El Ministerio de Agricultura denunció graves
irregularidades en el manejo de los recursos públicos del Fondo Nacional
del Ganado y la Leche, que son administrados por la Federación
Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
Las acusaciones hechas por el Ministerio de
Agricultura se argumentan con los resultados de una investigación
adelantada por una firma auditora. Según esta cartera, los hechos serán
puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República.
El Ministerio denunció que Fedegán modificó sus estatutos para
tener un representante legal que suscribiera, con exclusividad, los
actos del Fondo Nacional del Ganado y de la Leche, lo cual se asignó al
Secretario General de dicha agremiación.
Pero según la cartera, se encontraron gastos asociados a las gestiones
del Presidente de Fedegán, “siendo éste un miembro más del Comité
Directivo, a quien el Fondo le paga viáticos y le cubre gastos como el
de su guarda espaldas-conductor, vehículo y otros, por un valor
aproximado a los 650 millones de pesos entre 2006 y junio de 2012”.
Otra de las irregularidades denunciadas tiene que ver con la
intermediación en la compra-venta de la vacuna Anti-Aftosa, que fue
cedida a Fedegán según acta 92 del 12 de Diciembre de 2.006. En un
ejemplo, el Ministerio asegura que durante el primer ciclo del 2.012 la
Federación ganó $4.464.650.000 por concepto de intermediación de las
vacunas; si se toma en cuenta que luego de la decisión han ocurrido 10
ciclos, en los que se negocian entre 40 y 50 millones de vacunas por
año, “se encuentra que este hecho no ha favorecido al Fondo y a los
ganaderos del país”.
Por otro lado, el Ministerio señaló que en publicidad se han
gastado $4.295.484.000, utilizada principalmente para promocionar las
actividades propias de Fedegán, “haciendo siempre, una mínima alusión al
Fondo Nacional del Ganado para justificar el gasto por parte de la
Federación, circunstancia de la que se infiere un posible abuso y una
evidente falta de proporcionalidad”.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, entregará la
investigación a la Contraloría General de la República y además,
solicitará a Fedegán que, en los próximos seis meses, modifique sus
estatutos para garantizar que estos brinden mayor transparencia y
democracia.
Si lo anterior no se cumple por parte de Fedegán, el Ministerio de
Agricultura iniciará el proceso de incumplimiento contractual para
declarar la caducidad del contrato de administración del Fondo Nacional
del Ganado y la Leche.
Para nadie es un secreto que el Cauca es uno de los
departamentos en mayor disputa territorial para los intereses de los
actores armados de insurgencia, fuerza pública, el narcotráfico, las
multinacionales y la explotación minera. Los datos estadísticos hablan
por sí solos.
En este escenario los pueblos indígenas, seguimos en
resistencia, defendiéndonos, construyendo autonomía, reclamando con
nuestra voz de siglos respeto por nuestros territorios, por nuestras
vidas y el de la madre tierra. Creemos que el pueblo colombiano así lo
ha entendido y tal vez por eso ha acompañado propuestas como la
liberación de la Madre Tierra, la Minga de Resistencia Social y
Comunitaria y últimamente la Propuesta de Paz Integral de los pueblos
indígenas. Tal vez por eso diversos sectores del país han compartido
nuestros llamados a juicio contra militares y guerrilleros que han
profanado la movilización o trasgredido la armonía de nuestros
territorios, han manifestado su admiración cuando nuestras guardias
indígenas se oponen a hechos violatorios del derecho internacional
humanitario y se muestran fraternos cuando decimos “cuenten con nosotros
para la paz nunca para la guerra”.
Desde la Resolución de Vitoncó, emitida en 1985, los cabildos
indígenas del Cauca reclamamos la desmilitarización de los territorios
tradicionales indígenas, mensaje dirigido tanto al ejército como a las
guerrillas; en ese momento histórico,que contó con la presencia de la
farc y del entonces movimiento armado Quintín Lame, se planteó que las
discrepancias de las comunidades indígenas se resolvían de forma interna
y de conformidad con sus usos y costumbres y sin la intervención de
terceros. Nuestro reclamo de desmilitarización vuelve a tener vigencia
hoy, debido a la necia decisión de los armados de copar los territorios
indígenas, en especial los del el norte del Cauca.
Paradójicamente, los bandos de la guerra no solo definieron continuar
los combates en nuestros territorios, sino que ahora le exigen a las
comunidades, que sean las gentes quienes abandonen sus casas de
habitación y terrenos de trabajo para dejar libre los territorios y
facilitar sus combates, y como las comunidades no lo han hecho, ahora
las acciones bélicas se realizan sin el menor recato de atención o
garantía del derecho a la vida y la integridad de la población civil. Un
ejemplo claro es el que hemos visto y denunciado en días pasados en el
Territorio Ancestral Sath Tama Kiwe, donde militares de la Brigada 29 en
solo 8 meses han asesinado a 3 indígenas (Edwar Fabian Guetio el 18 de
julio del 2012 en la vereda el Crucero del Rosario, Jose Edwin Cayapu
Guetoto de 23 años de edad, comunero en condición de discapacidad(sordo
mudo) el día 19 de diciembre de 2012, en la vereda Santa Elena,
Resguardo de Caldono y Alvaro Chocue Ramos de 57 años de edad, el día
30 de marzo de 2013 en la vereda la Esmeralda, Resguardo de Caldono).
Además las 6 autoridades del Territorio Ancestral Sath Tama Kiwe, han
denunciado que estos militares torturaron y amenazaron a dos comuneros
indígenas el 17 de marzo en la vereda Plan de Zuñiga, Resguardo de
Caldono. Tambien manifiestan que han ocupado lugares comunitarios y
centros escolares impidiendo la tranquilidad, armonía y la integridad
física de niños y comunidad en general.
Mientras las autoridades y la guardia indígena del Territorio
Ancestral Sath Tama Kiwe, en su ejercicio legítimo y constitucional de
control territorial, detienen a los militares que cometieron los
asesinatos, el general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas
Armadas de Colombia, a través de los medios de comunicación
estigmatiza, acusa y demanda a la guardia indígena por supuesto
secuestro de los 3 militares comprometidos en el asesinato del indígena
Álvaro Chocué Ramos, el pasado 30 de marzo. Así mismo, ha manifestado
que el indígena fue muerto en un combate, cuando en realidad nunca
existió dicho enfrentamiento entre la guerrilla y la Brigada 29 Tarea
Apolo.
Esta clase de declaraciones basadas en la mentira y la
estigmatización es mucho más indignante que las mismas balas, pues de
los 3 homicidios registrados en Caldono, en el cual los mismos militares
han confesado ser los responsables de los asesinatos, hasta el momento
no se sabe de los procesos de judicialización de los militares
implicados. Quedamos públicamente notificados que para el ejército
colombiano no existe la jurisdicción indígena y que el nuevo bloque de
constitucionalidad lo constituye la justicia penal militar.
También hemos conocido por parte del cabildo de Tumburao, Municipio
de Silvia, Cauca que la misma Brigada 29 ejército Tarea Apolo, el pasado
24 de marzo del 2013 en la vereda el Culebrón, maltrataron a John
Agudelo y Ferney Peña dos jóvenes indígenas a quienes les señalaron de
ser cabecillas de la columna Jacob Arenas de las farc. Desconociendo que
son jóvenes activos del cabildo indígena de Tumburao.
El día 06 de abril del año 2013, esta misma brigada, detuvo a .
Gerardo Tombe coordinador de la guardia indígena de Jambaló, en la
vereda la Esperanza. Lo obligaron a ir al pueblo a comprar cigarrillos y
este al no aceptar los militares lo llevaron a un monte, lo hicieron
desnudar, le sacaron fotos, lo obligaron a dar la vuelta y uno de los
soldados le puso el cañón del fusil en cabeza, otro soldado le dijo que
él era miliciano, que lo iban a matar, que si sentía miedo, el comunero
respondió que no, que el solo iba a trabajar, hecho que hizo que los
soldados lo cogieron a patadas, situación que terminó cuando los
soldados se percataron que una comunera los estaba viendo.
Esta situación obligó a las autoridades indígenas del norte del Cauca
a pronunciarse ayer 08 de abril en una audiencia pública en Toribio.
Mientras los pueblos indígenas denunciamos y buscamos alternativas de
pervivencia en nuestros territorios a través de asambleas permanentes y
el control territorial por parte de la guardia indígena, la Fiscalía
General de la Nación profirió 140 órdenes de captura contra miembros de
las comunidades indígenas del departamento del Cauca por supuestos
vínculos con las farc, y ahora los mandos del ejército buscan
judicializar la guardia indígena; en tanto, aumenta la minería ilegal
en los territorios y la crisis humanitaria.
El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, exige al Ministro de
Defensa, con base en la constitución política vigente, investigar el
proceder de sus militares y tomar medidas sobre los implicados. A la
justicia ordinaria y entidades de control, investigar y hacer sancionar
con todo el rigor los atropellos cometidos por militares en los
territorios indígenas.
Ante el cansancio de la permanente violación de Derechos Humanos,
Crímenes de Lesa Humanidad, Actos demenciales de Terrorismo,
señalamientos, asesinatos selectivos, sindicalización, persecuciones
jurídicas como de hecho, , convocamos de manera urgente al Gobierno
Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de
Defensa Nacional Juan Carlos Pinzón, organismos de derechos humanos
nacional e internacional, autoridades indígenas del nivel regional y
nacional a una Audiencia Pública, programada para el día 23 de abril del
presente año en la cabecera municipal de Caldono, con el propósito de
tomar medidas y acciones eficaces de protección, justicia, reparación y
no repetición de hechos que atentan contra la dignidad, integridad
física individual y comunitaria de los pueblos indígenas del Cauca y
demás población civil.