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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

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LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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Los 5 prisioneros políticos de Colombia en el extranjero



Cambio Total.

Colombia tiene 5 prisioneros políticos presos en mazmorras del extranjero. Son luchadores populares.
4 de ellos son integrantes de las FARC. 

3 enviados por el narco-paramilitar Uribhitler y « Sancho » Santos. Simón Trinidad, Sonia e Iván son suficientemente conocidos y sus casos son muestra de cómo es la « justicia » estadounidense.

El 4o es Julián Conrado preso en Venezuela por las autoridades bolivarianas, quien está a la espera de una petición de asilo dado su estado de salud.

El 5o luchador popular preso es Joaquín Pérez Becerra, director de Anncol, detenido irregularmente en el aeropuesto Maiquetía, Venezuela, violando la normatividad internacional, y deportado a Colombia, también violando la normatividad internacional. 

Hoy Joaquín, el periodista alternativo, nuestro compañero y compatriota sueco, está enfrentando un juicio amañado con pruebas falsas producidas por la fiscalía, la cual cuando de luchadores populares se trata es sumamente « efectiva ».

En momentos de gran alegría mundial con la liberación de René, uno de los 5 patriotas presos en Estados Unidos por adelantar tareas de inteligencia para prevenir actos de terrorismo en Cuba, nuestra solidaridad militante para esos patriotas cubanos y colombianos que tienen la suficiente gallardía y orgullo de enfrentarse a la monstruosa maquinaria del imperio. 

Para todos ellos exigimos su libertad!!!

El exterminio de la Unión Patriótica (U.P.) y la « democracia » burguesa en Colombia

Cambio Total.

A más de 25 años de haberse iniciado el exterminio de la U.P., aún hoy la « justicia » colombiana sigue tratando de « juzgar » a sus responsables. Mas sólo toca algunos casos como para mostrar que no hay impunidad. Son poquitos los casos en donde se han proferido resoluciones condenatorias. Son pocos los casos en donde se han condenado los autores materiales y los autores intelectuales, determinadores les dicen hoy.

Un genocido que ninguna investigación histórica había constatado. Casi 5.000 miembros –líderes- de la U.P., fueron asesinados en práctica del Terrorismo de Estado que adelanta el Estado colombiano desde antes de 1948. Nada los paró, ni siquiera la presencia de niños, mujeres y ancianos. Es de recordar que la U.P., nació de los Acuerdos entre el gobierno de Belisario Betancour y las guerrillas de las FARC. 

Casi inmediatamente desde diversas instituciones del estado –congreso, militares, justicia, incluso la jerarquía católica, etc- se puso en marcha el Plan de Genocidio. Que no eran acciones aisladas de algunos funcionarios « extraviados o desviados », sino que respondía –y responde- a precisas orientaciones desde las altas cúpulas del poder burgués. Todo un Plan de Exterminio aplicado en tiempo y lugar diferentes en toda la geografía nacional.

La dolorosa experiencia de los asesinatos, desapariciones, masacres, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento, muestra la forma como se practica la « democracia más antigua del continente ». A sangre y fuego. Si el partido liberal o el conservador perdían unas elecciones en franca y legal lid con la U.P., el poder era recuperado a como diera lugar como mostró el general Farouk Yanini Díaz  –uno de los cerebros de ésta política infernal, la cual adelantó desde el sitio que le correspondía en la Brigada de Puerto Boyacá- : « El partido liberal recuperará el poder como fuera ».

Todo el estado estaba en la tarea de « combatir » a la U.P., por el « pecado » de haber nacido de los acuerdos de cese al fuego entre el gobierno Betancour y las FARC, y a los sucesivos planes militares-narcoparamilitares de exterminio físico sobrevino la persecución "legal" acusándolos de ser "auxiliadores de la guerrilla" y el « exterminio » legal : le retiraron la personería jurídica a la U.P., so pretexto de « no tener votos » que estuvieran por encima del umbral que la ley burguesa contemplaba.

Aspirantes al Congreso, Alcaldías, Asambleas departamentales, Concejos municipales, funcionarios del estado, etc, se confabularon en contubernio impúdico con las fuerzas militares-narcoparamilitares para adelantar la espantosa masacre, exterminando un partido que tenía como única arma los deseos de paz, concordia y desarrollo del país. Al mismo tiempo, el estado continuaba adelantando el Terrorismo de Estado –como lo continúa hoy- contra sindicalistas, líderes populares, e incluso  sacerdotes que luchaban al lado de los pobres.

El objetivo del Terrorismo de Estado no podia ser más claro. Impedir la expresión democrática del pueblo colombiano para poder continuar entregando nuestros recursos naturales a las multinacionales, negocios en los cuales ellos –los funcionarios públicos- recibían su « pocentaje », y poder seguir usufrutuando del erario publico, o sea, "mantener el poder".

Esa falsa democracia tiene que ser destruída y construída una Nueva Democracia. La Democracia Revolucionaria en donde el pueblo todo sea el determinador y el responsable de su propio destino. Ya no le tenmos miedo al Terrorismo de Estado. Así como las FARC-EP superaron el Plan de Guerra Integral y el Plan Colombia en sus tres fases : Colombia, Patriota y Consolidación ; así el pueblo colombiano venció el miedo y ya está activo y participante en manifestaciones, marchas, paros, reuniones, etc, demostrando con una sola voz que queremos la Paz con Justicia Social, democracia, libertad y soberanía nacional, es decir, una Nueva Colombia.

Francisco Santos: El vicepresidente de los escuadrones de la muerte

Por Iván Márquez
Integrante del Secretariado de las FARC-EP

El señor Francisco Santos, vicepresidente de Colombia durante los 8 años de mandato del presidente narco paramilitar Álvaro Uribe Vélez, arrebatado ahora por el más extraño frenesí, ha resuelto empuñar con desparpajo cínico, la bandera de las víctimas del conflicto colombiano.
Sin ofender el mundo de las aves: un "pájaro" tirándole a las escopetas. Para ilustración de la opinión internacional, en la época de la violencia bipartidista, en la década del 50, a los integrantes de los escuadrones de la muerte o paramilitares, que causaron más de 300 mil muertos con el visto bueno del gobierno de Colombia, se les conoció con el nombre tenebroso de "pájaros".

Francisco Santos, repulsivo arlequín de la política colombiana, imploró a los cabecillas paramilitares crear los escuadrones de la muerte en Bogotá, con el nombre de BLOQUE CAPITAL. Alojó a Salvatore Mancuso, uno de los jefes de las denominadas Autodefensas, en su propia residencia. Mancuso recuerda los tapetes y el color de las cortinas de los lujosos ventanales… Pasmosamente recomendó a los paramilitares no cometer en cada una de sus incursiones más de tres asesinatos y no desaparecer los cadáveres. Mejor digámoslo con sus propias palabras: "Maten a esos HP que se están tomando al país, pero no los desaparezcan, porque los desaparecidos se convierten en un problema para mi fundación". Cobarde paramilitar que azuzaba masacres sin arriesgar el pellejo.

Esperamos que la Fiscalía General, que lo tiene indiciado, no demore más el veredicto sobre este criminal.

Que se vaya al carajo con sus vallas.

Cómo diferenciarse de un genocida

Por: Gustavo Gallón

“Guatemala es cada vez más dependiente del derecho internacional”, balbució el exdictador Efraín Ríos Montt para reclamar impunidad por graves violaciones de derechos humanos contra 1.771 miembros de la población maya-ixil masacrados durante su gobierno.

Algo parecido dijo el gobierno de Colombia en el reciente Examen Periódico Universal al que fue sometido el 23 de abril en Naciones Unidas. Muchos de los 81 países que formularon recomendaciones ese día le pidieron que ratificara tratados internacionales de derechos humanos. La respuesta del Gobierno fue que no era necesario, porque ya tiene suficiente institucionalidad en Colombia para proteger tales derechos, así como demasiada vigilancia internacional al respecto.

Uno de tales tratados es el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que establece un mecanismo internacional de visitas a las cárceles para verificar que no haya tratos crueles, inhumanos o degradantes en las prisiones. Nigeria, Perú, México, Filipinas, Eslovenia, Turquía, Montenegro, Uruguay, Costa Rica, la República Checa, Túnez y Guatemala le recomendaron permitir que ese mecanismo internacional contribuyera a mejorar las condiciones de detención en nuestro país. El Gobierno replicó que “Colombia cuenta con un amplio marco normativo en materia de prevención de la tortura (…) empezando por el artículo 12 de la Constitución Política” y que “se está reformando el Código Penitenciario con el fin de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad”. Qué consuelo.

Otro de esos tratados es el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que atribuye al Comité internacional respectivo la competencia para exigir judicialmente tales derechos. Portugal y Montenegro hicieron explícita esta recomendación. La respuesta del Gobierno fue que hay una política pública al respecto y que las víctimas de violaciones a esos derechos pueden ya acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Qué alivio.

Un tratado adicional, que Colombia no ha ratificado, es el Tercer Protocolo Facultativo a la Convención sobre Derechos del Niño, que establece un procedimiento para que su Comité se pronuncie sobre casos individuales. Eslovaquia, Tailandia, Montenegro y Alemania fueron particularmente insistentes en este tema. “Colombia ya es parte de mecanismos de reporte ante las Naciones Unidas”, contestó el Gobierno. Qué tal que no lo fuera.

Otro instrumento pendiente de ratificación es el reconocimiento de competencia para conocer de casos individuales al Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, creado por la Convención sobre el mismo tema. Uruguay llamó la atención del gobierno colombiano al respecto. La respuesta fue semejante a la brindada sobre la Convención contra la Tortura. Colombia, según sus representantes en Ginebra, ya está vacunada contra la desaparición forzada de personas, porque está prohibida en la Constitución. Siquiera.
Si en efecto hubiera tantas garantías, no habría que temer a aceptar la supervisión internacional. A Ríos Montt no le valieron estos argumentos para evitar ser condenado a 80 años por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Condenan a Pérez García por masacre de Segovia (contra la U.P.)

El exrepresentante César Pérez, condenado a 30 años de prisión. / Archivo
Por: Redacción Judicial/ El Espectador.
El exterminio de la Unión Patriótica (UP) es un fantasma que ronda los diálogos de paz en La Habana (Cuba). Ayer la Corte Suprema de Justicia revivió este fantasma al condenar a 30 años de prisión al excongresista César Pérez García por la masacre de Segovia (Antioquia), en la que murieron 43 personas y que fue la respuesta de los paramilitares a la victoria de la UP en ese municipio. Ese 11 de noviembre de 1988, hombres de Fidel Castaño pasaron por varios retenes, llegaron a Segovia, se bajaron de sus camperos y empezaron a masacrar campesinos.

Ya existían amenazas. Mediante panfletos, el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), comandado por Castaño, había alertado que no aceptarían “alcaldes comunistas en la región, como tampoco concejos municipales integrados por campesinos idiotas o vulgares obreros como los de la Unión Patriótica”. En sus comunicaciones aceptaban, además, que apoyaban al “gran caudillo de esta región César Pérez García”.

La alcaldesa Rita Ivonne Tobón, miembro de la UP, se había posesionado el 1º de julio de ese año y lo que llevaba en el cargo se la había pasado sobreviviendo a las intimidaciones de los militares. “Cómo olvidar los abusos de la autoridad. El Ejército entraba a cualquier oficina, irrumpía en los actos cívicos y reuniones de trabajo, hacía lo que le daba la gana”, le dijo Tobón a este diario el año pasado.

A la Corte Suprema de Justicia le explicó que ella “había llegado a la conclusión de que para Segovia se estaba preparando una masacre. Solicitamos protección a César Gaviria, que era ministro de gobierno; al procurador general, al gobernador de Antioquia, al comandante de la Policía de Antioquia, a todas las autoridades”. Nadie la atendió.

En cambio, el general Farouk Yanine Díaz, fallecido el año pasado, le había dicho varias veces que el Partido Liberal volvería al poder como fuera. Ese 11 de noviembre las amenazas se hicieron realidad. Era viernes, de noche. Tobón sabía que ese día iba a pasar algo. Le habían informado de la presencia de extraños alrededor del pueblo y ella misma había visto a personas armadas dirigirse al casco urbano. Sabía que la iban a matar. Se salvó de milagro.

Esa noche los campesinos se encontraban en el parque principal del municipio preparándose para el fin de semana cuando los hombres de Castaño llegaron y empezaron a disparar. Los cuerpos sin vida quedaron regados en el parque. “Pasamos toda la noche contando y levantando cadáveres”, dijo Tobón. Ella se quedó en Segovia hasta 1989. No pudo terminar su período. Se fue al exilio después de que los violentos asesinaran a su hermano y porque las amenazas en su contra continuaban, al parecer orquestadas por la persona que ella consideraba el cerebro de la masacre: César Pérez García.

“La intimidación era muy fuerte y teníamos miedo de lo que César Pérez pudiera hacernos después. Para ese entonces jugaba el rol de gran señor y mucha gente se negó a creer que él tuviera algo que ver. Una cara era la que tenía cuando llegaba al nordeste y otra cuando estaba en la Asamblea departamental y en las esferas políticas”, le dijo Tobón a la Corte Suprema de Justicia.

En sus declaraciones al alto tribunal, la exalcaldesa agregó que a inicios de 1988 había recibido un anónimo que decía, puntualmente, que César Pérez quería darle “un escarmiento a la población de Segovia que lo traicionó y (estaba) dispuesto a pagar lo que fuera, él se puso en contacto con Henry Pérez —otro comandante paramilitar—, quien lo puso en relación con Fidel Castaño. Ellos se reunieron en Medellín. Henry Pérez fraguó esa reunión”.

“Entonces Colombia era el cuarto productor mundial de oro y César Pérez necesitaba recuperar el nordeste antioqueño. El asunto no era de votos, sino de los millones generados por el oro. Las autoridades salían a disparar y luego decían que estaban repeliendo un ataque. Lo llamaban preparación psicológica para que el pueblo se fuera acostumbrando a las balas”, le explicó la exalcaldesa a este diario.

Uno de los exparamilitares que perpetraron esa operación, Alonso de Jesús Baquero, alias Negro Vladimir, confirmó estos señalamientos y los vínculos de Pérez García con los paramilitares de Fidel Castaño. Baquero le dijo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que César Pérez “estaba interesado en recuperar su fortín político y electoral, el cual, según él, le había arrebatado la Unión Patriótica (...) La responsabilidad de la masacre de Segovia recae sobre los hombros de ese hombre”.

El expresidente de la Cámara de Representantes y exrector de la Universidad Cooperativa de Colombia fue detenido en julio de 2010 y enviado a la cárcel La Picota en Bogotá. Varias veces negó las acusaciones en su contra y aseguró que contra la Unión Patriótica no había ninguna campaña sucia, sino que, contrario a ello, en Segovia había una “armonía democrática entre todos los partidos”.

Pero las víctimas, la Fiscalía y la Procuraduría no estuvieron de acuerdo. Para Jairo Salgado, representante del Ministerio Público en este caso, las evidencias “demuestran en el mayor grado de convicción que César Pérez García fue el determinador de la Masacre de Segovia junto a los grupos paramilitares”. Así lo dijo durante el proceso contra el excongresista. La Corte Suprema de Justicia le dio la razón.

En una de sus declaraciones, Rita Ivonne Tobón fue enfática: “La única manera de tornar la página es que se sancione a los culpables tanto intelectuales como a los materiales”. Hace 25 años, paramilitares con la ayuda de políticos y militares cortaron de raíz a la Unión Patriótica. Murieron —según las cifras más conservadoras— 1.800 de sus miembros. Este antecedente sigue rondando en la memoria mientras en La Habana el Gobierno y las Farc intentan, de nuevo, alcanzar la paz.

Los tiempos y los ritmos de la paz

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Al terminar el octavo ciclo de conversaciones en la Habana, de manera insólita, la delegación gubernamental, luego de decir que existen avances, particularmente  en la política social en el ámbito rural, afirma que el ritmo de las conversaciones ha sido “insuficiente e inconstante”. Pero lo peor de todo, es que se deje insinuado que la falta de acción es responsabilidad de la insurgencia.

Para las FARC-EP no hay dualidad en su optimismo frente a la paz, la creemos necesaria y posible. Consideramos que a su búsqueda hay que dedicarle más tiempo que el que se le dedica a la guerra.

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Justicia por genocidio en Guatemala


 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

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Basta de Terrorismo de Estado

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