parezca porque aparecen rodeados de la nada. Algunos de los casos más espectaculares de grandes infraestructuras difuntas se encuentran en pleno centro de Detroit. Escenarios que podrían pertenecer a una película de ciencia-ficción apocalíptica, pero que son reales y yacen en plena espina dorsal de lo que una vez fue una de las metrópolis más importantes del mundo, la bandera de la infalible creación de riqueza del sistema. Ahora esa bandera sigue agitándose al viento, pero más bien como un trapo descuidado que se ha convertido en motivo de sonrojo para los profetas del “nada puede fallar”. Personalmente, me llamó mucho la atención la frase de un vecino de Detroit que recogía un artículo: “cuando nos mudamos aquí hace diez años, le dije a mi mujer que iba a volver a fumar. Todo era tan apocalíptico que sentí la necesidad de volver a los viejos hábitos”. Así es como una ciudad puede morir.

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Informe Anual 2013: ONG - del hostigamiento a la criminalización

Las Restricciones al Acceso de los Defensores de Derechos Humanos a la Financiación Aumentan la Impunidad 

Publicación del Informe Anual 2013 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

Ginebra-París, 28 de febrero de 2013. En su recientemente publicado Informe Anual, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos centra su atención en un nuevo impedimento al trabajo de los defensores de derechos humanos. Los gobiernos incrementan las restricciones al acceso a la financiación, y, en particular, a la financiación extranjera, con la intención principal de silenciar a los defensores de derechos humanos. Este obstáculo, que está afectando a un número cada vez mayor de defensores de las libertades fundamentales en todo el mundo, no solo viola las normas de derechos humanos reconocidas de manera universal, sino que también supone un serio golpe a los esfuerzos de la sociedad civil para promover y proteger los derechos humanos asegurando que la voz de las víctimas de violaciones de derechos humanos sea escuchada. 

El Informe Anual 2013 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), realiza un análisis global de las violaciones del derecho de las ONG a la financiación a través de diversas restricciones impuestas por los Estados. El Informe ofrece así un panorama detallado de esta problemática, aún poco estudiada. Este análisis se encuentra ilustrado con ejemplos de casos concretos de 35 países. 

“Queremos proteger a las ONG. En este momento, éste es un problema que necesita una respuesta urgente debido a la existencia de un patrón emergente, de una respuesta global negativa, que ataca a los defensores de derechos humanos identificándolos como ilegítimos por sus vínculos internacionales. Este nuevo argumento en contra del apoyo internacional, más concretamente en contra de la financiación internacional, limita las acciones de las ONG. Esto es inaceptable. Con el Informe de este año queremos reformular el debate sobre el trabajo en derechos humanos reconocido universalmente”, señaló Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT. 

“Las barreras a la financiación son impuestas frecuentemente dentro de un contexto generalizado de represión en el cual las legislaciones restrictivas combinadas con campañas difamatorias y acoso judicial contras los defensores de derechos humanos crean un ambiente hostil contra las actividades que estos realizan. Estas barreras a la financiación de las ONG impuestas por los Estados representan uno de los problemas institucionales más graves a los que se tienen que enfrentar los defensores en la actualidad”, añadió Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. 

Como también destacó Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, en el Prefacio del Informe: “El tema del Informe de este año es de especial pertinencia, ya que hemos constatado recientemente una tendencia progresiva de estigmatización y restricciones injustificadas en materia de acceso a la financiación y a los recursos destinados a las organizaciones de la sociedad civil. Con ello se busca reprimir toda forma de crítica [...]”. 

El derecho de las ONG a la financiación es una parte integral del derecho a la libertad de asociación. El acceso a fondos y recursos es esencial ya que sin éste el trabajo diario de las ONG se ve altamente comprometido. En algunos países, las consecuencias de estas legislaciones y prácticas están debilitando el mismo. En Etiopía, la legislación sobre financiación extranjera está forzando a las ONG a reducir sus actividades y despedir a parte de su plantilla, o a parar sus actividades relacionadas con derechos humanos. En la Federación Rusa, las ONG que reciben financiación extranjera pueden enfrentarse a cargos de responsabilidad penal si no incluyen la mención “agente extranjero” en todos los documentos oficiales. En Belarús, el Presidente del Centro de Derechos Humanos “Viasna”, Ales Bialiatski, se encuentra en prisión por utilizar financiación extranjera y sus colegas han sido desalojados de sus oficinas. Algunos Estados utilizan también la técnica de la “restricción por omisión” para impedir que las ONG de derechos humanos puedan acceder a los fondos. Al no aplicar el procedimiento previsto por sus propios textos legislativos y reglamentarios, las autoridades privan a las ONG de la capacidad de llevar a cabo proyectos financiados por organizaciones o Estados extranjeros, como ocurre en Bangladesh. 

Basándose en el marco legal que rodea el derecho al acceso a la financiación y la embrionaria jurisprudencia sobre el tema, el Informe estimula una reflexión de fondo sobre los impactos negativos de estas medidas restrictivas, y formula recomendaciones a todos los actores involucrados - beneficiarios, donantes, gobiernos y organizaciones intergubernamentales.
El Informe se puede descargar en los siguientes enlaces:

Este jueves 28 de febrero Homenaje póstumo a Sandra Catalina, niña violada y asesinada por miembro de la policía nacional



Este jueves 28 de febrero, familiares, amigas del colegio, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, grupos de mujeres, entre otros, se reunirán frente a la Estación de Policía de Germanía, a partir de las 9 de la mañana, con el fin de rendirle un homenaje póstumo a la niña Sandra Catalina Vásquez Guzmán, quien fuera violada y asesinada por un agente de la Policía que pertenecía a esa estación, ese día, hace ya 20 años.

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Benedicto XVI: pontificado fallido


"La única luz"


Por: Tatiana Acevedo, El Espectador.

Sampués, Corozal, Los Palmitos, Ciénaga de Oro, Cereté, Sahagún, San Carlos, Turbana, Remolino, Soledad. Todos, municipios de la región Caribe, protestaron esta última semana por interrupciones en la prestación de servicios públicos.

Hubo protestas escritas, bloqueos de vías con llantas chamuscadas y, en algunos municipios, quema de edificios. “La única luz que tenemos es la de la luna llena”, afirmó uno de los manifestantes en Soledad.
Pese a que el acceso a los servicios es el motivo que más moviliza hoy a los habitantes del norte de Colombia, este tipo de protesta social no recibe gran atención en los medios o el Congreso. Y cuando el tema se discute solemos caer en algunas trampas descriptivas que, aunque parecen inofensivas, simplifican la situación (y contribuyen a empeorarla). El uso de metáforas como “el preciado líquido” o “la poca energía” da a entender, por ejemplo, que los recursos se están acabando en todo el territorio y que hay una suerte de escasez general regional. Se olvida entonces que agua y electricidad escasean sólo en los barrios pobres y que ni las élites municipales, ni las empresas o los hoteles, sufren estas carencias.
Cometemos otro error al hablar de cada servicio por separado, pues cuando no hay luz no hay agua; en la mayoría de casos, el flujo de energía inestable hace que la precaria infraestructura de provisión de agua potable colapse. Y poco hablamos de saneamiento básico. El eufemismo “las aguas servidas” y la ausencia de imágenes de lo que hay en éstas (o la incapacidad para describir las enfermedades que producen cuando se empozan) nos pintan un panorama inoloro, ajeno a la cotidianidad de muchos barrios de la región.
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Informe 2012 DDHH en Colombia: El efecto placebo, protección sin prevención


"357 defensores de derechos humanos agredidos, 69 asesinados, 202 amenazados y toda una nueva política pública en protección que no da abasto a la demanda de solicitudes, aún con presupuestos superiores a los 100 millones de dólares".


Bogotá D.C. 17  de febrero de 2013 - Comunicaciones Programa Somos Defensores

¿Dónde está el error? ¿Qué se está haciendo mal? Hay nuevas normas para proteger a los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. Existen nuevas instituciones con mandatos específicos que propenden por tal fin. El Gobierno Nacional invirtió el año pasado más de 100 millones de dólares, en mecanismos de prevención y protección de personas en riesgo, entre ellas los defensores de derechos humanos. Pero a pesar de esto, 357 hombres y mujeres fueron agredidos en 2012 por su labor de defensa de los derechos humanos en Colombia. ¿Dónde está el error? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Será que la protección de estos líderes y defensores va más allá de chalecos antibalas, escoltas o leyes inertes en escritorios de funcionarios inoperantes?

El último informe del Sistema de Información de Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia SIADDHH del Programa No gubernamental de Protección a defensores de derechos humanos - Somos Defensores, EL EFECTO PLACEBO, se publica hoy con datos que desafortunadamente, lejos de ser sorprendentes, enlutan al país.

Un total de 357 agresiones individuales contra defensores(as), discriminados en 202 amenazas, 69 asesinatos, 5 desapariciones, 50 atentados, 26 detenciones arbitrarias, 1 caso de uso arbitrario del sistema penal, 3 casos graves de hurto de información y 1 caso de violencia sexual contra una defensora, marcan la tendencia en 2012. En 2011, la cifra fue mucho menor: 239 defensores(as) agredidos.

De estas 239 agresiones, el 78% fueron en contra de defensores y el 22% contra defensoras.

Según el SIADDHH, estos hechos de agresión en 2010 fueron perpetrados en un 41% por paramilitares; 13% por organismos del Estado; 9% por las guerrillas; y en un 37% por desconocidos. El informe también señala que de las 357 agresiones individuales registradas en el Sistema de Información, las zonas más complejas son Bogotá D.C, Cauca, Santander, Valle del Cauca, Antioquia y Nariño.

Las cifras completas del Sistema de Información de Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia SIADDHH para el periodo 2012 y otros periodos pueden ser consultados en www.somosdefensores.org

A continuación, ver el vídeo de la directora realizando un breve análisis:




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