Por
Oidhaco.
"Instamos al Gobierno aprobar e implementar, con la mayor celeridad,
medidas de protección para las mujeres defensoras de derechos humanos en
la región de Magdalena Medio, con un enfoque diferencial y de manera
concertada con las mujeres"
Señor Presidente:
Nos
dirigimos a Usted desde las organizaciones abajo firmantes para expresar
nuestra profunda preocupación por el incremento de amenazas contra las
personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos en la
región de Magdalena Medio y especialmente contra mujeres defensoras en
la ciudad de Barrancabermeja.
Al inicio del 2013, se ha vuelto a
observar un contexto altamente preocupante en la región. Según datos de
organizaciones nacionales e internacionales, hasta mediados de febrero
cinco personas fueron asesinadas de forma selectiva, otras tres fueron
víctimas de desaparición forzada, dos jóvenes fueron heridos con arma de
fuego, y hubo 20 amenazas mediante panfletos contra jóvenes en las
comunas y defensores y defensoras de derechos humanos.
Todo
indica que estas agresiones se han vuelto sistemáticas en contra de la
población civil de la ciudad y se dan en medio de una guerra abierta
entre presuntos grupos paramilitares.
Los hechos que
siguen son de especial preocupación para nuestras organizaciones y
solicitamos que desde su gobierno se implementen con la máxima celeridad
medidas de protección eficaces y concertadas con estas mujeres.
-
El 23 de febrero, la Sra. Luz Almanza, miembro de la Asociación de
Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), recibió una nueva
amenaza de muerte firmada por el Comité Central Comando Antirestitución,
en la que le advirtieron que tenía un plazo de 12 horas para salir de
la ciudad o si no la matarían. La Sra. Luz Almanza fue víctima el pasado
año de varios seguimientos y amenazas en que la ordenaban dejar de
trabajar el caso de unos jóvenes desaparecidos.
- El 22 de
febrero dos desconocidos entraron en la casa de un familiar de la Sra.
Lilia Peña, presidenta de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes
de Estado del Magdalena Medio (ASORVIMM) y con un revolver en la mano,
le mostró fotos de ella, sus hijos, una nuera y la hermana de esta,
acusándoles de ser guerrilleros, y diciendo que tenían 24 horas para
salir de la ciudad. En los días posteriores la Sra. Peña, miembros de su
familia y de ASORVIMM han vuelto a ser objeto de amenazas y
hostigamientos, los últimos hechos ocurridos hace tan solo dos días.
-
El 19 de febrero se dio la desaparición por tres días de la Sra.
Yeraldine Rojas Chacón, miembro de la junta de Asorvimm y esposa de uno
de los hijos de la Sra. Lilia Peña. Apareció el 22 de febrero en San Gil
(Santander) después de sufrir diferentes agresiones.
- El 11 de
febrero, un hombre desconocido amenazó a la Sra. Gloria Amparo Suarez,
representante legal de la Organización Femenina Popular (OFP). Le mostró
también fotos de sus hijos advirtiéndole que sabía dónde estaban. Esta
persona amenazó asimismo a la Sra. Yolanda Becerra, Directora Nacional
de la OFP.
- Dos días después, el 13 de febrero, la Sra.
Jackeline Rojas Castañeda, miembro del Espacio de Trabajadores y
Trabajadoras de Derechos Humanos de Magdalena Medio (ETTDH), recibió una
amenaza por correo electrónico. En la amenaza realizada por el Comité
Central Comando Antirestitución, se cita también a la Sra. Ana Teresa
Rueda Lozada y la Sra. Doris Florez Anaya, que trabajan en el ETTDH y a
la secretaria general del Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos, Sra. Carolina Rubio. Se da la circunstancia que tanto la Sra.
Rueda, como la Sra. Florez fueron acogidas por la Taula Catalana por la
Paz y los Derechos Humanos en Colombia en Barcelona para participar en
su programa de becas anuales del 2006 al 2008.
A pesar de que
algunas de las víctimas tenían medidas de protección por parte del
estado, cabe destacar lo indicado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, que afirmó que existe una falta de adecuación de las
medidas a condiciones de género.
Por ello, nos parece de
especial relevancia lo expresado en el último informe de OACNUDH en el
que resaltan que, “el Estado tiene una responsabilidad primordial, ya
que no solo debe respetar los derechos humanos y responder cuando los
infringe, sino que, además, debe proteger contra las violaciones
cometidas por terceros, crear un entorno en el que se respeten todos los
derechos y debe actuar para poner fin a estas violaciones y prevenir su
repetición”.
Por todo lo anterior las organizaciones firmantes instamos a su gobierno a: ·
Reconocer públicamente la legitimidad y la importancia de la labor de
las mujeres defensoras, e investigar los hechos denunciados y la autoría
de los mismos con el fin de sancionar a los responsables y garantizar
su no repetición;
· Aprobar e implementar, con la mayor
celeridad, medidas de protección para las mujeres defensoras de derechos
humanos en la región de Magdalena Medio, con un enfoque diferencial y
de manera concertada con las mujeres; tales esquemas, de acuerdo con la
solicitud de las defensoras, tienen que incluir protección para los
familiares;
· Cumplir con sus obligaciones respecto a la
implementación del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional de
Colombia y la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas en materia de prevención y protección a las mujeres víctimas del
conflicto armado así como a poner fin a la impunidad que rodea casos de
violencias contra las mujeres; · Asegurar en general la protección
efectiva y concertada de las personas que denuncian y se movilizan por
el respeto a los derechos humanos en Colombia.
Atentamente,
Christian Aid - UK e IRLANDA
Coordinación
Valenciana de Solidaridad con Colombia – Estado Español (CEAR-PV, CEPS,
Cedsala, Entreiguales, Intersindical Valenciana y Colectivo Sur
Cacarica)
Grupo de Trabajo Suiza Colombia - Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien - Suiza
Iniciativa Solidaria Internacionalista de Burgos – Estado Español
Kolko e.V – Derechos Humanos por Colombia – Alemania
La
Fundación Sueca para los Derechos Humanos - Suecia Oficina
Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (Red Europea de más de
30 organizaciones de 9 países de la UE, Suiza y Noruega) Plataforma
Justicia por Colombia – Estado Español (CEAR, Paz con Dignidad, IEPALA,
MUNDUBAT, Ecologistas en Acción, OSPAAAL, Comité Oscar Romero de Madrid)
SOLdePaz Pachakuti - Estado Español
Solidarité Socialiste - Bélgica
Taula
Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, Estado Español
(Ajuntament de Lleida, Associació Catalana per la Pau, Colectiu Maloka –
Colòmbia, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya, Cooperacció, Entrepobles, Federació Catalana
d'ONG per al Desenvolupament, Federació Catalana d'ONG per la Pau, Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, Fundació Desenvolupament
Comunitari, Fundació Pau i Solidaritat – CCOO, Fundació Pagesos
Solidaris, Fundació per la Pau, Intermón – Oxfam, Internacional Peace
Observatory, Intersindical-CSC, Justícia i Pau, Lliga dels Drets dels
Pobles, Sindicalistes Solidaris - UGT)
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