Desde hace un poco más de dos semanas, entre 7 mil y 14 mil
campesinos mantienen bloqueadas las rutas en los municipios de Tibú y
Ocaña logrando la suspensión de las operaciones petroleras en la región,
luego de que el ejército colombiano comenzara un operativo de
erradicación manual de cultivos de coca y amapola. Debido a los duros
enfrentamientos entre manifestantes y policías, la ONU condenó la
represión que ya suma más de 3 muertos.
Por la redacción de APAS |
14|07|2013
La región del Catatumbo está conformada por los municipios de
Convención, El Carmen, Vacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata,
La Playa y Teorama. Es una región que ha sido construida a pulso y con
grandes sacrificios por las comunidades campesinas víctimas crónicas de
la ausencia estatal. Es una región con la cual el Estado tiene una gran
deuda histórica, social y política heredada de su percepción y
clasificación como zona de conflicto y donde la su presencia ha sido
fundamentalmente represiva.
A las comunidades del Catatumbo no les ha tocado fácil, al abandono
Estatal se ha sumado la presencia de grupos paramilitares, bandas
criminales y grupos de narcotraficantes que han favorecido la cultura de
la ilegalidad, la siembra de grandes extensiones de cultivos de uso
ilícito, de los cuales se han visto obligadas a vivir ante la falta de
estímulos y posibilidades para el desarrollo de una economía campesina
vigorosa, dedicada a salvaguardar y garantizar la soberanía y
sustentabilidad alimentaria de la Nación.
Los campesinos de Catatumbo han presenciado el transitar de la
violencia, la muerte, el despojo y han sido forzados al desplazamiento,
donde el Estado no sólo no ha hecho presencia permanente e integral en
el territorio, sino que cuando lo hace es para reprimir o para firmar
acuerdos que nunca cumple después de más de dos décadas, con lo cual
obliga a la población a estarse movilizando en defensa de su territorio y
sus proyectos de bienestar y futuro.
Después de varios desplazamientos masivos ocurridos en la primera década
del siglo XXI como consecuencia de la arremetida paramilitar, una gran
parte de las familias campesinas que se vieron obligadas a salir -porque
no hubo ninguna institución que protegiera y salvaguardara su vida,
honra y bienes, como lo manda la constitución-, decidieron retornar a
sus tierras e iniciar un proceso de re-establecimiento socioeconómico
que ha sido infructuoso como resultado de las constantes réplicas del
conflicto armado, la escasa infraestructura institucional y social, las
pocas opciones y posibilidades productivas y económicas que tienen en la
región los campesinos.
La prolongada crisis económica y humanitaria, el abandono institucional y
la presión de los actores armados ilegales hacen que la siembra,
procesamiento y comercialización de la hoja de coca sea la única
alternativa económica de supervivencia para la población rural. No es
que los campesinos del Catatumbo sean cocaleros por decisión propia, a
esto han sido llevados por la urgencia del sobrevivir con un mínimo de
dignidad, las presiones de la violencia ante la falta general de
oportunidades, la inexistencia de proyectos de desarrollo que los
contemple como propietarios y productores y les ofrezca una articulación
a los circuitos de la economía convencional en condiciones favorables.
El conflicto que se desarrolla actualmente en el Catatumbo envía una
mala señal a lo que podría llegar a ser una fase de postconflicto armado
en materia de solución de los problemas sociales y agrarios, si la
respuesta del Estado se reduce a la violencia, asesinato y
judicialización de la población rural y la dirigencia de los movimientos
sociales.
En La Habana, Gobierno y FARC-EP están comprometidos en unas
conversaciones que buscan poner fin al conflicto armado y buscar un
camino democrático y dialogado para la solución de los problemas del
país. En el Catatumbo el Gobierno a través de la fuerza pública responde
con fuego a las exigencias de las comunidades campesinas, que no están
pidiendo nada distinto a que el Estado cumpla con las leyes que el mismo
ha formulado, en particular, la Ley 160 de 1994 en lo referente al
impulso y fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina.
En agosto de 2011, a través de la resolución 2066 el Incoder da vía
libre a la constitución legal de la Zona de Reserva Campesina del
Catatumbo, que beneficiaría a 7 de los 9 municipios de la región. Las
resoluciones por sí solas no construyen las regiones o las ZRC, deben
darse los apoyos institucionales que se requieren para potenciar y
transformar las economías locales ligadas a la producción agraria. Pero,
lejos de diseñarse una política integral de desarrollo rural, lo que se
ha fortalecido son los procesos de erradicación manual de cultivos de
uso ilícito, dejando en grave situación económica a las familias que
esperaban una erradicación gradual, concertada y con previas propuestas
de alternativas productivas.
El argumento con que los campesinos de la región han levantado su
movimiento es el de que si hay un plan de desarrollo para la región,
pero, que ellos terminaron siendo un estorbo porque existe una gran
interés del gobierno en ofrecer el Catatumbo a la inversión privada al
considerar este territorio como estratégico para la ejecución de
proyectos mineros, de monocultivo, de infraestructura vial y militares.
Este 11 de junio, los campesinos de Tibú decidieron manifestarse a
través de bloqueos, marchas y protestas. El Ejército, la Policía y el
mismo presidente Santos, aseguró que las movilizaciones estaban
infiltradas por la guerrilla descargando sobre las movilizaciones todo
el peso de la violencia institucional. La situación de conflicto se
extendió a Ocaña y otros sectores del Catatumbo y se hizo tan grave que
obligó a que representantes del gobierno nacional y regional intentaran
dialogar con los campesinos, pero acompañados por la presencia de altos
mandos policiales y militares lo cual generó el retiro de los campesinos
y la agudización de la protesta.
Los campesinos reclaman al gobierno que escuche sus propuestas,
consignadas en lo que ellos han denominado ‘Plan de Desarrollo
Sostenible para la constitución de la Zona de Reserva Campesina del
Catatumbo’, frente a lo cual el gobierno ha aumentado el pie de fuerza,
con el consecuente incremento en los enfrentamientos y las denuncias de
la violación de derechos de la población civil.
La pobreza, el hambre, la violencia y la falta de oportunidades son las
verdaderas causas de la crisis que vive el Catatumbo. Las organizaciones
campesinas han señalado que no están dispuestas a ceder sus
territorios, que están preparados para conversar con el gobierno a
través de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), tienen propuestas y
ellos también quieren comprometerse con alternativas para la sustitución
de cultivos de uso ilícito en la región.
Solicitan la declaración inmediata de la Zona de Reserva Campesina del
Catatumbo, en el marco del cumplimiento de las obligaciones legales que
tiene el Incoder en virtud del artículo 81 de la Ley 160 de 1994 y del
Decreto 1777 de 1996, así como de los acuerdos suscritos entre la
Asociación Campesina del Catatumbo y la institucionalidad local y
departamental; que se defina con claridad la ruta de financiación y se
inicie la ejecución de los proyectos priorizados del Plan de Desarrollo
Sostenible de la Zona de Reserva Campesina; que por ahora se suspenda
las erradicaciones forzosas de cultivos de coca y se concerté la
ejecución de un programa de sustitución gradual de los cultivos de uso
ilícito en el marco de la propuesta productiva del PDS-ZRC; que se
recoja la propuesta de subsidiar por un tiempo, con recursos suficientes
a las familias campesinas afectadas por la erradicación por lo menos
hasta la implementación de los proyectos productivos del PDS-ZRC que
garanticen la soberanía alimentaria del campesinado en la región; que se
suspenda el desarrollo de los proyectos mineros y del plan de
consolidación en el territorio de la Zona de Reserva Campesina hasta que
las comunidades hayan sido consultadas y participado en la toma de
decisiones que puedan afectarles; así como que se asuma una política de
protección de los derechos humanos y se elabore un informe de la
situación de los mismos en la región.
Dados los señalamientos que el gobierno y Santos han hecho al movimiento
exigen un reconocimiento público por parte del presidente de la
república, de los ministros del interior y de defensa y del Comandante
de las fuerzas militares del carácter civil del campesinado organizado
en la Asociación Campesina del Catatumbo, que cesen la persecución y
estigmatización en contra de la Asociación, se adelanten las
investigaciones judiciales por violaciones de derechos humanos y se
sancione y castigue a los responsables.
El Gobierno Nacional tiene que iniciar conjuntamente con la fuerza
pública un proceso de reeducación en el manejo y tratamiento de los
conflictos sociales a partir del dialogo amplio y democrático, de la
comprensión de los procesos, de sus urgencias y necesidades. Si se le
pide a la guerrilla que cambie las balas por votos para que llegue la
paz; las comunidades tienen todo el derecho de exigirle al gobierno que
cambie el señalamiento, la persecución, las balas y la represión
violenta por el dialogo, el consenso y la solución rápida y efectiva de
los problemas de las comunidades que es lo que constituye la viabilidad
de una construcción real de la paz.