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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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La masacre de Segovia, Antioquia


Nueva valla contra los hijos del ex presidente Uribe y los Nule

Noticia de Caracol radio. "Continúa acrecentándose esta guerra de vallas en las calles y en las redes sociales de cara a la campaña electoral de 2014.

Caracol | Mayo 19 de 2013.

En esta ocasión y con un diseño exactamente igual a las que ha puesto el precandidato del centro democrático Francisco Santos, apareció esta valla con la foto de los primos, Miguel Manuel y Guido Nule en un extremo y en el otro los hermanos Jerónimo y Tomás Uribe hijos del ex presidente Uribe, en las redes sociales, en donde se ha desatado una guerra de este tipo.

En la mitad aparece una pregunta, ¿adivine quien ha robado más al Estado? y cierra con el mensaje, queremos un país sin impunidad.

Hasta ahora nadie se ha atribuido la autoría de la valla de la que afirman se trata de un montaje digital, sin embargo contribuye a la pugnacidad del debate político de cara al debate electoral que se avecina en 2014.

La publicación de esta valla virtual en la página de www.caracol.com.co  desató una controversia entre tuiteros, en el sentido de apoyar o descalificar el episodio por tratarse de un aviso que no se encuentra en un espacio físico urbano (como había sucedido ya con la valla que las Farc diseñaron para criticar a Francisco Santos). El caricaturista Vladdo hizo el primer cuestionamiento y a esta hora continúa el debate, con posiciones como la de @Gerardoperezh : “A estas alturas que es más visto: ¿una valla difundida por las redes sociales o una fija en un calle?”."

Callar los fusiles y todas las armas


Allende La Paz, Cambio Total.

Callar los fusiles no es lo mismo que entregarlos. Entregarlos en un país en dónde las fuerzas militares –ipso propio ?- están super armando sus tropas (cada vez piden más plata para comprar armas en el « extranjero » y no a INDUMIL)  y, además, armando los « civiles », es un contrasentido. Cuántas armas hay en poder de las fuerzas militares ? Se supone que una por cada unidad. A veces más. Ahí no más habrían entre 700 mil a 900 mil, por decir una cifra. Cuántas hay en poder de las paramilitares « empresas de seguridad » ? 4.840 armas nuevas compradas apenas durante el año 2012. Cuántas en manos de los « civiles » que tienen al menos 2 millones de pesos para darse el « gustico » de tener un arma ? 1.430 armas nuevas compradas en año 2013. El estado compró 1.430 armas nuevas y 770 armas nuevas compradas por militares activos y retirados, durante el 2012. En total, 10.380 armas nuevas que entran en circulación. Cuántas son las armas vendidas en años anteriores. Cuántas son las armas compradas en el « mercado negro » ? Se estima que en Colombia hay de 3 a 4 armas ilegales por cada arma "legal".

Entonces, me pregunto, por qué el estado quiere que las FARC se « desarmen » ? Será para adelantar el exterminio de las FARC desarmadas, como lo adelantaron con la U.P. ? Debemos valorar muy bien que busca la alharaca de la « entrega de armas », o sea, la entrega de los « fierros ». Y nos asalta otra pregunta: Cuántas armas están en poder de las fuerzas narcoparamilitares, aliados impúdicos de los militares?

En materia de procesos de Paz, lo acordado con el IRA nos enseña muy bien cómo debe ser la cosa. Las armas « desaparecerán como aparecieron ». Y nadie, a excepción de las FARC o el IRA, saben cómo aparecieron, y cuántos muertos costó ésta « aparición » o cuánta plata se invirtió para comprarlas y cuánto costó para conseguir la plata... Justo es, entonces, que sean las FARC las que las « desaparezcan ».
No creemos que sea mediante una « ceremonia » de entrega como las risibles de un autor de canciones vallentas que le recibió el fusil a « Jorge 40 » y después Uribhitler lo envió a USAmérica. Tampoco sería entregar las armas para que con esas mismas armas los maten a ellos. Tampoco hacer el remedo de entrega, quedan en poder de los militares, y ellos después arman los « sucesores » de los que las entregaron, es decir, los mismos con las mismas, más algotros nuevos (BACRIM).

Por eso nosotros creemos que « callar los fusiles » es una medida razonable y que esos fusiles queden en las armerías de las FARC. Y la verdad hay que decirla al costo que sea. Las armas son la única garantía para las FARC –y el pueblo- de que lo acordado con el gobierno se cumpla. Que se cumpla y que les respeten la vida a los guerrilleros. Porque conocedores como somos del « ser colombiano » sabemos que más de uno está pensando en hacer la « jugarreta », en « hacerle conejo ». Les decimos que las entreguen, ellos que quieren la paz las entregan y después les damos « chumbimba » con sus propias armas y como esas armas no están registradas en la contabilidad de las fuerzas militares, entonces fue una « venganza » por los actos cometidos durante la « guerra ». Ese pensamiento ronda las cabezas de más de uno.

Por ello, las FARC han planteado la no « entrega de armas » y, por el contrario, su propuesta de construir un Nuevo País, una Nueva Institucionalidad, que haga innecesario el uso de las armas es la única viable en el caso colombiano. Que significará el respeto al derecho a la vida de los guerrilleros, el respeto a « adelantar política » sin que los vayan a eliminar, el respeto de la voluntad de los electores sin las marrullerías de los politiqueros y autoridades electorales, y adelantar las contradicciones de modo civilizado. Y lógicamente el respeto a todo el pueblo colombiano.

El tiempo, ese veraz juez, mostrará si el estado está de verdad interesado en adelantar un proceso como el señalado, y si fuera cierto, las armas « desaparecerían » carcomidas por el herrumbre de la falta de uso. Ese día podríamos decir que estamos transitando « caminos de concordia, caminos civilizados ». Ese luminoso día veremos los luchadores populares blandiendo no un fusil, sino una Constitución que garantiza sus derechos. Llegará a ser cierta tanta belleza ?

La paz y la caída del gasto militar

Por su importancia traemos éste artículo de El Espectador. Colocaremos entre paréntesis y en rojo algunos comentarios nuestros). 

"Gobierno dice que recorte es porque están bien armados

Aunque informe de Indumil dice que recorte de gasto militar fue por la política de paz, hoy el director de la entidad y el Ministerio de Defensa desmienten lo informe.

Por: Alexander Marín Correa
  De $118.000 millones a $55.000 millones cayeron las ventas de productos militares de Indumil entre 2011 y 2012. / Cromos
 
El objetivo que se trazó el presidente Juan Manuel Santos desde su llegada, de alcanzar la paz en Colombia, hoy parece tener efectos sobre el presupuesto de las Fuerzas Militares para la compra de armas y municiones. Si bien los diálogos de La Habana (Cuba) se adelantan en medio del conflicto y el presidente ha insistido en que, de fracasar, todo seguiría igual a como venía, lo cierto es que el actual gobierno ha reducido la compra de productos militares en el mercado local. Lo paradójico es que mientras se registra esta reducción, la que repunta es la venta de armas a civiles y a empresas de seguridad.

Los datos están consignados en el último informe de gestión de la Industria Militar Colombiana (Indumil), empresa estatal que tiene el monopolio de venta de armas en el país. En el documento, conocido por El Espectador, se observa cómo cayeron sus ventas durante 2012, que se explica así: “La línea de productos militares ha decrecido debido a las nuevas políticas gubernamentales basadas en la búsqueda de la paz. Esto se ve reflejado en el recorte al presupuesto de las FF.MM., cliente principal del sector”. Esto indica que los acercamientos con las Farc han sido el motivo principal del recorte del gasto militar.

De acuerdo con el balance de la compañía, consignado en un informe de 215 páginas, se encuentra que mientras que en 2008 (gobierno Uribe) vendieron productos militares por valor de $191.000 millones, en los últimos años este rubro de venta ha disminuido de forma paulatina y el año pasado cayó a $55.000 millones. En cifras concretas, durante el gobierno Santos la compra a Indumil de armamento, munición, bombas, granadas y demás elementos para la FF.MM. ha caído 72%. (Para qué piden más armas los militares si ahora mismo están apurados porque sus fuerzas especiales se están retirando para irse al exterior a "venderse" a otros gobiernos, Arabia Saudita, por ejemplo?)

Aunque Indumil no sólo fabrica armas, munición y explosivos para las Fuerzas Militares, entre 2003 y 2009 este cliente representó entre el 40 y el 70% de sus ventas. Por ejemplo, en 2009 los ingresos operacionales de la empresa fueron de $475.844 millones, de los cuales $180.000 millones fueron negocios con la Fuerza Pública. Sin embargo, desde entonces esta línea de negocio viene en picada, al punto de que el año pasado representó apenas el 12,5% de sus ingresos. Es decir, $55.000 millones de los $400.000 millones que reportaron el año pasado.

La principal caída fue en la venta de fusiles, munición y granadas. La de explosivos y bombas se mantuvo estable. En cuanto a fusiles, Indumil comentó que mientras en 2011 vendieron $44.000 millones, el año pasado fueron $18.000 millones, lo que representó una reducción del 58%. En cuanto a granadas, las ventas cayeron de $9.400 millones en 2011 a $1.700 en 2012, lo que representó una caída del 81%. En este punto, la compañía explicó que “el Ejército Nacional...posee inventario de granadas para cinco años, debido a la disminución de las operaciones militares”.

En el caso de la venta de municiones hay algo particular. Mientras en 2011 las FF.MM. le compraron a Indumil balas de todos los calibres, por casi $42.000 millones, en 2012 gastaron $5.600 millones, lo que representa una reducción del 86%. Algo llama la atención: a pesar de que la Industria Militar del Estado fabrica la mayoría de proyectiles que requieren las FF.MM., Indumil atribuyó la caída de ventas a que “no hubo pedidos por las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional, porque le compraron a proveedores extranjeros”. Los directivos de Indumil calificaron esto como un contrasentido.

Frente a este panorama el analista Alfredo Rangel opinó que es claro que las operaciones militares ofensivas han tenido sustanciales reducciones con relación a años anteriores. “Este factor ha sido aprovechado por la guerrilla para aumentar sus acciones terroristas en el país, en especial en departamentos como Cauca, Santander, Arauca, Antioquia y Caquetá”. Y agregó: “Nuestros análisis han señalado que esa merma de operaciones militares se debe a la incertidumbre jurídica. Pero si es cierto que esta reducción se debe a la disminución de compras a Indumil, con el argumento de la política de paz, deben dar una explicación. También lo tiene que hacer el ministro de Defensa, los comandantes y toda la cúpula militar”.

Por su parte, Armando Borrero, analista y profesional de la Escuela Superior de Guerra, señaló: “Es difícil determinar a qué pueda obedecer esta baja. Pudo haber un equipamiento episódico que hoy no se está dando. En lo del gasto de munición, puede ser que ahora casi no hay combates y la mayoría de bajas de la Fuerza Pública se da por la minas antipersona. Pero son especulaciones. Ahora, también puede ser que haya un recorte en las FF.MM. y no han podido comprar, pero no creo que se pueda decir que es por la paz, pues es algo que no se ha concretado”.

Aunque la reducción de gasto militar es una medida que celebran los amigos de la paz y que critican los defensores de la carrera armamentista en procura de la seguridad, hay un ingrediente adicional que preocupa y que también se descubre tras analizar el balance de Indumil: la venta de armas a civiles y a empresas de seguridad privada recupera terreno. Es decir, los colombianos se están volviendo a armar. (No será más bien que es una política de las fuerzas militares?)

En los últimos años las cifras de venta de armas a particulares habían caído drásticamente por las políticas de restricción a su porte, al pasar de $30.000 millones en 2008 a $15.581 millones en 2011. Sin embargo, según Indumil, el año pasado el negocio repuntó al registrar un incremento de 40%, ya que en 2012 se reportaron ventas cercanas a los $21.500 millones. Los principales compradores fueron las empresas de seguridad privada (45%), seguidas de los civiles (31%) y las entidades del Estado (13%).

Tomando como referencia que un revólver de fabricación nacional se puede conseguir legalmente (con permiso) en casi $2 millones, los datos de ventas reportados por la Industria Militar indican que el año pasado llegaron a las calles del país casi 11 mil revólveres nuevos, de los cuales 4.840 están en manos de las empresas de seguridad privada; 3.340 en manos de civiles; 1.430, en entidades del Estado, y 770, en militares activos y retirados.

Un dato adicional, que sirve para dimensionar la situación: el año pasado la Industria Militar reportó ventas de munición por $7.203 millones. Los que más compraron fueron los civiles (38%), que duplicaron lo que facturó el Ejército Nacional (18%) y cuadruplicó la cantidad de las compañías de vigilancia (9%), la Armada Nacional (9%) y las empresas (10%). Aunque esto concuerda con el incremento de venta de armas a civiles, para Indumil la razón de estas cifras tiene que ver con la venta de cartuchos deportivos para torneos de tiro.

A pesar de que el recorte en gasto militar por la política de paz es un argumento que está en la página 10 del informe oficial de gestión de Indumil, que se elaboró en enero pasado, hoy el Ministerio de Defensa e Indumil lo quieren desmentir. Según ellos, esa afirmación es un “error garrafal” y la razón para la reducción en la compra de productos militares para la Fuerza Pública tiene otra explicación.

De acuerdo con Yaneth Giha Tovar, viceministra de Defensa para el grupo social y empresarial, esa es una relación que no comparte. Pese a que reconoció que se han dado recortes en el gasto militar, aclaró que nada tiene que ver con los diálogos de La Habana, sino con la falta de recursos que representó la eliminación del impuesto al patrimonio.

“Entre 2007 y 2010 tuvimos este impuesto y en esos años el Gobierno hizo grandes esfuerzos para equipar a las fuerzas. El presupuesto para gasto militar pasó de $200.000 millones a $400.000 millones en esa oportunidad. Sin embargo, con la eliminación del impuesto, el gasto también tuvo que disminuir. Afortunadamente en esos años quedamos al día en cuanto a necesidades de armamento y a partir de 2011 ya no hay tanta necesidad de comprar”, aseguró la funcionaria.
Por: Alexander Marín Correa

La pistola humeante

Por Daniel Coronell, Revista Semana.

A la exalcaldesa nuevamente nadie le prestó atención. En agosto del año pasado la mataron de ocho balazos, disparados en ráfaga desde una moto en Valledupar.
Una seguidilla de crímenes ha azotado a La Guajira. Familiares de los asesinados –y algunas de las víctimas que alcanzaron a hacerlo– han señalado la presunta responsabilidad en estos hechos del señor gobernador Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez o KG. Nada ha pasado con las
denuncias. Están ganando polvo en los anaqueles de La Guajira donde la palabra del gobernador es la ley. 

Denunciar no le sirvió de nada a la anciana wayú Francisca Sierra. Ella advirtió a las autoridades que iban a matar a su hija Martha Dinora Hernández. A pesar de haber puesto las amenazas en conocimiento de la Fiscalía –mencionando con nombre propio al gobernador– nadie investigó esa pista. Martha Dinora fue acribillada a 50 metros de una estación de Policía sin que nadie pudiera ver nada. Un tiempo atrás habían matado a Víctor Ojeda, esposo de la asesinada y yerno de la denunciante.

La historia de Yandra Cecilia Brito es aún peor. Ella fue alcaldesa de Barrancas, La Guajira, y en 2008 mataron a tiros a su esposo Ustariz Guerra y a Wilfrido Fonseca, que lo acompañaba. Ella aseguró que detrás del crimen estuvo Kiko Gómez e hizo su denuncia tan pública como pudo.

Le envió una carta al entonces fiscal Mario Iguarán, al procurador Alejandro Ordóñez y al entonces presidente Álvaro Uribe en la que les pedía protección y aseguraba: “Tal como lo señalé en la denuncia mis hermanos Saúl Javier, Saúl Rafael Brito Castillo y mi persona; hemos venido siendo amenazados telefónicamente por secuaces del señor Juan Francisco Gómez Cerchar, Kiko Gómez. Amenazas que empezaron dos meses después de la muerte de mi difunto esposo, originadas en el hecho de que estábamos investigando los motivos de su asesinato…”.

Las investigaciones nuevamente se quedaron engavetadas. A la exalcaldesa nadie le prestó atención. En agosto del año pasado la mataron de ocho balazos, disparados en ráfaga desde una moto en el barrio Guatapurí de Valledupar.

La Justicia no se imagina quién pudo haber ordenado ese homicidio, pero su desconsolada madre, Nedda Carrillo, ha denunciado –también infructuosamente– que quien está detrás es Kiko Gómez. Asegura además que la están amenazando desde el sepelio de su hija para que no siga averiguando por las muertes de sus parientes.

Ninguna investigación avanza contra el poderoso gobernador Kiko Gómez.

Tampoco le ha sucedido nada en el risible Consejo Nacional Electoral que terminó avalando su cuestionada elección en el cargo, ni en el Consejo de Estado cuya sección quinta produjo hace unos días un fallo favoreciéndolo. (Dicho sea de paso: ¿alguien sabe qué pasó con la investigación por el tráfico de fallos en el Consejo de Estado que implica por cierto a un célebre personaje guajiro?) 

Hace unos meses el periodista Gonzalo Guillén fue a La Guajira para indagar por los homicidios, por las investigaciones paradójicamente congeladas en el desierto y por otros fenómenos de corrupción. 

Guillén, veterano reportero de investigación con 36 años de experiencia, empezó pronto a encontrar las huellas de una alianza entre autoridades locales y miembros del hampa binacional que trafica combustibles, drogas y precursores químicos desde el Cesar en Colombia hasta Maracaibo en Venezuela. 

La investigación aún no ha sido publicada, pero la semana pasada fue descubierto un plan para asesinar al investigador.

Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, del Ministerio del Interior, alertó sobre un atentado en marcha para matar al periodista Gonzalo Guillén y a los investigadores sociales León Valencia y Ariel Ávila, quienes desde la Fundación Arco Iris en el año 2011, habían mostrado las prácticas torcidas de la política en La Guajira, incluyendo las alianzas con grupos delincuenciales.

Según la Policía, a cargo de la ejecución del crimen está un hombre conocido con el alias de 'Morroncho' que –casualmente– viene de La Guajira.

Las autoridades, en su sabiduría, han podido determinar después de las exhaustivas pesquisas de rigor que detrás de la preparación del triple homicidio están, sin duda, “las bandas criminales” y “los enemigos de la paz”.

Hay Hitler

Por: Lisandro Duque Naranjo

En este momento hay un gran debate en España, a propósito del homenaje que le hizo la delegada catalana del partido de gobierno, María de los Llanos Luna, a la famosa “División Azul”, fuerza franquista que sirvió bajo las órdenes de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

 Todos los partidos políticos de ese país, con excepción del PP, demandan la renuncia de la funcionaria, y por supuesto una explicación sobre el porqué de su presencia en acto tan repudiable.

En Chile, mientras tanto, el empresario local Sven von Appen —hijo de Albert von Appen, un confeso nazi expulsado de ese país en 1945—, dio un reportaje en La Segunda, en el que se refiere a sus paisanos —los chilenos, obviamente—, con términos muy zootécnicos: “…se volvieron hambrientos de mayores beneficios…” (…) “…este ministro de Hacienda y este presidente crearon un avance que también se dio en el pasado con un presidente muy bueno” (Pinochet). (…) “A los chilenos les ha crecido tanto el apetito, que no pueden parar. Eso hará que engorden y se pongan más cómodos”.

Al final expresa su deseo de que gane la izquierda para que los chilenos “no se sigan elevando”. Algo así como bajarlos de esa nube, para que no abusen tanto de las bondades del capitalismo. A los pocos días de ese reportaje tan sincero sus hijos enviaron al periódico una carta en la que piden disculpas, pues “desde hace algún tiempo nuestro padre sufre de una enfermedad degenerativa propia de la vejez contra la cual lucha día a día…”.

En esa materia, sin embargo, los colombianos nos llevamos a los chilenos y a los catalanes por delante, pues no sólo tenemos partido nazi, sino un procurador que quemó libros impíos (Cien años de soledad entre ellos), y ni se arrepiente de eso ni ha sido suficientemente explícito respecto a su negacionismo del holocausto hitleriano.

Además, tenemos al general retirado Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore, quien el pasado jueves atribuyó el asesinato de Manuel Cepeda al hecho de ser “líder de las Farc”, e insultó a Iván Cepeda con expresiones como “a usted le falta clase y señorío”, “sea varón”, y vulgaridades de ese estilo, muy propias, la primera, de comentarista de torneo de belleza, y la segunda, de patio de cárcel o de palacio presidencial durante la seguridad democrática.

Hasta el momento, ni la familia del procurador ni la del general han informado a los medios sobre el desgaste de los desinhibidores cerebrales de ese par de señores.

El nazismo es un concepto facilista del mundo, que reclama de sus adeptos ser de una simplicidad intelectual básica, carecer de dudas, dejarse llevar por lo primario, rechazar lo inédito. Emocionarse con el lugar común, respetar las frases ya hechas, creer en la verdad absoluta y llegar al éxtasis con los colores, los ritos y los himnos de su causa. Nazi que se respete puede incluso cometer, o presenciar, un homicidio atroz, y considerarlo no sólo necesario sino edificante si le disminuye adversos a su jefe, o a su accesible ideología. Se trata de dejar el mundo tal como está, y de salvar, de la manera más primitiva posible, lo permanente frente a lo supuestamente desconocido, sea esto de carácter racial, sexual, religioso, político, jurídico, etc.

El nazismo, como política de Estado, y con la anuencia de un electorado mayoritario, tuvo su apoteosis durante el Tercer Reich, con una carnicería humana que dejó estupefacto al planeta. A causa de ese horror, y del grito que llevan poniendo en el cielo 20 millones de víctimas a lo largo de los últimos 68 años, todos jurábamos que el repliegue de sus fervorosos era definitivo. Pero qué va, se están cogiendo confianza para irrumpir de nuevo. No con pedazos de influencia en algunas posiciones, sino con todo el poder para lograr, otra vez, “la solución final”.
  • Lisandro Duque Naranjo | Elespectador.com

Segunda conversación con FARC: 'Uribe nos despejó en el Valle'

De nuevo en el Hotel Sevilla, me encontré –cita previa– con los negociadores de las Farc en La Habana: Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Jesús Santrich y Marco León Calarcá.

Por: Alfredo Molano Bravo.
 ‘Iván Márquez’, ‘Marcos Calarcá’ y Jesús Sántrich’, miembros de la delegación de paz de las Farc, el lunes 29 de abril de 2013, en el Palacio de Convenciones de La Habana. / EFE
  En un rincón de la gran sala comenzó la conversación. La delegación del Gobierno había llegado en la tarde y Sergio Jaramillo había dictado una polémica conferencia en la Universidad Externado la noche anterior. Creo que buena parte de los temas que los comandantes desarrollaron tiene que ver con esa conferencia, que, confieso, no había leído, encantado con la arquitectura y la afabilidad de la gente de Santiago de Cuba, en donde fui, casi como un peregrino, a conocer el cuartel Moncada, donde comenzó la historia movimiento del 26 de julio y la revolución cubana.

Alfredo Molano Bravo: Hablemos de la pequeña historia del acercamiento secreto con el gobierno de Santos.

Pablo Catatumbo: Los primeros pasos de la negociación que hoy se desarrolla en La Habana están arropados por un pacto de confidencialidad que no podemos divulgar. Sin embargo, hay unos antecedentes que deben ser conocidos o recordados.

AMB: ¿Como cuáles?

PC: Hay hechos que el país no conoció en su momento y que hoy se deben contar para ir abriéndole campo a la verdad histórica.

Al comienzo de los años 90, en el gobierno de Gaviria, estuvimos muy cerca de un arreglo de verdad, un “acuerdo en lo fundamental”, como dijo Álvaro Gómez. Convocada por medios irregulares una asamblea constituyente, las Farc se mostraron interesadas en participar, entre otras cosas porque Jacobo Arenas había lanzado la iniciativa desde los acuerdos de La Uribe con Belisario. Más aún, para darle espacio a la Unión Patriótica, propusimos la elección popular de alcaldes y gobernadores.

Nosotros estábamos preparados para la constituyente, y el gobierno de Gavira, sin oponerse públicamente a nuestra participación, barajaba sus cartas. Con una de ellas en el bolsillo llegaron altos funcionarios del Gobierno a conversar con Marulanda un mes antes de la elección de constituyentes; buscaban definir el número de constituyentes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), compuesta por ELN, EPL, FARC y M-19 en la asamblea constituyente. Conversaron con Marulanda y con Alfonso en muy buenos términos hasta que se trató el número de constituyentes de la Coordinadora. Días antes se habían reunido sus jefes Francisco Caraballo, el cura Manuel Pérez, Carlos Pizarro con Marulanda para definir nuestra participación. Las cifras eran muy distintas y la diferencia muy grande. Gaviria ofrecía cinco cupos y la Coordinadora pedía 20. Una vez puestos los números sobre la mesa, los delegados dijeron: “Los toman o los dejan”.

Marulanda no contestó ni sí ni no, dijo solamente: “Necesitamos un tiempo para consultar con todos los miembros de la CGSB”. No hay tiempo, respondieron en forma perentoria los funcionarios, el helicóptero no puede volar después de las 5 de la tarde. Ustedes deben tomar la decisión ya. Marulanda no podía tomarla y les dijo: “Quédense esta noche aquí y mañana encontramos una solución”. Respondieron: No, no tenemos tiempo. Marulanda les ripostó: si no tienen una noche para conversar, ¿qué tiempo le van a dedicar a la paz? Así que el helicóptero salió aquella tarde sin una respuesta. Un mes después, el día de la elección de constituyentes, el Ejército bombardeó los campamentos del río Duda. Fue la llamada Toma de Casa Verde, que ni fue en Casa Verde ni fue toma; el coronel Alfonso Velázquez reconoció después en un escrito que el alto mando militar admitió que el operativo había sido un gran error militar. La realidad es simple y llana: No nos liquidaron, allá seguimos. Lo digo ahora: Los ultimátum no sirven con las Farc.

Fue el momento en que más cerca hemos estado de un acuerdo de  paz. Es obvio que si nosotros participamos en una constituyente y compartimos su redacción, de hecho, nos acogemos a ella sin reservas y queda sin fundamento el alzamiento armado. La insurgencia no puede seguir alzada en armas contra una Constitución que ha suscrito.

El error de Gaviria y del M-19 fue pretender que se podía hacer una paz parcial, una paz oportunista sin que estuviéramos todos. La arrogancia de dirigentes alejados del pueblo y desconocedores de la realidad histórica, como César Gaviria, impidió un acuerdo que era muy posible y que habría sido muy sólido.

Jesús Santrich: Se bombardeó una posibilidad de paz. En lugar de cerrar el terrible capítulo de la guerra, Gaviria y su comisionado, Rafael Pardo, prefirieron negociar con Carlos Pizarro –un hombre a quien respetamos porque dio su vida por los ideales–, pero al que, cabe recordarlo, le facilitamos los medios económicos  de los que carecía el M-19 para que pudieran poner en libertad a Álvaro Gómez cuando lo retuvieron. La historia de esa verdad no está escrita. Como dice Pablo: Con nosotros no valen ultimátum. Esas bravuconadas definitivamente no sirven, y se lo decimos sin arrogancias. En cambio se perdió la oportunidad de ahorrarle al país miles de muertos, de dolor y de sufrimiento.

AMB: ¿Por qué las FARC no negociaron con Samper? 

Iván Márquez: El gobierno de Samper no tenía legitimidad suficiente para adelantar una negociación de paz. Los militares lo tenían bloqueado. Bedoya blandía el sable cada vez que el presidente hablaba de paz. Cuando se comenzó a hablar de un despeje de la Uribe, una zona despejada de hecho porque el Gobierno no sabía ni dónde quedaba ese municipio, Bedoya se insubordinó y le pidió a Samper dar la orden por escrito con el objeto de legitimar un golpe militar. Samper no tenía con qué hacer frente al poder de los militares. Carlos Holmes, ahora precandidato de Uribe, era un simple lagarto. Le propuso al Secretariado, en su desesperación y su impotencia, unir los ríos del suroriente para desarrollar el país. Una goyenechada pura y simple. Samper  propuso negociar en medio del conflicto, lo que para nosotros ha sido siempre un error que mucho cuesta. Algún día se conocerá la correspondencia lambona que sostuvo en esa época Carlos Holmes Trujillo con Jacobo y Alfonso.

AMB: ¿Pero acaso la tregua bilateral no les da una ventaja militar a ustedes?

JS: No nos da ventajas, nosotros dimos una tregua unilateral y el Gobierno no la interpretó como un gesto de buena voluntad sino como un síntoma de debilidad. Quisimos mostrar que suspendiendo las acciones militares ofensivas no se fortalecía el Ejército. No lo entendieron. Quizás el país y la comunidad internacional sí lo comprendieron.

AMB: ¿Y cómo fue el rollo con Pastrana? 

Marco León Calarcá: Pastrana confiesa en su mamotreto de 800 páginas que el Caguán fue una estrategia para poder armar al Ejército, que jamás tuvo una real voluntad de paz. Lo reconoció Víctor G. Ricardo: las FF.AA. no tenían ni pertrechos, ni botas, ni gasolina para los aviones. Si las Farc hubieran advertido este hecho, no se habrían sentado a conversar con el Gobierno. Además, Pastrana se había comprometido, como recordó hace poco Felipe López en el reportaje, excelente por lo demás, que le hace Juan Carlos Iragorri, a combatir al paramilitarismo, lo que nunca hizo. Ese fue el fracaso del Caguán.

Hoy debería leer el libro el presidente Santos, quien debido a sus múltiples ocupaciones, seguramente no ha tenido oportunidad de mirarlo. Marulanda, que era un experto en emboscadas, sabía lo que el gobierno de Pastrana buscaba y por eso dejó la silla vacía. Pero era un guerrero noble y le hizo saber a Pastrana que no asistiría a la apertura formal de las negociaciones en San Vicente. Pastrana se presentó para hacer quedar mal a Marulanda. Si bien la silla quedó vacía, no cayó en el vacío su discurso, un discurso que se debe volver a leer con cuidado. No se trataba de que se le pagaran unas gallinas y unas mulas. Cuando Eastman, el pequeño, le preguntó: “Comandante, ¿usted no quisiera volver a Marquetalia y tener una finca cafetera grande con ganado y mulas?” Marulanda le dijo, sin ofenderse: “Sí, quiero, mijo, una finca grande llamada Colombia, no con mulas sino con tractomulas para mover todo lo que se produce”.

AMB: Y con Uribe ¿hubo acercamientos?

PC: Y muy serios, a pesar de su gritadera bélica. Uribe no es un guerrero, es un bravucón. Antes de terminar el segundo gobierno, cuando su candidatura estaba haciendo aguas, un empresario al que las dos partes teníamos confianza –un verdadero facilitador– hizo un puente con Luis Carlos Restrepo y por ahí con Uribe. La embajada americana y la Iglesia estuvieron informadas del paso, según nos enteramos por wikileaks. Pasaron unos días hasta cuando recibimos una carta muy amable y bien escrita firmada por Frank Pearl, en ese momento consejero de Uribe, que planteaba un diálogo secreto en Brasil con Alfonso Cano o conmigo.

Nosotros analizamos con seriedad la iniciativa y concluimos que estando por finalizar el gobierno, no tenía sentido abrir un proceso sin saber quién podría ser el nuevo mandatario. Así que se contestó con un “No, gracias; por ahora no”.

De todas maneras quedó en el ambiente el ánimo de la iniciativa para encontrarnos en la zona donde yo operaba –Barragán, Santa Lucía, La Mesa–. El Ejército despejó en efecto el área, a pesar de lo que el ministro de defensa declaraba en público. Nos mandaron decir que esa era una prueba de la voluntad de conversar, pero el Gobierno estaba ya de salida y nosotros leímos lo que era cierto: Uribe necesitaba nuestro apoyo.

AMB: ¿O sea que durante el gobierno de Uribe si hubo un despeje?

PC: Sí señor, así fue. Se puede verificar por las fechas.

IM: Más aún, hubo otro antecedente por allá a mitad del gobierno de Uribe. El presidente nos hizo saber que estaría dispuesto a despejar los municipios de Florida y Pradera si Marulanda estaba dispuesto a conversar, pero que el único problema era que ese despeje incluía los ingenios azucareros de Ardila Lulle. Álvaro Leiva les hizo caer en la cuenta del error. Se trataba de un encuentro con el Bloque Occidental de las Farc y ya estábamos listos a viajar al sitio con Caliche, Pacho Chino, Leonel Páez, Reinel, mejor dicho, el alto mando.

AMB: ¿Y por qué razón no se llevó a cabo el encuentro?

JS: Porque cuando las cosas estaban listas, estalló una bomba en la plaza de la Universidad Militar. Puro ruido. No hubo heridos ni muertos, pero el Gobierno concluyó que nosotros la habíamos puesto y se canceló el encuentro. Como no fuimos nosotros, sabíamos qué buscaba el que la puso. Los medios le dieron un gran despliegue al hecho y algunos –los de siempre– dijeron que el acto mostraba la hipocresía de las Farc, su doble juego. Después enredaron todo con una mujer que sacaron de la manga y que dizque nos hacía inteligencia. Una falsa Mata Hari criolla.

AMB: Ahora hablemos de las relaciones con Santos

IM: Después del desencuentro con Uribe vino el “ruido de llaves” que hizo Santos en el discurso de posesión. Lo interpretamos como un buen mensaje y no nos equivocamos, porque un día nos llegó un texto autorizado por él, pero sin su firma, diciendo que el Gobierno podría estar interesado en explorar una solución política al conflicto armado. Ya el Gobierno hablaba de conflicto armado y no de amenaza terrorista, lo que era un paso significativo.

Alfonso Cano respondió, en medio de un intenso acoso militar, con una conferencia grabada que dio a lo que él llamaba la “guerrillerada” y que difundimos ampliamente. Alfonso decía más o menos: “Sí, exploremos”. Después envió otro mensaje más claro: “Conversemos”.

Hay que decir –añade Iván Márquez– que el papel del presidente Chávez en las aproximaciones fue definitivo. Después de ocho años de guerra sin cuartel, de guerra a muerte, nosotros desconfiábamos de todo. Chávez aclimató con paciencia y sabiduría la necesaria confianza en una salida negociada. Todos los primeros pasos se dieron en  Colombia con su ayuda.

AMB: ¿Hubo alguna condición previa?

PC: Por parte nuestra, la única condición fue que la clase dirigente, representada en los dos partidos tradicionales, estuviera  dispuesta a reconocer su responsabilidad histórica en la violencia desde sus orígenes hasta el presente; ese solo hecho abriría una perspectiva, una avenida de paz, porque se restablecería la verdad histórica. Santos, hay que subrayarlo, estuvo de acuerdo. Las únicas condiciones que pusimos nosotros fueron las de tener esa disposición de ánimo para conversar y que las Farc nunca aceptarían un acuerdo que no incluyera la reforma agraria y la justicia social.

AMB: ¿Y de las armas, qué?

JS: Nosotros tenemos una disposición sincera y serena para participar en los cambios que el país requiere si hay democracia. Nunca hemos dicho que sólo con las armas se llega al poder. Marulanda dijo: “Si los cambios se hacen por la vía democrática, las armas serán innecesarias”. Nosotros no estamos apegados a ellas. Pero no aceptamos la pax romana que quieren imponernos. A la hora de la verdad, si hay buena voluntad de las partes, las armas son un asunto secundario. El IRA no ha entregado una sola pistola y hoy hay gobierno y democracia en Irlanda del norte. El pacto, convertido en texto constitucional, las haría inútiles. Inclusive podríamos dar cumplimiento a un precepto constitucional lógico: En Colombia hay un solo Ejército. Pero hay muchos casos que están vivos, como la muerte de Guadalupe Salcedo. Desmitifiquemos la entrega de armas. Las armas no se disparan solas, se tornan inútiles. Si los compromisos se cumplen, son innecesarias; si hay una voluntad de paz verdadera, todo se arregla. ¿Acaso no es bueno para ellos reducir el PIB “de armas” de casi el 6 % al, digamos, 4 %? ¿Cuántos kilómetros de carretera se podrían hacer con ese 2%? ¿Cuántos subsidios de vivienda se podría dar? ¿Cuánta salud no se podría dar? No se le puede sacar el cuerpo al problema de la salud. Es, hoy por hoy, el asunto que más le preocupa al pueblo. El Gobierno le pone pañitos de agua tibia a un enfermo moribundo como es la Ley 100.

AMB: Ustedes han adelantado, según parece, un buen trecho en el tema agrario con las zonas de reserva campesina. ¿En qué van?

IM: Hablemos claramente. Nosotros no estamos pidiendo que sean soberanas sino que sean autónomas, como lo son los municipios que tienen un consejo, una administración elegida, que hacen sus planes de desarrollo y cuidan su medio ambiente; que pueden planificar el uso de regalías y manejar las transferencias, que pueden llegar a votar una decisión que consideren pone en peligro su estabilidad ambiental. Ese cuento de las “republiquetas independientes” es una falacia inventada por los militares para desconocer un programa originado en el campesinado y reglamentado por una ley de la república. Quisiéramos decir que sobre el primer punto de la agenda llevamos redactadas en limpio como acuerdo diez cuartillas. Avanzamos. Venimos a meter el acelerador a fondo. Ya entramos hoy miércoles 15 de mayo en el tema de la laborización del trabajo rural para que los campesinos tengan derecho a vacaciones, prima, cesantía, salud, pensión.
MLC: Es paradójico, lo que el campesinado y las Farc están pidiendo en materia agraria es que se cumplan dos leyes fundamentales, la Ley 200 del 36, que da derecho de propiedad a los poseedores de mejoras –que es lo que se pide cuando se habla de los nueve millones de hectáreas–, y la Ley 160 de 1994, que crea las zonas de reserva campesina. O sea, que se atiendan las solicitudes hechas por los campesinos de reconocer sus mejoras y convertirlas en zonas de reserva campesina. Es simple: que se cumplan las leyes que ellos mismos han redactado en la Constitución.

JS: Si el Gobierno no cumple sus propias leyes, ¿cómo podremos confiar en que cumpla los acuerdos que se firmarían?

AMB: Ustedes piden cambios sociales, pero ¿dónde está la línea entre lo posible y lo que no se puede pedir sin caer en lo irrealizable? 

MLC: Nosotros estamos dispuestos a un acuerdo de paz con justicia social. No estamos pidiendo la “revolución por contrato”, sino una reestructuración política sólida que nos permita participar en la construcción de una verdadera democracia; podríamos pactar una larga tregua, una tregua de varios años para compartir la responsabilidad de sacar el país de la pobreza y de la injusticia.

AMB: El Gobierno ha dicho que ni la política económica ni la doctrina militar son negociables, y ustedes firmaron el acuerdo que excluye esos temas.

IM: El gobierno de Santos nos cierra esta puerta al impedirnos negociar la política económica. ¿Cómo vamos a hablar de justicia social con los TLC que están arruinando a los cafeteros, a los arroceros, a los agricultores de papa y de maíz, a los productores de lácteos, que, como hemos visto, están hoy protestando y organizándose? ¿Cómo vamos a pasar por alto la política económica que permite el robo del oro y del carbón que están haciendo las grandes mineras? ¿Cómo vamos a hablar de justicia social viendo cómo arrasan con la altillanura, acaban con su gente y con sus recursos hídricos? Es necesario recordar que el Acuerdo firmado con Santos dice muy claramente que “el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso”. ¿Cómo entonces hablar de construcción de la paz sin hablar del desarrollo económico con justicia social? El Gobierno alega que el preámbulo del acuerdo firmado no hace parte del acuerdo. ¡Es como decir que el preámbulo de una constitución, su marco general, su espíritu, no son vinculantes! ¡Absurdo! ¡Un preámbulo no es una nota decorativa!

JS: La discusión del modelo de desarrollo se está dando en la calle, el cuestionamiento a los TLC es tema de discusión en toda reunión.  Los editoriales de prensa lo traen a cuento. ¿Acaso la crisis de Grecia, de Italia, de España no están impugnando el llamado Consenso de Washington? Pero aquí está prohibido discutir un modelo que ha demostrado ser el motor de la injusticia social y de la exclusión económica.

PC: Más aún, si vamos a hablar de paz y vamos a hablar de armas, ¿cómo podemos pasar de agache ante una doctrina militar que ha tolerado al paramilitarismo? Ahora nos quieren vender el cuento de que los militares –algunos, muchos, no importa– nada han tenido que ver con la formación de un ejército que llegó a tener –y tiene– varios miles de hombres armados. ¿Cómo podemos aceptar que semejante fuerza que cometió los crímenes más atroces que el país haya conocido se formó, creció y se fortaleció a espaldas de los generales, sin que en más de 20 años se hubiera producido un solo combate con la Policía y el Ejército?
¿Qué clase de generales tenemos entonces? La doctrina militar vigente debe ser discutida por el país porque sus efectos están a la vista de todo el mundo. Baste con leer los periódicos, baste con contar los muertos y las desapariciones registrados por las ong. ¿Cómo sabe el Ejército cuantos hombres y mujeres en armas tenemos, sus edades, su lugar de nacimiento, y no dice cuántos hombres, mujeres y niños han muerto en el país durante los 60 años de confrontación armada? La sola cifra es un argumento para que se discuta una doctrina militar que ha favorecido tal cantidad de muertos y desaparecidos, de falsos positivos, de masacres, de torturas. Saquemos los trapos al sol, todos los trapos, y que esto sea, en vez de un tendedero de muertos, un tendedero de confesiones francas y valientes. No le temamos a la verdad de la guerra, una guerra en que están comprometidas dos partes y no una sola.

AM: ¿Cómo destrabar el embrollo en que estamos metidos? 

PC: El país está maduro para escuchar con serenidad una declaración de responsabilidad histórica en el desastre que hemos vivido durante 60 años. Esa sola señal sincera por parte del Gobierno permitirá avanzar en transformar el acuerdo firmado en un tratado de paz. Que se reconozcan las víctimas del conflicto, las víctimas de las dos partes. Que se pongan sobre la mesa todos los componentes del rompecabezas, que se traigan a la mesa todas las víctimas y todos los victimarios, siempre y cuando se reconozca que nosotros nos armamos en legítima defensa y que en legítima defensa hemos sostenido una larga guerra sin ser derrotados.
Quiero decir una cosa en voz alta: Este Secretariado está dispuesto a buscarle de una vez por todas la comba al palo. Propendemos por una participación activa de todo el pueblo, y la fórmula histórica es una asamblea constituyente.
AMB: ¿Están ustedes tan seguros de tener en ella mayoría, o mejor, de no ser una minoría que pueda ser aplastada? 

PC: Creemos que el pueblo nos oye. Pero si el pueblo decide por mayoría hacernos a un lado, aceptamos su veredicto. Son las reglas del juego. Nosotros le apostamos a una asamblea constituyente con carácter legislativo para que no vuelva a pasar lo que pasó con la del 91, en la que, por ejemplo, el principio de ordenamiento territorial no ha podido salir del limbo. Ahora, con la propuesta de Zonas de Reserva Campesina, puede tomar vida.

Por último, lo digo para que se oiga: A Santos le falta gobernabilidad. No se puede negar. Necesita una mayoría fuerte para poder firmar la paz y nosotros estamos dispuestos a ayudar a construirla siempre y cuando tenga ese único objetivo: la paz, la reconciliación política definitiva entre colombianos.


Por: Alfredo Molano Bravo

El país no ha podido apartarse del machismo y la agresión

Agencia de Noticias UN- Bogotá D.C., may. 15 de 2013 -  La violencia intrafamiliar supera los costos en dolor del mismo conflicto armado. De ahí la necesidad de profundizar en la democratización de las relaciones familiares, aseguran expertos en el tema.

Según un estudio de Corpovisionarios, el maltrato intrafamiliar está afectando a la sociedad colombiana. Este flagelo, que constituye la violencia doméstica, comprende todo acto de agresión intencional física o psicológica que un miembro de la familia realiza a otro del núcleo familiar o entre personas que, sin ser familiares, viven dentro de la misma agrupación.  

Ligia Galvis, abogada, doctora en Filosofía y catedrática de la Maestría de Trabajo Social, Familia y Redes Sociales de la UN, dijo al programa UN Análisis* de UN Radio: “Las conductas que antes eran legitimadas como instrumentos pedagógicos —formas de castigo, opresión y constreñimientos— hoy son prácticas prohibidas desde un modelo de sociedad fundado en relaciones respetuosas que deben reconocer la dignidad de las personas en el interior de la casa”. 

Se trata de una transición donde aparecen nuevas costumbres de reconocimiento a la dignidad de las personas, “pasando del castigo a concertaciones, libertad de opinión y procesos de expresión y participación dentro de la familia”, agregó. 

Asimismo, Óscar Useche, economista, sociólogo y profesor de la Universidad Minuto de Dios, indicó: “Es una transición con mucho sufrimiento humano, cuando la familia debiera ser un espacio del cuidado atravesado por el amor, donde se puede crear una comunidad que aprende. Sin embargo, no hemos podido librarnos del patriarcado, del machismo y de esa idea de expresar la hombría a través de la agresión”. 

Hay una asimetría entre quienes tienen poder de dominio y se aprovechan de la situación del débil (quienes están a su cuidado). A su vez, hay un matoneo que se traslada a la escuela, las calles, por lo que se debería replantear una visión al respecto”, precisó Useche. 
Alejandra Ariza: “hace falta un programa de atención que a nivel nacional atienda a victimarios”.

Por su parte, Sandra Milena Franco, directora docente del Departamento de Estudios de Familia y directora del Programa de Desarrollo Familiar de la Universidad de Caldas, expresó: “Nos hace falta avanzar en términos de los procesos de educación y pedagogía para tener mejores relaciones familiares, donde se ha olvidado que el mundo es de colores, plural y la familia debería ser ese espacio”. 

Los académicos manifestaron su preocupación por la validación cultural que se ha dado al maltrato, Incluso, distintas estadísticas demuestran que las personas prefieren no interferir cuando hay este tipo de actos violentos. 

Según Alejandra Ariza, coordinadora de proyectos de intervención en comunidad y familia de Corpovisionarios, centro de pensamiento sobre comportamiento y cultura:

Hace falta un programa de atención que a nivel nacional atienda a victimarios. Como es un tema que involucra a mujeres y niños en su mayoría, es importante una atención preventiva desde la infancia. Además, la violencia de hombres contra mujeres es de un 90% y, en el caso de los niños, estos son agredidos por mujeres. Hay que pensar estrategias distintas para cada sexo”. 

Asimismo, Ariza advirtió que se está disparando de manera alarmante la violencia en el núcleo familiar, independientemente del tipo de familia o de la condición socioeconómica: “Es un problema generalizado en la sociedad colombiana, con tendencia al aumento. Por lo tanto, debe atenderse de manera apremiante y hacerse una reflexión de largo aliento”. 

Los expertos analizaron que se trata de una sociedad que cambia y se transforma, de ahí la necesidad de un modelo democrático, en donde haya espacios en los que todas las opiniones tengan presencia. 
Finalmente, Miryam Jimeno, antropóloga y profesora de la UN, llamo la atención sobre los modelos culturales: 

“Es de importancia trabajar en políticas públicas sobre estos modelos, particularmente sobre qué es y cómo ejercer autoridad en la intimidad, tanto en la relación padres e hijos como en pareja. En la medida en que sea una autoridad persuasiva, sin acudir a la violencia, se pueden reducir los índices de violencia domestica”.

* Escuche nuevamente el programa en el link: http://www.unradio.unal.edu.co/detalle/cat/un-analisis/article/lunes-de-politica-10.html
 
UN Análisis se emite de lunes a viernes a partir de las 7:30 a.m. por UN Radio (98.5 FM en Bogotá y 100.4 en Medellín), en el sitio web www.unradio.unal.edu.co o consúltenos en Twitter y Facebook.
(Por:Fin/PAPG/CAPG/nics/fgd)
N° 69
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

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