Y la tierra claro, está en el centro del conflicto colombiano. Desde siempre. Si una palabra podría definir Conquista, Colonia y República, ella es “Despojo”. Con sus muchas acepciones y variantes: exterminio, expoliación, servidumbre, corrida de cercas, prodigios y malabares notariales,  gamonalismo, violencia generalizada, condiciones ruinosas de producción, carencia de vías, imposibilidad de mercadeo y crédito confiscatorio. Hasta llegar al cuarto final del siglo XX, y con “la democracia más estable de América”, “la Constitución de derechos  más avanzada del mundo” y gobiernos de unas formas democráticas que son un encanto, métodos más civilizados mejor avenidos a un mundo que superó esos estadios de barbarie: “¿Nos vende usted la finca, o prefiere que le compremos a la viuda?”.

Y sistemas más sangrientos eran los corrientes, pero ese no es el asunto de este artículo.

Por eso la tierra está en el centro del conflicto armado que soporta el pueblo colombiano desde hace medio siglo. Y por eso con rigor sociopolítico, se habla es de conflicto social y armado. Que si fuera sólo lo primero, no tendría mucho sentido el amplio y difícil catálogo de temas sociales de la agenda de negociación que se adelanta en La Habana entre la insurgencia de las FARC- EP y el Gobierno nacional. La discusión militar es lo de menos, o no se da. Ella  retumba en la confrontación  en los campos. Y dentro de la agenda dicha, claro, el primer y angular tema: la cuestión agraria; la tierra, aquella que nos verá morir. Y antes vivir. Porque ese es el problema. Que en la tierra y de la tierra vivimos, he ahí el por qué lo cruel de su disputa.

Hoy las conversaciones están entrabadas  -y hacemos votos porque sea un tanto aventurado el uso de esta palabra-, por ese primer punto. Con el cual la guerrilla en primerísimo lugar pero con la lúcida aquiescencia del Gobierno, hizo valer en el  histórico “Acuerdo General” con el que el presidente Santos y el comandante Timochenko iniciaron el proceso, algo que para la recalcitrante derecha colombiana  es inaceptable,  una “cuestión de honor”: que sí hay unas causas objetivas del conflicto, que sí hay un problema  de injusticia e inequidad social, una antigua deuda con el campo. Y como es tan difícil la negociación de ese punto sin cuyo feliz desenlace vemos con preocupación se puedan alcanzar consensos en  los otros, veamos para ilustración de los nacionales y extranjeros interesados en la paz de Colombia, cuáles son las propuestas de la guerrilla en materia agraria:

Sea lo primero decir que lo que la insurgencia postula y reclama, es más o menos lo que el Establecimiento por décadas que parecen siglos, ha pregonado como justicia para el campo. Las palabras “reforma agraria”, “justicia social”, “equidad en el campo” y “pago de la deuda histórica con el campesinado”, han estado en el corazón del discurso de los dirigentes políticos liberales y conservadores a lo largo de una centuria, y sobre todo, ha sido  la oferta más vehemente y sentida de los candidatos presidenciales conservadores y liberales en sus viejos y nuevos ropajes. Así que por lo pronto, la guerrilla de las FARC-EP  parece que lo que hubieran hecho es apropiarse de ese discurso, pero tomándoselo en serio. Del de López Pumarejo, Lleras Restrepo y López Michelsen. Por lo pronto. Porque también de ello han hablado la Iglesia Católica, algunos gremios de la producción –no del campo desde luego-, los editorialistas de la  gran prensa, los directorios políticos y cuanta conferencia de organismo intergubernamental –ONU, OEA,- haya habido sobre la cuestión social en Colombia.


¿Cuál es la propuesta de las FARC en materia agraria?

Muy ambiciosa ciertamente, pero es la gran paradoja en un país donde el término “macondiano” se ha acuñado para definir el realismo mágico como expresión de la paradoja que somos. La propuesta de las FARC no presupone una revolución comunista,  sino quién lo creyera, ¡válgame Dios! aplicar las leyes de la institucionalidad.

En efecto, la ley 160 de 1994 significó un logro de las  largas luchas del campesinado y un desagravio  de  promesas burladas de los gobernantes. Como un reconocimiento  de la justeza  de esas luchas, en gesto de sensatez, el Congreso a iniciativa del Gobierno, creó las Zonas de Reserva Campesina.  ¿Qué son? Son a la manera de una nueva forma de división territorial del país –sin que equivalga exactamente a ello-, para asegurar la posesión, propiedad y gestión del campesinado sobre el territorio, y proteger  la economía campesina tradicional, impidiendo que  las zonas así declaradas,  sean objeto de apropiación por cualquier medio capitalista así sea legal. Con lo cual se pretende garantizar seguridad alimentaria, permanencia del campesinado, desarrollo rural y en buena parte paz.

Que se cumpla esa ley, que se creen esa Zonas de Reserva Campesina, concretamente cincuenta y nueve con nueve millones y medio de hectáreas en todo el país, es el punto central del más amplio y ambicioso catálogo de demandas de las FARC no en favor de ellas, sino de los  campesinos colombianos. Y valga aclarar, ese número de zonas y esa cantidad de hectáreas que cobija, no son una especulación o capricho de la insurgencia, sino que recoge el número de zonas y de hectáreas que ya  las organizaciones agrarias tiene radicadas como solicitud de ZRC ante el INCODER , organismo estatal a cargo de esa tarea.

Qué pena tener que decir algo tan políticamente incorrecto; pero en ese punto como en ningún otro, es la insurgencia la que interpreta el sentir del pueblo, para el caso, de los trabajadores agrarios.  ¿Acaso no debería ser el Estado, a quien por su naturaleza correspondería desempeñar este papel?  ¿El índice Gini del 0,87 en el campo y el mandato del artículo 64 de la Constitución  que ordena al Estado “promover  el acceso progresivo a la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa”, no deberían ser temas de atención obligatoria por el  Estado?

Y en esta demanda de las Zonas de Reserva Campesina ha sido dura la discusión, virulento el rechazo de la derecha que ve en ello una “entrega del país”; la constitución de unas “republiquetas independientes” en la voz de los ministros de agricultura Juan Camilo Restrepo y de defensa Juan Carlos Pinzón. Palabras que  interpretan a los ganaderos atrincherados en la reaccionaria FEDEGAN que tantas velas tiene en este entierro. Y no aludimos a la manida  metáfora, sino a velas encendidas  de entierros reales. Hasta aquí mala, pero comprensible la oposición. En últimas, la respuesta de los ganaderos, latifundistas y agroindustriales,  es válida desde el punto de vista de los beneficiarios del statu quo.

Lo malo y muy grave es que la oposición a esta figura no viene de allí principalmente. No responde a los intereses económicos de una fracción importante pero no hegemónica del capitalismo. La oposición a las ZRC es más que eso, es el veto   de un sector del Estado que no tiene, no tendría nunca por qué en una democracia, tener ese poder. Menos en asuntos de naturaleza social y civil. Es del sector militar, para quien el campo es ante todo, un escenario de  la guerra. Es estratégico en ella, y aún en medio de negociaciones de paz, piensa en esos términos.

Por ello, el poder militar en su expresión deformada, el militarismo, que tuvo su cabal intérprete en el ex presidente Uribe Vélez, vetó las Zonas de Reserva Campesina por constituir un freno a su desembozada acción en los campos. Y porque la relativa garantía de autodeterminación y  respeto del territorio y de las organizaciones agrarias, resulta un obstáculo para el sueño ideal del militarismo en la concepción de la doctrina de la seguridad nacional, fruto mayor de las deformaciones que la tristemente célebre Escuela de las Américas produjo en los ejércitos del continente: el campesino como un agregado más de la confrontación al servicio del ejército; un activo más de la guerra.

 De ahí, las “zonas de rehabilitación y consolidación” que creó el expresidente Uribe Vélez en los territorios donde la presencia guerrillera era dominante, una vez terminada ésta por la imposición del Estado. Tal la razón de por qué en esas regiones nunca se crearon las ZRC autorizadas por la ley. Resultan incompatibles con la guerra permanente que implican esas nefastas “zonas de consolidación”,  donde como se sabe pero sin que nadie sepa explicar por qué, en un régimen civil y constitucional,  el poder allí es militar. Y los campesinos saben cuánto les cuesta eso.

Pero  como es tiempo de sueños -que no de delirios-, qué tal que terminemos todos –la Mesa de Negociación  incluída-, con Victor Jara, Quilapayún, Intillimani y Ana y Jaime, cantando,

Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar
Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más

A desalambrar, a desalambrar
Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquél
De Pedro y María, de Juan y José
Yo pregunto si en la tierra
Nunca habrá pensado usted
Que si las manos son nuestras
Es nuestro lo que nos de

A desalambrar a desalambrar….


Alianza de Medios por la Paz

Dichas bombas, al ser arrojadas desde un avión, se abren a determinada altura soltando cientos de municiones. Han sido ampliamente criticadas porque las municiones, al no explotar y quedar enterradas, pueden herir o matar a civiles años después.

4 de Mar de 2008 / Afirma una nota de la agencia EFE que Colombia utilizó, el pasado sábado, bombas racimo o bombas "cluster" para atacar a los rebeldes de las Farc en las selvas de la frontera sur con Ecuador, en hechos donde fueron asesinados 22 guerrilleros. Las bombas fueron lanzadas desde aviones Supertucano adquiridos recientemente a Brasil.

Una bomba de racimo o bomba clúster, al ser lanzada y alcanzar una altura concreta, se abre dejando caer decenas o cientos de sub-municiones o bombetas de diversos tipos, de alto poder explosivo, antipersona, perforantes o incendiarias, dependiendo del modelo.

Las bombas racimo han sido ampliamente criticadas y condenadas, pues submuniciones que no hayan explotado pueden quedar enterradas sin explotar, siendo peligrosas si un civil se tropieza accidentalmente con ellas o si niños intentan manipularlas, dada su forma llamativa.

Cientos de organizaciones de derechos humanos se oponen rotundamente al uso de bombas racimo, debido a que cada año cientos de personas mueren o son mutiladas al tropezarse o manipular accidentalmente las municiones que no explotaron. Una campaña internacional, la Coalición de las Bombas de Racimo fue establecida en el 2003 para parar el uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de estas armas. Hoy en día, más de 160 ONG de todo el mundo se están dedicando a la educación, la investigación, y la presión a diferentes gobiernos para cambiar sus políticas acerca de estas armas.

Bombas racimo en operación contra las Farc

El uso de aviones Supertucano y bombas racimo fue revelado por la agencia EFE a partir de un informe divulgado por el Ministerio de Defensa, el cual llamó 'Operación Fénix' a la incursión donde se violó territorio ecuatoriano. Varios supertucanos utilizados en bases situadas en el sur de Colombia fueron movilizados para esta tarea, realizada de forma conjunta por fuerzas de tierra y fluviales, además de aéreas.

Según Ecuador, aeronaves colombianas debieron incursionar al menos 10 kilómetros en territorio ecuatoriano, girar hacia el norte y bombardear el campamento de las Farc. No está claro si dichas aeronaves fueron los Supertucano. Colombia, por su parte, niega que sus aviones hayan violado espacio aéreo de ese país, pero no explica por qué todas las evidencias indican que el campamento fue bombardeado en dirección sur-norte.

El Supertucano es un turbohélice que puede aterrizar en pistas de hasta 500 metros, alcanzar una altura de 35.000 pies (unos 10.670 metros) y volar hasta una velocidad de 500 a 550 kilómetros por hora. La capacidad de carga de esta aeronave de 'combate táctico' es de hasta 3.000 libras de bombas, según características que Colombia hizo públicas cuando proyectaba adquirir la flotilla.

Además, puede combinar la carga de bombas con la de misiles aire-aire y aire-tierra, y llevar también un cañón de 20 milímetros y ametralladoras de 0.50'' en las alas.

Enviado por Batallón sin Nombre.

Maduro ha dicho en reiteradas oportunidades que no es Chávez, lo cual obedece a un razonamiento profundamente revolucionario, puesto que  se basa en las premisas surgidas de la sabiduría popular de que “Unidos somos Chávez”; “Yo Soy Chávez” y “Todos somos Chávez”, no hay ninguna pretensión de endosamiento del liderazgo del Comandante Presidente, se trata del compromiso legítimo y sincero de todo un pueblo de garantizar la continuidad del proceso que lo ha dignificado, liberado y repatriado, si, repatriado, porque vivíamos en un territorio, en un país, que había perdido su carácter de Patria y he allí la mejor herencia y legado que nos dejó el Comandante Supremo… ¡Hoy tenemos Patria!

De modo que todos y todas sabemos que Maduro no es Chávez pero si podemos afirmar que todos y todas, incluyendo a Maduro, queremos tener el honor de al menos acercarnos, parecernos a Chávez, es una meta, un ideal, un ejemplo, una referencia histórica innegable, constancia, estudio, entrega, honestidad, claridad histórica, abnegación, desprendimiento, sensibilidad, antimperialismo, patriotismo, solidaridad, cooperación son algunas de las características que debemos reunir para ser como Chávez, no un día, sino todos los días de la vida, que es lo que hace a Chávez imprescindibles.

Ahora bien, cuando analizamos al candidato derrotado de la burguesía, podemos afirmar que Capriles SI es Capriles, sin lugar a dudas, él que ha puesto tanto esfuerzo de conjunto con la derecha fascista y la mano imperial por hacer creer al pueblo venezolano que NO es Capriles, ha fallado en todos sus intentos. Todos sabemos perfectamente quién es, qué es y a quién representa Capriles.

Henrique Capriles Radonsky, es un hijo de la burguesía apátrida que vilipendió, expolió, vejó, denigró y explotó  al pueblo durante décadas, primogénito de las familias poderosas, “los amos del valle” que formaron a sus hijos para mantenerse en el poder, desde aquella visión de que el poder es hereditario entre las castas privilegiadas, que de no ser por la evolución histórica y la lucha emancipadora de Bolívar y todas las generaciones que lo reconocemos como nuestro Padre Libertador, nos tendrían sumidas aún hoy en regímenes monárquicos de opresión.


Capriles es el heredero legítimo de los partidos políticos que traicionaron al pueblo con el Pacto de Nueva York y Punto Fijo, sumergido en las entrañas del fascismo de nuevo tipo, es el vocero de la corrupción y el lacayismo norteamericano contra el cual combatimos desde que el primero de nuestros pueblos originarios se reveló contra la mano cruenta de la conquista.

El candidato derrotado el 7 de octubre por  el pueblo chavista es el autor de ataques a embajadas de países hermanos, forma parte de las manos que complacidas aplaudían a Carmona mientras borraba el carácter Bolivariano de la República y es de la estirpe de quienes encerraron a nuestro inmenso Padre Libertador en los baños de Miraflores. Es también el que va a reunirse con el imperialismo yanqui para recibir servilmente los lineamientos en contra de nuestra Patria; Capriles es el mismo candidato que durante años denigró de las Misiones Socialistas y sus misioneros y luego quiso venir a convencernos  de que las apoyaba, es el mismo del Paquetazo que para el 7 de octubre pasado ofrecía privatización de las empresas nacionales y servicios públicos, reducción de la inversión social, perpetuidad de la explotación laboral y sumisión ante el imperialismo norteamericano.

Y ese mismo Capriles que de forma bipolar a veces quiere pasar por manso y bueno, es el mismo que sin ninguna vergüenza ni respeto ofendió la memoria de Hugo Chávez a pocos días de su desaparición física, burló el dolor de millones de venezolanos y ciudadanos del mundo entero, es el mismo que sin pudor arremetió contra lo más sagrado que tiene una familia, el profundo sentimiento de pena frente a la pérdida de un ser amado.

Así que amigos y amigas lectores, nosotros sabemos exactamente que Maduro no es Chávez ni que pretende serlo y con la misma certeza sabemos que Capriles SI es Capriles, que no habrá máscara, matriz mediática, campaña electoral ni discurso falaz que nos convenza de que no es más que el títere del imperio y de la burguesía que busca a toda costa hacerse del poder para sumir a nuestro pueblo en la pobreza y aniquilar el proceso de liberación e independencia definitiva que Hugo Chávez ha construido y seguirá construyendo con nosotros. Este 14 de Abril Venceremos, es un Juramento Sagrado!

@mariateresae
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CICR Tras decenios de fracaso y persistente sufrimiento entre la población civil debido a las municiones de racimo, el mundo comienza a movilizarse para poner fin al uso de estas terribles armas
Las municiones de racimo han matado y herido a decenas de miles de civiles inocentes desde que fueron utilizadas por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial. Ahmed, de 12 años, es una de las últimas víctimas. Vive en Líbano, donde el verano pasado la guerra mostró el devastador efecto de estas armas cuando se utilizan en gran escala. “Estaba jugando al fútbol cerca de mi casa cuando la pelota tocó algo y explotó”, relata Ahmed, que resultó gravemente herido. Las Naciones Unidas estiman que se lanzaron 4 millones de submuniciones en Líbano, y un millón de ellas no estallaron. “Para muchas fuerzas armadas, las municiones de racimo son rentables. Pueden producirse en gran cantidad y permiten de manera bastante fácil plagar una zona determinada con artefactos explosivos”, explica Ben Lark, coordinador de actividades relativas a las minas para el CICR. Estas armas letales son relativamente sencillas. Se trata de unos artefactos con aspecto similar al de una lata de bebida, que pueden arrojarse desde un avión o lanzarse desde tierra mediante misiles u obuses. Estos artefactos están diseñados para abrirse a cierta altura liberando hasta 650 submuniciones provistas de explosivos que detonan al hacer impacto. A menudo estas bombetas no estallan como es previsto y además son sumamente imprecisas y poco fiables. ¿Quiénes son las víctimas? “Las submuniciones sin estallar tienen aspecto inofensivo. Quedan diseminadas en el suelo, son pequeñas y a veces tienen colores llamativos “ explica Lark. “Por eso cuando la gente, sobre todo los niños, las encuentran en huertas o patios, pueden recogerlas”. Durante el conflicto de Kosovo en 2000, el CICR recabó datos que mostraban que las municiones de racimo causaron más de un tercio de casi 500 víctimas civiles –un número similar al registrado en total por las minas terrestres y otros tipos de municiones. Los niños menores de 14 años tenían cinco veces más probabilidades de resultar muertos o heridos por las municiones de racimo que por las minas antipersonal. Medidas para limitar su Empleo Tras el éxito de la campaña destinada a prohibir las minas antipersonal, el empleo de las municiones de racimo suscita una indignación internacional cada vez mayor. La mayoría de estas armas fue diseñada, producida y comprada durante la guerra fría pero hoy en día se utilizan en situaciones y contextos completamente distintos –a menudo en zonas pobladas, y en los países en desarrollo. Paradójicamente, también las utilizan las fuerzas internacionales que intervienen en nombre de causas humanitarias y de protección de la población”, explica Peter Herby, jefe de la Unidad Armas del CICR. Es sorprendente que ningún tratado rija específicamente el empleo de las municiones de racimo, que están clasificadas como armas convencionales y cuya utilización incumbe a las normas del derecho internacional humanitario (DIH). De conformidad con este derecho, esas armas no deben causar daños a los civiles que sean desproporcionados con respecto a la ventaja militar obtenida por su utilización. Tampoco deben utilizarse para alcanzar objetivos militares y civiles indiscriminadamente. Por último, se deben tomar todas las precauciones oportunas para evitar que las personas civiles sean muertas o heridas como resultado de su empleo. “Es difícil esperar que los Estados apliquen escrupulosamente las normas”, asegura Herby, “habida cuenta de la poca fiabilidad y de la imprecisión de estos artefactos, el uso discriminado y proporcional es prácticamente imposible. Por consiguiente, es imprescindible contar con normas específicas por las que se rija su empleo”. Los conflictos de Kosovo y Líbano mostraron una vez más que las municiones de racimo se emplearon de manera inapropiada, ello obligó al CICR a instar a los Estados a que cesen inmediatamente el uso de municiones de racimo que no son precisas ni fiables, a que prohíban el uso de las municiones de racimo contra cualquier objetivo militar situado en una zona poblada, a que eliminen las reservas de municiones racimos imprecisas y poco fiables y, en espera de su destrucción, a que no transfieran tales armas a otros países. En agosto de 2007, sobre la base de estas disposiciones, el CICR pidió que se elaborara un nuevo tratado de DIH que abarcara “la asistencia a las víctimas, la remoción de las municiones de racimo y actividades para reducir al mínimo los efectos de estas armas en la población civil”. Una iniciativa del CICR realizada en 2000 tras el conflicto de Kosovo consiguió un éxito limitado culminando con la elaboración de un Protocolo de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC). Según este Protocolo, todas las partes en un conflicto armado tienen la responsabilidad de proceder a la remoción de las municiones sin explotar o prestar asistencia para hacerlo. Asimismo deben suministrar información rápidamente sobre los tipos y la ubicación de las municiones. El Protocolo no contiene restricciones sobre el empleo de las municiones de racimo ni obligaciones para reducir su elevado índice de fallos. Tampoco aborda el elevado riesgo y los efectos indiscriminados que suponen los ataques con municiones de racimo cuando las submuniciones no explotan, particularmente si el ataque se perpetra en una zona poblada. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna se ha unido al esfuerzo de subsanar estas deficiencias jurídicas. Los esfuerzos de la Cruz Roja Noruega contribuyeron a convencer a su gobierno para que establezca una moratoria respecto del empleo de las municiones de racimo, en espera de una prohibición internacional. Una prohibición categórica “El conflicto de 2006 en Líbano provocó una contaminación de municiones de racimo sin precedentes. La mayoría de estas armas se diseminaron en lo que creímos que eran las últimas setenta y dos horas de la guerra”, explica Chris Clarke, jefe del Centro de las Naciones Unidas para la Coordinación de Actividades Relativas a las Minas en Líbano. La situación en Líbano, junto con la creciente frustración ante la falta de progresos en el marco de la CCAC, en el que se requiere el acuerdo unánime de todos los Estados participantes, llevaron a algunas naciones a poner en marcha una iniciativa fuera de la CCAC dirigida por Noruega, cuya finalidad es negociar y aprobar un tratado de gran nivel de exigencia. En febrero de 2007, los representantes de 46 países suscribieron la “Declaración de Oslo”, en la que se insta a elaborar un tratado internacional para 2008 que prohíba el empleo, la producción, la transferencia y el almacenamiento de las municiones de racimo que causan daños inaceptables a los civiles. Actualmente, los Estados debaten la cuestión de las municiones de racimo tanto en el marco de la CCAC como de la iniciativa de Noruega. El hecho de que se esté negociando al mismo tiempo dos conjuntos de normas sobre las municiones de racimo plantea problemas potenciales ya que ninguno de los dos cuerpos normativos podrá obtener el reconocimiento universal, o peor aún, los Estados adoptarán un enfoque del derecho “a la carta”. Aunque es difícil prever cómo se resolverá este asunto, detrás de la iniciativa de Noruega muchos Estados siguen determinados a negociar este año un tratado regulador sobre las municiones de racimo, lo que permitirá eliminar una amenaza grave para personas inocentes que en el futuro se encuentren atrapadas en medio de un conflicto. Marko Kokic Fotógrafo y editor del CICR.		©USAF / AFP PHOTO Ahmed, de 12 años, fue herido por una munición de racimo mientras jugaba al fútbol en Líbano. ©MARKO KOKIC / CICR Actividades del CICR El CICR va a tomar medidas de prevención contra las minas en 27 países con actividades que o bien forman parte de las operaciones del CICR o bien las llevan a cabo las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con el apoyo del CICR Su objetivo es atenuar los efectos de las minas y de los restos explosivos de guerra, entre ellos las municiones de racimo, a través de la recopilación de datos, la reducción de los riesgos y la educación sobre los peligros que entrañan estas armas En las zonas de conflicto armado, el CICR presta primeros auxilios directamente a las víctimas y a los servicios de primeros auxilios de las Sociedades Nacionales Asimismo administra o apoya los servicios de rehabilitación física para las personas discapacitadas en 23 países.   Hasta el 30% de estas minúsculas y aparentemente inocuas armas quedan sin estallar. ©MARKO KOKIC / CICR   Hechos y cifras Treinta y cuatro países han producido municiones de racimo y 75 almacenan actualmente este tipo de armas Las actuales reservas de municiones de racimo contienen miles de millones de submuniciones explosivas En 2005, los Estados Unidos tenían existencias cercanas a los 730 millones de submuniciones; las reservas en Rusia y China eran comparables Países donde se han utilizado municiones de racimo: Afganistán, Albania, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Chad, Chechenia, Croacia, Eritrea, Etiopía, Islas Falklands/Malvinas, Iraq, Israel, Kuwait, Laos, Líbano, Montenegro, Arabia Saudita, Serbia (incluido Kosovo), Sierra Leona, Sudán, Siria, Reino Unido, Unión Soviética, Vietnam, y Sáhara Occidental Fuente:Human Rights Watch Según estimaciones, el número de víctimas mortales causadas a nivel mundial por las municiones de racimo oscila entre 56 218 y 64 982, de las cuales 275 eran militares, 3 906 desconocidos y el resto civiles Fuente: Handicap International