Por
Daniel Coronell, Revista Semana Ver más artículos de este autor
OPINIÓN. Las normas de Luxemburgo impiden conocer la identidad del dueño de una compañía como esa. Pero un informe de auditoría afirma que es de Riopaila Castilla.
Foto: Jhon Calson
Uno
de los mayores grupos azucareros y agroindustriales de Colombia está
burlando la ley para quedarse con más de 40.000 hectáreas en el Vichada.
La denuncia la ha hecho el senador Jorge Enrique Robledo y la empresa
implicada es Riopaila Castilla. Como si le faltaran ingredientes, la
estrategia
fue diseñada por Brigard & Urrutia, la
prestigiosa firma de abogados, cuyo principal socio era el actual
embajador en Estados Unidos, Carlos Urrutia.
El
cerebro de la operación es el abogado Francisco Uribe Noguera, socio de
Brigard & Urrutia. Las actas de la junta directiva de Riopaila
Castilla muestran que el doctor Uribe asistió a reuniones desde 2009. Su
presencia obedecía a un único propósito: esquivar las limitaciones
legales para armar una plantación de palma y una planta de etanol sobre
antiguos terrenos baldíos adjudicados a campesinos en el Vichada.
La
ley prohíbe a los particulares comprar a adjudicatarios de baldíos
extensiones superiores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF), para evitar
la concentración de la propiedad en terrenos que fueron del Estado. La
violación de esta ley da lugar a la caducidad de la adjudicación. En
otras palabras, las tierras compradas así deben volver a ser un bien
público.
Sin embargo, la ambición fue más grande que la norma y se inventaron una larga vuelta para saltársela.
La
operación empezó en 2010 con la constitución de 27 compañías de papel.
Las empresas fueron registradas como Sociedades por Acciones
Simplificadas (SAS). Cada una tenía 100.000 pesos de capital, un poco
más de 50 dólares, que ni siquiera fueron pagados.
El
único accionista de las 27 compañías era el abogado Francisco Uribe
Noguera. La dirección registrada es la calle 70A No. 4–41, la sede de
Brigard & Urrutia. El representante legal de algunas de las
compañías es Luis Hernández Villegas y el de las otras es Alfredo
Azuero. Los dos son funcionarios de Riopaila Castilla.
El
mismo año de su constitución, las 27 empresas de papel compraron 31.000
hectáreas y firmaron promesas de compra-venta para adquirir otras
11.000. Los predios colindaban entre ellos y eran baldíos adjudicados, o
en proceso de adjudicación, a campesinos.
¿Por
qué 27 sociedades y no solo una? Porque así podían comprar –fraccionado
en 27– el terreno destinado a convertirse en una sola hacienda.
En
algunos casos, como en el de la finca La Chamuscada, una de las SAS
reemplazó a quien figuraba como comprador original en un documento. El
comprador inicial se llama Álvaro Evelio Parrado y resultó ser el
representante legal de Riopaila Agrícola S.A., Castilla Agrícola S.A. y
Bengala Agrícola SAS, tres empresas controladas por Riopaila Castilla.
¿De
dónde sacaron 27 sociedades de papel cerca de 40.000 millones de pesos
para comprar estos predios? Se los prestó Riopaila Castilla y así está
registrado en sus libros.
Mientras los
colombianos despedían el año, el 30 de diciembre de 2011, el doctor
Francisco Uribe Noguera cedió las acciones de las 27 SAS –sin recibir
pago a cambio– a cinco compañías españolas.
Las sociedades españolas tienen un solo dueño que se llama Asturias Holding S.A.R.L., basado en el principado de Luxemburgo.
Las
normas de Luxemburgo impiden conocer la identidad del dueño de una
compañía de esas características. Sin embargo, un informe de la empresa
de auditoría Deloitte & Touche, revisora fiscal de Riopaila, afirma
con todas las letras que Asturias Holding pertenece a Riopaila Castilla.
Le
pedí al grupo Riopaila Castilla que me diera su concepto sobre la
denuncia del senador Robledo. Ellos, habitualmente corteses, guardaron
absoluto silencio.
El embajador Carlos Urrutia,
por quien tengo respeto y aprecio, informó a través de un comunicado a
los medios que vendió sus acciones en Brigard y Urrutia antes de asumir
el cargo. Eso es cierto, pero también lo es que el diseño de este plan y
su ejecución tuvieron lugar cuando él era socio y cabeza de la firma.
El
ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, reconoce que la compra de
estas tierras “fue irregular” y se efectuó “por fuera de la ley”. Sin
embargo “como el chicharrón es muy complejo” parece más interesado en
adaptar la norma a la irregularidad que en hacer cumplir la ley
vigente.
