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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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Comisionada de Derechos Humanos ONU recibe a esposas de René González y Gerardo Hernández

CubaDebate. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, recibió este jueves en Ginebra, Suiza, a Olga Salanueva y a Adriana Pérez Oconor, esposas de René González y Gerardo Hernández respectivamente, dos de los Cinco Héroes cubanos encarcelados hace 15 años en EEUU .
Pillay expresó su apoyo a las gestiones que realizan los familiares de estos cinco ciudadanos cubanos para recibir el permiso de Estados Unidos de viajar y visitar a los encarcelados.

Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Fernando González y Antonio Guerrero fueron condenados en 2001 a distintas penas de cárcel por un tribunal de EEUU por conspirar y operar como agentes extranjeros sin notificarlo al Gobierno estadounidense.

Sólo René González está hoy en la calle, ya que salió de la cárcel en octubre de 2011 tras cumplir una condena de 13 años.

No obstante, no podrá regresar a Cuba hasta 2014, cuando terminen los otros tres años de libertad vigilada que le impusieron, ni puede ser visitado por su esposa, a quien EEUU niega un visado.

La pena más contundente fue para Hernández, condenado a dos cadenas perpetuas y a 15 años de privación de libertad, tras un juicio que, según diversas instancias internacionales y organizaciones no gubernamentales, no reunió las garantías básicas.

Las esposas de González y Hernández pidieron hoy a Pillay que “interceda de manera directa a favor de una solución definitiva para el caso de los cinco”, según informaron fuentes diplomáticas.

Olga Salanueva denunció que el régimen de libertad supervisada al que está sometido su marido es “un absurdo legal que no cumple objetivo alguno” y le impide innecesariamente regresar a casa.
Adriana Pérez Oconor instó a la administración estadounidense a tener un gesto humanitario hacia su marido y los otros presos.

En los últimos años, las denuncias de La Habana y de las familias han logrado que el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias instara a Washington a dar una solución al caso de “los cinco”, con cuya situación se han solidarizado el ex presidente de EEUU Jimmy Carter y 10 premios Nobel de la Paz, entre otros.

El pasado mes de octubre, Navi Pillay habló en conferencia de prensa sobre la situación de estos cinco cubanos y sus familias, y en concreto de la petición de Adriana Pérez Oconor de conseguir un visado para visitar a su marido en la cárcel.

“Creo que su petición de un visado para entrar en Estados Unidos para visitar a su marido es legítima y que debería ser concedida. Mi solidaridad está, desde luego, con las familias a las que se niega este tipo de acceso. El derecho de viajar debería ser respetado en todas partes, por todos los Gobiernos”, señaló Pillay.

(Con información de EFE)

Situación de derechos humanos en Colombia - resumen y análisis en base al Informe anual del ACNUDH

Por Oidhaco.

Este documento tiene por objetivo proporcionar información y formular recomendaciones acerca de la situación en Colombia, en relación y en base al informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El documento aborda los temas siguientes:

- proceso de paz y conflicto armado;
- Ley de Víctimas y Restitución de Tierras;
- situación de los defensores de derechos humanos y libertad de expresión;
- persistentes violaciones por las fuerzas de seguridad y esfuerzos para mantenerlas en la impunidad - incluido el tema de actividades de inteligencia ilegales;
- violencia sexual en el marco del conflicto; desaparición forzada; reformas que consolidan la impunidad y atentados contra la independencia de la justicia (Extensión del fuero penal militar; política de “Priorización” de los casos; Reforma a la Ley de Justicia y Paz; Reformas a la justicia);
- Derechos económicos, sociales y culturales, megaproyectos y derecho a la consulta.

Ver el documento de añalisis a continuación y el informe anual de la ACNUDH.




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Terminamos este ciclo de conversaciones con avances que hablan bien de nuestra voluntad de paz, a pesar de infundadas afirmaciones

Delegación de paz de las FARC-EP.

Terminamos este ciclo de conversaciones con avances que hablan bien de nuestra voluntad de paz, a pesar de las infundadas afirmaciones del Presidente Juan Manuel Santos en un evento mediático, el pasado 20 de febrero en San Vicente del Caguán; Avanzamos a pesar del dolor que nos inflige a todos los colombianos el trato represivo y desproporcionado que el gobierno está dispensando a través del ESMAD a las justas protestas de los caficultores y los cacaoteros, causando muertes, decenas de heridos y capturados. Avanzamos a pesar de la sordera estatal frente a las reclamaciones de los trabajadores del Cerrejón y de los que se oponen a la privatización de la salud, y en general, a las consecuencias antipopulares y antipatrióticas de la política neoliberal. Para ese pueblo en pie de lucha, nuestra solidaridad; y al gobierno, un ¡Dialogue con el pueblo, escúchelo, deje la soberbia!

Con artificios como el de San Vicente, no podrá Santos ocultar la progresiva entrega del territorio nacional, de nuestras riquezas minero-energéticas, a la voracidad de las trasnacionales. No podrá tapar los nuevos planes de despojo y de extranjerización de la tierra, ni el propósito avieso de feriar las 15 millones de hectáreas de nuestra altillanura, entre los ríos Guaviare y Meta, rica en petróleo, uranio, coltán y litio; tierras miradas con ojos de agronegocios y ganancias, y con los hombros encogidos, frente al terrible impacto socio-ambiental.

Detrás de la humareda de las declaraciones de San Vicente, está el latifundio que ningún gobierno ha querido tocar. Ha regresado el fantasma de Chicoral a impedir que se toque el sacrosanto latifundio y a perseguir nuevamente a los campesinos que desterró a las fronteras para que no siguieran ocupando, machete en mano, las grandes propiedades. Desde la época de la violencia de los años 50, no han tenido paz los campesinos, se les ha arrebatado la tierra y expulsado con violencia de su entorno natural. El vergonzoso Pacto de Chicoral fue firmado por las élites de los partidos tradicionales, los terratenientes y el Estado, jamás por Manuel Marulanda Vélez. Pero hasta esas fronteras remotas donde fueron arrojados, les enviaron a los paramilitares para masacrarlos y desplazarlos nuevamente. No es justo, no es justo, que ahora se pretenda expulsar al resto con violencia y ley.

Las tierras del comandante Jorge Briceño no eran las mencionadas en las falaces cifras del Presidente, sino 114 millones de hectáreas que tiene país, las que quería produciendo, para dignificar la vida de todos los colombianos.

Pensábamos que Juan Manuel Santos se iba a referir en San Vicente a las 17 mil hectáreas de palma africana que el jefe paramilitar “Don Berna” transfirió al Estado para que fueran entregadas a los campesinos, sus verdaderos dueños, tierras que no han llegado aún a sus destinatarios; pero nada dijo el presidente.

Pensábamos que tal vez aludiría a las 14 mil hectáreas que el mismo paramilitar pusiera en manos del Estado en los Llanos Orientales, con 4 mil de ellas sembradas de palma aceitera, a fin de que fueran restituidas a sus propietarios originales, y a pesar que esto no se ha cumplido, nada dijo el presidente.

Pensábamos que le entraría duro en su discurso a su amigo Víctor Carranza, quien recientemente celebrara con bombos y platillos su primer millón de hectáreas de tierra. Pero nada dijo el presidente.

Es mucho lo que hay que decir y denunciar en torno a la actual política agraria del gobierno. La supuesta titulación y entrega de tierras en Urabá, es una farsa triste. Allí lo que hay es un carrusel de tierras, en el que a través de poseedores de mala fe, se entregan títulos con relumbre mediático, pero al final esos predios vuelven a manos de bananeros y palmicultores despojadores. A los “urabeños” les han asignado la tarea de revictimizar para facilitar el despojo con apariencia legal.

La entrega de tierras que proyectan en Urabá y Chocó los paramilitares El Alemán y Hasbún, es para echarle tierra al engaño de la entrega de tierras que está haciendo el gobierno en Urabá.

En las Tangas asignaron 192 parcelas, pero se las arrendaron a precios irrisorios a unas empresas ganaderas, que todo indica, son del mismo dueño.

Este gobierno, en apariencia, les tiene miedo a los terratenientes, y con ese presupuesto difunde que si se tocan esos intereses criminales se despertará el demonio del paramilitarismo, como si en algún momento lo hubiesen desmantelado. Su determinación es no afectar el latifundio improductivo, ocioso y evasor de impuestos. Por lo visto, ni siquiera se le dará un pellizco. Ahora los latifundistas están esperando a las trasnacionales para vender o arrendar. En lugar de castigo, recibirán un premio.

Esa tierra fue amasada con sangre campesina, masacres paramilitares, fosas comunes, más de 5 millones de desplazados, falsos positivos, y por lo tanto, ¿por qué no llamarlos delincuentes y aplicarles sin tantas vueltas la extinción de dominio reservada a los grupos delincuenciales?

Un tercio del territorio del país está manos de los ganaderos… ¿Quiénes son entonces los latifundistas despojadores?

¿Quiénes son los responsables del índice GINI del 0.87 referido a la desigualdad en el campo?

Que alguien del gobierno le explique al país cómo fue posible que el INCODER le entregara 315 mil hectáreas de tierra a testaferros de los señores del despojo.

¿Por qué el INCODER intentó eliminar los resguardos indígenas coloniales?

El escándalo de Agro Ingreso Seguro pretendió descargarse contra la modelo, Valery Domínguez, mientras que beneficiarios poderosos pasaban de agache: “El programa Agro Ingreso Seguro, creado por la ley 1113 de 2007, otorgó en los primeros dos meses de 2009, bajo una línea especial de crédito, 27.600 millones de pesos, de los cuales una sola compañía, Palmeros del Pacífico Sur, recibió más dinero que todos los beneficiarios en cualquier otro departamento del país, pues obtuvo 4.321 millones (más del 15% del total). De igual forma, tres empresas palmicultoras pertenecientes a la familia Sarmiento Angulo (Palmas Pororó, Palmas Sicarare, Palmas Tamacá) recibieron 3.950 millones (14,27% del total de los créditos). Si se suman dos palmicultores más –Asociación de Agricultores Palma de Caunapí y Palmar El Diamante–, los palmicultores recibieron casi el 40% de los dineros entregados”. No solamente entonces, es el despojo de la tierra, sino el de los recursos públicos, usurpados para entregárselos a los más ricos, a gente como Sarmiento Angulo, ranqueado por la revista Forbes como uno de los más ricos del mundo.

Pareciera que el alzhéimer se ha apoderado de algunos altos funcionarios del Estado, y ya no saben de dónde proviene ni dónde está el latifundio. No hay catastro confiable, no hay estadísticas rigurosas. Engordan tierras, no tributan, todo está en el cajón del olvido, resguardado por la complicidad. No se puede atacar a los gamonales y caciques de la tierra, porque las elecciones están cerca.

Se necesita un catastro alternativo en el que participen organizaciones agrarias y sociales, las víctimas, los desplazados, con veeduría internacional, para no dejar que esta tarea, tan trascendental para la paz, sea asumida por la desprestigiada y parcializada oficina de “restitución” de los victimarios.

Que no nos vaya a tragar la geofagia de las trasnacionales. Colombia no es de Cargill, Pacific Rubiales, corficolombiana, Mavalle, Pajonales, Valorem, Refocosta, Riopaila, Bioenergy, Mónica, Firmenish, Amaggi, Merhav, Aliar, Anglo Gold Ashanti, Billiton, Anglo American, Xstrata, Efromovich, Eike Batista y demás usurpadores que pretenden despojarnos el territorio que nos pertenece a todos.

Llamamos a los colombianos, a sus organizaciones sociales, políticas y gremiales, a las Fuerzas Armadas con sentimiento de justicia y patria, a defender este proceso de paz, esperanza de reconciliación y de nuevo país. Reiteramos: el proceso de la Habana está caminando. La paz se construye con la verdad pura y limpia, no con falsificaciones mediáticas, ni mezquindades. Estamos dispuestos a discutir con pasión, llegado el momento, el tema de la participación política, de la refrendación ciudadana de los acuerdos, para que desbrozado el camino, salgamos todos al encuentro de la anhelada paz, de la dignidad humana.


Delegación de paz de las FARC-EP

SIN MEMORIA NO HAY JUSTICIA - Luis Britto García


1
La Historia, decía James Joyce, es una pesadilla de la cual trato de despertarme. Férreo y tenaz fue el sueño angustioso de nuestra Historia Contemporánea. Desde 1958 nuestra cotidianidad consistió en manifestaciones abaleadas, periódicos confiscados, censura directa o indirecta de los medios, prohibición de piezas teatrales, exposiciones y películas, violaciones de domicilio, partidos ilegalizados, elecciones donde acta mataba voto, suspensiones de garantías de más de tres años consecutivos, allanamientos, torturados, enterrados vivos, desaparecidos, exiliados, universidades ocupadas militarmente y privadas de autonomía, Teatros de Operaciones donde no entraban ni  Constitución ni tribunales, aplicación de bárbaras leyes de Vagos y Maleantes que permitían condenar  mediante simple oficio a varios años de trabajos forzados a quienes carecían de profesión o domicilio, bombardeos contra  zonas rurales, desplazamientos forzosos de campesinos, asesinatos selectivos, grupos delincuenciales de la policía, detenciones en masa de todos los habitantes de zonas populares con el pretexto de verificar si tenían antecedentes penales, masacres, hecatombes. Es posible que el número de víctimas fatales llegara a las diez mil. A este horror lo llamó Rafael Caldera “la vitrina de exhibición de la democracia latinoamericana”.
2
Ante el diluvio de tropelías los organismos encargados de aplicar la Ley, con honrosas excepciones, otorgaron y callaron. Correspondió a simples ciudadanos, camaradas, comités de Derechos Humanos y uno que otro parlamentario progresista  denunciar e investigar violaciones. No era fácil. Por el mero hecho de denunciar se convertían en las primeras víctimas de la represión. Los expedientes de cuerpos policíacos y tribunales de excepción permanecían cerrados a piedra y lodo, y tal situación siguió igual después de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispuso inequívocamente en su artículo 143: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad”. 
3
Venezuela asume la investigación de estas atrocidades con retardo injustificable. Dictadura hubo en Argentina, y para 1984 el informe Nunca más, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por Ernesto Sábato, reconocía 8.960 desaparecidos. En Chile en 1990 el informe Rettig, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, verificó 2.296 víctimas fatales de Pinochet. Las organizaciones sociales afirman que las cifras reales son muy superiores, pero por algo se empieza. En cambio, a catorce años del triunfo bolivariano,  Ministerio de Justicia,  Fiscalía, Defensoría del Pueblo y tribunales apenas han comenzado a cumplir a plenitud con las  competencias que los obligan a investigar y sancionar  crímenes de lesa humanidad. La mayoría de las realizaciones en la materia se deben a la empecinada y desamparada labor de deudos y comités de víctimas. Sólo en 2011 la Asamblea Nacional bolivariana emite una Ley para Sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998, y designa una Comisión de la Verdadpara cumplir dicha tarea.
4
Aquellos que no aprenden de la Historia, decía Santayana, se ven obligados a repetirla ¿Qué hacer para evitar que el horror reincida? En primer lugar, se deben abrir los sepulcros blanqueados de los expedientes de tribunales y cuerpos represivos, hasta hoy vetados para la ciudadanía. Se debe evitar que continúe la destrucción de archivos y de pruebas, e investigar y sancionar a sus responsables.
5
En segundo lugar, Ministerio de Justicia, Fiscalía y Defensoría del Pueblo deben  poner a disposición de la Comisión las investigaciones que en función de sus competencias estaban y están obligados a adelantar sobre estos crímenes de lesa humanidad, y explicar y justificar las posibles omisiones en el cumplimiento de ellas, entendiéndose que la creación de una Comisión de la Verdad no los releva ni exonera del cumplimiento de tales atribuciones, ni del deber de continuar desempeñándolas.
6
En tercer lugar, la Comisión debe desarrollar un mecanismo para desempeñar sus tareas. Un cuerpo colegiado trienal de una treintena de  personas que ejercerán funciones a título honorífico,  parece  diseñado para hacer casi imposible que se reúna y que cuente con medios para cumplir con tareas que durante una década no cumplieron organismos con abundante dotación administrativa y presupuestaria.  Sólo el convocarnos para la juramentación ha tomado año y medio. “Mas estas víctimas serán vengadas, estos verdugos serán exterminados”, escribía Bolívar en Mérida el 9 de julio de 1813. Esperémoslo.

(TEXTO/FOTOS: Luis Britto)

EL HAMBRE EN COLOMBIA


El hambre mata a más personas cada año que el sida, la malaria y la tuberculosis juntos (PMA). 
 
Una de cada siete personas en el mundo se irá a dormir con hambre esta noche (PMA)
Hay más personas con hambre en el mundo que la suma de las poblaciones EE.UU, Canadá y la Unión Europea (PMA).
En el mundo cada seis segundos un niño muere a causa de malnutrición o por circunstancias relacionadas. Maria Clemencia Rodríguez.
El 42.7% de la población vive en condiciones de inseguridad alimentaria en Colombia (ENSIN 2010).
En el mundo, 925 millones de personas padecen hambre crónica y malnutrición a causa de su situación de miseria. La mayoría de estas personas viven en países en vía de desarrollo, afirma El Fondo de Las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2010, FAO)
En Colombia, el 42.7% de la población vive en condiciones de inseguridad alimentaria, lo cual indica que casi la mitad de población no vive con las condiciones mínimas necesarias para tener una alimentación saludable (ENSIN 2010)
Para hablar con mayor exactitud, en Colombia los departamentos que presentan mayores índices de inseguridad alimentaria son Nariño (67.7%), Chocó (64.2%), Sucre (62.9%), Bolívar (61.7%) y Magdalena (61.4%). Lo anterior evidencia que la Región Atlántica y la zona pacífica son las más afectadas por la falta de condiciones que suplen sus necesidades mínimas de alimentación. En cambio, las zonas que presentan un menor índice de inseguridad alimentaria son: Vaupés (21.5%), Bogotá (27.8%) y Guainía (31.4%). Según lo anterior, la Región Amazonía y Orinoquía y la capital de nuestro país presentan tasas menores en comparación con otras.
Además, se evidencia notablemente en nuestro país una gran diferencia en cuanto a cifras de desnutrición entre la zona urbana y la rural, el 57.5% de los hogares en el campo padece de inseguridad alimentaria, mientras que en la ciudad el 38.4% no vive con las condiciones necesarias para tener una alimentación balanceada (ENSIN 2010). Lo anterior indica que se debe prestar mayor prioridad a la atención de personas que viven en el campo.
Lo paradójico es que mientras los sectores marginales de la población mueren de hambre, hay cientos de toneladas de alimentos en buen estado que van a la basura. Cada año los consumidores en países ricos desperdician la misma cantidad de alimentos (222 millones de toneladas) que la totalidad de la producción alimentaria neta de África subsahariana. De esta manera, se dejan de aprovechar 670 millones de toneladas de alimentos perfectamente comestibles en los países industrializados y 630 millones adicionales en los países en desarrollo, lo que indica que la tercera parte de los alimentos producidos en el mundo se desperdician, lo que equivale a 1,3 billones de toneladas anuales, según la FAO en el informe Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo (2011).
En nuestro país no se conoce la magnitud del desperdicio de comida, sin embargo, día a día diferentes sectores de la población han venido trabajando en sensibilizar sobre la importancia de no desperdiciarla.
Frente a esta problemática, se crean los Bancos de Alimentos, instituciones que trabajan en pro de la seguridad alimentaria, recibiendo donaciones y alimentos excedentarios que reaprovechan para su distribución entre la población vulnerable y las Asociaciones que los representan, promueven alianzas estratégicas y contribuyen a su fortalecimiento. En nuestro país, se han constituído más de 20 y una Asociación de Bancos de Alimentos-ABACO.

CIFRAS MUNDIALES:

La imposible huida hacia adelante

Por Javier Pérez

Queridos lectores,

En esta ocasión Javier Pérez explica con números sencillos y argumentos contundentes por qué no hay ninguna salida dentro de un modelo que no ya quiera crecer sino simplemente mantenerse, por qué corremos sobre una cinta rodante que cada vez gira más rápidamente, por qué hacia adelante no hay ninguna salida.

Les dejo con Javier Pérez.

Salu2,
AMT

   
La maldición de los hamsters. El problema del petróleo visto en kilowatios·hora.



Si algún día llega a la Tierra una raza de alienígenas, y nosotros ya nos hemos marchado o nos hemos extinguido, creo que sus arqueólogos serán capaces de entenderlo casi todo de nuestra civilización, salvo el recibo de la luz, que será tomado por una plegaria esotérica, y la utilidad de los gimnasios, que sin duda serán considerados centros de tortura y represión.

Del recibo de la luz ya hemos hablado bastante en esta página, y seguiremos sin duda analizando cuales de sus componentes son costes reales y cuales pretextos para el expolio. En cuanto a los gimnasios, permitidme que los utilice como punto de partida para describir la situación energética en que nos encontramos.

Supongo que casi todos conoceréis la cinta continua, ese artefacto diabólico que se desplaza a una velocidad regulada y sobre la que hay que correr a su mismo ritmo para que no te expulse hacia atrás. Es la versión humana de la rueda para hamsters en la que el pobre bicho se entretiene y hace ejercicio en su jaula corriendo a toda velocidad sin moverse del punto en que se encuentra. La única diferencia es que la cinta continua se mueve por un aporte externo de energía y la rueda del hámster la tiene que mover el roedor.

En cierto modo, nuestro sistema económico basado en el crecimiento nos convierte en hamsters, obligados a correr cada vez más aprisa para que la rueda no se detenga. Todos sabemos que hace veinticinco o treinta años bastaba con que trabajase sólo un miembro de la unidad familiar para sustentar todos los gastos, y hoy es necesario que trabajen los dos para mantener un nivel parecido. De hecho, según Jeremy Rifkin, bastaría con trabajar cuatro horas diarias para mantener el nivel de vida de los años cincuenta.

El límite de esta aceleración de la rueda en que nos hemos metido es la energía. Pero en lugar de asumirlo, todo indica que estamos convirtiendo el problema energético en una nueva rueda de hámster en la que correr a toda prisa, porque lo único que los economistas miden, y se empeñan en medir, es la velocidad a la que corremos.

Para aclarar el asunto creo que, como siempre, hay que tratar de buscar la raíz del problema en los conceptos últimos. Lo voy a intentar:

Un ser vivo no necesita comida; lo que necesita es alimento. Por eso lo más lógico para hablar de alimentación es expresarse en calorías, y no en gramos de comida, porque no es igual comer cien gramos de acelgas que cien gramos de miel. Del mismo modo, la sociedad humana no necesita petróleo, sino energía, y expresar el aporte de energía en barriles de petróleo es tan inapropiado como proponer una dieta expresada en gramos.

La cantidad de energía que contiene cada barril de petróleo es decreciente, pues en primer lugar se extrajo el de mayor calidad y acceso más fácil. A medida que ha ido pasando el tiempo los pozos se han vuelto menos productivos y los procesos requeridos para obtener el crudo se han vuelto más costosos energéticamente, con lo que queda menos energía disponible para la sociedad. Y esto es clave, porque algunos se limitan a contar lo que sale de los pozos, sin restar lo consumido por la industria petrolífera.

Ese mismo truco es utilizado a menudo por los directivos de las empresas que van mal para presentar a los accionistas la cuenta de resultados de manera que parezcan mejores de lo que realmente son. La artimaña consiste en presentar como progresos los aumentos de facturación, cuando lo único que les importa a los accionistas son los aumentos de beneficio. Si el caradura de turno dice en la asamblea que al año pasado se facturaron cinco millones y este año se han facturado nueve, parecerá en principio que la empresa casi ha doblado su negocio. Lo malo será cuando tenga que contar que el año pasado los gastos fueron de tres millones, y este año de ocho, porque entonces será cuando quede claro que están ganando la mitad moviendo el doble de mercancías.

Algo similar, insisto, es lo que sucede con el petróleo y nadie parece querer darse cuenta.

Sin embargo, lo cierto es que el petróleo convencional, el que se extrae de la tierra, decrece a un ritmo constante, y el intento de sustituirlo por petróleo no convencional, o shale oil, procedente del fracking, no se puede hacer en términos equivalentes. Si admitimos semejante cuenta estaremos cayendo en la trampa antes citada de fijarnos en la facturación más que en el beneficio.

Los que se llaman a sí mismos optimistas nos cuentan a todas horas que las enormes reservas de petróleo de roca podrán ir sustituyendo paulatinamente al petróleo que se deja de sacar de los pozos convencionales, pero ni esto es cierto ni probablemente lo será nunca. Trataré de demostrarlo con cifras.

Como ya se ha discutido aquí en extenso el tema de los daños medioambientales y las causas del decrecimiento de la producción convencional, no voy a incidir de nuevo en esos asuntos y paso directamente a los postulados.

-En estos momentos, la producción de petróleo convencional ronda los 65 millones de barriles diarios. Es una cifra controvertida, pero la vamos a dar por buena. El resto procede de gas licuado y todas esas fuentes y procedencias que ya se han explicado en otros artículos.

-La disminución de producción de los pozos convencionales ronda un 3% anual. La disminución real es bastante mayor, pero se ve atenuada por las nuevas explotaciones, etc. Aunque es una cifra optimista, aceptamos como válido este 3% de decrecimiento.

-Cada barril de petróleo contiene aproximadamente 1700 Kw·hora de energía. O lo que es lo mismo, 1,7 Megawatios·hora. Esta cantidad no es fija, por supuesto, y ya hemos dicho que es menguante por muy distintos motivos (el fondo de los pozos contiene más alquitrán y menos compuestos volátiles, etc.), pero la damos por buena.

-La TRE de los pozos convencionales se encuentra cerca de 20. O sea, que por cada veinte barriles que sacamos tenemos que gastarnos uno en el proceso.

-La TRE de los pozos no convencionales es muy variable, pero se acepta que su valor medio, actualmente, está en torno a 6. Por tanto, por cada seis barriles que sacamos tenemos que gastarnos uno en el proceso.

Lo que habitualmente nos cuentan es que, con estas cifras, y dadas las enormes reservas de petróleo no convencional (tema dudoso que ya se irá viendo), basta con aumentar el número de barriles de petróleo no convencional para sustituir al petróleo convencional que se deja de extraer por el declive de los campos antiguos. Nos lo dicen y se quedan tan anchos, y a nosotros nos parece intuitivamente posible, mientras el petróleo no convencional dé un rendimiento de seis barriles por cada uno invertido, pero echemos un vistazo a los números para darnos cuenta de lo que supone esta afirmación.



En 2012, con los datos de los que partimos, tenemos una producción de 65 millones de barriles, lo que supone unos 105 millones de Megawatios·hora diarios. Esta es la cifra de partida de nuestro modelo.

Lo que se pretende, en el futuro, es mantener ese mismo nivel de suministro energético. De crecer ya ni hablamos. En 2013, por tanto, tenemos un 3% menos de producción de petróleo convencional, que nos entrega casi 102 millones de MW. La energía que nos falta tenemos que obtenerla del petróleo no convencional, ¡pero cuidado!, porque aquí es donde está el engaño: la disminución del petróleo convencional es de 1.893.203 barriles, y para sustituir la energía que nos aportaban necesitamos nada menos que 2.098.289, como indica la tercera columna. ¿Por qué? Porque obtener seis barriles del nuevo producto consume uno, mientras que antes sólo consumíamos uno de cada veinte. Esa es la clave, y por eso lo calculamos en Megawatios·hora, a ver si queda claro.

Por ese camino, y como se puede ver en la tabla, necesitaremos en 2020 más de quince millones de barriles diarios procedentes del petróleo no convencional. Una cantidad descomunal que supera muy de largo a las predicciones más optimistas. Para verlo, vamos a añadirle una columna a la tabla, que nos indique el número de pozos de petróleo no convencional que hay que tener en funcionamiento para obtener semejante producción. Aunque la producción de estos pozos es muy diversa y declina a una velocidad vertiginosa (en unos 18 meses pasa a la mitad), en estos momentos se acepta como buena una producción media diaria de 100 barriles por pozo, contando tanto las incorporaciones recientes como los pozos más antiguos y menos productivos.



Como veis, según este cálculo, serían necesarios en 2020 más de ciento cincuenta mil pozos de petróleo no convencional, y casi el doble en 2030. Y todo esto, insisto, PARA MANTENER LA ACTUAL CANTIDAD DE ENERGÍA APORTADA POR EL PETRÓLEO.

¿Y qué tenemos en la actualidad, cuando estamos explotando los pozos más rentables y asistimos al boom de las inversiones en petróleo no convencional? Pues alrededor de 1 millón de barriles diarios, y sin mucha esperanza de que esto crezca en el futuro. Aquí va un gráfico sobre la producción prevista en Dakota del Norte y su famoso yacimiento de Bakken:



Y no nos engañemos pensado que en Bakken sólo están empezando y que son yacimientos experimentales. Echad un ojo a esta foto que hemos encontrado en este otro blog para haceros una idea de lo que se está haciendo allí en estos mismos momentos. Las luces que señala la flecha son las antorchas del gas natural que se está quemando allí, directamente, mientras se obtiene el petróleo mediante fractura hidráulica. Tened en cuenta que la foto indica lo que se está haciendo para obtener unos 700.000 barriles diarios:




Otro día, yo mismo u otro autor, hablaremos de las posibilidades reales del petróleo no convencional, sus costes, y el ritmo actual de perforación, estelarmente alejado de estas cifras. Hoy, cierro ya diciendo lo obvio: que para obtener la misma energía, tenemos que perforar cada vez más pozos, dedicar más tierras a este fin y emplear más recursos escasos, como el agua, en la obtención de este petróleo. Estamos ante la maldición de los hamsters: correr cada vez más para seguir en el mismo sitio.

Lo malo es que ni siquiera eso es suficiente, porque nuestro sistema económico actual no puede sobrevivir sin crecimiento. Y sin energía no hay crecimiento, por mucho que hablemos de tecnología.

¿Calculamos el número de pozos que necesitaríamos para que el PIB mundial pudiese crecer a una tasa media del 2% anual?, ¿Calculamos el agua necesaria para estas explotaciones?

No me atrevo. Mejor dejarlo por ahora…

Javier Pérez (www.javier-perez.es)

Siguen desaparecidos


Por: Rodrigo Uprimny

Colombia sostiene ante la CIDH que no puede ser condenada por las desapariciones del Palacio de Justicia, pues no hay pruebas que muestren que las 12 personas salieron vivas del Palacio y que fueron desaparecidas por un agente del Estado. Pero esa tesis es falsa a nivel probatorio y normativo.

En los procesos nacionales hay evidencia clara de que al menos dos personas (Carlos Rodríguez e Irma Franco) salieron vivas, quedaron en poder de las Fuerzas Armadas y que hoy se desconoce su paradero. Otro caso incontrovertible es el del magistrado Urán. La evidencia muestra que salió con vida del Palacio, que fue llevado en una camilla militar, que su muerte se debió a un disparo a quemarropa y que luego fue presentado como un muerto en combate.
Está probado entonces que están desaparecidas dos personas que estaban bajo custodia del Ejército y que otra apareció ejecutada. Ahora bien, a nivel normativo, desde su primera sentencia en el caso Velázquez Rodríguez de 1988, la Corte IDH señaló que si una persona está en manos del Estado y desaparece, la carga de la prueba se invierte: es el Estado el que debe explicar qué fue lo que pasó. Si no lo hace, es culpable internacionalmente.
Esta doctrina se justifica porque la Corte IDH no juzga penalmente a un individuo sino que evalúa la responsabilidad en derechos humanos del Estado, y por eso es lógico que exija a las autoridades que expliquen la suerte de las personas que estaban en su poder. La responsabilidad del Estado colombiano en esos tres casos es entonces clarísima.
La evidencia de que las otras nueve personas salieron vivas del Palacio es menos contundente, aunque en algunos casos es muy persuasiva. ¿Significa eso que el Estado debe ser absuelto en esos otros nueve casos?
La respuesta es negativa, pues esas personas estaban en el Palacio al momento de la toma y después de la retoma la Fuerza Pública quedó en total control del sitio. Además, las autoridades hicieron un manejo indebido de los cadáveres y de la escena del crimen. Y como hay prueba de que al menos dos personas fueron desaparecidas y otra ejecutada, es razonable temer que algo semejante pudo suceder con esas otras nueve personas, cuyo paradero hoy se desconoce. Siguiendo entonces la doctrina del caso Velázquez Rodríguez, reiterada en muchos casos ulteriores, la carga de la prueba se invierte: es el Estado colombiano quien debe probar que no tuvo nada que ver con la desaparición de esas personas. Mientras no lo haga, para el derecho internacional y para el sentido común, también esas nueve personas están desaparecidas y el Estado colombiano debe igualmente responder por ellas.
La única forma en que Colombia podía entonces evitar una condena por los desaparecidos del Palacio era mostrando que su justicia había actuado eficazmente para esclarecer qué paso con esas personas. Pero en vez de adoptar esa estrategia, que era la única sensata jurídicamente y digna humanamente, el escrito de defensa de Colombia se dedicó a criticar la labor de la justicia colombiana…


  • Rodrigo Uprimny | Elespectador.com

 

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