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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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« A paso lento que tengo prisa »

José María Carbonell, Cambio Total.

La sabiduría de los representantes populares en la Mesa de Conversaciones de La Habana, es decir, las FARC-EP, los lleva « a paso lento, pero seguro » hacia la construcción de Acuerdos que siembren una Paz duradera. No puede ser de otra manera. A las FARC-EP no le preocupan las « angustias » que el calendario electoral le produce al equipo de gobierno.

Una Paz que se defina como verdadera Paz debe en primer término ser producto de profundos análisis y debates al interior de la Mesa de Conversaciones. « De la carrera sólo queda el cansancio », dice el adagio popular muy acertadamente, y la « carrrera » sólo produciría Acuerdos sin la exhaustiva investigación que quizá produciría en el Estado la « reculada del ovejo » o su incumplimiento, cosa a la que estamos « acostumbrados » los colombianos de parte de los funcionarios estatales.

« Llego, prometí y me fuí », es la máxima aplicada por los funcionarios estatales en cada desastre natural. Por ejemplo, con los damnificados del invierno -3 millones de campesinos, cientos muertos- se escucharon las promesas del presidente JM Santos y los dineros girados solo sirvieron para engrosar los bolsillos de los gobernadores y alcaldes y sus correspondientes campañas electorales. A lo que le suman la mentira como forma de salir del paso ante los problemas.

Si la ONU desde 1990 está luchando por un estatuto que frene la nociva injerencia de las multinacionales en los derechos umanos y  la vida de los países y sólo hasta ahora logra concretar un mínimo acuerdo, por qué van a exigirles a las FARC « celeridad », ah ? Cuáles son las razones de la precipitud gubernamental ? Las elecciones ? Ningún mejor escenario para unas elecciones que un proceso de Paz. Por qué el gobierno no aprovecha las elecciones para « meterle pueblo al Proceso de Paz » ? 

Las FARC-EP han preferido unas discusiones lo más profundas posibles, que aborde cada punto hasta en sus mínimas expresiones, a fin de que no quede ningún cabo suelto del cual los « enemigos de la Paz » puedean tirar y deshacer toda la madeja de la Paz. Por el contrario, el gobierno, movido por sus angustias electorales personalistas, pretenden que las FARC le « metan el acelerador » al proceso y por ello escuchamos, vemos y leemos todos los días la perorata de sus medios dejando entrever la « dejadez » de las FARC. No saben que « no hay mejor caldo que el que se cocina a fuego lento ».

Igualmente, a las FARC esas preocupaciones del tiempo las tienen sin cuidado ya que los tiempos populares son otros y las necesidades son otras. Al pueblo no le interesa quién esté en la « Casa de Nari », sino si el que está de inquilino quiere o no quiere construir la Paz con él. Porque como siempre estamos ante dos escenarios : guerra o paz. Si quieren seguir la guerra que ellos decretaron -y decretan cada 4 años-, pues las FARC la sigue, con todo el dolor del alma para el pueblo. Si quieren construir la Paz, las FARC están prestas a hacerlo. El pueblo estaría contento, como lo demuestra por estos días, a pesar de los « coletazos » de los « enemigos de la Paz » que siguen realizando el Terrorismo de Estado y su reguero de sangre en todo el suelo patrio.

Nosotros desde nuestra orilla civil sabemos que los representantes populares en la Mesa de Conversaciones se mueven por cuestiones de principios. Por ello no hay preocupaciones en el pueblo como la expresada por el coordinador del equipo gubernamental De la Calle cuando dijo que « todos los delegados gubernamentales deben estar de un solo lado », quizá porque no hay nada más demoledor de las posiciones de poder oligárquico que esgrimir la verdad en boca de los representantes populares.

«No por madrugar mucho, amanece más temprano», reza el adagio popular. « Cada cosa tiene su tiempo », decía mi abuela. Serán éstos los verdaderos tiempos de la Paz en Colombia ? « Amanecerá y veremos », dijo el ciego

[Crisis alimentaria y climática] Comida que calienta

Silvia Ribeiro
Investigadora del Grupo ETC
Adital

Dos de las mayores crisis planetarias que vivimos, la crisis alimentaria y la crisis climática, tienen como causa principal el sistema alimentario agroindustrial: desde la agricultura y pecuaria industrial a los supermercados forman una cadena que oprime a la gente y exprime al planeta, con Monsanto firmemente tirando de un extremo y Walmart del otro.

México es un triste ejemplo de ello (Ver Comer o no comer ¿quién decide? La Jornada, 25/8/12)
El papel de esta cadena en provocar el caos climático es fundamental, pero como esta realidad es muy diferente de lo que nos dice la propaganda empresarial, muchos se preguntan en qué se basan estas afirmaciones. Una referencia obligada es el documento de Grain Alimentos y cambio climático, el eslabón olvidado (www.grain.org), que da cuenta de las principales entre más de 350 fuentes de las que parten.

La mayoría de los estudios oficiales –desde el Informe Stern del Reino Unido al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y otras instituciones– ubican a la agricultura industrial –a gran escala, en monocultivo, con alto uso de insumos (fertilizantes, agrotóxicos, semillas híbridas o transgénicas)– como causante de 11 a 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), dándole el tercer o cuarto lugar entre los factores causantes del cambio climático.

Sin embargo, esto no refleja la totalidad del problema, porque el sistema alimentario agroindustrial está directamente relacionado a porcentajes importantes de otros grandes factores identificados como causantes del cambio climático (transportes, producción de energía, deforestación).

La deforestación y cambio de uso de suelo, a lo que se atribuye hasta 20 por ciento de la emisiones de GEI globales, se debe entre 70 y 90 por ciento a la expansión de la frontera agrícola, que invade sabanas, cerrados, bosques y humedales para instalar monocultivos industriales de commodities controladas por trasnacionales, como soya, caña de azúcar, palma aceitera, maíz industrial y canola. Por tanto, entre 15 y 18 por ciento de las emisiones adjudicadas a deforestación son en realidad parte del sistema agroindustrial.

Otro factor es la gran cantidad de transportes que exige ese sistema alimentario, desde el traslado de cosechas a depósitos centralizados, a centros de procesamiento, puntos de distribución, venta y además una enorme cantidad de desplazamientos internacionales de alimentos que en su mayoría son innecesarios, pero se hacen por el lucro que obtienen las corporaciones comprando barato en un país y vendiendo caro en otros, o vendiéndonos caro el lujo de comer cualquier producto fuera de temporada en cualquier parte del mundo. Grain calcula que 5-6 por ciento de los gases debidos a transportes se deben al sistema alimentario.
Otro 8-10 por ciento lo atribuyen, basados en numerosos datos, a la industria de procesamiento y empacado de alimentos, 1-2 por ciento a la energía para refrigeración y otro 1-2 por ciento a la venta en almacenes. Por tanto, el procesamiento, empacado y venta al menudeo de alimentos es responsable de entre 15 a 20 por ciento adicionales de emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta forma de producción, distribución y consumo industrializado produce un desperdicio de comida gigantesco: desde los establecimientos agrícolas a los procesadores, distribuidores y comerciantes, se estima que ¡la mitad de la comida se desecha! Esto, muestra Grain, sería suficiente para alimentar seis veces a todos los hambrientos del mundo. La mayor parte de esa comida desperdiciada se descompone en basureros. Según informes oficiales, de 3 a 5 por ciento de las emisiones de gases proviene de grandes basureros urbanos. El 90 por ciento de esos gases se debe a descomposición de alimentos.

Resumiendo, el sistema alimentario agroindustrial es responsable de emisión de gases de efecto invernadero de entre 11-15 por ciento por agricultura industrial, 15-18 por ciento por deforestación, 15-20 por ciento por transportes, procesamiento, empacado, refrigeración y venta en supermercados y 3-4 por ciento por descomposición de alimentos que van a parar a los basureros. En suma es responsable por entre 44 y 57 por ciento de las emisiones que provocan el cambio climático. Otros estudios sobre las emisiones de la cría intensiva de animales –no desglosados en los datos anteriores– sitúan los porcentajes en la franja superior.
Además, la agricultura industrial usa (y contamina con agrotóxicos) 70 por ciento del agua potable global. De lo que queda, entre sólo cinco corporaciones del sistema alimentario global –Danone, Nestlé, Unilever, Anheuser-Bush y Coca Cola– consumen, privatizando de facto, suficiente agua para satisfacer los requerimientos domésticos diarios de agua de cada persona en el planeta.

Paradójicamente, esta cadena agroindustrial ni siquiera da de comer a la mayoría: el 70 por ciento de la población del mundo se alimenta gracias a lo producido por campesinos y agricultores familiares, indígenas, recolectores, pescadores artesanales, huertas urbanas. (Ver Quién nos alimentará?, Grupo ETC).
Las alternativas existen y están a la mano: salir de la cadena agroindustrial, apoyando y fortaleciendo la red alimentaria campesina, la producción culturalmente diversa y descentralizada, sin tóxicos, los mercados locales. Así además se pueden reconstituir los suelos, el mayor factor de absorción y retención de carbono del planeta.

[Fuente: La Jornada].

La interminable guerra civil de la izquierda colombiana

Es una guerra de todos contra todos en la que se batalla en infinidad de frente.

Por Yezid Arteta Dávila / Lunes 20 de mayo de 2013.
 
El Pozo, del boliviano Augusto Céspedes, es considerado uno de los cien mejores cuentos de la literatura Universal. Germán Arciniegas lo seleccionó entre los 30 mejores. El telón de fondo es la “Guerra del Chaco” o llamada “Guerra de la Sed”. Dos destacamentos militares, paraguayos y bolivianos, se trenzan en una fiera batalla por un pozo. Mueren 13 soldados y los sobrevivientes descubren que, maldita sea, el pozo no tiene agua.

La puñetera guerra civil que vive la izquierda colombiana podría estar inspirada en el cuento de Céspedes. Una lucha sin cuartel, por menudencias. El matarife selecciona las jugosas piezas de carne y lanza al suelo las tiras de pellejo y sebo para que las disputen los cuatro gatos flacos de toda la vida. Resignarse con las simples miserias y perder de vista la consecución del poder no puede ser la eterna ocupación de la izquierda política y social. Basta echarle una mirada al vecindario para comprobar que sólo ganando la Presidencia de la República y obteniendo la mayoría en el legislativo es posible transformar un país. Lo demás son cuentos de pájaros preñados.

Es una guerra de todos contra todos. Se batalla en infinidad de frentes. Dentro y fuera del Polo. En la alcaldía de Bogotá. En las lomas del Cauca. En las oficinas de las oenegés. En las plenarias de los partidos y organizaciones. En el trágico universo de las víctimas. En los asientos del capitolio. En el mundo académico. En los mentideros de los exiliados…en fin. Allí donde se juntan dos se abre automáticamente un frente de lucha interno.

Humberto de la Calle Lombana lo dejó claro entre los suyos. Los de este lado de la mesa – léase los partidos de gobierno - debemos estar juntos, clamó públicamente el jefe negociador del gobierno, luego de una ronda de conversaciones en La Habana. Y, pregunto, desde este lado de la mesa, es decir de los que queremos un país diferente al actual, hacía dónde tiramos. La respuesta es fácil. La sabe hasta el chimpancé de Kafka.

La izquierda colombiana ha vivido momentos trascendentales. Uno fue con Gaitán y, según los textos escolares, lo resolvió Juan Roa Sierra con un revolver. Otro fue la Constituyente de 1991 que proporcionó una pequeña cuota a los indígenas y afrodescendientes y el resto quedó medio crudo. Estimulado por las conversaciones de paz, la izquierda y los movimientos sociales son testigos de una tercera oportunidad. Por estos días la gente de la izquierda está poseída por un benéfico estado febril que bien aprovechado puede cambiar el rumbo del país. Sólo juntos se puede conseguir.

No nos representan. Es un estribillo que nació en el kilómetro cero de Madrid: la plaza del Sol. La patente la tiene el movimiento 15-M pero la franquicia llegó a todas los rincones del planeta. En Colombia, esa matraca es el argumento empleado por la inmensa mayoría de organizaciones sociales y de izquierda para mirarse el ombligo y creerse el cuento de que la Historia les tiene un lugar reservado. Organizaciones como las indigenistas dicen que no se sienten representados en los diálogos de La Habana. El Polo dice que no sale a marchar por la paz porque no se sienten representados. El exmagistrado Araujo Rentería expone sus argumentos y se va de la Marcha Patriótica. Las víctimas dicen no estar representados por ciertas oenegés que hablan en su nombre. Organizaciones viejas y nuevas se niegan a participar en los foros acordados por el gobierno y las FARC EP con el argumento de que ese tipo de eventos no los representan. Luchas estériles. Una perdedera de tiempo.

En cambio muchos nos sentimos representados por cualquier persona, partido, oenegé, plataforma u organización que desde el lugar que quiera haga algo por seis temas en los que difícilmente se puede estar en contra si se piensa desde la izquierda. Soberanía nacional. Defender el patrimonio público. Luchar por las libertades y las garantías ciudadanas. Atacar la corrupción. Derechos y espacios para las minorías. Paz y reconciliación. Seis ideas para juntar a izquierdistas y progresistas. Acuerdo para llegar al poder. Ahora, cada combo, puede seguir en lo suyo. Royendo su hueso. Lo uno no se contrapone con lo otro. Pero la idea básica es el poder. Lo demás no sirve sino para hacer bulla y envejecer.

Estas seis razones son las que nos lleva a sentirnos representados, entre muchos y muchas, por el senador Robledo cuando reclama en favor de los pequeños y medianos productores. Por el constitucionalismo democrático del exmagistrado Araujo. Por el coraje de Piedad Córdoba y su andadura humanitaria. Por los líderes indígenas que han dado la pelea por sus pueblos. Por Iván Cepeda que lucha contra la impunidad. Por el alcalde Petro cuando defiende lo público. Por los escritos de Alfredo Molano. Por los labriegos del Valle del río Cimitarra que recuperan la economía campesina. Por el esfuerzo de Lozano y sus camaradas para que el periódico Voz no perezca. Por las Madres de Soacha que claman por sus criaturas. Por la valerosa actuación del exministro Parmenio Cuellar para desmontar la arbitraria Justicia sin Rostro. Por las chicas y los chicos de la MANE. Por la gente de la Marcha Patriótica. Por los activistas del Congreso de los Pueblos…y un largo etcétera.

Y esto sin contar con el tema de las FARC EP y del ELN. Un asunto que está pendiente. Ahora están en armas pero puede que dentro de un tiempo sólo queden con las meras ideas. Así ha sucedido con los grupos guerrilleros que han llegado a un acuerdo de paz. Unas ideas que, tal como las vienen exponiendo a través de sus voceros, representan también al imaginario de la izquierda. Esperemos que todo salga bien. Qué el país gane en paz y reconciliación y la izquierda gane nuevos aires. Ojalá que los liderazgos lo entiendan y no sea esto un motivo más para empezar otra guerra civil en el territorio de la izquierda.

En Expediente del Atentado, Álvaro Uribe – es otro -, dice que todas las personas a lo largo de una vida son capaces de alzarse al menos una vez hasta el heroísmo y de rebajarse al menos otra hasta la abyección. Es más saludable una izquierda colombiana que no necesite de gente que haga lo uno y menos lo otro. Es ridículo hacer de héroe por estos tiempos y más aún de andar de lambón. Acciones sencillas con gente sencilla.

* Tomado de Semana/Tomado de APR

Colombia: Cárceles de la miseria y miseria de las cárceles

por Miguel Ángel Beltrán, perseguido político, ex-preso político.
Un aparato estatal que históricamente ha recurrido al uso sistemático de la violencia para acallar la oposición política y social y silenciar las expresiones del pensamiento crítico. De este modo, el sistema penitenciario colombiano cumple un importante papel como instrumento jurídico para la...

“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de alto rango, sino por la manera en la que trata a los de más bajo”: El Largo Camino Hacia la Libertad. Nelson Mandela
“Nunca había visto por dentro esa horrible cárcel que en años posteriores me fue tan familiar. Después de caminar por oscuros pasadizos y de subir y bajar mugrientas escaleras nos encontramos en un largo salón cuyo techo tocábamos con las manos.

Triste luz crepuscular hacía más horrendo aquel antro fétido, húmedo, negro. Apoyé mis manos en la pared y las retiré asombrado: esputos sanguinolentos decoraban las paredes […] Había ahí leprosos, tísicos, sarnosos, cojos, mancos, tuertos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, llagados, sifilíticos, jorobados, idiotas, un espantoso depósito de carne enferma que chorreaba pus y mugre. Los tuberculosos tosían. Las moscas zumbaban. Un vapor espeso y fétido mareaba a los más fuertes. Los nervios se aflojaban en aquella antesala de la muerte […].

Este testimonio del anarquista mexicano Ricardo Flores Magón, narra sus primeras vivencias en una prisión, cuando siendo estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria fue detenido en 1892, por participar en un movimiento de oposición a la reelección del dictador Porfirio Díaz. Desde entonces, buena parte de su vida pasaría en centros penitenciarios tanto nacionales como extranjeros, donde finalmente lo sorprendió la muerte en 1922, poco después de rechazar el indulto que le ofreciera el gobierno de los Estados Unidos, en una de cuyas cárceles purgaba una pena de 20 años. Si nos atuviéramos a los principios para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas cuya resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988 garantiza que “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, no vacilaríamos en afirmar que las situaciones descritas por el revolucionario Magón, hace ya 120 años, hacen parte de un pasado remoto.

Sin embargo, nada más lejano a la realidad; la existencia de prisiones, como las que mantuvo Estados Unidos hasta hace un tiempo en los territorios ocupados de Iraq y Afganistán y la que actualmente conserva en la ilegal base naval de Guantánamo (Cuba), donde bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo retiene a más de un centenar de prisioneros incomunicados, sin garantías procesales ni judiciales y sometidos a las más crueles torturas y tratos degradantes e inhumanos, es una muestra fehaciente de la función que siguen cumpliendo las cárceles como instrumento de represión política y control social.

SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO: ENTRE LA PENALIDAD NEOLIBERAL Y EL TERRORISMO DE ESTADO

Recientes episodios como los acaecidos en un penal de Comayagua (Honduras) donde cerca de 400 prisioneros murieron calcinados; o los hechos de violencia que cobraron la vida de 58 personas en la prisión de Uribania (Estado de Lara/Venezuela); o en el centro penitenciario de Apodaca (Nuevo León/México), donde en complicidad con la guardia 30 miembros de los zetas protagonizaron una fuga, dejando a su paso 44 internos masacrados; indican un patrón recurrente de violencia, que parece darle la razón a Harold Thompson: “Las prisiones –decía este anarquista norteamericano que permaneció los últimos treinta años de su vida en la cárcel- son instituciones diseñadas para enseñar lecciones de violencia a través del abuso hacia aquellos confinados en ellas”.

Aunque el sistema penitenciario en las sociedades modernas se plantea como un espacio para reformar al infractor e impedir la repetición del acto antisocial (“resocialización”), en la práctica funciona por excelencia como aparato punitivo del Estado que hace primar, sobre cualquier principio humanista, los criterios de venganza permitiendo además resguardar el sacrosanto principio de la propiedad privada, convirtiéndose en un camino corto para dar salida -por la vía de la criminalización de la pobreza- a los agudos problemas sociales inherentes al capitalismo: “La indigencia, desempleo, drogadicción, enfermedad mental y analfabetismo –escribe Angela Davis- son sólo algunos de los problemas que desaparecen del escenario público cuando los seres humanos que contienden con ellos son relegados a jaulas”

En este sentido la realidad carcelaria colombiana guarda similitudes con la de otros centros penitenciarios del continente. Por eso no sorprende que el hacinamiento, la corrupción, la privación de servicios básicos como el agua potable y la luz, la alimentación precaria, la ausencia de atención médica y de condiciones dignas para los internos, estén allí al orden día. Con razón anota la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)que uno de los sectores de la población más desprotegidos y con mayor vulnerabilidad en América Latina son las personas privadas de la libertad .

Pero si bien las cárceles del país comparten patrones más o menos similares con las del resto del continente, en Colombia la crisis carcelaria está inmersa en las complejas dinámicas de un conflicto armado y social que sacude al país desde hace más de medio siglo; y no escapa a la acción criminal de un aparato estatal que históricamente ha recurrido al uso sistemático de la violencia para acallar la oposición política y social y silenciar las expresiones del pensamiento crítico. De este modo, el sistema penitenciario colombiano cumple un importante papel como instrumento jurídico para la desarticulación de las organizaciones sociales, y el silenciamiento de la protesta social.

La presencia de oficiales activos de la policía, en la dirección del sistema nacional penitenciario y carcelario (INPEC) , y en algunos centros de reclusión, así como la existencia de cuerpos especializados entre ellos el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y el Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (CORES) que cumplen funciones represivas más allá de las que les corresponde como cuerpo de custodia y vigilancia hacen parte de esta estrategia, en consonancia con una justicia parcializada que ofrece privilegios a los que tienen poder y se muestra ejemplarizante con quienes carecen de él.

LAS CÁRCEL NO ELIMINA LOS PROBLEMAS SOCIALES PERO SI LOS SERES HUMANOS

Según cifras del mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) actualmente hay 114.772 internos cuando el cupo es para 75 mil, lo que coloca de presente graves problemas de hacinamiento. Recientemente la juez 56 penal del circuito ordenó suspender el traslado de más presos a la cárcel Modelo de Bogotá, un centro de reclusión que, de acuerdo con las cifras del mismo INPEC cuenta con 7230 reclusos pese a que su capacidad es de 2850 internos, lo que significa una sobrepoblación del 153%, cifra que supera con creces los niveles de sobrepoblación crítica establecidos por los estándares internacionales en el 20%.

El informe que avala la decisión judicial en primera instancia puso de presente que muchos internos tienen que dormir amontonados en los corredores, escaleras o espacios destinados a actividades colectivas, comer con las manos y lavar platos en los orinales. Pese a la contundencia de estos hechos el Tribunal Superior de Bogotá en cabeza del magistrado Jorge Enrique Vallejo, no tardó en anular la sentencia recurriendo a una serie de artilugios jurídicos.

Con todo, la situación de la cárcel Modelo no es la más crítica; en otros sitios de reclusión del país como Villahermosa (Cali), el hacinamiento alcanza niveles alarmantes ya que ésta cuenta con 5855 internos, siendo su capacidad apenas para 1.667 hombres; lo mismo sucede en Bellavista (Medellín) donde están alojados 7461 reclusos en una cárcel diseñada para 2424 internos. Si a esto le sumamos el hecho que no dispone de una infraestructura adecuada, no está lejos el día en que las cárceles colombianas vivan una tragedia como la del mencionado penal de Comayagua. Por demás el hacinamiento favorece la propagación de epidemias y enfermedades contagiosas de manera tal que la salud constituye otro de los problemas estructurales que vive la población carcelaria, agudizado por la ausencia de personal médico especializado y la escasez de medicamentos .

En una carta dirigida a la CIDH, uno de los voceros del Movimiento Nacional Carcelario (MNC), Tulio Ávila Murillo, denunciaba las condiciones inhumanas en que se encuentran las personas privadas de la libertad en Colombia y señalaba como “en un año han muerto más de 80 internos en total abandono, la mayoría por inasistencia médica, pero lo más grave es que todo queda en la absoluta impunidad […] la impotencia, la consternación y el dolor que se mezcla con la desesperanza, al ver como nuestros compañeros y compañeras de prisión, día a día se enferman y van muriendo lentamente como simples animales encerrados en los pabellones de la ignominia y la miseria, administrada por una institución que está corrompida por los jugosos negocios de los contratos[…]”

El hecho más reciente ocurrió el pasado 9 de abril en el centro penitenciario de “Picaleña” (Ibagué/Tolima),con la muerte, por falta de tratamiento médico oportuno, del preso político Juan Camilo Lizarazo quien desde varios meses atrás venía solicitando a las autoridades carcelarias atención médica urgente. Su caso se suma al de cientos de prisioneros políticos y de guerra que han muerto en las cárceles colombianas debido a la negligencia del Estado Colombiano y en abierta violación a las normas constitucionales que garantizan la protección del derecho a la vida.

Es aún más crítica la situación de las mujeres privadas de la libertad quienes sufren una vulnerabilidad especial, más aún cuando se encuentran en estado de embarazo o en condición de madres lactantes, pues los efectos negativos del encierro se extienden sobre la salud física y emocional de sus hijos, ya que estos centros de reclusión carecen de atención ginecológica, pediátrica y en general de personal especializado que atienda sus necesidades, así como de ambientes adecuados para la estancia de los menores. La amenaza de separación de sus hijos es un arma utilizada por las autoridades penitenciarias para lograr obediencia de las madres internas.

Cabe advertir sin embargo que no todos los internos e internas reciben el mismo trato: mientras a los prisioneros políticos se les retienen las órdenes de remisión para recibir atención médica especializada, en los pabellones de la llamada “parapolítica”, “justicia y paz”, donde conviven políticos nacionales, regionales y reconocidos narcotraficantes vinculados con delitos de corrupción, paramilitarismo y lesa humanidad, abundan los permisos para supuestas visitas médicas y odontológicas, que no reciben registro alguno, lo que les permite permanecer varios días por fuera del penal visitando familiares o realizando otro tipo de actividades. Esto para no hablar de las guarniciones militares, donde los oficiales detenidos disfrutan de todos los lujos y beneficios, que en un preso común sería impensable.

UN MODELO PERVERSO

El 9 de julio de 2001 el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, colombiano, en cabeza de su ministro de Justicia, firmó un acuerdo de cooperaciónpara el supuesto“mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano”; el acuerdo, destinaba 4.5 millones de dólares para este programa, procedentes de los dineros del “Plan Colombia”, e incluía el asesoramiento técnico y materialdel Bureau Federal de Prisiones, para la adecuación de instalacionespenitenciarias y carcelarias, así como el entrenamiento de funcionarios del Inpec en escuelas e instalaciones dirigidas por instructores norteamericanos.Con base en estos acuerdos se orientó la construcción de 11 Nuevos Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (“ERON”)

Una investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación en el 2008 puso en evidencia que estas instalaciones no garantizaban un ambiente digno para las personas privadas de la libertad: “No cuentan–señala el informe- con espacio para el consumo de alimentos, los espacios para movilización de sindicados son muy reducidos y sin acceso al aire libre; la altura del edificio limita la entrada de luz natural y ventilación, situación que se agravará en ciudades cuya temperatura alcanza o supera los 30 grados centígrados, y las dimensiones de las ventanas de las celdas de 20 cmts por 120 cmts, no garantizan iluminación ni ventilación suficiente, ni permite el uso de la luz natural en condiciones normales” .

Pese a estas flagrantes violaciones de los protocolos internacionales para el tratamiento de personas privadas de la libertad (asociados a actos de corrupción que a la fecha no han sido investigados) estos establecimientos fueron puestos en funcionamiento sin mayores modificaciones, descargando la responsabilidad sobre los reclusos y sus familiares que no sólo han visto restringidas las visitas a sus seres queridos, sino que deben padecer los abusos sistemáticos cometidos por los guardias de turno acrecentando así la violación de los derechos fundamentales de los reclusos.

Resulta claro que la crisis humanitaria de las cárceles colombianas no se soluciona con la construcción de más sitios de reclusión, mucho menos con su privatización. Este modelo que ya se aplicó inicialmente en Estados Unidos y se expandió a Europa (Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Francia y Alemania), viene tomado fuerza en países del continente como Chile donde ya se ha implementado, arrojando un balance negativo para la impartición de justicia, ya que acorde con la lógica del mercado “Para aumentar las ganancias en el sector de la justicia penal esta industria necesita que se mantenga a más gente presa en el sistema por más tiempo” .

El sociólogo francés Loïc Wacquant, en una interesante investigación sobre las políticas de seguridad de lo que él denomina “Estado Penitencia”,señala, -apoyado en una amplia información empírica- cómo la industria de prisiones se ha transformado en una de las más prósperas de los Estados Unidos, siendo el tercer renglón generador de empleo en ese país. Alrededor de este ramo se anuda una compleja red de actividades económicas y comerciales. De ello da cuenta la feria que anualmente realiza la Asociación Correccional Americana donde participan más de seiscientas cincuentas empresas ofertando una variedad de productos y servicios que cubre desde “’uniformes de extracción’ (para arrancar de sus celdas a los internos recalcitrantes)” y sistemas de celdas portátiles que pueden improvisarse en cualquier sitio de la ciudad, hasta sistemas de purificación de aire antituberculosis

COLECTIVOS DE PRESOS POLÍTICOS: “NO PEDIMOS PERMISO PARA SER LIBRES”

La prolongación del conflicto armado y social colombiano y, consustancial a él, el incremento del número de presos(as) políticos(as)-que ya sobrepasa los diez mil- ha permitido que éstos hayan adquirido una larga tradición de organización y reivindicación de sus derechos en los centros de reclusión. Misma que han conservado y enriquecido de generación en generación, pero que los sucesivos gobiernos y la misma dirección del INPEC tratan de negar continuamente, recluyendo indiscriminadamente en un mismo pabellón a guerrilleros y paramilitares y creando así un clima de permanente tensión.

A lo anterior hay que sumar las continuas políticas del Estado colombiano por estimularla deserción, desmovilización y delación de los insurgentes a cambio de beneficios jurídicos. Labor que se hace más palpable en los penales donde, a través de presiones, engaños y ofertas económicas promovidas directamente desde el Ministerio del Interior y Justicia, se ha pretendido –casi siempre infructuosamente– que los rebeldes se acojan a los programas de “Justicia y Paz” (ley 975 de 2005)

Pese a estos obstáculos en los centros de reclusión colombianos encontramos colectivos de presos políticos ya consolidados con una estructura organizativa que-a diferencia de otros penales del continente- ha permitido no sólo visibilizar y dilucidar la crítica situación carcelaria sino que también ha logrado una cierta regulación de la vida interna de estos establecimientos, y organizar la lucha colectivapor mejoras en la atención sanitaria, la calidad de la alimentación, el respeto a las visitas, a través de jornadas de desobediencia civil.

Frente a la ausencia de programas de educación como instrumentos de capacitación y redención de pena y la prohibición de acceso de los internos a los talleres de trabajo, en los pabellones de alta seguridad, los colectivos de presos políticos han asumido tareas educativas que contemplan desde labores de alfabetización, hasta la discusión sobre diferentes aspectos de la realidad nacional e internacional, actividades que mantienen en alto la moral de los presos en un ambiente donde el consumo de alucinógenos, el ocio y los juegos de azar se constituyen en la constante.

Los sindicados y condenados por delitos políticos son naturalizados como enemigos “per se” y con ellos sus colectivos, que permanentemente son desintegrados recurriendo al traslado masivo de prisioneros a las diferentes cárceles del país, alejándolos de sus núcleos familiares y sembrando terror psicológico para bloquear cualquier acción reivindicativa. Un ejemplo de esta situación es la que viven actualmente los prisioneros políticos de guerra Tulio Ávila Murillo (“Alonso”), José Marbel Zamora (“Chucho”) y Bernardo Mosquera (“Negro Antonio) quienes han sido amenazados en su integridad física y personal, como consecuencia del liderazgo asumido en las jornadas de desobediencia pacífica que, desde algunos meses vienen adelantando millares de presos(as) políticos(as) por las condiciones inhumanas e indignantes que afrontan.

En numerosas ocasiones los presos políticos son recluidos en celdas de aislamiento (Unidades de Tratamiento Especial), privados de comunicación con el exterior y sin derecho a tomar el sol; así mismo son trasladados a centros penitenciarios que, como el de Valledupar, son considerados de alto castigo, alejándolos de su núcleo familiar y sometiéndolos al hostigamiento permanente del cuerpo de custodia. Esta situación no da cuenta de casos aislados sino de la sistemática violación de los derechos humanos de que son objeto los internos en las cárceles colombianas.

Los atropellos contra la población carcelaria no han impedido la consolidación del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) que, en el mes de abril ha desarrollado exitosamente Jornadas Nacionales de Desobediencia Carcelaria en treinta establecimientos reclusorios del país; como parte, también, de las luchas que adelantan en el campo y la ciudad las organizaciones campesinas, indígenas, cívicas y sindicales en favor de sus derechos, y que vienen allanando el camino para una movilización más amplia del pueblo colombiano hacia el afianzamiento de una solución política al conflicto armado y social que vive el país desde hace ya tantas décadas.

Los artistas plantean discutir la Política Cultural en los Diálogos de Paz

Conclusiones del Encuentro "Artistas Populares por la Paz con Justicia Social"

Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP)


CONCLUSIONES CONVERSATORIO ARTISTAS POPULARES POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

Los artistas de los departamentos de Quindío, Cauca, Antioquia y Valle del Cauca, que participamos del conversatorio “Artistas Populares por la Paz con Justicia Social” convocado por la RAPSO (Red de Artistas Populares del Suroccidente) y realizado dentro del marco del V Festival Nacional de Teatro Popular: Teatro y Realidad Social, con sede en la ciudad de Palmira, (Valle del Cauca – Colombia), luego de analizar el conflicto social y armado colombiano, y discutir sobre las necesidades de los artistas, concluimos:
1. Apoyar los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, por considerar que el conflicto social y armado colombiano solo podrá solucionarse por la vía política y dialogada.
2. Apoyar el proceso de constituyentes por la paz como mecanismo autónomo de participación de la sociedad donde se construyen políticas para un nuevo país.
3. Que la Paz con Justicia Social es la única forma de superar el conflicto colombiano, porque solo cambiando las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que condenan el país a la inequidad, alcanzaremos una paz estable y duradera.
4. Que el cese bilateral al fuego es una necesidad para evitar el derramamiento de sangre y una exigencia, que como artistas que defendemos la vida, y nos oponemos a la muerte, el odio y el guerrerismo, debe acordarse de manera inmediata.
5. Que el Gobierno colombiano y las FARC-EP deben permanecer en la mesa de diálogos hasta que el conflicto se resuelva por la vía política, esto quiere decir, que la mesa debe ser permanente e indefinida hasta que se firmen acuerdos que obliguen transformaciones en las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que garanticen una Paz con Justicia social.
6. Que en los escenarios de la discusión política es común que los artistas se catalaguen meramente como “objetos” que divierten, y no como sujetos políticos que aportan desde el arte y su quehacer social a la construcción de un nuevo país. Por ello exigimos la participación del sector artístico colombiano en la mesa de diálogos de paz, así como la participación de todos los sectores de la sociedad.
7. Que el tema de la Política Cultural es un tema que ha sido pasado por alto en los diálogos de paz, y que no puede ser tratado en forma transversal, por tanto exigimos su inclusión.
8. Que a través de la RAPSO (Red de Artistas Populares del Suroccidente) se impulsarán en el suroccidente colombiano, y en los departamentos que requieran de apoyo, “Constituyentes de Artistas por la Paz” donde se analizarán las problemáticas que aquejan a los artistas y se discutirá sobre la Política Cultural del país.
9. Que luego de analizar la Ley de Teatro en Colombia (Ley 1170 de 2007), es claro que no ha sido aplicada en el sistema educativo colombiano, ni en lo concerniente a garantizar la seguridad social de los artistas; por tanto, a través de la RAPSO se agendarán actividades y acciones para la discusión y movilización artístico-social que exijan y obliguen su aplicación, tanto en el sistema educativo como en las garantías a la seguridad social de los artistas, y demás apartados donde falte aplicarla.

Los anteriores puntos son acuerdos y propuestas del sector artístico que avanza en Colombia en pro de la Paz con Justicia Social. Seguiremos construyendo lazos de fraternidad que afirmen la vida en medio de la guerra, y que unan a todas las voces hasta lograr condiciones de vida dignas para los artistas y el pueblo colombiano.

Palmira, Mayo 18 de 2013 Departamento del Valle del Cauca, Colombia

Ex general Manuel José Bonett Locarno, en su labor diversionista

Cambio Total.

El ex general Manuel José Bonett Locarno, ex comandnate de las fuerzas militares colombianas, quiere crear un manto de dudas sobre la guerrilla de las FARC y sobre los herederos de sus –de él- « amigos » narco-paramilitares. Sigue cumpliendo así su labor diversionista con la creencia de que el pueblo colombiano olvida los determinadores y ejecutores del Terrorismo de Estado.

Recordemos que Bonett Locarno fue –y es- señalado de su participación en la Masacre de « El Aracatazo ». Allende la Paz lo consignó así en su artículo Masacres en Colombia: Somera Revisión Histórica (I) :

"El Aracatazo: El “Comando Alternativo Popular”, relacionado con el Batallón de Infantería Voltígeros y guerrilleros del EPL amnistiados vinculados al partido Esperanza, Paz y Libertad, llevó a cabo esta masacre el 12 de agosto de 1995, en el bar El Aracatazo del barrio El Bosque de Chigorodó, Antioquia. Los miembros del “Comando” rodearon el bar con las personas adentro, dispararon contra el edificio y posteriormente entraron y ejecutaron algunas personas a quemarropa, dejando un total de 18 muertos.

Fue identificado uno de los miembros del “Comando”: José Luis Conrado Pérez, alias “Carevieja”, el cual había aparecido fotografiado conversando con el entonces Comandante del Ejército, General Bonett Locarrno, en la Revista Cambio 16 publicada tres meses antes de la masacre."

 

Videla: "Es la muerte de un tirano", dijo Carlotto (2 de 3)


Las fuerzas estatales no silencian sus fusiles


Domínico Nadal, Cambio Total.

Los esfuerzos de las insurgentes FARC-EP de acallar los fusiles caen en tierra estéril. Se esperaría que ante tamaña empresa humanitaria la respuesta de los « otros » fuera también acallar sus fusiles. Pero no.
Es cuando más arrecian las masacres, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, el desplazamiento forzoso. Cuando las FARC hablan de « tregua unilateral » parecería que el anuncio se convierte en acicate para los asesinos al interior de las fuerzas militares-narcoparamilitares.

La fórmula es la misma. Así comenzaron con la U.P. Los generales amenazan a los luchadores populares y después mandan sus bandas de asesinos. Que son militares en servicio activo y narcoparamilitares. O mandan sus sicarios de « palabra » como el que acaba de amenazar y deshonrar la memoria de Manuel Cepeda Vargas, el último congresista de la U.P. asesinado, un hombre que siempre tuvo la gallardía de hablar y actuar de frente. Mas los cobardes asesinos lo atacaron y asesinaron a mansalva y desarmado.

Ya comenzaron con la Marcha Patriótica y van 9 de sus líderes asesinados. Ya venían con el asesinato de líderes de la « restitución de tierras » -que no es restitución porque no les entregan sus tierras originarias, legalizando así el despojo de que han sido objeto-, con los sindicalistas, con los profesores de Fecode, con las mujeres, incluso hasta con niños.

Las fuerzas estatales nunca han callado sus armas. El trepidar del plomo sigue raudo contra la humanidad desarmada, indefensa, de los colombianos que luchan por un mejor mañana. Cada día asesinan más y más colombianos pobres. Tratan de lavar sus caras inventando siglas o utilizando los mismos asesinos de siempre : BACRIM, neo-narcoparamilitares, águilas negras, rastrojos, etc. Pero siempre sale a luz su horripilante rostro.

Ello es claro porque hasta el mismo presidente JM Santos les da la orden de continuar con los asesinatos. Pretenden quitarle la fuerza a las fuerzas populares aún antes de que comienzen su accionar político en un « nuevo » ambiente, el ambiente de Paz. Pretenden « secarle el agua alm pez » no ya a los guerrilleros sino a los guerrilleros que firmarán la Paz.

Y todo indica que la orgía de sangre continuará. Más aún después de que se « desarmen » -que no lo van a hacer, a Dios gracias !-. Ya los militares están pidiendo más plata para más armas a pesar de que según el propio gobierno Santos llegaron al « techo » en gasto militar. El estado, muy a su pesar, es incapaz de sufragar los gastos militares. 215 billones costó la guerra el decenio pasado. 225 billones costará la siguiente década si no se para la guerra. Mas los "enemigos de la Paz" necesitan más armas, más armas, más plata, más plata. Todas las unidades militares tienen armas -500.000 qué horror!-, mas ellos necesitan mucho más. Es como querer asesinar a todo el pueblo. 

Así como la característica del imperio es su inmensa agresividad contra los pueblos del mundo, así la característica de la oligarquía nativa es la enorme sevicia con que adelanta los planes de exterminio contra el pueblo desarmado, inerme. Mas la justicia llegará. Como le llegó al sátrapa de Argentina, Jorge Videla, que su ancianidad tuvo que pasarla en la cárcel. Qué triste destino !

El Ejército asesinó a líder campesino y retuvo ilegalmente a otros 14 de Marcha Patriótica

Pacocol. El Ejército asesinó a líder campesino y retuvo ilegalmente a otros 14 de Marcha Patriótica.
 
La Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, Rpasur, informó este 18 de mayo de 2013, sobre la crisis humanitaria que viven los pobladores de la zona de los ríos Mira, Nulpe y Matajes, por los asesinatos y violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.

Por: Camilo Raigozo
 

Vergonzantes del Neoliberalismo

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No solo no quieren discutir el modelo de desarrollo sino que hacen esfuerzos inútiles para negar el que emprendieron. Nadie asume éste desastre. Entonces ahora Santiago Montenegro escribió que “el modelo colombiano no ha sido neoliberal”. En su momento, el exministro Juan Luis Londoño se atrevió a caracterizar a Uribe como un “socialista”, y en la campaña presidencial, Santos se mostró partidario de la “Tercera Vía”.

Vergonzantes del Neoliberalismo.

No solo no quieren discutir el modelo de desarrollo sino que hacen esfuerzos inútiles para negar el que emprendieron. Nadie asume éste desastre. Entonces ahora Santiago Montenegro escribió que “el modelo colombiano no ha sido neoliberal”. En su momento, el exministro Juan Luis Londoño se atrevió a caracterizar a Uribe como un “socialista”, y en la campaña presidencial, Santos se mostró partidario de la “Tercera Vía”.

Montenegro escribió una columna titulada La privatización del Estado  (El Espectador.com, 12 de mayo de 2013). Allí comenta otra de Alfonso Gómez Méndez con el título Privatización del Estado (El Tiempo.com, 7 de mayo de 2013). Aunque abordan tópicos diferentes pero integrados al tema, ambos se sacuden el saco con las responsabilidades de la actual situación. “La peor de las privatizaciones es la del Estado por la tortuosa vía del clientelismo disfrazado de 'gobernabilidad'”, escribe Gómez.  

El economista retoma esto para decir que fue precisamente ese diagnóstico el que justificó la privatización de las empresas públicas. Y sostiene que el modelo colombiano no es neoliberal, “sino un híbrido en donde conviven empresas privadas, empresas públicas eficientes y también un aparato clientelista.” En esto acude a varios argumentos superficiales y pone a manera de ejemplo el sector de la energía, o sea, el peor de los ejemplos.

En primer lugar resulta increíble que después de por lo menos tres décadas de neoliberalismo, Montenegro venga a decir que el clientelismo “ilumina muchas de las verdaderas razones que motivaron la privatización de varias empresas.” Insiste en el uso ideológico de su propia crisis y dice muy poco sobre la agudización del problema. En tal sentido, el auditor general de la República, Jaime Ardila, calculó que 9 billones de pesos se pierden en Colombia por vía de la corrupción. (Caracol, abril 27 de 2012).

Quiere hacernos creer el columnista, que la agenda del consenso de Washington con el objetivo de resolver las dificultades del capitalismo, tuvo menos peso que la politiquería. Nos invita a aceptar que el mercado tomara decisiones por encima del Estado, debido a su naturaleza corrupta, minimizando la utilización de esto por parte de los capitalistas. Para éste bellaco, el capital privado, en particular el de las multinacionales, vino a salvarnos de la injerencia partidista y clientelista en las  empresas que eran propiedad pública, cuando siempre las utilizó en la intermediación.
Y si fuera así, cambiaron la injerencia de los politiqueros por la de las multinacionales, pues tienen verdaderas escuelas de lobby el cual incluyen en sus presupuestos de propinas a los funcionarios públicos. Sumar a esto que no son pocas las empresas que tergiversan sus cifras de producción con el ánimo de enviar mejores ganancias a sus casas matrices en una muestra más de su naturaleza.  
En segundo lugar, escribe Montenegro, “contrario a lo que muchos creen, la privatización “neoliberal”, como también la llaman, no se dio en varios sectores y, por el contrario, numerosas empresas públicas no sólo se han fortalecido, sino también se han convertido en verdaderas multinacionales.” Y es aquí donde cita el desafortunado caso de varias empresas de generación y transmisión de energía, como ISA, ISAGEN, EPM o la EEB.
Exponer el caso del sector eléctrico para negar el neoliberalismo es un verdadero despropósito. Si hay un sector que sirve de ejemplo a fin evidenciar la privatización neoliberal es éste. Y se lanza por el abismo de la mentira al citar estas cuatro empresas “verdaderas multinacionales”. Sirve también para señalar que su naturaleza pública no es sinónimo de mala calidad en los servicios, otro de los argumentos neoliberales en la privatización.
Hoy día no se trata solo de la naturaleza jurídica de las empresas, en éste caso “públicas” o “mixtas”. Entre otras cosas porque el sistema entero es neoliberal y estas empresas no son islas que pueden comportarse diferentes a las privadas. La legislación se aseguró esto en el marco de la competencia.
Se trata más bien, de si el sector público garantiza o no los derechos fundamentales del Pueblo. Y lo cierto es que tanto en las públicas como en las privadas, la energía eléctrica es una mercancía no un derecho. “O comemos o pagamos” es la consigna de los desconectados de servicios públicos domiciliarios de EPM en la eterna primavera. Esto es eficiencia neoliberal señor Montenegro.  
Además cita cuatro empresas que por grandes e importantes que sean, son pocas en comparación con el universo de las prestadoras de energía. De hecho, es mayor el porcentaje de empresas privadas y mixtas con presencia en toda la cadena, es decir, en la generación, transmisión, comercialización y distribución de energía.
Situación similar pasa con ECOPETROL, también citada por éste inexacto economista y desmemoriado selectivo; olvida que cerca del 90% de la exploración, explotación y exportación de petróleo está a cargo de multinacionales. Y como si fuera poco ya está aprobada la privatización del 20% de la empresa más grande de Colombia y no con el argumento del clientelismo y la ineficiencia.  
Y en tercer lugar, éste exdirector de Planeación, agrega a esta cadena de falsos argumentos para ocultar las decisiones neoliberales, que “en Colombia se mantuvo el Departamento Nacional de Planeación y se fortaleció la red de superintendencias y entidades regulatorias”. Todas estas son reivindicadas como si fueran símbolos de la intervención del Estado para corregir los errores del mercado. FALSO.
Estamos claros: las decisiones del desarrollo en Colombia cada vez menos pasan por el DNP. La tecnocracia de esta entidad es convidada de piedra en las decisiones sobre el desarrollo. Y en conjunto, el Estado tienen cada vez menos campo sobre el cual decidir pues son los organismos multilaterales y las multinacionales las que definen qué producir y dónde. El Estado colombiano está a su servicio. Para eso está el mercado. Es pírrica la participación del Plan Nacional de Desarrollo sobre el conjunto de las actividades económicas y el aparato productivo en nuestro país. (Puede verse también Planeación en su laberinto. Dinero, 2012-09-14).
Con el ejemplo de las Superintendencias me da risa. ¿Es posible que la Superintendencia de Servicios Públicos controle los abusos contra los usuarios? NO. Dónde estuvo la Superintendencia de salud para regular las empresas que han creado la grave situación del sector. Dónde actuó la Superfinanciera para que el sector creciera de tal manera que es prácticamente el de mayores ganancias y de mayor participación en el PIB tradicional o que alertara sobre la quiebra y robo de empresas. Dónde la del Notariado y Registro para regular la politiquería asquerosa que allí se presenta. 
Y sobre todo, dónde estaba la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada para controlar las Convivir del narcoparamilitar Álvaro Uribe. Qué regulación ni que nada Montenegro. Cuidado y asustas la confianza inversionista.
Y entonces como resultado del favor prestado por las multinacionales y el capital privado en general, al venir a corregir la injerencia del clientelismo en las empresas públicas, se les compensa con jugosas ganancias y les quedamos debiendo.
En estudio de Nicanor Restrepo Santamaría, muestra la siguiente estructura: “las 354 empresas colombianas con ingresos superiores a 100.000 millones de pesos (2004) 35% son multinacionales; 19% estatales; 27% familiares; 18% anónimas.” 172 billones, 67% del PIB que en 2004 fue de 225 billones. (Ver: Empresariado antioqueño y sociedad, 1940 – 2004. Influencia de las élites patronales de Antioquia en las políticas socioeconómicas colombianas. 2011).
En el informe de las 100 empresas más grandes de 2012, la revista Semana concluye que “un grupo de 35 sociedades de capital cien por ciento foráneo, o con una participación por encima del 50%, se mete al ranking de las 100 mayores. Aunque un alto número son petroleras, se destacan también en el área del comercio al detal, la aviación, el cemento, la energía y las bebidas.” (Semana, 11 de mayo de 2013)

Y en consecuencia las ganancias por el favor prestado: “Entre 2000 y 2011, la extracción de rentas fue en aumento, pues pasó de 28 dólares por cada 100 dólares de inversión extranjera en 2002 a 107 dólares en 2011: un balance nítidamente negativo para la economía nacional.” (Ver: Economía colombiana: no tan bien como la pintan. Álvaro Moreno. 8 de octubre de 2012). El neoliberalismo no pone topes a las ganancias que pueden ser sacadas del país.

He tocado hasta aquí las variables que esgrime el autor citado con un énfasis en los beneficios a las multinacionales. Pero la lista es larga para evidenciar la ejecución de la receta neoliberal en Colombia. Habría que enlistar la flexibilización laboral y su impacto sobre los salarios, el bienestar de los trabajadores y la organización sindical. Incluir el desmonte del Estado social con la privatización de la educación y la salud.
El ajuste fiscal reduciendo significativamente los presupuestos para el bienestar social en favor del militar, pues el Estado colombiano sigue en déficit. Por supuesto que, conocedores del desastre que causarían y de la inconformidad generada, entonces oligarquía, tecnocracia y multinacionales se aseguraron un Estado policía, un aparato militar y paramilitar para consolidar su régimen de terror. Un sistema de justicia que penaliza la protesta popular y elimina al opositor político. El neoliberalismo en Colombia fue ejecutado a sangre y fuego. Dolor y lágrimas anunciaron.  
¿Dónde está la plata de las privatizaciones? Sería bueno que tanto Gómez Méndez como Montenegro escribieran sobre eso. No construyeron las obras de infraestructura que el mismo capitalismo necesita. No construyeron las escuelas y hospitales y por el contrario la pobreza aumentó junto con la desigualdad.  

Finalmente recordar que el punto 6 de la Plataforma Bolivariana dice: Rechazo a la política neoliberal. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador de los sectores estratégicos: el energético, las comunicaciones, los servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales en beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y las regiones. Se procurará la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la producción, a la pequeña, mediana y gran industria, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria. La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas.

Fue asesinada la campesina Benedicta Joya en Carcasí

Un nuevo crimen atroz se ha cometido en Colombia sobre el cuerpo y la vida de una Mujer

Corporación Compromiso / Sábado 18 de mayo de 201.
 
En el Municipio de Carcasí, ubicado en la Provincia de García Rovira del Departamento de Santander, en la Vereda Buenavista, lugar de habitación del Padre Pedro Elías Joya, siendo la media noche del día 14 de mayo, fue cometido un crimen atroz en el cuerpo de BENEDICTA JOYA, según primeras informaciones fue asesinada y posteriormente procedieron a incinerarla al igual que a la vivienda. Escrito en sangre fue dejado un mensaje el cual decía “fuera guerrilleros”. BENEDICTA, hermana del padre Pedro Elías Joya ha acompañado siempre a su hermano en el trabajo pastoral. Era una mujer sencilla y humilde, labraba la tierra y apoyaba las labores de la parcela en donde se encontraba su vivienda.

El crimen cometido en contra de BENEDICTA, como descarga de ira y de venganza, no tiene ninguna justificación. En Colombia se ha aprobado la Ley en contra de todas las formas de violencia hacia la mujer, sin embargo un canalla vuelve a infringir el más sagrado de los derechos de una mujer: el respeto a su cuerpo y a su vida, infringiendo sobre ella una serie de acciones violentas y aberrantes que solo en una mente y en un cuerpo enfermo pueden cohabitar. A BENEDICTA, no la recordaremos por su victimario o por la acción de este sobre ella, la recordaremos por sus virtudes como mujer y como persona.

El Padre Joya como es conocido a nivel de la provincia, del país y de otras regiones del mundo, ha desarrollado su vida cristiana en favor de los más pobres, siempre defensor del territorio y de los campesinos que han sido afectados por los intereses explotadores de empresas mineras que han intentado una y otra vez apoderarse de la región del páramo El Almorzadero, en donde se han realizado fuertes e importantes movilizaciones en contra de las explotaciones de carbón y otros minerales.

Como protector del ambiente, del agua, como defensor de derechos humanos, como constructor de proyectos cooperativos que generan bienestar a las comunidades, ha difundido ideas de solidaridad, cooperativismo y autonomía. Su lucha también ha sido por la paz de Colombia, activo en los diferentes escenarios convocados para el diálogo por la paz, ha participado haciendo planteamientos de urgencia a favor de la paz.

Con sus propios esfuerzos y con la solidaridad brindada por otros, se ha empeñado en la construcción de una escuela para jóvenes campesinos que enfatiza en la necesidad de la producción de alimentos. En ocasiones pasadas fue blanco de persecuciones por parte de organizaciones de extrema derecha, pero sus actos sustentados en el diálogo, la transparencia, la actividad pública y la gestión política ante organizaciones sociales, públicas y comunitarias le han permitido salir adelante.

Este crimen atroz, por el grado de sevicia practicado en su ejecución contra una mujer de más de 50 años y en total estado de vulneración pues además se encontraba sola ya que el Padre había salido en horas de la tarde, no es otra cosa que un crimen que busca ser “ejemplarizante”. En la psicología de la guerra, los crímenes ejemplarizantes son ejecutados con el propósito de obtener venganza y/o de aterrorizar no sólo a una persona sino a toda una comunidad para obligarla a desistir de sus ideas y de sus acciones. El Padre Joya, no sólo es un símbolo de las comunidades de la región, sino que simboliza la defensa de temas fundamentales en la discusión actual del país como lo es: la defensa de los páramos, la exigencia y garantías de los derechos humanos, los procesos de paz, la defensa de la soberanía alimentaria, el cooperativismo, entre otros temas sustanciales que confrontan los intereses de las multinacionales mineras y de los enemigos de la paz.

Todas las comunidades de los municipios de García Rovira, las Organizaciones Ambientales, defensoras de los Derechos Humanos, las Cooperativas, las Juntas de Acción Comunal y las Organizaciones de Mujeres y de Víctimas de la Provincia de García Rovira, rechazamos tajantemente este horrendo crimen, exigimos justicia para los victimarios, que se conozca la verdad y que sean resarcidos los daños morales ocasionados al Padre Joya a sus sueños y a sus proyectos y que se condene a quien violentó el cuerpo y la vida de BENEDICTA.

Este crimen no puede quedar en la Impunidad, exigimos que todos los actores políticos y los Representantes territoriales del Orden municipal, departamental y nacional, así como las instituciones garantes de la protección de la vida en la región y en Colombia se pronuncien y actúen de inmediato hasta dar captura y condenar a los victimarios. El territorio es de quien lo habita, rechazamos el mensaje de desalojo colectivo que se convoca a través del crimen cometido en contra de Benedicta Joya.

ORGANIZACIONES DEFENSORAS DEL MEDIO AMBIENTE, DE DERECHOS HUMANOS, ORGANIZACIONES DE MUJERES, ORGANIZACIONES DE VICTIMAS, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, ASOCIACION DE USUARIOS CAMPESINOS ANUC, COMISION EN DEFENSA DEL PARAMO EL ALMORZADERO PROVINCIA DE GARCIA ROVIR
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

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Basta de Terrorismo de Estado

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