José Antonio Gutiérrez D.
Luego del optimismo
cuasi-orgásmico que invadió a todo el espectro político tras la
declaración de un acuerdo provisional, “con reservas”, en el primer
punto de la agenda de paz relativo a la cuestión agraria, que se negocia
en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, una seguidilla
de hechos han forzado el retorno de una dosis saludable de realismo
político pues ponen en cuestión que tan convencido está Santos de la
conveniencia de la “paz”.
El primer campanazo de alerta lo puso
la visita a Colombia del vicepresidente de EEUU John Biden, luego de lo
cual Santos recibió al representante de la derecha venezolana Enrique
Capriles, desatando con ello una mini crisis entre ambos países que,
como era previsible, repercutió en las negociaciones de paz.
Inmediatamente, el gobierno comenzó con una campaña mediática cuyo único
fin pareciera ser desacreditar a la organización insurgente con la cual
negocia: hacerse eco del falso comunicado atribuido a las FARC-EP
amenazando a la dirigencia de la CGT, bajarle el perfil al acuerdo
agrario diciendo (falsamente) que era política del gobierno
independiente del proceso con la organización guerrillera. Para colmo de
colmos, la solicitud de ingreso a la OTAN que terminó en un completo
fiasco, no puede ser entendida sino como una provocación
[1] .
Recientemente, la insistencia del régimen en descartar de plano una
nueva constituyente como un mecanismo de refrendación del acuerdo,
cuando es parte de la discusión en torno a participación política, es
desafortunada
[2] .
Pero la prueba real de que algo anda extremadamente mal en estas negociaciones, la constituye la
creciente militarización y represión en el campo colombiano,
precisamente en momentos en que, supuestamente, se está alcanzando un
acuerdo de proporciones históricas. Junto con aumentar la militarización
mediante las llamadas “zonas de consolidación militar”, se está
generando todo un entramado jurídico para la impunidad mediante la
ampliación del Fuero Militar que, según la FIDH, “
faculta a los
miembros de la Fuerza Pública a usar la fuerza letal contra los civiles y
que además no necesariamente van a responder jurídicamente por las
lesiones a los derechos humanos que se generen como efecto de un uso
desbordado y descontrolado de la fuerza en operaciones militares y
policiales”, considerándola comparable ni más ni menos que con el infame Estatuto de Seguridad Nacional de Turbay Ayala
[3] .
Envalentonada
la fuerza pública con este fuero, y al amparo de la represiva Ley de
(in)Seguridad Ciudadana, la más mínima protesta en Colombia está
enfrentando niveles de represión apenas imaginables: a finales de Mayo,
por ejemplo, los pobladores de Zona Bananera (Magdalena), protestaron
pacíficamente en la troncal del Caribe exigiendo agua potable. La
respuesta oficial no se hizo esperar, y el ESMAD terminó hiriendo a seis
manifestantes y asesinando a un bebé de 7 meses de edad
[4] . Montajes judiciales y operativos masivos han sido adelantados en diversas localidades, como Tumaco (Nariño)
[5] e Ituango (Antioquia)
[6] .
Quienes se enfrentan a megaproyectos como la represa El Quimbo, han
enfrentado semejante suerte. El Estado está dejando en claro, mediante
una represión en masa, que no permitirá que nadie se interponga en sus
“locomotoras” del supuesto desarrollo.
Guerra al campesinado Un
breve recuento de la delicada situación humanitaria que viven las
regiones rurales en Colombia, servirán para ilustrar que estamos ante
una política nacional deliberada. La lista que acá resumimos no agota
todos los innumerables casos de violencia contra el campesinado, sino
que representa algunas de las situaciones más graves de las que tenemos
noticia.
a. Norte Santander, Catatumbo
Quizás los
hechos más graves hoy en Colombia se viven en el Catatumbo, región de
siete municipios (Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, El Carmen,
Tibú y Hacarí) en Norte Santander. En esta región, desde el 11 de Junio
se viene desarrollando una importante movilización de una muchedumbre
desesperada de más de 4.000 campesinos en Tibú y 6.000 más en Ocaña,
convocada por la organización campesina ASCAMCAT, que viene exigiendo
que se acabe el incumplimiento del Estado y se decrete la zona de
reserva campesina, la cual ha sido vetada ilegalmente por el Ministerio
de Defensa que la ve como una piedra en el zapato para el desarrollo de
su estrategia contrainsurgente en la región, la cual precisa de la
militarización y la represión masiva. También demandan que se suspenda
inmediatamente la agresiva política de erradicación de cultivos ilícitos
con la cual se atropella a la comunidad y se les deja sin alternativas
económicas para enfrentar la miseria y el hambre, que se suspenda la
consolidación militar en la región así como los proyectos
minero-energéticos que representan una amenaza para los campesinos, así
como que se apoye y financie el Plan de Desarrollo Sostenible
desarrollado por las organizaciones campesinas
[7] .
La respuesta represiva por parte del ESMAD ha sido brutal: “
Uso
de armas de fuego, uso desproporcionado de armas antidisturbios contra
los campesinos, incendio de una casa, destrucción de las pertenencias de
los movilizados, destrucción de hamacas, destrucción e intoxicación de
los víveres y de la comida preparada de los manifestantes, torturas a
manifestantes y a civiles que estaban por fuera de la manifestación,
destrucción de carros y motocicletas, persecución a un comunicador de
Anzorc, insultos y señalamientos”
[8] .
El Ejército, mientras tanto, ha hecho presencia con tanquetas a lo
largo de las carreteras y ha colaborado con la represión. Si ha habido
algo de violencia por parte de los campesinos, ha sido sólo cuando
cansados de estos abusos han respondido en legítima autodefensa a los
atropellos de la autoridad: “
Cuando el pueblo se organiza, cuando
reclama sus derechos, el gobiernos estigmatiza y trata de ponernos como
lo peor... aquí no hay vandalismo, nosotros no hemos quemado casas y eso
tiene que quedar muy claro; aquí está el pueblo organizado luchando por
lo que por años se nos ha sido negado....se nos han incumplido muchos
acuerdos , como la constitución de la Zona de Reserva Campesina, la
puesta en marcha de los proyectos productivos y la sustitución
progresiva de los cultivos ilícitos”
[9] .
La
represión ya ha dejado dos campesinos muertos, una veintena de
detenidos y medio centenar de heridos, muchos de ellos de gravedad;
sabemos, por ejemplo, de personas que sufrieron amputaciones de manos a
causa de explosivos con esquirlas que el ESMAD está utilizando contra
los manifestantes, junto a otras armas potencialmente letales, como
bombas aturdidoras, granadas de fragmentación y balas de goma y plomo.
Uno de ellos, el campesino de Hacarí
Vladimir Pérez, perdió sus dos manos y un ojo
[10] .
Incluso, el día 20 de Junio, se denunció el disparo de ráfagas de
ametralladora por parte del ejército contra los manifestantes. Varias
organizaciones y movimientos sociales se han solidarizado con esta
lucha. En Cúcuta al menos 350 presos han declarado la huelga de hambre
para solidarizarse de los campesinos, demostrando con esta acción
solidaria, que la cárcel es una trinchera más de lucha
[11] .
Denuncian ellos que más de 400 campesinos de la región han sido
judicializados mediante montajes como parte de la estrategia de
consolidación
[12] .
Ayer
20 de Junio, que se logró establecer una mesa de negociación, los
delegados campesinos de ASCAMCAT la rechazaron debido a lo que
consideraron el “chantaje militar”: la presencia del general de Policía
Rodolfo Palomino, responsable de la represión, y el comandante Marcolino
Tamayo, de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del Ejército
[13] .
Resulta ser una provocación que si los campesinos protestan contra los
abusos de la militarización y la “consolidación militar”, se invite al
estamento castrense a una reunión en la que no tienen nada que aportar.
b. Tolima La
situación en Tolima es gravísima: desde hace unos años, que se declaró
zona de consolidación militar en el sur del departamento, ha comenzado
una persecución espantosa de los campesinos y su organización sindical,
Astracatol, que en marzo del 2011 dio como resultado a dos de sus
dirigentes asesinados,
Gildardo García y
Héctor Orozco. En
el período entre noviembre de 2011 y marzo del 2012, los dirigentes y
miembros de Astracatol de la seccional Chaparral, más específicamente de
La Marina, recibieron un nuevo golpe represivo con el arresto de
Edwin
Lugo Caballero, Jos é Norbey Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo
Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín, Alexander
Guerrero Castañeda y
Armando Montilla Rey. Existe evidencia
oficial de que las acusaciones contra estos campesinos son hechas por
falsos testigos y hasta existe una denuncia ante la Fiscalía General por
esta grave situación que es, a todas luces, un montaje judicial de lo
más burdo. En marzo el ejército acosó y retuvo ilegalmente, por 24
horas, a los dirigentes de Astracatol,
Maribel Oviedo, Onán Cortez y
Osiel Giraldo,
en el municipio de Rovira. Mas tarde, el día 9 de mayo, se procedió a
la detención masiva nuevamente de dirigentes de Astracatol, esta vez en
el municipio de Dolores:
Ramiro Bazurdo González, Guillermo Antonio
Cano Borja, Floricel Buitrago Cangrejo, Norberto García García, Gonzalo
Ernesto Pastor Mora, Constantino Mayorga García, Jos é Guillermo Pacheco
Cruz y
Edilberto Mayorga García [14] .
Sumemos
a esto, el ambiente de amedrentamiento y persecución que se está
imponiendo de la mano de los proyectos minero-extractivos en la región,
principalmente, por la concesión prácticamente de todo el municipio de
Cajamarca a la multinacional AngoGold Ashanti para el proyecto de oro La
Colosa, el cual es insostenible de una perspectiva ambiental y social.
La comunidad que se viene movilizando contra este proyecto,
fundamentalmente en Anaime, ya han recibido señalamientos por parte de
la empresa y de la fuerza pública. Durante el mes de abril, campesinos
de Doima, en el municipio de Piedras, protestaron contra la AngoGold
Ashanti y sufrieron tanto del hostigamiento de la tropa como de las
agresiones del ESMAD
[15] .
Hasta el momento, no hemos tenido capturas masivas en estos
departamentos, pero está cantado que la represión no tardará en dejarse
caer mientras el pueblo y sus organizaciones no estén dispuestos a
dejarse envenenar por la codicia de unos cuantos.
c. Meta
En
la zona del Alto Ariari se vienen adelantando operaciones militares de
gran envergadura en la que se está sistemáticamente afectando a la
población civil: retenciones ilegales, bombardeos indiscriminados y
requisas de alimentos y combustibles a los campesinos. En febrero,
militares de la IV división, junto con bombardear cultivos en la vereda
La Esmeralda y robar comida a los campesinos, retuvieron a dos menores
de edad, de 5 y 6 años, y los usaron como moneda de cambio para
interrogar a su madre. El 11 de abril, paramilitares, que asisten en el
marco de las operaciones contrainsurgentes al ejército, asesinaron y
torturaron (cercenándole los dedos y arrancándole los ojos) al campesino
Jos é Rogelio López. En mayo capturan irregularmente a
Jhon Jaime Vega Cruz, miembro del sindicato campesino Sintragrim
[16] .
En ese departamento también, el día 26 de mayo el ejército arrestó, en un nuevo montaje judicial, al alcalde de La Uribe
Marcelino Chacón, al concejal
Edwin Conde y a la secretaria de inspección de La Julia,
Nohora González. Dentro de este montaje para acosar a miembros de la Marcha Patriótica y de Sintragrim, también arrestaron a
Edgar
Cruz, Wilson Vaca Camacho, Luis Idarraga, Narciso Hernández, Yolima
Lozano, Numael Páez, Jos é Darío Leyva Gutiérrez, Andrés Galán, Fabio
Lotero y
Luis Fdo. Mejía [17] .
d. Cauca
Este
es uno de los departamentos más afectados por la ofensiva militar del
ejército que ha sido cínicamente llamada “Espada de Honor”. Los hechos
de violencia en contra de los campesinos, así como contra las
comunidades afrocolombianas e indígenas, son innumerables, pero muchos
de ellos van enmarcados en este mismo patrón que vemos a lo largo y
ancho del territorio colombiano. En el norte del Cauca (Corinto,
Guachené, Toribío, Caloto y Caldono), en junio del 2012, se detuvieron a
26 personas, incluyendo funcionarios públicos, por supuestos vínculos
con la insurgencia: entre ellos había funcionarios públicos como
Neisair Ramos Navas y
Félix Manuel Banguero, y dirigentes campesinos e indígenas como
Albeiro
Secue Biscue, Francisco Pilcue Ulcue, Jhon Moreno Restrepo, Jhon Jairo
Cifuentes, Fernando Israel Méndez, Edinson Pachón Ramírez, Jos é Alfredo
Ocampo, Óscar Iván Gugú, Jesús Yonda Muñoz, Julio Seque, Fernando Diego
Motato, Yovanny Buitrago Amariles y los hermanos
Rafael y
Sergio Ulcue Perdomo [18] . En Caloto, en agosto del 2012, el ejército asesinó en un operativo de los llamados “falsos positivos” al campesino
Daniel Valenzuela Mosquera y luego procedió a arrestar masivamente a
Gerardo
Barona Avirama, James Barona Avirama, Wilson Castrillón Candela,
Francia Helena Valencia, Daniel Secué, Jhon Alonso Bonilla, Martha Lucía
Piyinué, Idilvio Vitonas, Guillermo Urrea, Manuel Jesús Guetía Acué y
Luis Enrique Bedoya [19] .
Entre
marzo y mayo se ha reprimido duramente al campesinado y las comunidades
caucanas: el 11 de marzo paramilitares emite una amenaza de muerte
contra una serie de dirigentes políticos y sociales caucanos, vinculados
a la Marcha Patriótica, a ANZORC y a Sinpeagric; el 17 de abril, en el
Guayabal, Argelia, se desplazan 295 campesinos a causa de las
operaciones contrainsurgentes del ejército; entre el 22 y 24 de abril,
el ESMAD llega a la vereda Calibio, Popayán, robando y atropellando a la
población, deteniendo ilegalmente y torturando a pobladores, llevándose
a
Samir Anacona y
Donasis Rendón; el 25 de marzo es asesinado
Gustavo Adolfo Pizo,
dirigente de Asocat, en la zona de reserva campesina de Totoró; el 30
de marzo en Caldono el ejército asesinó al indígena nasa
Álvaro Chocue Ramos;
a fines de abril, el ejército arrestó a 17 jóvenes en Puerto Tejada
inculpándolos de auxiliadores del Frente 6 de las FARC-EP; el día 15 de
mayo se produjo nuevamente un asesinato “falso positivo” en Patía, en el
cual la víctima del ejército fue el campesino Leonardo Escorcia
[20] e. Putumayo La
Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica ha sido víctima de una
campaña sistemática de represión por parte de la Brigada 27. Los
bombardeos constantes del ejército han terminado por desplazar a unas 50
familias entre abril y mayo. También en esas fechas,
Deison Javier Rodríguez Cardozo, un dirigente campesino de la región fue detenido ilegalmente por el Ejército quienes lo reclutaron forzadamente
[21] .
El 24 de mayo en Puerto Leguizamo el ejército capturó a los dirigentes y
miembros de la asociación campesina del Putumayo ASCAP,
Wilmer Madroñero, Oswaldo Arcos, Jos é Harry Rendón y
Juan Clímaco Vega, los cuales fueron finalmente liberados por el Juez de Control de Garantías de Puerto Asís debido a la ilegalidad de la captura
[22] .
f. Guaviare
Similares
situaciones han sido denunciadas en el Guaviare por parte de las
asociaciones campesinas que denuncian que en el marco de las operaciones
contrainsurgentes del Estado se les violenta y vulnera permanentemente.
En este contexto es que el dirigente campesino de Asocatragua y miembro
de Marcha Patriótica,
Alonso Lozano, es desaparecido, siendo su cadáver sin vida descubierto varios días después
[23] .
g. Reclamantes de tierras
Una
situación particularmente grave la viven los reclamantes de tierras,
campesinos desplazados que buscan retornar a su tierra, quienes se han
visto victimizados por los llamados “ejércitos anti-restitución” que no
son más que los mismos paramilitares, actuando en connivencia con las
autoridades locales, los terratenientes y la fuerza pública. Este
fenómeno es especialmente fuerte en la costa atlántica, pero no
exclusivo de esta región
[24] . Tenemos recientemente el caso del secuestro y asesinato de
Heriberto Rivera Catalán a fines de mayo en los Montes de María (Bolívar)
[25] .
La comunidad de Las Pavas (Bolívar) también ha venido denunciando desde
mayo un notorio incremento de las amenazas y hostigamientos en su
contra, muchas veces de mano de miembros de la seguridad de la empresa
Aportes San Isidro
[26] .
La comunidad de Pitalito (Cesar) también ha venido sufriendo
hostigamiento y acoso por parte del ejército y de guardias privados del
agroindustrial Juan Manuel Fernández de Castro, desde que retornaron a
su territorio el pasado 21 de mayo
[27] .
Mención
aparte merecen las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó,
desplazados en los ’90 por el ejército y paramilitares al servicio de
bananeros, narcotraficantes, ganaderos y palmicultores, que
continuamente sufren de hostigamientos y señalamientos por parte de la
fuerza pública y paramilitares, llegándose al asesinato y tortura de los
reclamantes
Manuel y
Samir Ruiz en Marzo del 2012
[28] . En Febrero, el padre
Alberto Franco,
de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a estas
comunidades, sufrió un atentado que afortunadamente no tuvo
consecuencias fatales
[29] .
Tomando
en cuenta el alto número de reclamantes de tierras asesinado desde que
Santos anunció con bombos y platillos su política de restitución de
tierras el 2010, tal parece que la única tierra que se restituirá a los
campesinos es aquella con la que cubran sus fosas.
La dinámica de la lucha de clases en el campo y la agenda de negociación
Muchos
hemos visto con “moderado optimismo”, como está en boga decir, pero a
la vez con escepticismo, las actuales negociaciones de paz que se están
llevando entre las FARC-EP y el gobierno nacional
[30] .
El problema real no es la voluntad de paz de los insurgentes, los
cuales no han parado de llamar a una solución negociada al conflicto
desde su misma formación como grupos de autodefensas campesinas ante la
violencia del Estado, y que han asumido siempre estas negociaciones con
extraordinaria buena fe y persistencia ante los constantes golpes de los
“enemigos agazapados de la paz”. Donde tenemos nuestras dudas es en la
voluntad de paz de la oligarquía más sanguinaria del continente, que
utilizó dos procesos de paz anteriores para exterminar a la oposición y
aumentar su pie de fuerzas militar –en 1984 mediante el exterminio de la
Unión Patriótica, en 1998 mediante la unificación nacional de los
ejércitos paramilitares en las AUC y la negociación del Plan Colombia.
Más aún, nuestras dudas se refieren a qué tipo de paz es la que está
pensando esta oligarquía para Colombia –una paz en la que coexista la
opulencia y el hambre, el latifundio y la escasez, el ejército más
grande del continente y la falta absoluta de derechos
[31] .
Abordar
seriamente el tema de la paz requiere de tiempo y de echar mano a las
causas estructurales de la violencia (que es ante todo violencia de
clases). En Colombia ha habido durante más de seis décadas un enconado
conflicto armado, cuyas raíces se incrustan férreamente en las luchas
populares por derechos, fundamentalmente, en las luchas agrarias por el
derecho a la tierra y contra el despojo secular al que han sido
sometidos los campesinos y las comunidades; hablar de paz requiere
afectar las fuerzas materiales detrás de esta dinámica particular de la
lucha de clases colombiana. Como lo plantea el analista Alex Vernot en
un artículo escrito para la revista Dinero, Santos necesita plantearse
si “
¿Está dispuesto a tocar los intereses de los negocios que serían
afectados por el planteamiento de las Farc? Intereses económicos de las
multinacionales, de los terratenientes y de los ‘ricos’, como él también
los llama. Si está dispuesto a hacerlo, la paz tiene una posibilidad
real; de lo contrario, no habrá paz en sus términos ni en los términos
de las Farc.”
[32] El
gobierno de Santos, que precisa de una paz acorde a los intereses de
los grandes inversionistas extranjeras que han puesto sus ojos en las
riquezas minerales y las posibilidades agroindustriales de Colombia,
tiene que establecer un delicado equilibrio en el bloque en el poder,
con sus generales, con sus narco-ganaderos y con las multinacionales, en
este proceso de paz. Este bloque combina sectores dinámicos dentro del
contexto de la globalización capitalista, con sectores de lo más
regresivos y parasitarios (como los ganaderos, cuyo poder político
desproporcionado es entendible solamente si se entiende la compleja
maraña que articula al poder central a los poderes locales en el Estado
colombiano
[33] ).
Combina también, en una fuerte simbiosis, a los sectores mafiosos con
la economía “respetable”. La necesidad de mantener este equilibrio en el
seno de la oligarquía lo pone en una situación en la cual,
avanzar en
la negociación (o tomar en serio sus promesas de combatir al
paramilitarismo o restituir tierras a los desplazados) lo puede alienar
de un sector significativo del bloque dominante; pero
detenerse
en la negociación, puede llevar a un escalamiento del conflicto social y
armado en un escenario en el que la protesta popular ha venido en alza y
la dinámica del conflicto armado muestra una notable recomposición de
la capacidad militar de las FARC-EP
[34] .
Recordemos que no es la insurgencia la que vuelve a la mesa de
negociaciones, sino que el gobierno colombiano, quienes se habían
levantado unilateralmente de ella a comienzos del 2002.
Independientemente de lo que afirmen ciertos sectores, la mera
existencia hoy de una negociación política representa un triunfo para el
movimiento popular que lo ha venido reclamando de hace décadas y una
demostración del poder de la insurgencia para forzar este escenario.
Esta
situación explica en gran medida la política de Santos frente al tema
de la paz y el campo que el columnista Antonio Caballero describe como “
esquizofrénica”
[35] .
En realidad es una política contradictoria que refleja las
contradicciones inherentes al modelo capitalista que se ha desarrollado
en las últimas décadas en Colombia.
Yezid Arteta, en un
interesante artículo, plantea que las reformas agrarias que exigen las
FARC-EP podrían ser parte de la agenda de “
cualquier partido moderno en Europa”
[36] .
El problema es que Colombia no está en Europa. Colombia ni es nunca
será, Suecia. Ni Porto Alegre. Ni Irlanda. Colombia es Colombia.
Enfatizando el talante “reformista” de las propuestas farianas, también
el comandante guerrillero Andrés París dice que ellos ya han hecho la
principal concesión en la negociación que es no exigir ninguna medida
revolucionaria en la mesa
[37] .
Desde luego que no se está pidiendo ni el socialismo ni la abolición de
la propiedad privada en las negociaciones de paz; pero la definición de
qué es una exigencia revolucionaria no es una definición
estática sino que es necesariamente dialéctica, dependiente del contexto
en el cual se hace. Reclamar educación pública en Suecia puede que sea
una demanda de sentido común que puedan esgrimir hasta los elementos más
conservadores de la sociedad. Sin embargo, esta misma exigencia en
Colombia, en virtud de las fuerzas que deben movilizarse y de los
cambios estructurales que deben efectuarse para materializarla, se
convierte en una exigencia revolucionaria o con un potencial
revolucionario indiscutible. Vale decir,
lo “revolucionario” de una
medida depende del impacto que tiene sobre el equilibrio de fuerzas en
la lucha de clases en una sociedad concreta, no en el “capitalismo” en abstracto.
Medidas
relativas a la cuestión agraria que parecerían de sentido común, que
todos sabemos que son necesarias, enfrentan la oposición irreductible,
según Antonio Caballero, de la “
reacción conservadora”, hoy encarnada en el uribismo, que “
no quiere que el campo deje de ser suyo y feudal”;
y sólo el alzamiento en armas de la insurgencia ha logrado, por fin,
hacer que estos temas relativos a la modernización del campo sean parte
de la agenda política
[38] . Su conclusión es inequívoca: “
Sacar el campo colombiano de la época feudal sería una revolución”
[39] .
Pero la “modernización” no es un concepto exento de polémica y
controversia. Obviamente, las “modernas propuestas” de las FARC-EP, como
las llama Arteta, tiene un contenido social y de clase muy diferente a
las propuestas de modernización que busca Santos de la mano de
multinacionales y de los agronegocios, que continúan con la secular
tradición de despojo a los campesinos, como lo hemos apreciado de manera
dramática en el Llano
[40] .
¿Negociación de paz o estrategia integral de pacificación? El
gobierno colombiano entiende el potencial revolucionario de las
transformaciones que se pueden desencadenar a raíz de un acuerdo que
altere las relaciones de clases en el campo. Atacar al latifundismo y
los ganaderos no significa solamente modernizar el campo, sino
comenzar el desmonte de las bases materiales y sociales que han permitido la emergencia del Estado contrainsurgente-paramilitar
que por largas décadas ha adelantado el despojo contra el campesinado y
la implementación del terrorismo de Estado contra el conjunto del
movimiento popular. Atacar esa alianza de terratenientes y
narcotraficantes que controlan el 70% de la tierra cultivable (el
coeficiente Gini rural es de un inaudito 0,88 y apenas 3.639 personas
controlan el 47% del territorio cultivable)
[41] es atacar las bases materiales del actual régimen excluyente, violento, conservador y mafioso.
El
gobierno de Santos busca modernizar, pero modernizar sin pueblo que
pueda alterar el contenido neoliberal y oligárquico de su proyecto .
Es por ello que el gobierno, mientras adelanta las negociaciones en La
Habana, se encarga de reprimir, perseguir, encarcelar, desplazar,
asesinar, bombardear y desaparecer a las fuerzas vivas que pueden hacer
carne un acuerdo de modernización favorable a los intereses populares
del campesinado. Al igual que los regímenes fascistas, nunca se ataca
una medida legal progresista, sino que se ataca directamente al
movimiento que la sustenta. Después, la más progresistas de las
constituciones no vale de nada y puede ser cómodamente desnaturalizada y
descartada. ¿No es esta la historia de los últimos veinte años en
Colombia?
Por esto ponemos el grito de alerta en Colombia: el
ataque sistemático y alevoso que estamos presenciando contra el
movimiento campesino es un ataque frontal contra el proceso en La
Habana. Por ello es importantísimo alzar la voz ante estos atropellos y
movilizarse en los términos más enérgicos para solidarizarnos con la
resistencia campesina y que el bloque dominante sepa que la violencia
contra los campesinos tendrá un costo político para ellos. Hemos dicho
lo importante que es rodear el proceso de paz y el 9 de abril más de un
millón de personas en Bogotá demostraron el importante respaldo político
que hay hacia el proceso, aunque los medios, manejados por la camarilla
uribista intenten torpedearlos cotidianamente. Pero rodear el proceso
de paz, en las actuales condiciones, no significa tanto agitar
banderitas blancas en las fechas rituales de siempre, sino que
solidarizarse con las enormes luchas que está dando el campesinado. Ahí
está la lucha de los caficultores, cacaoteros y paperos. Ahí está hoy la
Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) dando un ejemplo de lucha
y organización a todo el país. Una eventual victoria de estos
compañeros, significa un impulso titánico para el movimiento por las
zonas de reserva campesina y por la reforma agraria a nivel nacional,
así como una derrota estratégica contra los señores de la guerra y del
despojo, aglutinados bajo la arcaica figura del latifundio y de la
modernizante agroindustria. No es comprensible que se deje a estos
compañeros pelear solos; requieren más que un respaldo moral del
movimiento popular, sino que la movilización activa de éste,
fundamentalmente del campesinado.
El compromiso con la solución
negociada al conflicto, requiere que el pueblo no se conforme con los
espacios oficiales facilitados por Naciones Unidas, sino que también
negocie en las calles de Colombia,
apostando por el avance de la lucha popular. Para que la “justicia
social” sea el componente fundamental en la ecuación de la paz.
No debe confundirse el desactivar al conflicto armado con acallar el conflicto social.
Nuestra apuesta por la paz es para que al pueblo no se le meta plomo
cada vez que demanda sus derechos y se moviliza activamente por ellos. Y
el elemento central que aglutina a esta formación social
estructuralmente violenta, es la oligarquía terrateniente. De ahí el rol
central que sume la lucha campesina en la actual coyuntura.
La
oligarquía no se cansa de poner sus líneas rojas lo más claras posibles.
¿Tiene el movimiento insurgente sus propias líneas rojas? ¿Tiene el
movimiento popular y campesino sus propias líneas rojas? El comandante
fariano Jesús Santrich ha afirmado que en Colombia hay espacio para la
coexistencia de varios modelos productivos
[42] .
No nos cabe duda de ello, pero en toda formación social que combina
diferentes modos de producción, uno de ellos es hegemónico. La cuestión
de fondo entonces no puede ser confundida y es la siguiente: ¿Se tocará
el latifundio? ¿Si o no?
Si no se toca en La Habana,
necesariamente tendrá que tocarlo el pueblo movilizado. De lo contrario,
difícilmente habrá paz, ni siquiera la paz de las inversiones
multinacionales que busca el santismo. Un acuerdo de paz que no toque al
latifundio será una caja de Pandora que la oligarquía bien podrá abrir,
pero la cual difícilmente podrá cerrar. Y tendremos la cruel paradoja
de los procesos de paz previos, donde las pretensiones de “pacificador”
del oligarca de turno en el poder, solamente llevaron a nuevos y más
crueles ciclos de violencia.
NOTAS:[1] http://www.camega.org/inicio/index.php/perfil/inicio/456-santos-desprendiendose
[2] http://www.semana.com/nacion/articulo/de-calle-dice-no-farc-por-que/346491-3
La importancia de la Constituyente, aún siendo una apuesta arriesgada
por lo que significa la presencia uribista en una eventual asamblea
constituyente, no debe ser despreciada: “sólo a través de una
Asamblea Nacional Constituyente se podrían modificar las causas
estructurales que dieron origen a la guerrilla, a la violencia, y a los
fenómenos políticos, sociales y económicos de la guerra que vive
Colombia. Y, particularmente, dar solución a lo planteado en las ‘ocho
propuestas mínimas para el reordenamiento y uso territorial’ hechas por
las Farc.” http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/las-farc-saben-hacen-nosotros-tambien/169331
[3] http://justiciaypazcolombia.com/Carta-Abierta-de-la-CCEEU-y-la
[4] http://prensarural.org/spip/spip.php?article10986 http://prensarural.org/spip/spip.php?article10992
[5] http://prensarural.org/spip/spip.php?article10913
[6] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155510 http://prensarural.org/spip/spip.php?article9000
[7] http://prensarural.org/spip/spip.php?article11131 http://prensarural.org/spip/spip.php?article11133 http://justiciaypazcolombia.com/Comunicado-instalacion-mesa-de http://prensarural.org/spip/spip.php?article11146
[8] http://prensarural.org/spip/spip.php?article11114
[9] http://prensarural.org/spip/spip.php?article11110 http://prensarural.org/spip/spip.php?article11121
[10] http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/catacumbo7.html
El carácter letal de estas armas lo atestigua este informe del Equipo
Nizkor de derechos humanos, que reporta la muerte de dos anti-motines
del ESMAD mientras manipulaban una granada de fragmentación.
[11] http://prensarural.org/spip/spip.php?article11137 http://prensarural.org/spip/spip.php?article11129 http://prensarural.org/spip/spip.php?article11130 http://prensarural.org/spip/spip.php?article11133 http://prensarural.org/spip/spip.php?article11148
[12] http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/catacumbo7.html
[13] http://prensarural.org/spip/spip.php?article11139 http://www.semana.com/nacion/articulo/el-ministro-agricultura-ramas/348258-3 http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=422435&Itemid=28#.UcIXpOVBs-Y.gmail
[14] http://www.anarkismo.net/article/24716 http://www.tlaxcala-int.org/campagne.asp?reference=23 http://www.anarkismo.net/article/25704 http://www.anarkismo.net/article/25345 http://www.anarkismo.net/article/25086 http://www.anarkismo.net/article/25694
[15] http://www.anarkismo.net/article/25101 http://prensarural.org/spip/spip.php?article10730
[16] http://justiciaypazcolombia.com/Continuan-detenciones-a-campesinos http://prensarural.org/spip/spip.php?article10335 http://prensarural.org/spip/spip.php?article10635
[17] http://www.traspasalosmuros.net/node/1347 http://www.pacocol.org/index.php/comite-regional/meta/4519-terrorismo-de-estado-en-la-uribe-meta-masiva-detencion http://anarkismo.wsm.ie/article/25595
[18] http://m.eltiempo.com/justicia/al-menos-26-detenidos-por-farcpolitica-en-cauca/11935075/1
[19] http://anarkismo.net/article/23704
[20] http://prensarural.org/spip/spip.php?article10397 http://prensarural.org/spip/spip.php?article10686 http://prensarural.org/spip/spip.php?article10747 http://prensarural.org/spip/spip.php?article10832 http://prensarural.org/spip/spip.php?article10555 http://prensarural.org/spip/spip.php?article10523 http://prensarural.org/spip/spip.php?article10900
[21] http://prensarural.org/spip/spip.php?article10854 http://prensarural.org/spip/spip.php?article10823 http://prensarural.org/spip/spip.php?article10854
[22] http://www.traspasalosmuros.net/node/1381
[23] http://prensarural.org/spip/spip.php?article10533
[24]
Hace unos años, el 2010, apareció una película dirigida por Carlos
Gaviria, muy ilustrativa de este fenómeno llamada “Retratos en un mar de
mentiras”.
[25] http://prensarural.org/spip/spip.php?article10994
[26] http://prensarural.org/spip/spip.php?article11023
[27] http://justiciaypazcolombia.com/Hostigamientos-contra-la-comunidad
[28] http://colombialand.org/wp-content/uploads/2013/06/Justicia_Evasiva.pdf
[29] http://cdhal.org/es/acciones/ataques-contra-del-padre-alberto-franco-comision-intereclesial-justicia-paz-colombia
[30] http://www.anarkismo.net/article/23744
[31] http://www.anarkismo.net/article/20115
[32] http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/las-farc-saben-hacen-nosotros-tambien/169331
[33] http://www.anarkismo.net/article/24273
[34] http://www.anarkismo.net/article/21961
[35] http://www.semana.com/opinion/articulo/optimismo/345764-3
[36] http://www.semana.com/opinion/articulo/las-modernas-propuestas-farc/332372-3
[37] http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/gobierno-nunca-tendra-foto-entrega-armas-vocero-farc
[38] http://www.semana.com//opinion/articulo/optimismo/345764-3
[39] http://www.semana.com/opinion/articulo/optimismo/345764-3
[40] http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-271650-al-llano http://www.semana.com/opinion/articulo/los-nuevos-llaneros/346467-3
[41] http://www.sogeocol.edu.co/documentos/09late.pdf
[42] http://confidencialcolombia.com/es/1/106/6793/Pueden-coexistir-varios-modelos-productivos-en-el-pa%C3%ADs-Jesus-Santrich-Farc-agrario-di%C3%A1logos-campesinos.htm (*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente
en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con
América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América
Latina" (Quimantú ed. 2010).
