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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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Encuentran altos niveles de mercurio en atún enlatado

Bogotá D. C., abr. 19 de 2013 - Agencia de Noticias UN- Una investigación de la UN y la Universidad de Cartagena halló muestras de atún enlatado con niveles de concentración de mercurio que superan los permitidos por las entidades sanitarias.

La contaminación de los ecosistemas donde se reproducen los peces, por actividades como la minería, es la principal causa.

El pescado es la base de la alimentación de miles de personas en el mundo, pues es fuente considerable de proteínas, ácidos grasos y vitamina D y hace un aporte relativamente bajo de colesterol.

Pero ciertas especies marinas contienen concentraciones de mercurio orgánico (metilmercurio) suficientes como para ser consideradas nocivas para la salud si son consumidas en grandes cantidades. La acumulación de este compuesto neurotóxico varía dependiendo de la especie, el tamaño, la posición en la cadena alimenticia y la localización de su hábitat con respecto a las fuentes de contaminación.

Uno de los peces más comercializados, por su conservación, disponibilidad, sabor y beneficios para la salud, es el atún. Sin embargo, las acciones antropogénicas (alteraciones que hace el hombre del ambiente) han hecho que tenga que consumirse con más cuidado.

Una investigación de la Universidad Nacional de Colombia en convenio con la Universidad de Cartagena, titulada “Evaluación de la concentración de mercurio en diversas marcas de atún enlatado comercializadas en la ciudad de Cartagena de Indias”, se enfocó en analizar 41 muestras de cuatro marcas comerciales para determinar cuánto tenían en total.

Su autor, Juan Manuel Sánchez Londoño, magíster en Toxicología de la Facultad de Medicina de la UN en Bogotá, halló que el 34% de las muestras excedió el límite máximo establecido por la legislación colombiana: 1,0 partes por millón (ppm); y que el 59% sobrepasó los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud: 0,5 ppm.

Los resultados sugieren que su consumo en Cartagena representa un riesgo moderado para la población en términos de exposición a este metal.

Riesgo para el consumidor
 
En los últimos años, los colombianos han incrementado el consumo de atún enlatado por sus cualidades nutricionales. Según cifras de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el país se venden cerca de 93,6 millones de latas, de las cuales el 77% es abastecido por la industria nacional.

Aunque la indagación no revela las marcas inspeccionadas, deja en evidencia que, de las cuatro, solo la importada cumple con los estándares sugeridos por las normas; mientras que las tres nacionales exceden hasta en un 50% el nivel máximo permitido.

Así lo demostró el estudio de doce latas adquiridas en supermercados de Cartagena que fueron llevadas al laboratorio de análisis fisicoquímico del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en Bogotá.

Allí cada lata fue drenada y las muestras homogenizadas (trituradas en mortero de porcelana). Se depositaron en unas celdas de cuarzo en las cuales se desintegraron, por efecto térmico, para ser estudiadas químicamente. Los resultados obtenidos para cada muestra, por duplicado, fueron promediados para obtener una conclusión definitiva: más mercurio del recomendado.

El profesor Jairo Téllez Mosquera, coordinador académico de la Maestría en Toxicología de la UN, explica que, cuando se produce una contaminación de aguas dulces o saladas por mercurio elemental (metálico o inorgánico), este, por ser un metal más pesado que el agua, se sedimenta en el lecho acuático. Allí, ciertas bacterias especializadas lo transforman en mercurio orgánico (metilmercurio), que se incorpora a la cadena trófica a través del fitoplancton y de las diferentes especies de peces que se alimentan de él.

Así, añade que “los más propensos a la exposición son, en general, los grupos de pescadores y sus familias y las personas residentes en riberas de ríos, lagos o lagunas o en zonas costeras de mares, que tienen el pescado como base de su alimentación”.

“Poblaciones con un estatus económico y educacional alto están en riesgo moderado, pues no limitan sus gastos ni son detenidos por el elevado precio de determinados productos considerados gourmet. Además, tienden a ingerir grandes porciones de proteína que, por lo general, provienen del pescado, con preferencia hacia aquellas especies que pertenecen al grupo de grandes predadores (pez espada, lubina, caballa), dentro del cual se encuentra el atún”, afirma el investigador Sánchez.

Un grupo aún más sensible lo conforman las mujeres en regímenes dietéticos que lo incluyen como alimento central; así como personas que buscan beneficios cardiovasculares y mujeres en edad fértil, embarazadas, lactantes y niños pequeños. En estos últimos, la situación es crítica porque los reportes indican que el metilmercurio interfiere en el normal desarrollo del cerebro de los bebés.

Efectos en la salud
 
El magíster asegura que si un niño de 25 kilogramos ingiriera una ración diaria de 100 gramos, con valores del metal como los hallados en las muestras estudiadas (2,59 ppm), solo bastarían 54 días para que empezara a presentar efectos nocivos.

De hecho, el estudio reveló que quienes lo comen con regularidad han reportado efectos adversos a nivel neurológico y de comportamiento.

“Concentraciones muy altas en el organismo humano afectan el sistema nervioso central. La transmisión también se puede dar de madre a hijo en las embarazadas, pues el metal atraviesa la barrera feto-placentaria e intoxica al feto de forma grave”, puntualiza el profesor Téllez.

Y precisa: “Se produce una lesión severa del sistema nervioso central caracterizada por convulsiones, temblores involuntarios y trastornos motores y sensitivos. En otros casos, hay alteración de la posición erecta y de la marcha. En general, esta intoxicación deja secuelas que pueden derivar en la muerte del recién nacido o en una pésima calidad de vida en quienes sobreviven”.

Problema de salud pública
 
Según Sánchez, en Colombia la mayor parte de los estudios sobre los niveles de mercurio en peces se han llevado a cabo en especies dulceacuícolas (de río) y en las relacionadas con la pesca local (específicamente en la bahía de Cartagena).

Jesús Oliveros, director de la Maestría en Toxicología de la Universidad de Cartagena y director del trabajo de Sánchez, señala que un caso especial es el de los municipios de La Raya, Montecristo y Achí, ubicados en la costa Caribe y bañados por el río Cauca.

Sus habitantes obtienen el sustento de la explotación artesanal de oro, en la cual se usa este elemento, lo que ha ocasionado una degradación aguda de las aguas por más de dos décadas.

Los expertos resaltan que la intoxicación con mercurio por consumo de atún es parte de un gran problema de salud pública que debe ser atendido por las autoridades y conocido por la opinión pública, a fin de que se ejecuten políticas de control certeras.

Lea el artículo completo en UN Periódico n.º 165: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/hallan-altos-niveles-de-mercurio-en-atun-enlatado.html.
(Por:Fin/clc/sup/fgd)
N° 845

La movilización de paperos y cultivadores de tierra fría: una batalla por la soberanía.

Elogios y obituarios

Por: José Fernando Isaza

Fue preocupante cuando un sacerdote reconocido, como el padre García Herreros, dijo del peor asesino en la historia de Colombia: “Pablo Escobar es un hombre bueno”.

En ese momento se buscaba su entrega a las autoridades, pero exculparlo fue un pésimo mensaje. No necesitaba condenarlo; podía haber recurrido a frases del tenor de “¡Quién soy yo para juzgar! ¡Sólo Dios podrá juzgar y perdonar!”.

Lo anterior viene a la memoria releyendo la columna de Fernando Londoño del año 2006 y hoy revivida por las redes sociales. Manifiesta sentidos elogios a otro asesino: Carlos Castaño. Londoño dice que su columna ha sido malinterpretada. Transcribo algunos párrafos.

“Carlos Castaño, intelectual hecho a pulso, en el desorden metodológico y conceptual que puede suponerse, era la ortodoxia plena de las autodefensas originales, que de mal grado admitían valerse del narcotráfico, y sólo como de un instrumento indispensable para sobrevivir.

Pero que no perdían y no querían perder el norte de su naturaleza política antisubversiva anticomunista...”; “qué fue lo que pasó con las autodefensas, que se convirtieran de señoras en siervas, y trocaron su vocación política por su concupiscencia y por la riqueza fácil...”.

Insiste en darles estatus político y justificar sus crímenes por la existencia de las Farc. “Las autodefensas existen porque existe la guerrilla marxista”. Ante la ineptitud del Estado, con su ejército legítimo, considera apropiada la solución de las autodefensas.

“Lo que murió con Carlos Castaño fue el significado político de las autodefensas, su sentido como medio para enfrentar a las Farc y sostener el derecho de propiedad en el campo...”; “Castaño murió... Es hora de que resucite su elemental pero preciso ideario...”.

Olvida que en una democracia el monopolio de las armas debe estar en cabeza del ejército sujeto a la autoridad civil, y jamás “subcontratar” la defensa de las instituciones con grupos armados ilegales.

La edición del 20 de abril de The Economist está dedicada por primera vez a un connacional: Víctor Carranza. Señala que tenía amigos en las élites políticas, en el Ejército, en la Iglesia y en el sistema judicial. The Economist menciona hechos no tan conocidos, como el retorno a las minas de Muzo de las esmeraldas más valiosas del mundo, la Fura y la Tena; no aclaran si se quedaron allá o sólo fue un fotomontaje. Presentan al zar de las esmeraldas como aliado del Gobierno contra el narcotráfico y dicen que los grupos de autodefensas que creó fueron para combatir las bandas de narcotraficantes que le disputaban el poder.
El obituario presenta las dos opiniones divergentes sobre Carranza. Una afirma que fue uno de los peores criminales de Colombia; la otra, que fue un simple campesino que disfrutaba de las fiestas populares.

Nota final. Ojalá el atentado que inútilmente busca silenciar las denuncias de Ricardo Calderón no provenga de las manzanas podridas del Ejército. De no ser así, este crimen no puede ser un “acto en relación con el servicio”, para juzgarlo con el nuevo régimen del fuero militar.
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Para construir paz es necesaria una reforma electoral

Agencia de Noticias UN -Bogotá D. C., abr. 28 de 2013 - Representantes de diferentes sectores que discuten en el Foro sobre Participación Política coincidieron en que una reforma electoral es necesaria para la construcción democrática de la paz.

Con una aportación amplia, pluralista y respetuosa de todos los sectores de la sociedad, durante el segundo panel de la primera jornada de este espacio, organizado por la Universidad Nacional de Colombia y la ONU, se discutió el tema de los partidos políticos, los movimientos sociales y la participación política y ciudadana en la construcción de la paz. 

Así, cada uno de los delegados presentó ante los asistentes de los 32 departamentos de Colombia sus propuestas. 

El representante del Partido de la U y actual presidente del Senado de la República, Roy Barreras, comenzó su intervención diciendo que “se necesita más coraje y valor para hacer la paz que para hacer la guerra”. 
Insistió en que es más fácil afirmar que en el conflicto armado del país todos somos víctimas, pero es más difícil decir que todos somos victimarios. 

“Las Farc deben hacer ese reconocimiento de responsabilidades, deben pedir perdón a sus víctimas”. Hizo hincapié en que habrá justicia transicional: plena garantía del esclarecimiento de la verdad y garantías de no repetición. 

Además, expresó que las minorías quieren ejercer la política sin armas, para lo que es necesario una “reforma política electoral para la oposición con o sin paz”. 

El vocero de la Mesa Nacional de Organizaciones Afrocolombianas recordó la masacre de Bojayá, en la que hubo 120 muertos y más de 60 heridos y muchos desaparecidos, como muestra de la injusticia histórica y de la violencia contra la población afrocolombiana. 

Reclamó una reforma electoral: “En el país no vale la participación de los sectores organizados porque las elecciones y las curules tienen precio desde el Consejo Electoral y son robadas por las maquinarias que compran a los jurados de votación”. 
 
Y el delegado de las zonas de reserva campesinas, César Jerez, destacó la acción de cuarenta mil campesinos en la exigencia rotunda a las partes (Gobierno y Farc) de llegar a acuerdos para solucionar el problema de la tierra, terminar el conflicto y allanar el camino hacia una paz verdadera con justicia social. 
Para Jerez, la participación política comprende “el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos políticos en la definición, a través de una nueva institucionalidad agraria”. 

Su parte, Clara López, presidenta del partido Polo Democrático Alternativo, reiteró que “es necesario que se concreten fórmulas de participación política para los alzados en armas que ingresen a la vida civil”. 
Insistió en que el proceso de paz requiere unas reglas de juego en justicia transicional como garantía para hacer política: “Así como Colombia ocupa el primer lugar en desigualdad económica, también ocupa el primero en materia de desigualdad política”. 

Olga Amparo Sánchez, de la organización Mujeres por la Paz, habló sobre la revolución sin ejercicio de la violencia y la forma distinta de hacer política de las mujeres con la que están reivindicando sus derechos. 
“Como sujetos de derechos, como electoras, a través de la resistencia, hacemos frente, ejercemos resistencia. Hemos dado a nuestros hijos a la guerra: a la insurgencia, a los paramilitares, a la fuerza pública. Y el país tiene como compromiso no seguir sacrificando nuestros hijos”, manifestó. 

Y demandó para las mujeres un poder electoral autónomo, un estatuto de oposición: “las mujeres queremos democracia en la cama y acuerdo de paz en La Habana”. 

Por su parte, Omar Calderón, vocero de la Unión Patriótica, hizo un recorrido histórico por la labor de este movimiento político y aseveró: “una izquierda sabe gobernar; una participación política requiere condiciones de no repetición y fórmulas de poder compartido”. 

Luis Fernando Arias, delegado de la Organización Nacional Indígena, expresó: “la principal petición de nuestro movimiento, que es pueblo y sociedad civil, es que el fiscal, el procurador, el defensor y el contralor sean elegidos por el pueblo”. 

Para Antonio Navarro Wolf, representante del Movimiento Progresistas: “la participación política no solo debe ser para las elecciones después del proceso de paz, debe ser garantía de continuidad de la paz y de la democracia, del futuro que merece Colombia”. 

Como mecanismos de participación política, John Sudarsky, vocero del Partido Verde, puso sobre la mesa la idea de que los desmovilizados por primera vez participen en las elecciones de marzo de 2014. 
Y afirmó que uno de los mecanismos reales para combatir la ausencia de democracia participativa es una reforma electoral que “mantenga igualdad de votos con curules y que garantice un sistema electoral mixto”.

El panel concluyó con la intervención de Piedad Córdoba, representante de Marcha Patriótica, con un discurso en el que mencionó algunas cifras de desigualdad del país por las cuales la paz no es posible. 
“Donde hay discriminación no hay paz. Donde la salud es un negocio no hay paz. Donde hay veinte millones de hombres y mujeres en pobreza extrema no puede haber paz. Donde seis de cada diez campesinos vive de la violencia no puede haber paz. Donde veinticinco millones de colombianos y colombianas no ejercen su derecho electoral no puede haber paz”.  

Y propuso: “la construcción de una rama del poder popular, la promulgación de estatutos de régimen electoral para combatir el clientelismo, la implementación del voto electrónico, la creación del estatuto de la oposición, una reforma doctrinal de las fuerzas militares y la democratización de los medios de comunicación”.

(Por:Fin/ldc/CAPG/fgd)
N° 930

El militarismo nuevamente desbocado


José María Carbonell, Cambio Total.

El militarismo –que es lo mismo que decir fascismo- está desbocado. Mata y amenaza a todo el mundo.

Asesina a los líderes populares que luchan por la restitución verdadera de sus tierras. Y allí se hacen llamar « ejército anti-restitución ».

Amenaza a periodistas. Asesina sindicalistas, a cuenta gotas. Y se hace llamar « Aguilas negras ».

Asesina a miembros de la Marcha Patriótica –ya van 8 miembros-, lo cual nos hace recordar que así empezaron el genocidio de la U.P. Y se hace llamar BACRIM.

Van dándoles diferentes nombres de acuerdo con la región o personas asesinadas. En esa maniobra de « camouflage » participan los medios en poder de la oligarquía colombiana.

Pero son lo mismo desde hace más de 60 años. Son los mismos que asesinaron a J.E. Gaitán. Son los mismos que pusieron a pelear a los liberales y godos entre sí que produjo 300 mil víctimas y 2 millones de desplazados internos, amén de la pérdida de sus tierras. Ah !, la Tierra.

Son los mismos que asesinaron a Guadalupe Salcedo y Carlos Pizarro León-Gómez. Son los mismos que asesinaron a Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa y miles de líderes más de la U.P. 

Son los mismos que adelantan la más cruel, sanguinaria y sistemática política de exterminio. Son los que adelantan el Terrorismo de Estado.

Unos fungen como presidentes de la república. 17 para ser exactos. Otros son generales de las fuerzas militares, creadores de mostruosas criaturas como los « sicarios », los « Mochacabezas », y demás.

Otros se dedican a la politiquería. Asesinan o mandan asesinar para que nadie les arrebate la « perla de la corona », el erario público. Se alían con narcotraficantes y se vuelven narcotraficantes. Se alían con el mismísimo diablo, aunque el diablo se haga llamar fuerzas militares. Otros se vuelven « respetables juristas » que llegan a las Altas Cortes, y allí administran su putrefacta justicia. Otros de hacen elegir « procurador » con ayuda de « izquierdosos ».

A veces privilegian una u otra violación de derechos humanos, es decir, la forma de asesinar colombianos. Masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos. Pero todos las practican. De a mucho o de a poco. Van produciendo el desangre del movimiento popular de acuerdo con el momento de « flujo o reflujo » de éste.

Hay un momento político que los enloquece. Los diálogos de Paz. Impiden cualquier salida diferente a la guerra porque la guerra es su negocio, su « business ». O su « poder ». Apenas comienzan unos diálogos de Paz se emborrachan con la sangre de los colombianos pobres. La derraman en cantidades industriales. Asesinan desbocadamente y con sevicia. Incluso muchas veces se les « va la mano » y amenazan a su propia gente.

La locura que les produce los diálogos de Paz impide ver que «una Paz mal concebida es preferible que una guerra triunfante ». Mas nunca lo entenderán. Estan alcoholizados con la sangre de los colombianos. Se hace urgente un proceso de desintoxicación. Es una imperiosa necesidad.

La Ley Del Embudo - Hernando Marín Lacouture


La ley de los Nule, la ley del embudo

“Para este caso el señor juez ha considerado que asistir a la primera comunión de su hijo Felipe Nule, es un acto trascendental para el interno, y al Inpec lo que le corresponde es cumplir con la orden del señor juez”. Con estas palabras el general Gustavo Adolfo Ricaurte justificó ante los medios de comunicación su decisión de permitir la salida de la cárcel del empresario Manuel Nule, recluido en La Penitenciaría La Picota de Bogotá, con el fin de participar en la ceremonia de primera comunión de su hijo en Cartagena. Un viaje que costó cinco millones de pesos (unos 2.700 dólares) y que pagaremos los contribuyentes colombianos.

En esta ocasión el interno no tuvo que recurrir a tutelas, ni a jornadas de desobediencia civil, mucho menos a extenuantes huelgas de hambre. El juez 38 penal del circuito de Bogotá obró en derecho; eso sí, en su argumentación jurídica no adujo -como suele hacerse cuando se trata de un “preso común”- “que el traslado no constituye un derecho fundamental para el recluso y que apenas tiene la calidad de derecho legal, por lo que solamente puede hacerse efectivo cuando se observa la totalidad de los requisitos que exige la ley penitenciaria y carcelaria para lograr su efectividad”.


Sin duda para el honorable servidor de la justicia que autorizó el permiso y para la ley penitenciaria y carcelaria que se aplica en Colombia el señor Manuel Nule cumple a cabalidad con los requisitos que le hacen merecedor de dicho permiso: próspero empresario, acostumbrado a una vida de lujos, asiduo visitante de los mejores hoteles del mundo y emparentado con reconocidos políticos de la costa que han ejercido cargos de representación nacional y regional, seguramente en estrechos vínculos con jefes paramilitares.


Pero no sólo sorprende la rigurosidad con que el mencionado juez se ciñe a la ley, sino la celeridad con que los funcionarios de esta institución acataron la decisión judicial. Esta vez, brillaron por su ausencia los reiterados argumentos sobre la inexistencia de recursos presupuestales para el traslado de presos; menos aún, se atrevieron a decir –como suele hacerse cuando se trata de un preso común- “que la separación o afectación que hubiere sufrido el núcleo familiar del recluso en mención, tuvo su origen en circunstancias no atribuibles al INPEC, pues como es claro, la misma se dio con ocasión del comportamiento contrario a la normatividad penal desplegado por el interno, toda vez que al incurrir en conductas punibles, implícitamente propició ese alejamiento”.


Seguramente consideran los impartidores de justicia y los administradores penitenciarios que el robo a centenares de familias de bajos recursos; la evasión de impuestos al Estado; el peculado y el robo de 250 millones de dólares al erario público en el llamado “carrusel de la contratación”, son delitos de poca monta, frente al “peligro” que representan para la sociedad los jóvenes desempleados de los estratos populares que recurren al hurto, el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado para sobrevivir a las políticas neoliberales del capitalismo salvaje que los condena a la miseria.


Ya uno de los hermanos Nule –Guido- obtuvo acercamiento familiar y ahora disfruta de otro cómodo sitio de reclusión en Barranquilla. Y aunque el general Ricaurte pretenda hacer creer a la opinión pública que esta es una política que se aplica indiscriminadamente a todos los reclusos, es otra la realidad que se vive en los centros penitenciarios. Ancianas, y madres con niños menores de edad, o de brazos, tienen que realizar largos viajes por la geografía nacional, para poder ver a sus hijos, padres o hermanos cuatro horas (o menos, si se tienen en cuenta las largas filas que deben hacer) y luego esperar un año o más para emprender un nuevo viaje de visita. Quienes no pueden realizar el esfuerzo económico que estos encuentros supone, terminan con sus familiares presos prácticamente abandonados y sumidos en una profunda desesperanza y frustración psicológica que los sumerge, aún más, en el mundo delincuencial.


No hay cuadro más doloroso que el de un preso que ha perdido a uno de sus seres queridos. En estas situaciones invariablemente las directivas de la cárcel niegan a los internos el permiso para asistir al sepelio. Con suerte, éstos pueden obtener autorización para que despidan el cadáver de sus allegados desde las rejas del penal. Esto siempre y cuando sus dolientes logren juntar los recursos necesarios para pagar el trayecto adicional que supone el desplazamiento del cortejo fúnebre al centro de reclusión. De lo contrario tendrán que resignarse a recordar las últimas imágenes retenidas en su cerebro.


Ni qué decir cuando se trata de presos políticos y prisioneros de guerra. Para ellos (y ellas) no existen “consideraciones humanitarias”. Las violaciones a sus derechos empiezan con la afectación misma al “debido proceso”. Algunos prisioneros –como en el caso de José Marbel Zamora (“Chucho”)- se le ha obligado a asistir a audiencias virtuales, menoscabando sus garantías procesales y negándole la posibilidad de acercamiento familiar en Bogotá, pese a tener un bebé en etapa de lactancia. De esta manera castiga el INPEC a quienes ejercen un liderazgo en la lucha por los derechos fundamentales en las cárceles.


Ni siquiera cuando está de por medio la vida de un preso político, las directivas del INPEC facilitan la salida o el traslado de un interno. Por lo que esta institución es directa responsable de los más de ochenta muertos que han fallecido en el transcurso de un año por falta de asistencia médica. Él último de ellos, Juan Camilo Lizarazo, permaneció cerca de seis meses con su cuerpo semiparalizado, con graves limitaciones para hablar y comer, antes que fuera autorizada su remisión a un centro hospitalario, donde finalmente falleció debido a la negligencia de las autoridades penitenciarias; porque en Colombia es más fácil que atiendan un resfrío de los Nules, que el cáncer de un preso político que ha alzado su grito de rebeldía contra estas profundas injusticias.


Con razón decía el carismático líder del M-19, Jaime Bateman Cayón, en entrevista concedida a la periodista Patricia Lara: “Eso es lo que pasa siempre a la gente que está más jodida en este país: [La ley del Embudo] lo angosto siempre es pa’ ella y lo ancho es pa’ los otros...”
En la imagen Manuel Nule, ex contratista y empresario del grupo familiar que lleva su nombre, fue condenado en diciembre de 2011 a siete años y medio de prisión por actos de corrupción y peculado en el escándalo conocido como "carrusel de las contrataciones", por el que se calcula que se robaron más de 500 millones de dólares de fondos públicos de la ciudad de Bogotá.

Rebelión

Las amenazas que buscan bloquear la restitución en Cesar

Verdad Abierta. Las amenazas a ocho periodistas de Cesar por el llamado 'Ejército Anti-restitución' son un intento de bloquear la devolución de tierras a campesinos despojados por paramilitares.
614periodistas   
Periodistas de Valledupar fueron amenazados por el llamado 'Ejército Anti-restitución'. Foto Semana  
En los dos últimos meses los periodistas de Valledupar han publicado sistemáticamente noticias relacionadas con la restitución de tierras y las víctimas. Esto parece incomodarle a los grupos ilegales, que se han autodenominado ‘Grupo Anti-Restitución’, que en la noche de este lunes dejaron un panfleto en las sedes del periódico El Pilón y en la de la emisora Maravilla Stereo de Valledupar, en el que amenazaban a ocho periodistas de la ciudad y los declaraban “objetivos militar” y a su vez les daban 24 horas para "salir de la capital cesarense”.
Esta amenaza contra la libertad de prensa surge una semana después de que medios locales publicaran una noticia relacionada con la denuncia de un líder de la vereda El Toco, de San Diego, en el norte de Cesar, quien indicó que había sido objeto de un atentado. “El presidente de la Asociación de Campesinos dijo ante los medios de comunicación que un hombre llegó a su casa para matarlo. El hecho ocurrió a las 8:30 p.m. del viernes en la calle 24 con  27, del barrio Líbano en Codazzi”, publicó en su edición del 28 de abril el periódico Al Día.
Esto se daba luego de que el 13 de abril pasado, la Unidad de Restitución devolvió oficialmente, en un acto simbólico, un predio parcelado en la hacienda El Toco a dos familias víctimas de los paramilitares. El fallo, que decidió la restitución de 26 hectáreas a las víctimas de las Auc y que terminó en esta entrega de tierras, lo profirió el Juez Primero Civil de Restitución de Tierras de Cartagena que estableció que las tierras de los campesinos  fueron usurpadas  por Hugues Rodríguez Fuentes, reconocido cómplice de los paramilitares.
A enero de este año, en Cesar se han presentado 2.701 solicitudes de restitución que corresponden a 167 mil hectáreas, De estas solicitudes, 119 corresponden al municipio de San Diego y representan cerca de seis mil hectáreas que fueron despojadas por los violentos. (Ver informe completo).
Los campesinos que se han atrevido a pedir la restitución de sus tierras han seguido siendo hostigados para que desistan en sus demandas. Una integrante de la Mesa de Desplazados de Valledupar denunció también en medios locales que el pasado 29 de abril también lo habían intimidado. “…A las 11:15 de la mañana de ayer, el mensajero de una floristería llegó a la casa de la mujer en la capital del Cesar, con unas hermosas flores y cuya carta decía: “Desde hoy y para siempre vivirás en nuestros corazones, Dios te ha llamado a su mansión eterna y descasarás para siempre”. El mensaje termina así: “Te acompañamos: familia Mesa”.
Mientras que este lunes 6 de mayo, en el noticiero Maravilla Informa de la emisora Maravilla Stereo de Valledupar titularon “Directora Nacional del Incoder, Miriam Villegas, solicitó a la Fiscalía investigar a más de 120 reclamantes de tierras que son millonarios. Según la funcionaria, entre los solicitantes hay desde ex congresistas hasta miembros de juntas directivas de Cámaras de Comercio del país. El informe revelado por Noticias Caracol estableció que el director de la Lonja de Propiedad Raíz en el Cesar y contratista de la empresa Drummond  aparece solicitando la adjudicación de terrenos”. Esta noticia según el periodista de este espacio radial, Jaime José Daza, no fue desarrollada por falta de tiempo y fue tomada de un informe publicado por Caracol Noticias.
Los representantes de la Mesa Departamental de Víctimas también denunciaron que a través de un correo electrónico a nombre de supuestos comandos urbanos de la banda criminal ‘Los Rastrojos’, fueron declarados objetivos militares 20 reclamantes de tierra, algunos relacionados con la restitución de predios como la Hacienda Bella Cruz, El Toco, El Prado y Mechoacán.
Por estas noticias y otras más alrededor del tema de restitución de tierras, las autoridades presumen que este panfleto está asociado al cubrimiento periodístico que han realizado los periodistas, que en su totalidad cubren hechos de orden público y judiciales.
Katia Ospino, corresponsal de Noticias Uno, explicó que les preocupa esas amenazas porque “si se tomaron el trabajo de enviar una hoja intimidante como esta, es porque es en serio y por lo menos en mi caso, si hemos publicado noticias sobre la restitución de tierras en el Cesar, que es una situación muy delicada”.
Junto a Katia Ospino y Jaime José Daza, están además la directora de noticias de RCN Radio, Herlency Isabel Gutiérrez; el corresponsal de Caracol Televisión y periodista judicial de El Pilón, Martín Mendoza; Damaris Rojas y Renier Asprilla, coordinadora de redacción y periodista judicial, respectivamente, del periódico Al Día, que además publican sus notas en El Heraldo; Ubaldo Anaya, director del noticiero RPT Noticias del Canal Local 12 de Valledupar, y el periodista judicial del noticiero La Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí, Óscar Arzuaga.
“Hemos publicado notas de amenazas a víctimas, de restitución de tierras y de todo tipo de hechos de orden público, no sabemos qué hacer y esto es para llamar la atención de las autoridades y tomar precauciones porque en Valledupar somos vulnerables”, señaló Renier Asprilla del periódico Al Día. Mientras que Herlency Isabel Gutiérrez, de RCN Radio, sólo atinó a decir “no sé qué hago en ese panfleto, yo solo informo lo que les pasa a ellos (las víctimas)”.
Por lo pronto, los periodistas amenazados sostuvieron una reunión con el comandante de la Policía Cesar, coronel Juan Pablo Guerrero, y un grupo expertos en amenazas para tomar medidas de seguridad. El oficial anunció que por el momento harán rondas policiales a las casas y sitios de trabajo de los periodistas, y realizarán los estudios de riesgo de los comunicadores.
Los periodistas por su parte acudieron ante la Fiscalía General de la Nación para denunciar de manera colectiva la amenaza y dejaron constancia ante la Defensoría del Pueblo del Cesar.
Pronunciamiento FLIP
Ante esta delicada situación contra la libertad de prensa en el Cesar, la Fundación para la Libertad de Prensa expidió una alerta manifiesta que junto Fecolper y Andiarios tuvieron reunión con el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para analizar la situación de los periodistas. “Las instituciones y las organizaciones presentes le solicitaron a la UNP darle trámite de emergencia a esta amenaza”.
También recuerdan en este comunicado que el departamento del Cesar ha sido históricamente uno de los departamentos más peligrosos para el ejercicio del periodismo en Colombia, por lo que “la FLIP se solidariza con todos los periodistas amenazados, resalta la inmediata reacción de las autoridades, y le pide a la UNP brindar todas las medidas de protección necesarias. A su vez, le hace un llamado a la Fiscalía General Nación para que investigue estos hechos y se judicialice a los responsables”.
Última actualización el Martes, 07 de Mayo de 2013 16:38

El problema del negacionismo

Por: Arlene B. Tickner, El Espectador.

Soy de origen judío, pero no practico ninguna religión. Por lo mismo que condeno el holocausto nazi, soy crítica del uso instrumental que Israel ha hecho de éste para legitimar políticas opresoras frente a los palestinos.

He sido objeto del antisemitismo que documenta Héctor Abad Faciolince en una columna reciente de este diario, no en el pasado sino en el presente. Como ciudadana del mundo me horrorizan las denuncias hechas por Daniel Coronell sobre los vínculos del procurador Ordóñez con un ideólogo de los neonazis en Colombia y el negacionismo que practican algunos miembros de la comunidad lefebvrista de la cual forma parte. Y como colombiana nacionalizada se me hace inadmisible que el más alto representante de la ciudadanía ante el Estado, quien no ha ahorrado esfuerzos por hacer públicas sus opiniones personales retrógradas sobre los derechos de las mujeres y de los homosexuales, no rectifique la que tiene sobre el holocausto.

Existe evidencia empírica exhaustiva sobre la “solución final” de Hitler y las políticas discriminatorias contra judíos, gitanos y homosexuales que la antecedieron, mucha de ella recogida por los mismos nazis. De allí que los argumentos de los negacionistas absolutos caen de su propio peso. Sin embargo, la polémica “numérica” con aquellos revisionistas que alegan que no murieron seis millones de judíos sino “tan solo” un millón o 300.000, hace perder de vista el problema de fondo: el holocausto fue una política sistemática de deshumanización y exterminio implementada por un Estado contra ciertos grupos de la sociedad.

El filósofo Giorgio Agamben lo identifica como un hito en el desarrollo de la soberanía, ya que normalizó la práctica del estado de excepción. El poder del soberano de declarar una situación excepcional se traduce no sólo en la suspensión de las garantías legales normales y la negación de las libertades básicas, sino en la división de los seres humanos entre quienes se reconocen políticamente como tales y quienes son deshumanizados, frente a los cuales reclama incluso el derecho de quitarles la vida. Para Agamben, el campo de concentración nazi es la epítome del estado de excepción; dentro de éste las personas fueron identificadas como vidas sin valor o “nula vida”, sin derechos y susceptibles de ser asesinadas con impunidad.

Lo anterior sugiere que, más allá de la condena al revisionismo histórico y su distorsión del costo humano del holocausto, las críticas deben enfocarse en las lógicas políticas mismas que posibilitaron al holocausto —y que son desconocidas por los negacionistas— las cuales, según autores como Agamben, perduran no sólo en los regímenes autoritarios y totalitarios, sino en todo estado que emplea medidas de excepción.

Un país como Colombia, que tiene el vergonzoso honor de encabezar las listas mundiales en asesinatos a sindicalistas y periodistas y en desplazamiento forzoso, que ha sido testigo de procesos de exterminio de la oposición política, como el caso de la Unión Patriótica, que es célebre por sus altas tasas de impunidad y que además busca cambiar su imagen internacional, no admite un jefe del Ministerio Público renuente a clarificar su posición sobre algo que en 16 países de Europa se considera un crimen y en el resto de las democracias del mundo simplemente imperdonable.

 

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