Al concluir el periodo 147 de Sesiones,
realizado del 7 al 22 de marzo del 2013, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe de la situación de la
región, dejando un balance negativo, sobre todo en lo que se refiere a
políticas públicas e impunidad.
Sobre
el caso colombiano, la sonada exclusión del Capítulo IV contrasta con
las referencias e informes sobre los derechos vulnerados, agravados por
la persistencia del conflicto social y armado. En este sentido, la CIDH
retomó la información recibida, según la cual las ejecuciones
extrajudiciales en Colombia aumentaron en un 64% entre 2002 y 2008, y
que entre agosto de 2010 y agosto de 2012 se registraron 85 de estos
crímenes.
De la misma manera, el organismo
regional de derechos humanos resaltó la persistencia de asesinatos,
amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, así
como actos de violencia y criminalización de la protesta social. Así las
cosas, resaltó que los defensores enfrentan obstáculos para acceder a
medidas específicas de protección cuando se encuentran en situación de
riesgo y la falta de investigación efectiva de las amenazas y ataques en
su contra.
En cuanto a las personas
afrodescendientes, la CIDH recordó que en su visita a Colombia en
diciembre de 2012, instó al Estado a adoptar un enfoque más urgente para
combatir las inequidades estructurales e históricas que siguen acosando
a los afrocolombianos, en general, y a las mujeres afrocolombianas, en
particular.
A lo anterior se suma el desconocimiento
de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las acciones
de represalia o amenazas contra sus líderes. Por lo anterior, recordó
que entre 2009 y 2012 se produjeron 348 homicidios de personas indígenas
y que 27.000 habrían sido desplazadas. Esto llevó a la Comisión a
reiterar su preocupación por la existencia de numerosos pueblos
indígenas en Colombia que se encuentran en proceso de desaparición.
Además, llamó la atención sobre la vinculación entre la acción armada
legal e ilegal y la presencia de industrias extractivas, generando
situaciones de desplazamiento forzado y desarraigo de los territorios
ancestrales indígenas.
Sobre la libertad de expresión en el
continente, la CIDH manifestó su preocupación por datos sobre agresiones
a periodistas, legislación violatoria de este derecho, ausencia de
marcos regulatorios que reconocen las radios comunitarias y el cierre de
medios a través de procesos administrativos y judiciales.
Finalmente, sobre los derechos sexuales y
reproductivos, hizo mención a los obstáculos en el acceso a la justicia
para mujeres víctimas de violencia, el creciente problema de la trata
de personas y la interseccionalidad en la discriminación contra mujeres
afrodescendientes, indígenas, pobres y lesbianas.
