Las organizaciones firmantes denunciamos ante la opinión pública Nacional e Internacional, las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos, organismos de control del Estado, Instituciones Gubernamentales y Medios de Comunicación los siguientes hechos:

1. Desde el dia sábado 6 de julio se han intensificado los combates entre las tropas de la Brigada 29 del Ejercito Nacional y la insurgencia de las FARC en inmediaciones de las veredas Come Dulce, Agua Blanca, San Pablo, Brisas, Naranjal y Los Mangos, pertenecientes a los corregimientos de Betulia y Bellavista (Municipio de Suarez- Cauca).

2. En las referidas zonas se están presentando bombardeos aéreos y ametrallamientos que han generado el confinamiento de la comunidad de la vereda de San Pablo, quienes ante la difícil situación decidieron ocupar la escuela comunitaria, lugar donde hasta la fecha continúan confinados.

3. Como consecuencia de esta situación ya se presentó el desplazamiento forzado de aproximadamente 80 familias de la vereda Come Dulce, situación que se prevé ocurra con aproximadamente 250 familias más que habitan en las otras comunidades mencionadas, habida cuenta de que las tropas del ejercito han expresado que aumentarán el número de uniformados en la zona y que además por lo delicado de la situación, éstas no responden por la integridad de la población civil.

4. En las zonas mencionadas se está presentando una crisis humanitaria (que tiende a agravarse) debido a la imposibilidad de la población para trabajar y adquirir los alimentos e insumos necesarios para la subsistencia familiar.



Suscriben:
Proceso de Comunidades Negras – PCN
Corporación Sembrar
Corporación Nomadesc
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia
Consejo Comunitario La Toma
Consejo Comunitario Brisas
Consejo Comunitario Bellavista

Acción urgente de solidaridad con las comunidades en La Pluma: http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5013:colombia-accion-urgente-intensos-combates-generan-crisis-humanitaria-y-desplazamiento-forzado-de-comunidades-negras-en-el-norte-del-cauca&catid=90:impunidad&Itemid=422

Por Hernando Vanegas.

La imposición violenta, a sangre y fuego, de la visión del paradigma occidental, en nuestro caso con la llegada de los españoles, condujo a la extinción de 50 millones de nativos americanos.
La simplicidad, la visión cartesiana-newtoniana, el desprecio por lo diverso y por el otro, el aborrecimiento y desconocimiento de lo autóctono, la imitación grosera y burda de lo europeizante y hoy día del “modo de vida americano», la incapacidad de una visión en el adentro del propio ser, la incapacidad de ver el adentro interiorísimo del otro, de reconocerse en el otro, han sido también resultados nefastos de esta larga noche de aculturación que hemos padecido los colombianos.
El acceso a la educación se convierte en imperativo para la satisfacción de las necesidades de fuerzas productivas laborales que se vendieran al desarrollo de un capitalismo que tampoco fue producto del desarrollo de nuestras fuerzas productivas, sino el resultado de la imposición de lo que algunos autores llaman la modernidad capitalista.


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La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), red de 249 organizaciones sociales y ONG para la promoción y defensa de los derechos humanos, expresa su preocupación por la persistente estigmatización de los líderes y organizaciones campesinas del Catatumbo por parte del Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón.

Los señalamientos contra los líderes y voceros de las comunidades campesinas del Catatumbo, movilizadas desde el pasado 12 de junio en demanda por los injustificados retrasos en el reconocimiento de la Zona de Reserva Campesina, el rechazo a las erradicaciones de cultivos de uso ilícito sin alternativas viables y el cese de las violaciones a los derechos humanos contra la población de la región, se presentan en un contexto en el cual resultan perjudiciales para el buen desarrollo de los diálogos con el Gobierno, pues cuestionan la legitimidad de los representantes de los campesinos reclamantes y cubren de sospechas y dudas las conversaciones que se intentan adelantar. Los señalamientos generalizados de parte del Ministro de Defensa sobre estas movilizaciones campesinas, acusándolas de estar impulsadas e infiltradas por las guerrillas y descalificando a organizaciones campesinas como ASCAMCAT y la ACVC, o a líderes y defensores de derechos humanos como CÉSAR JEREZ, solamente conducen a deslegitimar el papel de estos voceros y líderes ante el Gobierno nacional. Estas actitudes contravienen abiertamente las reiteradas declaraciones del Gobierno Nacional y los compromisos asumidos en el marco de la Mesa Nacional de Garantías de respetar la labor y ofrecer garantías a los defensores de derechos humanos.

Tener estudios profesionales, haber estudiado en universidades de la antigua Unión Soviética o ser mencionados en presuntos correos de comandantes guerrilleros muertos, son las pruebas aportadas por fuentes del Ministerio de Defensa a los medios para demostrar vinculaciones con la guerrilla y los fundamentos para sus acusaciones. Si el Ministro de Defensa cuenta con pruebas de la ocurrencia de conductas delictivas, su obligación es formular las denuncias correspondientes ante las instancias judiciales, en lugar de hacer señalamientos públicos estigmatizadores que lo único que consiguen es obstaculizar los procesos de interlocución con las comunidades reclamantes en el Catatumbo. Las autoridades judiciales son las encargadas de establecer si se han presentado o no actividades ilegales de injerencia por parte de actores armados en las protestas.

Por otro lado, la entrega de documentos de inteligencia seleccionados por parte del Ministerio a los medios de comunicación evidencia que las actividades estatales de inteligencia ilegal contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, como las denunciadas en el escándalo de las llamadas “chuzadas” del DAS, continúan ocurriendo a pesar de los anuncios oficiales en sentido contrario y de las reiteradas recomendaciones internacionales en la materia.

Por las razones anotadas, las organizaciones que hacen parte de la CCEEU demandamos que el Ministro de Defensa se abstenga de estigmatizar a los líderes y organizaciones sociales del Catatumbo, así como a las propuestas de organización de las comunidades campesinas de esta región. Exigimos también al Gobierno Nacional la suspensión inmediata del uso de la inteligencia como medio para perseguir a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Finalmente, llamamos al Gobierno Nacional a continuar el diálogo con las organizaciones campesinas movilizadas con miras a dar salidas oportunas y efectivas a sus reclamos, respetando la autonomía de aquellas para nombrar a sus voceros y sus líderes. Esperamos que se reconozca tanto a las organizaciones como a sus representantes, y en particular a CÉSAR JEREZ y los líderes de ASCAMCAT y la ACVC, como interlocutores válidos de los campesinos del Catatumbo en este proceso, y que en esa medida se les ofrezcan todas las garantías necesariaspara que puedan cumplir con su mandato.

Bogotá, 12 de julio de 2013

Mientras en Colombia pasan agachadas las noticias sobre la compra de tierras campesinas que hicieron varios conglomerados, en Estados Unidos dos prestigiosas publicaciones informan sobre el asunto y vinculan al embajador en Washington a lo que, según el diario The Wall Street Journal, “muchos colombianos consideran un despojo”. Tanto el Journal como la revista Time dedican amplio espacio a la compra de 80.000 hectáreas de tierra en el Vichada. Los congresistas Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias afirman que se violó la ley al pasar la propiedad de predios de labriegos a las empresas Cargill –productora gringa de alimentos–, Riopaila Castilla S. A. y Grupo Aval S. A. (propietario de EL TIEMPO).

Citando códigos y dos leyes susceptibles de interpretaciones, los portavoces de las tres compañías niegan cualquier ilegalidad. Sin embargo, el procedimiento por el cual las fincas campesinas se volvieron latifundios es altamente sospechoso. En el caso de Riopaila y Cargill, funcionó una red de empresas fantasmas que incluye la creación en Bogotá de 27 sociedades anónimas simplificadas (SAS), cuyo único socio era el abogado Francisco Uribe Noguera, y el traslado de dichas sociedades a España, donde Uribe las cede a cinco firmas españolas afincadas en Luxemburgo. Estas, a su turno, crean otras que compran a las primeras, y al final del tortuoso laberinto aparece Riopaila y se queda con la tierra. A través de una filial y 26 SAS, Cargill emplea malabarismos parecidos que le permiten hacerse con 40.000 hectáreas de campesinos pobres.

Si todo era legal, diáfano, transparente, ¿por qué necesitaron semejante baile internacional de sociedades, con paraísos fiscales como Luxemburgo y un destino final común?

Aquí hay tres problemas. Por un lado, la irregularidad de las maromas, ya declarada por varias autoridades. Por otro, la presencia entre telones de la conocida firma de abogados Brigard & Urrutia, diseñadora y ejecutora de las complicadas tramas jurídicas, a la que pertenece el abogado Uribe. ¿Se prestó el exitoso bufete para sacar el cuerpo a la ley mediante un barroco entramado societario? Finalmente: ¿debe renunciar a su puesto el embajador Carlos Urrutia, socio y cerebro de Brigard & Urrutia cuando se diseñaron las retorcidas redes de empresas, como lo exigen los congresistas del Polo Democrático?

Urrutia es un gran abogado, pero carece de experiencia diplomática. Lo nombró allí el presidente Juan Manuel Santos por amistad y capacidades. Enfrentamos, pues, un viejo virus administrativo sobre el que prevenía hace 80 años el expresidente Eduardo Santos, tío de JMS y prócer liberal del siglo XX: el peligro de los hombres de negocios cuando ocupan puestos del Estado, pues a menudo arrastran intereses incompatibles con la función pública y despliegan talante de empresarios particulares, acostumbrados a vigilancias acomodaticias.

No digo que todo empresario convertido en diplomático de ocasión sea un problema. Madrid prueba que no es así. Pero Urrutia reaccionó como un ejecutivo de empresa y no como un servidor público. Cuando el senador Robledo le preguntó por su papel en la confección de las telarañas del Vichada, respondió en una carta con timbre de la embajada en Washington: “Usted formula una serie de preguntas que nada tienen que ver con las funciones que desempeño”.

Se equivoca, embajador Urrutia: existe una fiscalización política ejercida en nombre de la confianza pública que acompaña o pierde un funcionario. Los embajadores son empleados de los contribuyentes y deben aclararnos toda duda que exista sobre su pasado, presente o futuro. Por eso me sumo a la pregunta: ¿cuál fue su papel en la arquitectura de este anómalo laberinto jurídico mediante el cual las propiedades campesinas pasaron a dos grande conglomerados en una zona de guerra social? Si el Gobierno está satisfecho con su silencio, los ciudadanos no.

Daniel Samper Pizano
cambalachetiempo@gmail.com

Entrevista al profesor de biología molecular Gilles-Eric Séralini de la Universidad de Caen que publicó un estudio reciente sobre el herbicida Roundup de Monsanto el más vendido en el mundo, en su estudio demuestra que este en dosis infinitesimales (tal como está en los alimentos que se los encuentra en el mercado y aprobado por las agencias de seguridad) penetra y mata a las células humanas,