Editorial FORO PERMANENTE PAZ
Para
el diario capitalino El Tiempo, el soldado estadounidense Kevin Scott
Sutay, "ex marine, fue secuestrado por las Farc el pasado 20 de junio en
El Retorno (Guaviare)".
Este medio de comunicación titula
una nota de su Redacción Judicial del 22 de julio, tomando las palabras
del ministro de la guerra, el señor Pinzón, quien pretende que el país
crea que, inocentemente, Kevin Scott "llegó al Guaviare en busca de
fortuna".
No somos tontos, nadie se va a tragar el cuento de que
una persona con la formación militar del soldado Sutay, que hasta hace
pocos meses cumplió misión en las guerras que el imperio desató en Asia,
va a llegar de su propia inspiración, de "turista" a un área de guerra.
Así
las cosas, el "joven aventurero que planeó cruzar las selvas del
Guaviare, a pie y con la ayuda de un machete y un GPS", no es otra cosa
que un mercenario, o lo que eufemísticamente suelen llamar como "soldado
de la fortuna". Y esa fortuna no consiste propiamente en "buscar una
mina de oro", según de manera casi angelical lo expresa el ministro
Pinzón
El embajador estadounidense, Michael Mckinley, dijo el
sábado anterior que "su compatriota era un militar retirado y que no
hacía parte de una misión de su país en Colombia". Es lo menos que puede
decir, y se entiende. A él le corresponde tratar de proteger a su
compatriota, y sobre todo ocultar el intervencionismo militar de su país
en Colombia. Pero ocurre que desde los inicios del mal llamado Plan
Colombia, los Estados Unidos incrementaron como política oficial la
presencia de mercenarios y su intromisión en el conflicto interno, lo
cual ha obligado a que las FARC tomen elementales medidas de seguridad y
precaución en sus áreas de operaciones, como ésta de capturar e
investigar a un extraño, bastante extraño, que aparece de la noche a la
mañana con pinta de RAMBO en medio de la selva.
Estamos en
guerra, una confrontación respecto a la cual, aunque estemos en diálogos
de paz, el gobierno ni siquiera ha querido pactar un cese bilateral de
fuegos que brinde un mejor ambiente de tranquilidad que permita avanzar
con más celeridad. Entonces, es absurdo que el ministro Pinzón insista
en que las Farc rompieron su promesa de no volver a secuestrar.
Las
capturas de militares, incluyendo mercenarios y paramilitares, en áreas
de confrontación no son secuestro, así que no suenan más que a
bravuconadas torpes e innecesarias las exigencias de Pinzón cuando dice
respecto a Sutay, que las FARC “Tienen que liberarlo rápidamente y
dejar de decir mentiras señalándolo como un mercenario”. La fraseología
de El Tiempo en ese sentido tampoco sirve de nada, sobre todo cuando por
nuestra propia voluntad hemos dicho que será liberado, aunque
tendríamos todo el derecho de canjearlo por alguno de los nuestros que
sufren hacinamiento, tortura y todo tipo de vejaciones en las cárceles
del régimen.
Necesario sería que en vez de hacerle eco al
sonsonete mediático que sigue apuntando a señalar a los insurgentes como
secuestradores, la "gran" prensa más bien, desenmascarara con la
denuncia la creciente presencia de mercenarios en Colombia, pues
bastante utilizados han sido y son como instrumento para violar los
derechos humanos y obstaculizar el ejercicio de los pueblos a la libre
autodeterminación.
Con solamente recordar los "servicios" que
el Mercenario israelí YAIR KLEIN, "prestó" a nuestro país, tenemos
argumentos suficientes para alarmar al mundo entero y exigir con razón
que debe cesar el criminal intervencionismo extranjero, el cual para el
caso de Colombia se hace fundamentalmente a través de compañías privadas
de seguridad que son las que regularmente contratan servicios militares
empleando mercenarios. Una especie de privatización del
intervencionismo.
YAIR KLEIN era coronel retirado del ejército
israelí, y por sus propias declaraciones se conoce que su empresa de
seguridad fue contratada en 1988 por ganaderos y empresarios de la
industria del banano para entrenar a miembros de grupos paramilitares en
Colombia, entre los que se contaba a los hermanos Castaño.
Agrega
Klein que estas actividades eran de conocimiento de Carlos Arturo
Casadiego, por entonces General de la Policía Nacional. El resto de la
historia ya es conocido, las decenas de alumnos de Yair Klein llenaron
de masacres y luto el territorio nacional.
Por lo demás, y como
ya habíamos apuntado, con el Plan Colombia se incrementó la contratación
de mercenarios, comenzando por que los aviones, helicópteros,
armamento, mantenimiento, capacitación, asesoría en inteligencia
técnica, y otros aspectos que tienen que ver con el asunto, son
manejados por misiones permanentes de militares y civiles yanquis que,
para colmo de males y descaros, están cobijados por la inmunidad
diplomática.
Recordemos que el Plan Colombia en su primera fase
dispuso de 400 militares estadounidenses para operar en nuestro
territorio y el congreso de Estados Unidos autorizó la presencia de
hasta 400 "contratistas civiles", que es el nombre eufemístico de los
intervencionistas privatizados. Esto hasta donde se sabe. Pronto el
Departamento de Estado y la empresa Dyn Corp, argumentando que esta
limitación era para estadounidenses, sobrepasaron los números indicados
incorporando mercenarios de Guatemala, Honduras y Perú. Pero de
complemento, en octubre de 2004 el Congreso de EE.UU. levantó las
restricciones, entonces el número de soldados pasó a 800 y el de
"civiles" a 600, según versiones oficiales.
No es admisible la
pretensión de que el personal militar, entrenado para la guerra,
equipado con instrumentos bélicos, pueda estar cobijados por
convenciones como las de Viena, argumentando que se han firmado los
“acuerdos” de instalación de Bases militares y marines que en ella
operen.
Valga expresar que las Convenciones sobre Relaciones
Diplomáticas (1961), Relaciones Consulares (1963), Misiones Oficiales
(1969), no fueron diseñadas para personal militar o prácticas de guerra,
sino para darle sustento a la práctica diplomática de los Estados.
Es
un exabrupto pretender que militares que actúan en un escenario en el
que el Estado Huésped ha perdido su soberanía puedan pretender los
privilegios e inmunidades del personal diplomático y consular que
representa a un país extranjero, acudiendo a subterfugios como el de
incluirlo como “personal técnico y administrativo de la embajada”.
Desde
los tiempos en que Ronald Regan declaro su “guerra a las drogas”, con
una visión de extraterritorialidad propia de la mentalidad imperialista,
se recrudeció la militarización de la política exterior yanqui y con
ello la inclusión de personal militar gringo y de diversos países en
operaciones aparentemente orientadas a acabar con el flagelo del
narcotráfico, y bajo la consideración de que era un “asunto de seguridad
nacional”, se desplegaron procesos de radarización e interdicción
aérea, construcción de Bases en áreas de cultivos “ilícitos”,
estructuración de cuerpos especiales para la “lucha anti-drogas”,
militarización de la policía con adiestramiento, conducción y control
del Comando Sur, sin que ello efectivamente se tradujera en una merma de
la narco producción, pero sí en intervencionismo creciente.
Para
tal despliegue, entre muchos otros puntos donde operan fuerzas yanquis y
otras fuerzas extranjeras, está el aeropuerto de San José del Guaviare,
con presencia de los llamados “Contratistas” de la Dyn Corp, de Matcom y
TRW, apersonados del mantenimiento de los helicópteros Black Hawk y de
fumigaciones aéreas de plantíos de coca. Por otro lado, en el
departamento del Vichada está ubicada la Base de Marandúa, donde existe
un sistema de radares y comunicaciones controlado por la National
Segurity Agency (NSA) del Departamento de defensa de los Estados Unidos.
Pero
aparte de Dyn Corp existen muchas otras empresas privadas Como Lockheed
Martin Corp (fabricante de aviones de combate, tecnología militar de
punta, armamento para guerra de baja intensidad, sistemas de
comunicaciones, entrenamiento a la Policía Nacional colombiana); Te
Rendon Group (asesores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y
del Ministerio de Defensa en comunicaciones y diseño de guerra
psicológica); Northrop Grumman (asesoría en sistemas de inteligencia y
comunicaciones en tierra y en aire); Arinc Inc (mantenimiento, apoyo
logístico, entrenamiento y modernización de aeronaves de guerra
artilladas, entrenamiento de Policía nacional); TW (manejo de datos de
radares y comunicaciones para las Fuerzas Armadas); Matcom ( coordina
programas de contrainsurgencia entre el Comando Sur y las Fuerzas
Armadas de Colombia): Están además las empresas contratistas Oackley
Network, ACS Defense, Air Park Sales and Service Inc, INS, Integrated
Aero System Inc, Alion, Sciencie Applications International Corp;
Imagery Analysis; Kellogg Brown & Root (subsidiaria de Halliburton),
Man Tech, Arriscan y Vinnell, todas abrigando mercenarios y pisoteando
nuestra soberanía con el beneplácito de los gobernantes de turno.
Como
consecuencia de los convenios que cobijan la presencia de los
mercenarios, sobre estos las autoridades no pueden ejercer jurisdicción
para investigarlos o juzgarlos, y al ser considerados parte de la
misión diplomática en Colombia, estos contratistas se sustraen también
al cumplimiento de la normatividad migratoria, situación que les
facilita cometer delitos en el país.
Ninguna autoridad
colombiana ha dado explicaciones claras sobre la presencia de
mercenarios en nuestro territorio, y la justifican diciendo que se
enmarcan en actos propios de fraternidad y cortesía internacional,
amparados por la celebración de acuerdos bilaterales que, valga
precisar, nunca han sido objeto de revisión por parte del poder
legislativo.
Estos mercenarios, aliados con los paramilitares y
empresas trasnacionales como Chiquita Brands, Coca Cola y Drummond
Company, han sido causantes principales del desangre de nuestro pueblo;
razón suficiente para legítimar el procedimiento de captura e
investigación sobre Kevin Scott Sutay, a quien liberaremos solamente
motivados por nuestro anhelo de paz, incluso pasando por alto las
majaderías de un ministro pendenciero, que mantiene inclinada su cabeza
frente a su amo del norte
