En Bogotá y en Colombia vuelve a aumentar la pobreza
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[image: Jorge Gonzales][image: Jorge Ivan Gonzales][image: Especial de
Pobreza]Tras varios años de descenso sostenido, la pobreza está otra vez en
aumento,...
viernes, junio 14, 2013
"No queremos que la reforma a la salud sea una estafa para los Colombianos": Gloria Inés Ramírez
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viernes, junio 14, 2013
Domínico Nadal, Cambio Total.
Un alma bendita del purgatorio, que no vive la realidad del país, queriendo ganar resonancia a costa de las FARC y la Paz dice que los ”enemigos de la Paz”, agazapados, podrían incrementar acciones contra el proceso de Paz. Ja. Agazapados? Incrementar acciones contra la paz?
En qué país vive el Angelino? No son suficientes los asesinatos de 8 miembros de la Marcha Patriótica? No es suficiente la Masacre de Santa Rosa de Osos? No son suficientes los tuiterazos a toda hora descalificando el proceso de Paz? No son suficientes las diatribas diarias del ”pesista” MinPinzón? No son suficientes las acciones del procurador? No es suficiente adelantar una reforma en sentido negativo del ”fuero militar”?
Esos son los "izquierdistas" que necesita el régimen santisto-uribista....
Vice meando fuera del tiesto
Domínico Nadal, Cambio Total.
Un alma bendita del purgatorio, que no vive la realidad del país, queriendo ganar resonancia a costa de las FARC y la Paz dice que los ”enemigos de la Paz”, agazapados, podrían incrementar acciones contra el proceso de Paz. Ja. Agazapados? Incrementar acciones contra la paz?
En qué país vive el Angelino? No son suficientes los asesinatos de 8 miembros de la Marcha Patriótica? No es suficiente la Masacre de Santa Rosa de Osos? No son suficientes los tuiterazos a toda hora descalificando el proceso de Paz? No son suficientes las diatribas diarias del ”pesista” MinPinzón? No son suficientes las acciones del procurador? No es suficiente adelantar una reforma en sentido negativo del ”fuero militar”?
Esos son los "izquierdistas" que necesita el régimen santisto-uribista....
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viernes, junio 14, 2013
En 2012 se cometieron 2198 violaciones a los derechos humanos, seis casos por día y crecieron los “falsos positivos”
por Roberto Romero Ospina, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación/ Colectivo de Abogados.
”Los ‘falsos positivos’ y el paramilitarismo son una misma cepa con una gran feracidad reproductiva”, dijo sin tapujos el Padre Javier Giraldo, en la presentación del informe sobre violaciones de derechos humanos en Colombia en 2012.
”Los ‘falsos positivos’ y el paramilitarismo son una misma cepa con una gran feracidad reproductiva”, dijo sin tapujos el Padre Javier Giraldo, en la presentación del informe sobre violaciones de derechos humanos en Colombia en 2012.
Giraldo
es el Coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia
Política Centro de Investigación y Educación Popular CINEP que ya cumple
40 años elaborando estos reportes.
En la concurrida rueda de prensa de ayer jueves 23 de mayo, el jesuita que ha dedicado su vida a la defensa de las libertades, añadió que “el Estado quiere presentar su ventaja militar con la insurgencia a través de acciones que atentan contra los derechos humanos como los falsos positivos”.
El estudio da cuenta que no hay una curva descendente que persista sobre violaciones a los derechos humanos, y por el contario, persiste una línea fija de atentados.
Los datos revelados son espeluznantes según las cuentas que sacamos tras un recuento somero: el año que pasó se cometieron 2198 violaciones a los derechos humanos, es decir seis casos por día y de este total, 479 corresponden a atentados contra la vida.
Lo anterior significa que en 2012 fueron asesinados por la violencia política diez colombianos por semana, un promedio de 1.3 cada 24 horas. Tal vez no hay parangón en el mundo. Una verdadera catástrofe histórica que dura ya más de medio siglo. De estas violaciones 565 atañen a paramilitares, 268 a la policía y 187 al ejército.
Y en el caso de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 493 casos a los paramilitares, 347 a las FARC, 118 al ejército, 72 a la policía, 48 al ELN y 98 a combatientes.
El Padre Giraldo llamó la atención sobre el caso de los “falsos positivos” denunciando que al contrario de lo que dice el gobierno de Santos sobre 2012, estos no han desaparecido. “Nuestra investigación, dijo, registra 20 casos con 52 víctimas entre muertos, heridos y prisioneros el año pasado mientras en 2011 se presentaron 17 casos”.
El CINEP también fue enfático en señalar que se está desarrollando otra modalidad de “falsos positivos” que deben preocupar a la comunidad. Se trata de los “falsos positivos judiciales”, una suerte de procesos montados que conducen a la cárcel injustamente a decenas de inermes ciudadanos acusados de “acciones terroristas”.
El informe presenta ocho de estas situaciones como el sonado proceso contra el ex diputado del Valle, Sigifredo López, calumniado por un desmovilizado de las FARC.
El documento hace un recuento sobre las ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2001-2012. En estos doce años, el total de víctimas suma 1416. Es decir, 118 “falsos positivos” cada año, que es lo mismo que una víctima cada tercer día.
La presentación de este cuadro, queriéndolo no, apunta inevitablemente a Juan Manuel Santos. De los 1416 sacrificados en los falsos positivos, 1036 pertenecen al periodo del actual presidente como ministro de Defensa (2006-2009). Más del 75% de los casos, en esos doce años, le corresponden tristemente.
Después de examinar el reporte del CINEP, dónde queda, entonces, el informe anual que el pasado 16 de abril entregó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, cuando decidió sacar a Colombia de la “lista negra” de países violadores de derechos humanos después de permanecer durante doce años seguidos.
El panorama de los derechos humanos en Colombia, como se titulan los informes anuales del CINEP sobre derechos humanos y violencia política, es precisamente de noche y niebla.
En la concurrida rueda de prensa de ayer jueves 23 de mayo, el jesuita que ha dedicado su vida a la defensa de las libertades, añadió que “el Estado quiere presentar su ventaja militar con la insurgencia a través de acciones que atentan contra los derechos humanos como los falsos positivos”.
El estudio da cuenta que no hay una curva descendente que persista sobre violaciones a los derechos humanos, y por el contario, persiste una línea fija de atentados.
Los datos revelados son espeluznantes según las cuentas que sacamos tras un recuento somero: el año que pasó se cometieron 2198 violaciones a los derechos humanos, es decir seis casos por día y de este total, 479 corresponden a atentados contra la vida.
Lo anterior significa que en 2012 fueron asesinados por la violencia política diez colombianos por semana, un promedio de 1.3 cada 24 horas. Tal vez no hay parangón en el mundo. Una verdadera catástrofe histórica que dura ya más de medio siglo. De estas violaciones 565 atañen a paramilitares, 268 a la policía y 187 al ejército.
Y en el caso de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 493 casos a los paramilitares, 347 a las FARC, 118 al ejército, 72 a la policía, 48 al ELN y 98 a combatientes.
El Padre Giraldo llamó la atención sobre el caso de los “falsos positivos” denunciando que al contrario de lo que dice el gobierno de Santos sobre 2012, estos no han desaparecido. “Nuestra investigación, dijo, registra 20 casos con 52 víctimas entre muertos, heridos y prisioneros el año pasado mientras en 2011 se presentaron 17 casos”.
El CINEP también fue enfático en señalar que se está desarrollando otra modalidad de “falsos positivos” que deben preocupar a la comunidad. Se trata de los “falsos positivos judiciales”, una suerte de procesos montados que conducen a la cárcel injustamente a decenas de inermes ciudadanos acusados de “acciones terroristas”.
El informe presenta ocho de estas situaciones como el sonado proceso contra el ex diputado del Valle, Sigifredo López, calumniado por un desmovilizado de las FARC.
El documento hace un recuento sobre las ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2001-2012. En estos doce años, el total de víctimas suma 1416. Es decir, 118 “falsos positivos” cada año, que es lo mismo que una víctima cada tercer día.
La presentación de este cuadro, queriéndolo no, apunta inevitablemente a Juan Manuel Santos. De los 1416 sacrificados en los falsos positivos, 1036 pertenecen al periodo del actual presidente como ministro de Defensa (2006-2009). Más del 75% de los casos, en esos doce años, le corresponden tristemente.
Después de examinar el reporte del CINEP, dónde queda, entonces, el informe anual que el pasado 16 de abril entregó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, cuando decidió sacar a Colombia de la “lista negra” de países violadores de derechos humanos después de permanecer durante doce años seguidos.
El panorama de los derechos humanos en Colombia, como se titulan los informes anuales del CINEP sobre derechos humanos y violencia política, es precisamente de noche y niebla.
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viernes, junio 14, 2013
Crisis humanitaria e incumplimientos del gobierno genera movilizaciones cívico – agrarias en la Región del Catatumbo
Pacocol.
Durante los últimos 70 años la región del Catatumbo en el
Departamento Norte de Santander ha sido escenario de la expoliación,
saqueo, masacres, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al
DIH por parte de empresas multinacionales, los gobierno de turno en
todos sus niveles y por los efectos del escalonamiento del conflicto
armado interno, generando una profunda crisis humanitaria que en los
últimos meses se ha agudizado de manera dramática.
Por: Asociación Campesina del Catatumbo
+Leer más..
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viernes, junio 14, 2013
Enlace para ver el documental Operación Masacre de Colombia
Ya está disponible en la red el documental "Operación Masacre: memoria, dignidad y resistencia en La Macarena, Colombia",
Operación masacre recoge las jornadas "audiencia pública: Crisis Humanitaria en los llanos orientales" realizada el 22 de julio del 210 que reunió a cientos de campesinos para denunciar ante la comunidad internacional la fosa de la Macarena, aledaña a un campamento militar, en la que el ejercito depositó los cuerpos de las ejecuciones extrajudiciales .
con más de 2000 cadáveres sepultados en los últimos 8 años, la fosa de la macarena es una evidencia de que los crímenes de estado son actuales y habituales en el territorio colombiano.
En más de 60 años de conflicto, los campesinos colombianos han sido víctimas de innumerables crímenes de estado.
Operación masacre recoge las jornadas "audiencia pública: Crisis Humanitaria en los llanos orientales" realizada el 22 de julio del 210 que reunió a cientos de campesinos para denunciar ante la comunidad internacional la fosa de la Macarena, aledaña a un campamento militar, en la que el ejercito depositó los cuerpos de las ejecuciones extrajudiciales .
con más de 2000 cadáveres sepultados en los últimos 8 años, la fosa de la macarena es una evidencia de que los crímenes de estado son actuales y habituales en el territorio colombiano.
En más de 60 años de conflicto, los campesinos colombianos han sido víctimas de innumerables crímenes de estado.
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viernes, junio 14, 2013
¿Durmiendo con el enemigo?
Hay información de que detrás de la muerte de la funcionaria de la DIAN Celia Escobar no sólo estarían empresarios huilenses, sino funcionarios que trabajan en la entidad.
Por: María del Rosario Arrázola, Diana Carolina Durán - El Espectador.
Desde cuando se conformó un grupo especial de
investigación entre Fiscalía y Policía, designado para esclarecer la
muerte de la jefa de Fiscalización de la DIAN en Neiva (Huila), Celia
Escobar Flórez, las autoridades se han dedicado a recabar cuanta
información sea posible para confirmar o descartar su principal
hipótesis: que detrás de este crimen, ejecutado por sicarios el viernes
10 de mayo en la noche cuando ella llegaba a su casa en la capital
huilense, hay una maquinaria criminal que podría poner en riesgo la vida
de muchos otros funcionarios de esta entidad.
Y al parecer, por los datos a los que ha tenido acceso ese grupo desde entonces, la justicia está a punto de ratificarlo. Las pistas que tiene ese grupo especial han conducido a sus investigadores, al menos hasta el momento, a un único camino: que en el crimen de Celia Escobar habrían participado funcionarios de la DIAN. Una fuente de alta credibilidad que conoce los detalles de las pesquisas le dijo a este diario que las autoridades están enfocadas en establecer cuál sería el rol que una funcionaria actual de la DIAN “de nivel central” habría jugado en este violento episodio.
El Espectador se abstiene de divulgar la identidad de esta mujer, mientras las indagaciones continúan. Fuentes judiciales le aseguraron a este diario que tienen información suficiente para arrestarla. Sin embargo, su prioridad es descifrar la enmarañada red de corrupción que se ha conformado en el seno de la DIAN y que tendría nexos con empresarios que buscan, a toda costa, acumular riqueza. Esa red, temen las autoridades, puede ser la principal amenaza que se ha cernido sobre funcionarios juiciosos de la DIAN que, igual que lo hizo Celia Escobar, se niegan a ser sobornados para favorecer a terceros que pretenden afectar el erario.
Ayer precisamente el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, denunció que por lo menos 29 funcionarios de esa entidad, que trabajan en las áreas de contrabando, lavado de activos y evasión de impuestos, han sido amenazados y que hay indicios “importantes” de que ellos requieren medidas urgentes de seguridad, pues trabajan en zonas “complejas” como Barranquilla, Neiva, Maicao, Riohacha, Cúcuta y Bogotá, en la zona franca y en el aeropuerto El Dorado. “Hay serios problemas que se está tratando de enfrentar, pero están generando riesgos importantes”, manifestó el alto funcionario.
La mujer que está principalmente en la mira del grupo especial de investigación conformado por Policía y Fiscalía, por su posible relación con el homicidio de Celia Escobar, no tiene ninguna investigación penal abierta en su contra. Este diario supo, no obstante, que al menos informalmente ya ha sido señalada en la Fiscalía como un eslabón más en el cartel que desfalcó a la DIAN al facilitar que terceros se adueñaran ilegalmente de dineros públicos a través de devoluciones de impuestos ficticias. Ese desfalco no se ha terminado de tasar pero, al menos en lo que se ha establecido hasta la fecha, la cifra ya superó los $120 mil millones.
Es un hecho, eso sí, que la mujer está en el radar de los organismo de control por haber permitido, supuestamente, que empresas presentaran declaraciones de impuestos sin soportes o con transacciones simuladas para así evadir millonarios impuestos. Se supone, además, que por la muerte de Celia Escobar se pagaron unos $50 millones: los investigadores tienen información de que el dinero pudo haber salido de ella.
Con respecto a la muerte de Jorge Valencia Daza, asesinado en Cali dos semanas después de Escobar y luego de 20 años de trabajo en la DIAN, se indaga si esa red de corrupción intervino de igual manera.
Para las autoridades es indispensable establecer lo más pronto posible qué tanto se ha extendido esta red de corrupción dentro de la DIAN. Los investigadores creen que esa red estaría detrás de las amenazas contra funcionarios que acaba de denunciar Juan Ricardo Ortega y estaría actuando en una especie de cacería de brujas tras funcionarios que sí quieren cumplir sus funciones. En Bogotá, se supone, el asunto está medianamente controlado, pero a las autoridades les inquieta profundamente la suerte que puedan correr quienes trabajan en ciudades pequeñas o localidades alejadas.
Los miembros del grupo especial de investigación han logrado establecer, tal como lo advirtió El Tiempo, que son altas las probabilidades de que detrás de la muerte de Celia Escobar se encuentren empresarios del Huila que lavan dineros ‘calientes’ a través de exportaciones ficticias. Su misión más inmediata es terminar de encontrar pistas que los lleven a verificar si es verdad que, además de ese riesgo externo, en la DIAN se está durmiendo con el enemigo.
marrazola@elespectador.com
dduran@elespectador.com
Y al parecer, por los datos a los que ha tenido acceso ese grupo desde entonces, la justicia está a punto de ratificarlo. Las pistas que tiene ese grupo especial han conducido a sus investigadores, al menos hasta el momento, a un único camino: que en el crimen de Celia Escobar habrían participado funcionarios de la DIAN. Una fuente de alta credibilidad que conoce los detalles de las pesquisas le dijo a este diario que las autoridades están enfocadas en establecer cuál sería el rol que una funcionaria actual de la DIAN “de nivel central” habría jugado en este violento episodio.
El Espectador se abstiene de divulgar la identidad de esta mujer, mientras las indagaciones continúan. Fuentes judiciales le aseguraron a este diario que tienen información suficiente para arrestarla. Sin embargo, su prioridad es descifrar la enmarañada red de corrupción que se ha conformado en el seno de la DIAN y que tendría nexos con empresarios que buscan, a toda costa, acumular riqueza. Esa red, temen las autoridades, puede ser la principal amenaza que se ha cernido sobre funcionarios juiciosos de la DIAN que, igual que lo hizo Celia Escobar, se niegan a ser sobornados para favorecer a terceros que pretenden afectar el erario.
Ayer precisamente el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, denunció que por lo menos 29 funcionarios de esa entidad, que trabajan en las áreas de contrabando, lavado de activos y evasión de impuestos, han sido amenazados y que hay indicios “importantes” de que ellos requieren medidas urgentes de seguridad, pues trabajan en zonas “complejas” como Barranquilla, Neiva, Maicao, Riohacha, Cúcuta y Bogotá, en la zona franca y en el aeropuerto El Dorado. “Hay serios problemas que se está tratando de enfrentar, pero están generando riesgos importantes”, manifestó el alto funcionario.
La mujer que está principalmente en la mira del grupo especial de investigación conformado por Policía y Fiscalía, por su posible relación con el homicidio de Celia Escobar, no tiene ninguna investigación penal abierta en su contra. Este diario supo, no obstante, que al menos informalmente ya ha sido señalada en la Fiscalía como un eslabón más en el cartel que desfalcó a la DIAN al facilitar que terceros se adueñaran ilegalmente de dineros públicos a través de devoluciones de impuestos ficticias. Ese desfalco no se ha terminado de tasar pero, al menos en lo que se ha establecido hasta la fecha, la cifra ya superó los $120 mil millones.
Es un hecho, eso sí, que la mujer está en el radar de los organismo de control por haber permitido, supuestamente, que empresas presentaran declaraciones de impuestos sin soportes o con transacciones simuladas para así evadir millonarios impuestos. Se supone, además, que por la muerte de Celia Escobar se pagaron unos $50 millones: los investigadores tienen información de que el dinero pudo haber salido de ella.
Con respecto a la muerte de Jorge Valencia Daza, asesinado en Cali dos semanas después de Escobar y luego de 20 años de trabajo en la DIAN, se indaga si esa red de corrupción intervino de igual manera.
Para las autoridades es indispensable establecer lo más pronto posible qué tanto se ha extendido esta red de corrupción dentro de la DIAN. Los investigadores creen que esa red estaría detrás de las amenazas contra funcionarios que acaba de denunciar Juan Ricardo Ortega y estaría actuando en una especie de cacería de brujas tras funcionarios que sí quieren cumplir sus funciones. En Bogotá, se supone, el asunto está medianamente controlado, pero a las autoridades les inquieta profundamente la suerte que puedan correr quienes trabajan en ciudades pequeñas o localidades alejadas.
Los miembros del grupo especial de investigación han logrado establecer, tal como lo advirtió El Tiempo, que son altas las probabilidades de que detrás de la muerte de Celia Escobar se encuentren empresarios del Huila que lavan dineros ‘calientes’ a través de exportaciones ficticias. Su misión más inmediata es terminar de encontrar pistas que los lleven a verificar si es verdad que, además de ese riesgo externo, en la DIAN se está durmiendo con el enemigo.
marrazola@elespectador.com
dduran@elespectador.com
Por: María del Rosario Arrázola, Diana Carolina Durán
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