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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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Propuestas de las Víctimas a la mesa por la Paz

por Prensa Movice/Colectivo de Abogados.

El 6 de marzo es el día de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia. En esta ocasión, quienes integramos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), junto con otras organizaciones sociales y de víctimas, presentamos al país un documento con nuestras exigencias, de cara a los diálogos de paz

Para las víctimas, el actual proceso de paz que se realiza en La Habana es una oportunidad histórica para la sociedad colombiana, por lo tanto, rechazamos toda manipulación mediática o política que intente arrebatarle al país la posibilidad de dar por terminado el conflicto político, social y armado.

De nuestras propuestas, destacamos:

1. Las partes del conflicto armado en Colombia deben asumir su responsabilidad por estos crímenes. En particular, el gobierno colombiano debe reconocer la existencia de una política de Estado que ha propiciado las violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. El presidente de la República debe pedir perdón públicamente por estos hechos y se debe adoptar una ley que prohíba y sancione las actividades que nieguen la existencia de los crímenes de Estado en Colombia.
2. Las víctimas tenemos derecho a participar y a decidir sobre nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Rechazamos que dos actores del conflicto, a puerta cerrada, tomen decisiones por nosotros y definan el futuro de nuestra lucha sin contar con nosotros y nosotras. Por tal motivo, se debe garantizar la participación deliberante y decisoria de nuestros propios representantes.
3. Debe crearse una Comisión de la Verdad que investigue los hechos, recoja toda la información posible para su esclarecimiento y recomiende las acciones judiciales y las reformas institucionales necesarias para asegurar nuestros derechos. Ante esta comisión, el Estado y los grupos armados de oposición, partes en un acuerdo de paz, deben hacer un reconocimiento público de los hechos de su responsabilidad y pedir perdón a las víctimas, sus familiares y a la sociedad colombiana.
4. Regreso de todos los desaparecidos a sus hogares, identificación de todos los ‘NN’, entrega de los restos de quienes hayan sido asesinados y revelación de todas las sepulturas clandestinas que existan en el país.
5. El Estado deberá asegurar medidas de reparación colectiva con relación al genocidio político o las persecuciones políticas contra los miembros de la oposición, entre ellas la restitución de las personerías jurídicas a los partidos o movimientos políticos de oposición víctimas de este genocidio, como la Unión Patriótica, así como de las curules y cargos de elección popular perdidos por estos crímenes.
6. Es necesario reducir el tamaño de las Fuerzas Militares y de su presupuesto para el estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales de “defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, desmilitarizando la vida social y eliminando políticas que vinculen a los civiles a actividades castrenses, como el servicio militar obligatorio, los soldados campesinos o las redes de informantes. Además, se debe separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y convertirla en un cuerpo civil.
7. Las tres ramas del Poder Público deben ser depuradas. Los funcionarios involucrados, por acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o con grupos y actividades paramilitares, o que hayan promovido la impunidad de estos delitos deben ser retirados de las instituciones públicas.
8. Desclasificar, organizar y preservar la totalidad de los documentos reservados del Estado, especialmente los archivos de inteligencia relacionados con las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, para que contribuyan a la construcción de la memoria del conflicto en Colombia y sirvan de insumo a los procesos judiciales. De la misma manera, deben derogarse todos los manuales, instrucciones, directivas y documentos de otra índole de las Fuerzas Militares y otros cuerpos de seguridad que califican a los movimientos sociales y los partidos políticos de oposición como ’enemigo interno’ o con otras categorías similares, que promuevan actividades ilegales de inteligencia o fomenten la creación de grupos paramilitares, así como toda política de recompensas que fomente las ejecuciones extrajudiciales.
9. Las víctimas tenemos derecho a que se realice una revisión de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por parte de nuestras organizaciones para formular una política justa en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, que contemple la reparación de todas las víctimas y elimine las restricciones para que los despojados ejerzan su derecho a disponer de su tierra a voluntad, como los contratos de uso y de transacción, o el derecho de superficie. Se deben prohibir las concesiones a agentes externos a las comunidades restituidas para la explotación de recursos minero energéticos.
10. Para asegurar la justicia, debe garantizarse la sanción a todos los responsables de los crímenes de Estado, reapertura de todas las investigaciones penales archivadas o declaradas prescritas por los mismos, anulación de todas las sentencias surgidas de una administración fraudulenta de justicia y eliminación de cualquier tipo de fuero que no permita que la justicia ordinaria se encargue de estos delitos.
11. Desmonte inmediato de la estrategia paramilitar, independientemente de la calificación que las autoridades le den a los grupos que la desarrollan en todo el territorio nacional, y proscripción constitucional de estas prácticas.

Vivienda y vivienda digna


Cambio Total [NotiColombia Press].

El problema de la vivienda significa el martirio más grande para un padre o madre de familia que carecen de ella y ven cómo sus hijos viven en condiciones miserables. Ello llevó al pueblo a realizar durante la década de los 70 la ”toma de tierras" urbanas ociosas para construir viviendas, encabezadas por laCENAPROV. Después implementan desde el gobienro una política de vivienda en la década de los 80 que medianamente satisfacía esta necesidad, el estado y sus gobiernos se ”olvidaron” de satisfacera y si en la ”época buena” la construcción de vivienda popular era un mecanismo de perpetuación de la oligarquía en el poder asignándolas a los ”afectos” al gobierno, en la ”época mala” es mucho más dramática la cosa.

En Colombia no hay estadística estatal confiable. La entonces ministra de vivienda Beatriz Uribe decía a RCN tv en 2011 que el déficit de vivienda era de 1,5 millones de viviendas, hoy el ministro Vargas Lleras dice que éste es de 900.000 viviendas, desapareciendo de un tajo 600.000 hogares sin vivienda. Y los ”desaparecen” no porque los últimos gobiernos -Pastrana y Uribhitler- satisficieran la necesidad con políticas de construcción de esa necesidad básica primaria, sino todo lo contrario el abandono de ya que los recursos se dirigieron a la guerra contra el pueblo.

Si el déficit real de vivienda supera los 2’500.000 viviendas, este dato es un subregistro porque no se tiene en cuenta las familias que viven en arrendamiento, las cuales aparecen en las estadísticas oficiales como si tuvieran vivienda. La situación es considerada como una crisis humanitaria y diversos organizmos cuestionar la falta de políticas gubernamentales (sabido es que la única política que tiene el estado es la de guerra).

En Colombia no hay una política real de construcción de viviendas y sólo cuando Venezuela entra a pagar la enorme deuda social que dejaron los corruptos gobiernos oligárquicos de AD y COPEI, la oligarquía colombiana se ”pellizcó” porque el gobierno vecino era un ”mal ejemplo” y ellos quedaban malparados ante el espejo del país hermano.

Hemos encontrado en Internet que ”Revisando los programas estatales de vivienda en 12 países intermedios –los de Unasur más México–, se destaca un dato curioso. Venezuela es el único Estado que aplica un plan nacional centralizado de construcción. Se opera a través de la Gran Misión Vivienda, cuyo presupuesto actual supera el 4% del PBI, se apoya en la experticia técnica y operativa de cinco Estados y aspira a construir tres millones de viviendas en cinco años”. Esta es una de las obras realizadas por el ”dictador” Chávez que pagó -y está pagando- la enorme deuda social dejada por la oligarquía y que explica por qué su pueblo lo ama como la hace, aún después de muerto, mucho más después de muerto.

En Colombia, al igual que en Venezuela, la oligarquía tiene una enorme deuda social con el pueblo, y si no la paga la explosión social no se hará esperar. En  Venezuela la Revolución Bolivariana entró a satisfacer esa necesidad y son hermosas las viviendas construídas por el estado y su gobierno a todo lo largo y ancho del territorio venezolano. En Colombia se aplican ”pañitos de agua tibia” para un problema de dignificación del pueblo y se maquillan cifras a fin de tratar de mostrar resultados. Quizá habituado a las desapariciones, el gobierno JMSantos practica ésta modalidad criminal con las cifras de destechados.

Mas este problema demuestra la ineficiencia estatal y lo marrulleros que son. El pueblo así lo entiende y no se dejará manosear. Téngalo por seguro.

Del Comité por la Libertad de los Cinco, Estocolmo, y el Comité por la libertad y repatriación de Joaquín Pérez Becerra


La tristeza y la pena son inmensas. Un profundo dolor nos embarga y nos hermana hoy más que nunca. La vida asesta golpes traicioneros y dolorosos, y éste es uno de ellos. Nuestro Comandante, Hugo Chávez Frías, quien gobernó obedeciendo a su pueblo hasta sus últimos días, ha dejado un vacío en nuestras filas que será difícil reemplazar.

Ha muerto un imprescindible. Nos ha dejado físicamente para pasar a la Historia como un revolucionario ejemplar. Ahí estará, entre otros, junto a Simón Bolívar, Juana Azurduy, Micaela Bastidas, José Martí, Manuela Sáenz, Augusto César Sandino, Farabundo Martí, Celia Sánchez, Salvador Allende, Ernesto Che Guevara y Gladys Marín.

EE.UU. se creía y se cree con un mandato divino para sembrar de miseria a los pueblos latinoamericanos... Y en eso llegó Fidel... Y en eso llegó Allende... Y en eso llegó Chávez... y mandaron a parar!

Todos somos los hijos de Hugo Chávez en Suecia y tenemos tareas impostergables. La más importante de todas es la UNIDAD, porque unidos seremos invencibles.

Alí Primera, el trovador más querido de Chávez, dice en una canción que nos interpreta y conmueve: “Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos”...

Es por eso que queremos enarbolar las palabras de Hugo Chávez a su querida Venezuela: “Seguiremos teniendo Patria para siempre. Viva la Patria! Viva la Revolución! Viva el Socialismo! Viva Venezuela libre!”

(texto leído en el homenaje realizado el 6 de marzo frente a la Embajada de Venezuela en Estocolmo)

XII Congreso Nacional PCV bajo la consigna "Chávez vive, la lucha sigue"



TEMAS PARA EL DEBATE: “yo le tengo más miedo al Chávez muerto, que al Chávez vivo”


Por Fernando Viloria Maestro Ambulante.

Si hay cansancio, jubílese, pero no se convierta en freno, no se convierta en obstáculo, no se convierta en estorbo. Hay mucho que hacer y esta tarea es de REVOLUCIONARIO. No basta con haber sido revolucionario ayer, hay que ser REVOLUCIONARIO HOY, hay que ser REVOLUCIONARIO MAÑANA. Y hasta incluso, se puede ser revolucionario NO ESTORBANDO, NO ESTORBANDO”.  Fidel Castro Ruz.

CHAVEZ, TE HICISTE MILLONES. Los enemigos del pueblo y de la patria, se volvieron a equivocar; siguen en su terco empeño de menospreciar al pueblo y de seguir viviendo una verdad virtual, la verdad que obedece a sus deseos, que es la que les delinean las grandes corporaciones mediáticas. Según esa visión bizarra, Venezuela es un caos y la prueba de ello es, que  unos menesterosos del movimiento “estudiantil”, hagan una parodia móvil, de una huelga de hambre, sazonada con hamburguesas y cachitos, usando cadenas de utilería como símbolo de sacrificio. Según esa visión de la oligarquía, en Venezuela nada ha pasado en estos 14 años de revolución; se niegan a reconocer que ahora los venezolanos que siempre fueron excluidos, son ciudadanos, tienen cedula de identidad laminada, aprendieron a leer y a escribir, pero lo más importante por fin tenían un presidente, que les hablaba a ellos, que los conocía, que les cantaba, compartía sus angustias y sus alegrías. Chávez se declaro feminista y acciono a favor de la mujer venezolana, no solo incorporo a la mujer a altos cargos de responsabilidad en el estado venezolano, también fue por las madres del barrio, las que eran padre y madre, las que sintieron en carne propia el desprecio y la exclusión de los gobiernos de la oligarquía. En una oportunidad Argelia Laya de manera descarnada, denuncio lo que significaba ser mujer en la Venezuela de la cuarta republica “mi delito era ser pobre, madre soltera y negra”; Chávez dignifico a la mujer venezolana y desarrollo una política de Inclusión Social, dirigida especialmente para las mujeres más humildes; revisemos el significado de la Misión José Gregorio Hernández: centenares de miles de familias pobres, en lo más profundo de la patria, tenían en su seno por lo menos un familiar con graves problemas de discapacidad, ni siquiera tenían cedula de identidad y en un despliegue jamás visto, estos venezolanos fueron tratados de manera integral, se les doto de los enseres básicos, camas, colchones, neveras, cocinas y esas madres se les reconoció un sueldo básico, para que pudiesen dedicarse a atender  a sus seres queridos. De inmediato se acuso al gobierno de populista y electorero, por darle rango de ciudadanos a quienes Vivian en la más absoluta oscuridad, esa era la política de Chávez y ese es el tormento de la oligarquía apátrida.

COMIENZA LA ERA CHAVISTA. Lo dijo Ramos Allup, “yo le tengo más miedo al Chávez muerto, que al Chávez vivo”; otros por estupidez y mezquindad, siguen despreciando al pueblo venezolano. Ese bravo pueblo, llorando a su líder lo acompaño desde el hospital militar hasta su casa en la academia militar; muy pocos imbéciles han tratado de restarle fuerza a esa movilización inédita, llegando incluso a afirmar que no todos los que asistieron a esa movilización eran chavistas, incluso llegaron a afirmar que se les pago. Pero el pueblo humilde sigue visitando la capilla ardiente, para despedirse de su líder, lo lloran, lo saludan, le reclaman, le rezan, pero también reafirman su condición militante y sin dudas o mezquindades, gritan ante el mundo su disposición de trabajar por su legado político y sin vacilación, asumen la candidatura del camarada Maduro, para garantizar la continuidad y la ejecución del plan de la Patria.

EL LABERINTO DE LA DERECHA.  Capriles, convoca una rueda de prensa, acompañado de una espantosa soledad y sin derecho a preguntas, habla de golpe de estado y ofrece que en pocas horas anunciara sus acciones; la MUD convoca una rueda de prensa sin la presencia de Capriles y anuncia que apoyaran a Capriles con una tarjeta única, pero Capriles, hasta ahora nada dice. Lo que si es seguro que Chávez los volverá a derrotar ahora con Nicolás Maduro.

Más corrupción: La planta fantasma de la Empresa de Licores


Sede actual de la Empresa de Licores de Cundinamarca. / Gustavo Torrijos - El Espectador
Por: Camilo Segura Álvarez, El Espectador
En 2005, la gobernación de Pablo Ardila avaló el traslado de la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC) a unas nuevas instalaciones en Cota. La justificación: la planta actual, ubicada en el centro de Bogotá, no cumplía con las condiciones medioambientales y sanitarias, no tenía capacidad de almacenamiento, su mantenimiento era muy costoso y, a largo plazo, haría que la empresa dejara de ser competitiva.
Sin embargo, ocho años después no ha ocurrido tal traslado, la ELC sigue funcionando en las mismas instalaciones y, por orden de la gobernación de Andrés González, en 2010, tendrá que readecuarse a esa edificación, que ya cuenta con más de 50 años, en un plan de obras que tomará ocho años más. Es decir, hasta 2018.
En junio de 2005, un estudio de la subgerencia administrativa de la ELC concluyó que lo más conveniente para la empresa era la ubicación de una nueva planta. Afirmaba que los predios con los que cuenta en Tocancipá, Chocontá y Villapinzón no eran los adecuados para esa construcción, pues resultaría muy costoso en términos operativos. Y un mes después, el gerente de la época, Javier Castro Rodríguez, ordenó un estudio externo para establecer las necesidades para cumplir con los objetivos de la empresa. Por ese entonces, la primera opción seguía siendo la modernización de la actual planta.
El estudio coincidió con el que presentó la subgerencia administrativa y se procedió a hacer un Proyecto de Modernización que concluyó que las instalaciones eran muy antiguas para ser refaccionadas y su ubicación impedía que fueran expandidas. Además, es enfático en que en la zona es prácticamente imposible hacer alguna obra sin afectar al vecindario y que no cuenta con los mínimos para ser competitiva. Entonces surgió la necesidad. La ELC necesita un área física de 9 hectáreas aproximadamente y aseguró que cualquier readecuación de la planta reduciría la producción de licores por los gajes de la obra.
Después de analizar los municipios aledaños a Bogotá, para evitarle costos al personal que en su mayoría vive en la capital, el proyecto concluye que ya que no hay peajes, es una zona industrial y hay acceso al tráfico pesado, el municipio de Cota es la solución. La única prevención: que la planta no quede cerca del río Bogotá, pues su contaminación afectaría la producción de licor.
La empresa, que contaba con una planta de 2, 5 hectáreas en un predio de 4,2 hectáreas, pasaría a un terreno de 9 hectáreas. El predio escogido fue el de la Sociedad Fiduciaria FES S.A., que mide más de 239 mil metros cuadrados. Se pidió la venta parcial de 90 mil metros cuadrados y se avaluaron en $10.800 millones. Sin embargo, el predio fue comprado, según el intermediario, en $9 mil millones y se gastaron, en derechos notariales y pólizas, cerca de $155 millones.
El 31 de enero de 2006 se abrió la licitación. Se presentaron dos firmas: el consorcio P&P Licorera y Consorcio Licorera. Ganó el primero, en el que estaban la firma PyP Construcciones, Olga Pinzón, Coopmunicipal y Fundación Funarko ONG (de la que era socio el contratista Julio Gómez, procesado hoy por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá).
El tiempo de ejecución de la obra, que comenzó el 5 de mayo de 2006, era de 14 meses. Es decir, el 15 de agosto de 2007 debía ser entregada. Pero no fue así: cuatro meses después de iniciado el contrato se firmó la adición que aclaraba que la ejecución era de 12 meses a partir de la entrega de diseños, permisos y licencias.
En septiembre de 2007, una vez se había incumplido el plazo inicial, se ampliaron los plazos por cuatro meses y además se le entregó una adición presupuestal al contratista que ascendió a $9 mil millones. De ahí en adelante vinieron suspensiones y adiciones de tiempo que, entre otros motivos, fueron justificadas, por parte del contratista, con las intensas lluvias de la ‘ola invernal’.
En total, el contrato se prorrogó ocho veces, se firmaron tres adiciones en tiempo y plata, se suspendieron en 15 ocasiones con prórrogas temporales en algunas de ellas y se multó cinco veces a la firma. El contrato ya era indefendible. Sin embargo, sólo el 30 de enero de 2010, dos años y tres meses después de lo establecido inicialmente para la entrega de la obra, la ELC firmó la primera acta de recibido.
Pero lo que fue recibido no estaba cerca de lo que había sido pedido. La empresa presentó unas observaciones (correcciones) que debían ser cumplidas el 27 de febrero, ese día hay nuevas observaciones y se pospone esa fecha hasta el 25 de marzo de ese año y, de nuevo, ese día se fija para el 12 de abril.
Finalmente, el 30 de abril de 2010 la ELC dejó claro que no hubo entrega de obra ni recibo de inventario. Por lo tanto, siete meses después ocurrió lo inevitable: el 2 de noviembre la ELC declaró la ocurrencia de siniestro de incumplimiento del contrato.
En mayo de 2011 la ELC decidió liquidar unilateralmente el contrato y le pidió al contratista, en julio, que pagara $12.087 millones. La firma no pagó, la empresa pública la demanda y también a la aseguradora por el incumplimiento en el pago de la póliza. Sin embargo, desde finales de 2010 la empresa ya estaba pensando en qué hacer para enmendar lo que el contratista hizo mal.
La ELC contrató un estudio para definir la viabilidad de trasladar sus instalaciones a Cota por $145 millones. El estudio, adelantado por la firma Karthec, afirmó que la mejor alternativa era quedarse en sus instalaciones e intervenirlas para cumplir con la normatividad ambiental y técnica. También concluyó que la planta de Cota frenó la modernización de la planta de Bogotá y que la intervención tomará ocho años más.
Así, se tomó la decisión de vender el inmueble de Cota. Se contrató a la central de inversiones CISA para tal efecto, pero sus estudios previos dedujeron que al vender la planta mal construida se generaría para la ELC un detrimento de su patrimonio. No se vendió, pero igual a CISA se le tuvo que pagar el 50% de la comisión por $381 millones que se había pactado.
Fue entonces cuando, el 28 de junio de 2011, se firmó un convenio entre la ELC, el departamento de Cundinamarca, la Secretaría de Hacienda del departamento y el Fondo de Pensiones Públicas. En el convenio, palabras más, palabras menos, la ELC le entregó el lote de Cota (avaluado finalmente en $69 mil millones) al Fondo de Pensiones para que lo venda y ese dinero entre a pagar parte de la deuda de $180 mil millones que la Licorera tiene con el pasivo pensional.
El 31 de agosto de 2012, cuando ya Álvaro Cruz era el gobernador, se firmó la ordenanza 045 de 2012. El mandatario autorizó, por 12 meses, vender el inmueble de Cota y uno que tienen en San Andrés. El avalúo con el que se venda una propiedad no debe tener una antigüedad mayor a 90 días. Es decir, el 31 de agosto de este año se vence el plazo para vender. Pero, mientras tanto, según fuentes del Gobierno Nacional, la inmobiliaria de Cundinamarca no ha gestionado la venta y, por otro lado, la ELC ha tenido que seguir pagando el mantenimiento, lo que significa que de mayo de 2010 a enero de 2013 se han pagado más de $2.300 millones.
La gran pregunta es cómo puede aportar la ELC a la salud y la educación de los cundinamarqueses, si después de una inversión de $64 mil millones (la suma de la compra del predio, los estudios, la contratación, las prórrogas, los abogados, entre otros) el predio se podrá vender máximo por $69 mil millones, de los cuales no le quedará nada, pues ese dinero deberá cubrir el pasivo pensional. Esto, sumado a que en los próximos años, si quiere seguir en el mercado, deberá hacer una inversión para la modernización de su planta en Bogotá y seguir manteniendo nueve predios alrededor del departamento en los que también funciona.
El caso fue analizado por la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional. Para Carlos Fernando Galán —quien renunció la semana pasada para no inhabilitarse en la próximas elecciones al Congreso—, “aquí se demuestran las deficiencias de planeación y vigilancia en la ejecución del contrato”. Galán mostró preocupación, además, porque “ahora la Licorera tendrá que quedarse con la planta vieja y comenzar de cero”.
¿No habría sido mejor terminar la obra que la firma del señor Julio Gómez dejó mal hecha y vender el predio de Bogotá? ¿Cuánto se demorarán el contratista y la aseguradora en pagar lo que, en un primer momento, le deben al departamento?
El Espectador trató de buscar respuestas a estos interrogantes en la Gobernación de Cundinamarca, pero al cierre de esta edición había sido imposible contactar a Álvaro Cruz, gobernador del departamento.
Camilo Segura Álvarez 
Elespectador.com
 

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