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Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

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[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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El Ejército Nacional causa desplazamiento masivo en la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica

Granadas de mortero caen en cercanías de escuelas y viviendas campesinas
 
La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) denuncia los abusos contra la población civil por parte de unidades de la Brigada de Selva 27 en Putumayo, que vulneran los principios de distinción, precaución y de proporcionalidad consagrados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El lanzamientos de granadas de mortero desde la base militar ubicada en el Porvenir (Putumayo) donde opera la Brigada de Selva 27, ha generado el desplazamiento masivo de 50 familias campesinas provenientes de las veredas La Frontera, La Piña, Bocana del Cuembi y San Salvador.
Anzorc denuncia que dichos bombardeos indiscriminados están afectando a la población civil en particular a las familias de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de la Perla Amazónica, quienes se han desplazado al Espacio temporal humanitario, a orillas del río Cuembí.
La comunidad ha señalado que el objetivo de los bombardeos ha sido la población civil y no las Farc, como lo alega el Ejército. Los ataques se vienen presentando desde el 10 de abril de 2013, pero se han intensificado durante la primera semana mayo, profundizando la crisis humanitaria que vive esta región, ya que constantemente las granadas mortero caen muy cerca de las casas campesinas. Las familias han buscado refugio y tienen temor de regresar a sus casas, pues los bombardeos persisten y se escuchan desde la vereda aledaña donde se han desplazado.
Los niños y las niñas han sufrido especial afectación, algunos están presentando traumas por los sonidos de los bombardeos y a todos se les está negando el derecho a la educación, ya que las municiones lanzadas por el Ejército han caído a escasos 20 metros de sus escuelas y para no incrementar el riesgo no se están impartiendo las clases. Igualmente, la población campesina afectada denuncia que algunas municiones han quedado sin explotar, lo que sumado a los persistentes campos minados en todas las veredas, representa otro riesgo para los campesinos y campesinas que transitan por la zona.
A la fecha, al espacio humanitario donde se encuentran refugiadas las 50 familias solo han prestado asistencia y acompañamiento el Comité de la Cruz Roja Internacional y la Organización Acción contra el Hambre. A pesar de que se ha denunciado la situación por parte de Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (Adispa) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ninguna institución estatal ha hecho presencia o se ha pronunciado sobre la situación.
Ante los persistentes ataques desproporcionados por parte del Ejército Nacional, el caso será elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), teniendo en cuenta que las operaciones militares ejecutadas desde la Brigada de Selva 27 no tienen un blanco legítimo y por el contrario han generado desplazamiento y otras afectaciones a cerca de 50 familias campesinas, así como la falta de respuesta estatal frente al desplazamiento y la ausencia de estrategias de prevención para evitar afectaciones a la población de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica dentro del desarrollo de las hostilidades en el territorio.
En este sentido, Anzorc hace un llamado urgente al Estado colombiano para que:
1-Cese de INMEDIATO el lanzamiento de granadas mortero desde la base militar ubicada en el Porvenir, Putumayo que están afectando gravemente a la población civil, ya que se trata de armas que desconocen los principios de distinción, precaución y de proporcionalidad que establece el DIH.
2-La Fuerza Pública respete los principios consagrados en el DIH, reconociendo la condición de civiles y personas protegidas que tienen los campesinos y campesinas de la Zona de Reserva de la Perla de la Amazonía.
3-La Defensoría del Pueblo, Personerías Municipales, Procuraduría General de la Nación y organizaciones defensoras de derechos humanos que se encuentran en la región, acompañen y brinden atención URGENTE a las 50 familias desplazadas que se encuentran refugiadas en Espacio temporal humanitario, brindando garantías de retorno.
4-Recuerde que los niños y niñas son sujetos especiales de protección así como las escuelas y centros educativos son bienes protegidos por DIH y por tanto se debe evitar cualquier acción que les afecte.
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) Proceso organizativo en el cuál convergen 50 organizaciones campesinas y procesos de ZRC de Colombia

Más información:
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina de Colombia - Anzorc Dirección: Av Calle 19 # 3-10 Oficina 1102 Edificio Barichara Torre B. Bogotá Tel: 57+1-2810844 3103435667 / 3182551349/ 3204773751/ 3134853632
zonasdereservacampesina@gmail.com
Skype: zonas.reserva
Síguenos enTwitter: @ANZORC1
www.prensarural.org

Violaciones de D.H.: base económica

Domínico Nadal, Cambio Total.

"Tenemos la boca rajada de decirlo". La base o la causa de las violaciones de derechos humanos son económicas. Desde siempre. Cuando la nefasta época de "La Violencia" fue la violencia recetada por los partidos liberal conservador para producir una primera "repartición de tierras", es decir, enriquecer a los gamonales godos y liberales, como en efecto sucedió.

Cuando se produce el contubernio impúdico entre narcotráfico, politiqueros tradicionales y militares, la base fue también económica. La expansión del narcotráfico fue bien aprovechada por los políticos godo-liberales para enriquecer sus bolsillos, al igual que los generales y, lógico, la bazofia narcotraficante que se nutría -y nutre- de la delincuencia común. Con el correr de los años el fenómeno narco-paramilitar es aprovechado por los sectores empresariales del campo para adelantar sus mega-proyectos como la siembra de palma africana, soja, etc, y para robar impúnemente nuestros recursos naturales por parte de las empresas ultinacionales (petróleo, carbón, níquel, oro, esmeraldas, etc); y hoy adelantan lo que  algunos investigadores llaman el "despojo citadino" que consiste en el despojo de ranchos y mejoras en las ciudades para adelantar proyectos como los Malls y demás. Es decir, se produce la segunda "repartición de tierras".

Hoy desde los propios diaros burgueses como El Espectador se denuncia que la violenta violación de derechos humanos se da en 80% en regiones mineras. Habíamos llamado la atención sobre los asesinatos y la represión estatal de los mineros en pequeña escala, favoreciendo el proceso de concentración de la tierra en manos de multinacionales. Es que siempre que hay riqueza en alguna zona, ahí aparece -como por arte de magia- los narco-paramilitares, de la mano de los militares, haciendo el trabajo sucio de asesinar a dueños de tierras, ranchos, y de parcelas cuyo subsuelo es rico en diferentes metales, a fin de desplazarlos, apropiarse de sus tierras y posteriormente "venderlas" a las multinacionales, en este caso. Se da entonces la tercera "repartición de tierras".

En el entretanto, el gobierno oligárquico dizque adelanta políticas para subsanar las víctimas de la violencia. Cuando la invasión española los indígenas recibían las tierras altas, mientras los despojadores se quedaban con las buenas tierras civilizadas por el trabajo indígena. Durante "La Violencia" fueron despojadas 2 millones de hectáreas -además de 300 mil víctimas-, y los desplazados tuvieron que irse selva adentro a correr la frontera agrícola. En la actual "violencia" el gobierno habla de "restitución de tierras", pero no de las tierras originales sino de "otra tierra" porque de la que fueron desplazados están "ocupadas" por los megaproyectos que son la causa última y verdadera del desplazamiento. Además, apenas han restituído unos miles de hectáreas cuando el total pasa de 6,8 millones de hectáreas.

Como también lo hemos dicho, en Colombia se produce un proceso de acumulación capitalista con el despojo de las tierras a los campesinos e indígenas, causa a su vez del desplazamiento de la población rural hacia las ciudades sin ninguna posibilidad de retorno porque como a las mujeres, "desde que probé la primera no he dejado de probarlas", dice una canción vallenata (Óyelo, Allende!). Es evidente que el árbitro tiene la mano cargada hacia los sectores poderosos y las faltas se encuentran siempre en el lado débil, los campesinos e indígenas.No sobra recordar que los desplazados entran al círculo de miseria de las ciudades, constituyéndose así el estado en el mayor productor de miseria en el país.

Ésta política de guerra económica ha llenado de sufrimientos, muerte y sangre los campos y ciudades colombianas. El estado es el mayor asesino de colombianos, así se las de "madre Teresa" en los actuales momentos. Esa política de guerra es la que queremos cambiar con el concurso de todo el pueblo colombiano, incluídas las FARC y el ELN. Para ello, se hace necesario naturalmente tocar la economía, base de todos los desafueros que comente el gobierno y el estado. Si no se toca este punto, nunca va a haber Paz en Colombia.

80% de violaciones a DD.HH. en 2011 fue en municipios mineros

Según un informe de la Contraloría, existe una relación entre extracciones a gran escala, desplazamiento y pobreza.

Por: Redacción Vivir, El Espectador.
Así lo confirma el informe “Minería en Colombia”, que dio a conocer este lunes la Contraloría General de la República, y lo advirtió en 2009 la Corte Constitucional de la siguiente manera: “aparentemente, algunos actores económicos se han aliado con los actores armados irregulares para generar, dentro de las comunidades actos de violencia que eliminen o desplacen, despejando así el camino para la implementación de estos proyectos productivos”.
Según el documento, cuando la minería a gran escala se desarrolla en condiciones inadecuadas, se convierte en una de las principales causas de desplazamiento forzado y atenta contra varios derechos: “a la vida, a la paz, al trabajo en condiciones dignas, a la libre asociación, a la integridad física y familiar, a la salud, a la alimentación y a la soberanía alimentaria, a un medio ambiente sano”, entre muchos otros.
Las cifras dejan ver este amargo panorama: Según Funtraenergética, en 2011, el 80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Colombia se presentaron en los municipios mineros-petroleros (el 35% del total nacional); el 87% del desplazamiento forzado provenía de estos municipios y de quienes reciben regalías por producción minero-energética, mientras el 78% de los crímenes contra sindicalistas, el 89% contra indígenas y el 90% contra afrodescendientes se cometieron en las áreas donde el agro y la pesca se cambiaron, a las buenas o a las malas, por oro y petróleo.
Luis Jorge Garay, coordinador del informe, afirma que durante la investigación pudieron verificar la existencia de un cruce muy fuerte en zonas donde hay intereses de extracción minera y con historial de desplazamiento: “Por un lado hay un propósito nacional que busca restituir y reparar a las víctimas pero hay un conflicto con los intereses de los empresarios con expectativas mineras", explica.
Pero las lágrimas y la sangre no son las únicas que dejan estas actividades. Dice el informe de la Contraloría que aunque los departamentos con presencia minera se caracterizan por una mejoría en sectores de educación y salud financiados con recursos del Sistema General de Participación, también propicia actividades económicas especulativas que se agudizan por la ausencia de intervención del Estado. Esto a su vez facilita la presencia de actores armados y no armados que ejercen poder y control social de carácter ilegítimo en el territorio.

Además, dice la investigación, la presencia de complejos mineros en zonas rurales agrava los históricos problemas agrarios, pues si el campesino compite con la multinacional para tener acceso a la tierra y a otros recursos naturales como el agua, el primero, casi siempre, perderá ante el segundo. Es el caso de Cerrejón, Guajira, el área de mayor producción de carbón del país, que según un estudio que cita el informe, la población está en condiciones críticas de pobreza, y desde el punto de vista de la salud “los resultados presentan vulnerabilidad y baja cobertura efectiva de servicios con limitada respuesta institucional”.


La minería en tierras restituidas

Si bien la población desplazada goza de beneficios por parte de la ley, como la restitución de sus tierras, si se yuxtaponen los mapas de títulos mineros, licencias solicitadas y tierras restituidas (ver gráfico), los resultados son alarmantes: a julio de 2012, del área total para la restitución de tierras (1.776.495 hectáreas), el 4,53% ha sido objeto de otorgamiento de títulos mineros (80.468 hectáreas) y el 7,34% (130.431 hectáreas) presenta solicitudes mineras.
Palabras más, palabras menos, esto quiere decir que las áreas que algún día representaron una amenaza para comunidades desplazadas, fueron o están siendo ocupadas por la minería. Así las cosas, teniendo en cuenta la relación entre minería y conflicto, las garantías de no repetición de los episodios de violencia quedan en veremos.
De acuerdo a Fernando Vargas, uno de los autores del informe, los territorios que van a restituirse deberían ser territorios vetados para la intervención minera: “la población no va a tener oportunidad de gozar de sus bienes patrimoniales, se va a incrementar la presencia militar y la restitución sería sólo un mecanismo simbólico y no de justicia, como se espera que sea según la ley 1447”.


Minería y minorías

A principios de este año, un hecho histórico protegió a las comunidades del resguardo indígena del Alto Andagueda, en Chocó. Después de décadas de terror y desplazamiento, un juez de Tierras de Quibdó ordenó suspender todos los estudios y trámites de solicitudes de títulos mineros, además de los ya otorgados a seis empresas: Anglogold Ashanti, Capricornio, Exploraciones Chocó Colombia, Costa y Negocios Mineros.
Si el destierro al que han sido sometidos los Embera-Katio (la comunidad que habitada en esta zona del Chocó) propició la entrada de empresas mineras que incumplieron con requisitos exigidos por la Constitución, como la consulta previa, el juez determinó que las consecuencias de que las compañías continuaran en el territorio serían aún más dramáticas para la supervivencia física y cultural de los indígenas.
Este hecho tiene relación con uno de los puntos que trata el informe de la Contraloría: “la imposibilidad de realizar consultas previas, por la fuerza mayor inherente al desplazamiento o a las violaciones en contra de las comunidades étnicas, debe ser criterio necesario para que el Estado decida no iniciar actividades de exploración ni mucho menos otorgar licencias mineras o contratos de concesión minera en territorios afectados por expresiones de violencia asociada al conflicto armado interno en sentido amplio”.
El documento concluye que el Gobierno debe ponderar entonces entre el criterio legal de utilidad pública de la explotación minera como actividad de carácter privado, y la pluralidad de intereses colectivos que la minería puede vulnerar en un contexto de violaciones a derechos humanos. Ello obliga al Estado a darle preponderancia a los segundos sobre la primera, toda vez que las normas de derecho público imperan sobre las de derecho privado.
Por: Redacción Vivir

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