A la Habana hemos llegado con el fin de dialogar en función de superar mediante el diálogo civilizado las causas, los problemas de orden social que generaron la confrontación, tal como lo consigna el preámbulo del acuerdo general pactado con el gobierno. Entre estos problemas se cuenta la necesidad de una reforma agraria estructural, profunda, que es el asunto que durante largas jornadas ha ocupado nuestra atención y que afortunadamente ya arroja aproximaciones que esperamos sean explicadas pronto, en un comunicado conjunto que dé certezas a nuestros compatriotas sobre los alcances esperanzadores que hasta ahora arrojan los diálogos.

Hoy reasumimos las conversaciones con mayor disposición de avance, con iniciativas dinámicas que, como siempre, apuntan a acelerar el ritmo de trabajo. Hemos radicado nuestras 100 propuestas mínimas para su clasificación oportuna, adecuada a cada ítem del punto uno, y las reflexiones que ya casi permiten cerrar los dos últimos aspectos referidos a laboralización del trabajo rural y a soberanía alimentaria. Así las cosas, tenemos plena expectativa y deseo de abordar, muy pronto el segundo punto, para cuyo desarrollo ya contamos con elaboraciones creativas que serán fortalecidas con las iniciativas que lleguen en las conclusiones que arrojó el foro que sobre tal tema se realizó en Bogotá. Esto en cumplimiento del compromiso de escuchar y hacer propios los anhelos del pueblo en nuestro desempeño.

Así estamos, y confiamos en que la delegación gubernamental vendrá con el mismo ánimo y disposición.

Probado está que la estructura latifundista es la característica principal de la espacialidad rural en Colombia. Ella ha sido construida con procedimientos de despojo, violencia, terror y muerte, como espacialidad capitalista, generando además de miseria, profunda desigualdad, atraso, crisis humanitaria. Ella es causa fundamental de la confrontación política, social y armada que padece Colombia. Su solución de fondo será base para la construcción de La Paz estable y duradera.

Queremos confiar en que esta vez sí surja un acuerdo que verdaderamente apunte a realizar una reforma rural estructural, radical, cuyos mecanismos de restitución, redistribución y formalización, acompañados de proyectos integrales de desarrollo tengan éxito y acaben con la constante de la titulación de baldíos que sólo tenga el propósito de no tocar los intereses de los grandes propietarios.

Queremos confiar en que este proceso no terminará en un escenario de bancarización o de estímulo a un mercado de tierras que derive en despojo legal de beneficio final para las trasnacionales o para los latifundistas locales, o en que las alianzas entre los pequeños campesinos o poseedores rurales con los detentadores del “músculo financiero”, mediante la llamada asociatividad, no termine convertida en una suerte de alianza del zorro con la gallina.

Desde las FARC-EP seguiremos insistiendo en el fortalecimiento de la pequeña y mediana propiedad con garantías de subsistencia, de permanencia, reiterando en la defensa y fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina, impidiendo la destrucción o el debilitamiento que se intentó mediante normas como las que se plasmaron en el PND 2010- 2014, y otros instrumentos que de él derivan. Hay que insistir, entonces, en la ampliación y fortalecimiento de estas ZRC, lo mismo que de las comunidades afro y los resguardos indígenas, respetando sus entramados socio-culturales, su territorialidad, su tradición y sus derechos a acceder a los conocimientos, recursos, servicios, técnicas e instrumentos de todo tipo que les permita acrecer la productividad, el tejido social y la sostenibilidad ambiental.

Sobre todo hay que insistir en la necesidad de formalizar todas las tierras que hoy están en manos de los campesinos, exigiendo al menos el cumplimiento de las propias normas institucionales que tan pertinazmente son vapuleadas por el ministerio de la defensa en detrimento de la población rural.

Consideramos fundamental para el desarrollo sostenible del campo colombiano y del conjunto de la sociedad, la defensa de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) como unidades de territorio, suficientes, necesarias para el sostenimiento digno de la familia como célula del tejido social.

El gobierno deberá mirar en que si en verdad desea construir caminos de entendimiento, no puede repetir los errores del pasado en lo que a materia de reforma agraria concierne. No se puede editar una nueva etapa de recolonización y violencia para no tocar el latifundio, no se puede iniciar un nuevo ciclo de desposesión y acumulación y mucho menos se debe insistir en la extranjerización de la tierra, en la depredación minero-energética, en no mirar hacia la búsqueda de las soluciones alimentarias desdeel concepto de soberanía.

Dentro de estos parámetros es que debe entenderse el tránsito hacia un nuevo estadio social de justicia y paz, estable y duradera. Así las cosas, la esencia de la transición está en la construcción inaplazable de la justicia social en medio de la desmilitarización de la sociedad y del Estado, en medio del reconocimiento gubernamental de su responsabilidad histórica en la generación de la violencia, en medio del resarcimiento de las víctimas del conflicto por parte del imputable último que es el Estado, en medio del establecimiento de una verdadea democracia que abra espacios de participación y decisión ciudadana en los destinos del país, mediante una Asamblea Nacional Constituyente que se erija en sólido tratado de paz.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP