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Colombia: Falsa Democracia

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Colombia: Ley estatutaria de fuero militar debilita la protección de los derechos humanos

HRW.
La ley podría dar lugar a impunidad en casos de falsos positivos
18 de Junio de 2013.
 
La ley aprobada hoy tiene muchas lagunas jurídicas que permitirán que los militares responsables por violaciones de derechos humanos queden sustraídos de la persecución penal. Como consecuencia de lo dispuesto en la ley, los asesinatos a sangre fría cometidos por militares, conocidos como 'falsos positivos', podrían transferirse de la justicia ordinaria a la justicia penal militar, donde prácticamente no existen posibilidades de que los culpables rindan cuentas.
 
José Miguel Vivanco, director para las Américas.
 
La aprobación en Colombia de la ley estatutaria para reformar el sistema de justicia penal militar representa un serio retroceso en materia de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. La ley genera el grave riesgo de que los asesinatos cometidos por militares, conocidos como “falsos positivos”, sean transferidos de los fiscales de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. Asimismo, la ley autoriza a la Fuerza Pública a usar fuerza letal contra civiles en una peligrosamente amplia gama de circunstancias.

La ley, aprobada el 17 de junio de 2013 por el Congreso, implementa la enmienda constitucional adoptada en diciembre de 2012 sobre la justicia penal militar. Se espera que el presidente sancione la ley.

“La ley aprobada hoy tiene muchas lagunas jurídicas que permitirán que los militares responsables por violaciones de derechos humanos queden sustraídos de la persecución penal”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Como consecuencia de lo dispuesto en la ley, los asesinatos a sangre fría cometidos por militares, conocidos como 'falsos positivos', podrían transferirse de la justicia ordinaria a la justicia penal militar, donde prácticamente no existen posibilidades de que los culpables rindan cuentas”.

De acuerdo con la enmienda constitucional sancionada en diciembre, “serán conocidas exclusivamente” por el sistema de justicia penal militar las infracciones al derecho internacional humanitario y otros abusos por parte de militares, excepto una lista taxativa de siete delitos, entre los cuales se incluyen las “ejecuciones extrajudiciales”. La definición de “ejecución extrajudicial” que se establece en la ley estatutaria no garantiza que los cerca de 3.000 casos de presuntos "falsos positivos" que la Fiscalía General de la Nación investiga en la actualidad como “homicidio agravado” u “homicidio en persona protegida” continúen a cargo de los fiscales de la justicia ordinaria.

La definición establecida en la ley de lo que constituye una “ejecución extrajudicial” y que, por lo tanto, debe continuar siendo competencia de la justicia ordinaria, está limitada a unas pocas hipótesis, señaló Human Rights Watch. Por ejemplo, la víctima debe haber estado “en poder del agente del Estado” y “no [haber tratado] de evadirse”, o se la debe haber puesto previamente “en estado de indefensión” para matarla, o haberla asesinado “bajo engaño”. Además, la ley define la “ejecución extrajudicial” como un nuevo delito en el Código Penal. Esto permitirá a abogados defensores y a las autoridades colombianas sostener que, en virtud del derecho internacional y del derecho colombiano, el principio de irretroactividad de la ley penal prohíbe que se juzgue por este nuevo delito a quien se encuentre en la actualidad bajo investigación por un presunto falso positivo.

Podrían alegar que los falsos positivos deben continuar siendo investigados y juzgados como homicidios agravados u homicidios de personas protegidas—y no ejecuciones extrajudiciales—y  por lo tanto, deben transferirse a la justicia penal militar. Colombia podría haber evitado este problema si hubiera definido las ejecuciones extrajudiciales haciendo referencia a los delitos ya existentes en el derecho colombiano, que se aplican en la actualidad para investigar y juzgar  "falsos positivos" y otros tipos de asesinatos. La nueva ley adopta este enfoque con respecto a los delitos de violencia sexual.

La ampliación del sistema de justicia penal militar en relación con violaciones de derechos humanos contradice las reiteradas sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en septiembre de 2012, la Corte Interamericana determinó en el caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia que el sistema de justicia militar “no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”.

La ley también establece una definición de “blanco legítimo” que permite a la Fuerza Pública atacar civiles en una excesivamente amplia variedad de situaciones, como por ejemplo, cuando los civiles están llevando a cabo actividades no relacionadas con el conflicto armado colombiano. El artículo 10 de la ley dispone que “civiles que participan directamente en las hostilidades” son blancos legítimos. El artículo 11 define "participación directa en las hostilidades" como quien realice actos que “tengan la probabilidad de” causar cualquier tipo de “daño” a la población o bienes civiles, la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado “en apoyo de un grupo armado”.

En cambio, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) ha manifestado que, para que un determinado acto sea considerado "participación directa en las hostilidades" debe alcanzar un umbral de daño y estar concebido para causar daño en apoyo de una parte en conflicto y en menoscabo de otra parte. El Manual de Derecho Operacional de 2009 de las Fuerzas Militares colombianas reconoció estos requisitos, pero la nueva ley no los incorpora.

“Al establecer una increíblemente amplia y vaga definición de las personas a quienes la Fuerza Pública puede atacar y matar, la ley diluye la distinción fundamental entre civiles y combatientes consagrada en el derecho internacional humanitario”, afirmó Vivanco. “Ojalá la Corte Constitucional rechace las disposiciones de la ley que son contrarias al derecho internacional humanitario y a las normas de derechos humanos”.

Los intolerantes ”descubren” carácter político de las FARC


Domínico Nadal, Cambio Total.

Parece que los miembros del establecimiento colombiano están « descubriendo » el carácter político de las propuestas de las FARC-EP. Apenas ahora se dan cuenta de esos planteamientos, a pesar de que toda la vida los han propuesto. Ese carácter político de las FARC ha significado en que, por ejemplo, todas sus acciones militares tengan un norte político, la salida política del conflicto interno.

Por ello no nos extraña que la insistencia de las FARC-EP sobre la Constituyente sea un punto fundamental en las propuestas de la organización revolucionaria. Propuesta que, quien lo creyera, es calificada como « contra-revolucionaria » por el minInterior del régimen de JM Santos. Nos causa risa ver a éstos pelafustanes en funciones ministeriales tratando de utilizar la fraseología revolucionaria para desvirtuar los planteamientos revolucionarios. Lo que a su vez demuestra que desde la orilla oligárquica carecen de argumentos desde su retardatario ideario para oponerse a la realización de una Asamblea Constituyente.

Evidentemente que los « intolerantes » de hoy, en el pasado esgrimieron el anti-comunismo, el anti-marxismo-leninismo, como caballito de batalla para exterminar a bala y masacres las organizaciones populares, es decir, esos representantes burgueses siguen practicando el más vulgar anticomunismo, quizá por saber que es la ideología que plantea la solución de los ingentes problemas que padece la humanidad. El exterminio de la Unión Patriótica (U.P.) y sus 5.000 líderes asesinados es prueba irrefutable. Las 500.000 víctimas asesinadas son prueba de nuestro aserto. Las víctimas todas desde antes de 1948 muestran la intolerancia de la oligarquía contra las propuestas populares.

Los 10 puntos de las FARC-EP sobre la Participación Política acordado en la Mesa de La Habana son un resumen de la cantidad de exclusiones que padece el pueblo colombiano por cuenta de la oligarquía en el poder. Y naturalmente las FARC tratará de resarcir a su pueblo. No entraremos en detalles, pero todas apuntan a la más completa modernización del aparato estatal –y todavía no estamos hablando de construcción del socialismo !-, y ya los representantes de la oligarquía-terrateniente están lloriqueando porque esa modernización les podría significar la pérdida del poder.

Ese carácter político tiene preocupado al inquilino de la « Casa de Nari ». La propuesta de acabar el régimen presidencialista que hoy rige para el aparataje estatal desvela a los oligarcas ya que la actual figura del presidente es en realidad un monarca que utiliza otro nombre, « presidente » en vez de « rey ». Mas su carácter es monárquico. Por ello, sus inquilinos se creen « reyezuelos » y por ello su título es eterno. Los llaman « presidentes » per secula seculorum así su período haya terminado muchos años atrás.

Esos intolerantes refuerzan día a día su modelo excluyente y anti-popular. La reciente aprobación del « fuero militar » va en dirección contraria del discurso gubernamental en la Mesa de la Habana y de todas las acciones gubernamentales. El fuero militar aprobado sólo significa impunidad para todas las acciones militares y ello muestra que las violaciones de los derechos humanos –cuya impunidad alcanza el 99%- seguirá hasta que algún logremos desmontar la Doctrina de Seguridad Nacional y su Terrorismo de Estado y dotemos a las fuerzas militares de una doctrina bolivariana.

En conclusión, a pesar de la Mesa de Conversaciones de La Habana el estado –y su gobierno- se está preparando para más guerra y en mayor escala.

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“El agua moja” y el carácter político de las FARC



Con frio cálculo comienza a legitimarse en Colombia la dictadura militar

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Con la aprobación de la reforma al fuero militar, después de un fuerte debate sobre sus puntos más polémicos (que son prácticamente todos), la población quedó expuesta a las bestialidades que bajo su mampara legal, las fuerzas militares y todo el estamento castrense, llámese como se llame cada dependencia, quiera cometer contra la ciudadanía.

Los falsos positivos, las violaciones y las ejecuciones extrajudiciales fueron actos hábilmente dejados en manos de la justicia ordinaria para atenuar la inconformidad expresada por los pocos legisladores oponentes a la ley, organismos internacionales, entre ellos algunas ONGs y la ONU, quienes se han mostrado preocupados por los peligros que encierra dicha reforma.

Uno de los puntos duramente cuestionados y que generó mas polémica para su aprobación fue el llamado "blanco legitimo", pues como su nombre lo indica, se trata de otorgar legitimidad y legalidad a los falsos positivos bajo un nuevo nombre, contemplado dentro del fuero, que da poder a los militares para asesinar al pueblo.

Cabe recordar que los falsos positivos no fueron hechos aislados dentro del servicio, sino que obedecieron a una política de Estado cuyo promotor fue el actual presidente de la república, quien en ese entonces ejercía como ministro de la defensa nacional, con incentivos como ascensos, dinero y vacaciones al militar que más bajas guerrilleras registrara en su historial. Por estos hechos han sido procesados algunos militares, mientras el cerebro criminal que diseño la práctica no ha sido tocado por la justicia.

Serán muchos los casos donde darán de baja a quien consideren sospechoso de colaborar con la insurgencia y le pondrán al lado uno par de botas "Venus Llanera", una caja de munición 9mm, una reata y tal vez unas ampollas de Cefradina, para poder decir que es un auxiliador de la guerrilla. Pero también, todo aquel que haga parte de un sindicato, de una asociación o junta comunal o haga justos reclamos, sin lugar a dudas será otro "blanco legitimo", porque quien reclama está en contra del gobierno y por ende es insurgente. Entonces el “blanco legitimo”, dentro de su interpretación, da significado de “legitimidad” a las ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos y está por verse de que manera le darán “legalidad” al acto de violar y asesinar niños y niñas.

Se construirán otras instalaciones tipo Tolemaida Resort donde habitarán sicópatas con charreteras y soles. Y desde esos complejos vacacionales seguirán manejando sus negocios con las mafias del planeta, sin tener que preocuparse por su seguridad. Se seguirán ensañando con los chivos expiatorios de poca monta como el oficial Guarnizo, mientras el alto mando militar, untado de pies a cabeza de sangre inocente, drogas y corrupción sigue ocupando honorables puestos.

Es incierto el futuro de una nación, cuyo órgano legislativo este plegado a los intereses del poder y la guerra contra los oponentes que no tienen más armas para defenderse, que su legitimo derecho a expresar abiertamente su inconformidad ante los abusos y atropellos del régimen. Derecho  cada vez más vulnerado cuando meticulosamente,  con toda frialdad y maquiavélico cálculo se elaboran las leyes con la trampa incluida y otras se someten a reformas cuya finalidad conlleva al mismo objetivo.

La solución del conflicto colombiano demanda cada vez más de la solidaridad de la comunidad internacional, para que ayude a buscarle una salida menos cruento al problema de la guerra que vive el país. No bajo el interés económico que algunos gobiernos persiguen, sino como la necesidad imperiosa de garantizar la paz continental y mundial.

Brutal represión en Ocaña deja varios heridos (Noticia en desarrollo)

Pacocol.
 
Según fuentes presenciales que se encuentran en la movilización que se adelanta en el lugar conocido como la Ye, cercano al casco urbano de Ocaña, unidades del ESMAD atacaron indiscriminadamente a los manifestantes y lanzaron gases lacrimógenos al interior de las casas cercanas. Los manifestantes reportan la presencia de 200 antimotines que están reprimiendo desde las 6:30 de la mañana, aproximadamente.   Los uniformados están utilizando bombas aturdidoras, gases lacrimógenos y balas de goma, que recordamos, están siendo adulteradas y están exhibiendo su habitual brutalidad.   Se reportan por lo menos cinco capturados y diez heridos de gravedad.

Por: Agencia Prensa Rural

Un chicharrón muy sofisticado

Por: Tatiana Acevedo, El Espectador.

-Este no es un problema estético sino jurídico —afirmó el abogado Uribe de Brigard y Urrutia, refiriéndose a la utilización de estratagemas (antiestéticas, ¿poco éticas?, pero legales) en la compra abundante de tierras en Vichada. El problema, dictaminó, es “jurídico”, “altamente sofisticado” y sobre todo “muy técnico”.

El ministro Estupiñán, por su cuenta, lo describió como “un chicharrón muy complejo”. La revista Semana, con una definición parecida (“es un enredo jurídico muy complejo”), reforzó la idea de un embrollo tan complicado que sólo unos pocos podrán entenderlo.

El embrollo es, sin embargo, bastante sencillo y tiene que ver con la forma en que Brigard y sus clientes piensan el futuro de lo que Semana apoda “las regiones históricamente aisladas”: las tierras antes baldías, que el Estado adjudica a las comunidades, progresarán si y sólo si élites empresariales se ocupan de ellas.

Este grupo de ideas, que tiene por supuesto muchos matices, ha intentado abrirse camino de variadas formas. De manera legal, con la fórmula Riopaila/Brigard, apegándose a interpretaciones amañadas y pagando a buen precio las tierras. De manera estatal, a través de programas como Agro Ingreso Seguro/Carimagua. O de forma deliberadamente violenta, en lo que podríamos llamar el esquema de despojo Jiguamiandó y Curvaradó.

Quizá quien resumió mejor el mentado problema fue Vicente Castaño: “En Urabá tenemos cultivos de palma, la idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo les caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar a los ricos a todas las regiones del país”.
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

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