En Bogotá y en Colombia vuelve a aumentar la pobreza
-
[image: Jorge Gonzales][image: Jorge Ivan Gonzales][image: Especial de
Pobreza]Tras varios años de descenso sostenido, la pobreza está otra vez en
aumento,...
viernes, agosto 02, 2013
Educadores colombianos protestan por mejores condiciones laborales
Etiquetas:
educacion,
feature,
headlines news,
ultimas noticias
viernes, agosto 02, 2013
Problema de la tierra en Colombia. Desplazamiento a la ciudad y agricultura urbana
La expansión de la ciudad, puja por desplazar al campesino de las
aéreas periféricas a la ciudad, en donde cultiva, constituyéndose en una
problemática social que igualmente, con el fenómeno del desplazamiento y
sus mil caras, ha traído a miles de campesinos a la ciudad
Etiquetas:
ecologia,
feature,
headlines news,
ultimas noticias
viernes, agosto 02, 2013
El pasado martes 30 de julio, el centro de Caracas fue tomado por los trabajadores de Industrias Diana, quienes manifestaron a favor de la aprobación del Reglamento de los Consejos de Trabajadores, previsto en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, a la vez que protestaron la “designación sorpresiva e inconsulta” del presidente y la junta directiva de la empresa, sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores.
Industrias Diana es una empresa estatal productora del aceite y margarina y, aunque sigue funcionando, está en conflicto por la resistencia de los trabajadores a aceptar lo que consideran "imposiciones" que amenazan con liquidar el control obrero como concreción de la democracia participativa y protagónica que plantea la Constitución. Este conflicto nos lleva a recordar una vez más las causas que provocaron el colapso del Socialismo del Siglo XX (SSXX), el cual se basó en la propiedad estatal total y absoluta de la inmensa mayoría de los medios de producción, distribución y comercialización.
Desplazamiento de los trabajadores por el burocratismo
Si bien, en un principio los medios de producción fueron controlados por los obreros, con el paso del tiempo estos fueron desplazados por la burocracia, la cual liquidó la participación democrática del pueblo y los trabajadores en la toma de las decisiones fundamentales en las empresas. Así, los productores de la riqueza social fueron marginados del control real de la economía, dando origen al pernicioso fenómeno del burocratismo, entendido éste como la entronización de poderosas élites que administran los bienes públicos en función de su propio beneficio, aunque a nombre del interés social que supuestamente dicen representar. El burocratismo secuestra la propiedad estatal y arrebata a los trabajadores el control de los procesos productivos. De esta forma se prolongan las condiciones de explotación, toda vez que las nuevas élites dominantes logran apropiarse de buena parte del plusvalor generado por el esfuerzo productivo de los trabajadores.
En el SSXX, la propiedad estatal desplazó a la propiedad privada, pero se mantuvo la explotación del trabajo asalariado. Las clases propietarias de los medios de producción fueron desplazadas por las castas del burocratismo y la nomenclatura, las cuales operaron como una especie de burguesía funcional. Los intentos tardíos que se hicieron para superar el estancamiento de las fuerzas productivas y reiniciar el tránsito hacia relaciones solidarias de producción, se intentaron tardíamente, cuando ya las contradicciones internas habían minado la base social de apoyo y resultaba inevitable el descalabro de la URSS y del bloque de países socialistas de Europa oriental.
Socializar no es estatizar
El SSXX, tras el ideal humanista de derrotar la pobreza y la exclusión social, estatizó prácticamente todos los medios de producción. En nombre de eliminar la explotación del trabajo ajeno y asegurar la inversión social de las ganancias, procedió a expropiar desde una bodega, hasta una siderúrgica, pasando por talleres mecánicos, peluquerías, farmacias, empresas de refinación de petróleo, redes de clínicas y consultorios privados, cadenas de hoteles, restaurantes y cines, líneas de aviación, etc. A la larga, esta práctica derivó en un férreo mecanismo de dominación caracterizado por:
La implantación de un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor y las capacidades creadoras del pueblo, criminalizó la iniciativa empresarial de las personas, familias y colectivos sociales y frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, generando una permanente escasez, racionamiento y especulación de los productos que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente.
La entronización de poderosas élites de la burocracia estatal y la nomenclatura partidista que, en la práctica, derivaron en castas explotadoras que se apropiaron de parte importante del plustrabajo social, a través de los privilegios asociados a los altos cargos que disfrutaban en la estructura del Estado.
El agotamiento de la identificación y compromiso del ciudadano de a pié con un modelo organizativo y funcional del Estado y la sociedad, mediatizado por un ineficaz burocratismo y creciente control del partido que se extendió de forma cada vez más intrusiva a todos los campos de la vida social.
Decepción y pérdida de la confianza de las grandes mayorías explotadas y oprimidas con su dirigencia política y sus gobernantes, así como una creciente crítica y rechazo al Estado burocrático y al Partido.
Para evitar que esta historia se repita en Venezuela, el socialismo bolivariano debe ser construido a través de nuevas formas de propiedad social, que permitan la participación de los trabajadores directos y de la comunidad organizada en los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que resultan imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales. De allí la necesidad de ampliar las opciones más allá de la propiedad privada o estatal. Es en las nuevas formas de propiedad social, popular y comunitaria donde la sociedad encontrará la posibilidad real de avanzar en la construcción de un sistema socio-económico alternativo al capitalismo y al modo de producción soviético, evitando repetir errores que han costado muy caro al ideal humanista de construir una sociedad libre de desempleo, pobreza y exclusión social.
Fuente: http://www.aporrea.org/trabajadores/a171028.html
Estatizar no es socializar
El caso de Industrias Diana
El pasado martes 30 de julio, el centro de Caracas fue tomado por los trabajadores de Industrias Diana, quienes manifestaron a favor de la aprobación del Reglamento de los Consejos de Trabajadores, previsto en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, a la vez que protestaron la “designación sorpresiva e inconsulta” del presidente y la junta directiva de la empresa, sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores.
Industrias Diana es una empresa estatal productora del aceite y margarina y, aunque sigue funcionando, está en conflicto por la resistencia de los trabajadores a aceptar lo que consideran "imposiciones" que amenazan con liquidar el control obrero como concreción de la democracia participativa y protagónica que plantea la Constitución. Este conflicto nos lleva a recordar una vez más las causas que provocaron el colapso del Socialismo del Siglo XX (SSXX), el cual se basó en la propiedad estatal total y absoluta de la inmensa mayoría de los medios de producción, distribución y comercialización.
Desplazamiento de los trabajadores por el burocratismo
Si bien, en un principio los medios de producción fueron controlados por los obreros, con el paso del tiempo estos fueron desplazados por la burocracia, la cual liquidó la participación democrática del pueblo y los trabajadores en la toma de las decisiones fundamentales en las empresas. Así, los productores de la riqueza social fueron marginados del control real de la economía, dando origen al pernicioso fenómeno del burocratismo, entendido éste como la entronización de poderosas élites que administran los bienes públicos en función de su propio beneficio, aunque a nombre del interés social que supuestamente dicen representar. El burocratismo secuestra la propiedad estatal y arrebata a los trabajadores el control de los procesos productivos. De esta forma se prolongan las condiciones de explotación, toda vez que las nuevas élites dominantes logran apropiarse de buena parte del plusvalor generado por el esfuerzo productivo de los trabajadores.
En el SSXX, la propiedad estatal desplazó a la propiedad privada, pero se mantuvo la explotación del trabajo asalariado. Las clases propietarias de los medios de producción fueron desplazadas por las castas del burocratismo y la nomenclatura, las cuales operaron como una especie de burguesía funcional. Los intentos tardíos que se hicieron para superar el estancamiento de las fuerzas productivas y reiniciar el tránsito hacia relaciones solidarias de producción, se intentaron tardíamente, cuando ya las contradicciones internas habían minado la base social de apoyo y resultaba inevitable el descalabro de la URSS y del bloque de países socialistas de Europa oriental.
Socializar no es estatizar
El SSXX, tras el ideal humanista de derrotar la pobreza y la exclusión social, estatizó prácticamente todos los medios de producción. En nombre de eliminar la explotación del trabajo ajeno y asegurar la inversión social de las ganancias, procedió a expropiar desde una bodega, hasta una siderúrgica, pasando por talleres mecánicos, peluquerías, farmacias, empresas de refinación de petróleo, redes de clínicas y consultorios privados, cadenas de hoteles, restaurantes y cines, líneas de aviación, etc. A la larga, esta práctica derivó en un férreo mecanismo de dominación caracterizado por:
La implantación de un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor y las capacidades creadoras del pueblo, criminalizó la iniciativa empresarial de las personas, familias y colectivos sociales y frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, generando una permanente escasez, racionamiento y especulación de los productos que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente.
La entronización de poderosas élites de la burocracia estatal y la nomenclatura partidista que, en la práctica, derivaron en castas explotadoras que se apropiaron de parte importante del plustrabajo social, a través de los privilegios asociados a los altos cargos que disfrutaban en la estructura del Estado.
El agotamiento de la identificación y compromiso del ciudadano de a pié con un modelo organizativo y funcional del Estado y la sociedad, mediatizado por un ineficaz burocratismo y creciente control del partido que se extendió de forma cada vez más intrusiva a todos los campos de la vida social.
Decepción y pérdida de la confianza de las grandes mayorías explotadas y oprimidas con su dirigencia política y sus gobernantes, así como una creciente crítica y rechazo al Estado burocrático y al Partido.
Para evitar que esta historia se repita en Venezuela, el socialismo bolivariano debe ser construido a través de nuevas formas de propiedad social, que permitan la participación de los trabajadores directos y de la comunidad organizada en los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que resultan imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales. De allí la necesidad de ampliar las opciones más allá de la propiedad privada o estatal. Es en las nuevas formas de propiedad social, popular y comunitaria donde la sociedad encontrará la posibilidad real de avanzar en la construcción de un sistema socio-económico alternativo al capitalismo y al modo de producción soviético, evitando repetir errores que han costado muy caro al ideal humanista de construir una sociedad libre de desempleo, pobreza y exclusión social.
Fuente: http://www.aporrea.org/trabajadores/a171028.html
Etiquetas:
feature,
headlines news,
latinoamerica,
ultimas noticias
viernes, agosto 02, 2013
Discurso Presidente Rafael Correa inauguración de la XII Cumbre del ALBA
Etiquetas:
videos
viernes, agosto 02, 2013
La Federación Sindical Mundial se solidariza con la huelga
Marcha Patriótica.
Pese a los esfuerzos efectuados por la comisión negociadora de Sintramienergética para encontrar soluciones a las peticiones obreras de los mineros, plasmadas en un modesto y justo pliego de peticiones, la posición prepotente e intransigente de Drummond y la ineptitud del gobierno, condujo a los trabajadores a hacer efectiva la HUELGA a partir del 23 de Julio del 2013. Leer más...
Pese a los esfuerzos efectuados por la comisión negociadora de Sintramienergética para encontrar soluciones a las peticiones obreras de los mineros, plasmadas en un modesto y justo pliego de peticiones, la posición prepotente e intransigente de Drummond y la ineptitud del gobierno, condujo a los trabajadores a hacer efectiva la HUELGA a partir del 23 de Julio del 2013. Leer más...
Etiquetas:
conflicto interno,
feature,
headlines news,
ultimas noticias
viernes, agosto 02, 2013
El gobierno –para su conveniencia- cambia unilateralmente posición sobre participación popular en la Mesa
Domínico Nadal,
Cambio Total.
El gobierno de
Colombia y su presidente JM Santos –como buen tahur- cambia las reglas de juego
cuando a ellos les conviene. Es conocida y reiterativa la propuesta de las FARC
de tocar los problemas y soluciones de fondo que allanen el camino hacia la Paz
y la Reconciliación. Propuestas que han recibido el NO rotundo por parte del
gobierno. Sin embargo, ahora cuando creen que las « víctimas » de los
secuestros acorralarán a las FARC-EP sí dice que las víctimas tendrán « un
representante en la mesa, cuando llegue el momento ».
Por qué antes no
y en este punto específico sí ? Ah, es puro ventajismo. Para la oligarquía
« víctimas » solo hay del lado oligárquico. Los que valen para
catalogarlas como víctimas son nada más los oligarcas y terratenientes y
ganaderos que han sido víctimas del « secuestro ». Los campesinos,
indígenas, obreros, trabajadores, estudiantes, mujeres, ancianos, víctimas del
Terrorismo de Estado no son « víctimas » porque las fuerzas
militares-narcoparamilitares son el « brazo armado » legal del estado
que puede desaparecer, ejecutar extrajudicalmente, masacrar, torturar y
desplazar millones de colombianos ?
La prensa
oligárquica plantea claramente la cuestión : « Por qué el cambio de
posición? Hay quienes creen que es el peso de peticiones como la del senador Juan Fernando Cristo, que en su discurso de posesión como
presidente del Congreso el 20 de julio pasado, planteó que ya es conveniente
que una delegación representativa de las víctimas participe en alguna de las
próximas rondas de conversaciones en Cuba. Ello para exigir a la guerrilla un
compromiso más claro con el reconocimiento, la verdad y la reparación. Una idea
que caló en el Gobierno y ya el ministro del Interior, Fernando Carrillo,
confirmó que cuando llegue el momento de la discusión del tema, habrá un
representante de las víctimas en la mesa ».
Por qué no aceptó
el gobierno la presencia de los campesinos en la Mesa de La Habana durante la
discusión del 1er punto de la Agenda ? Por qué no acepta la
participación de Marcha Patriótica y la U.P. en las discusiones del 2o punto ?
Por qué la exclusión de los sectores populares de las discusiones de la Mesa de
La Habana y por qué la inclusión de las víctimas de secuestros en ella ?
Cuál es la razón del doble rasero del gobierno Santos ?
Ahora bien, puede
el ministro del Interior del gobierno colombiano cambiar motu propio las reglas
de juego de la Mesa de La Habana ? No se había definido que cualquier
cambio sería de común acuerdo ? O es que estamos ante un gobierno
prepotente y autocrático que puede « mandar incluso a la guerrilla » ?
No es éste autoritarismo el que ha enterrado las necesarias e imprecindibles
conversaciones con los campesinos del Catatumbo a fin de lograr una solución
real y verdadera a las exigencias de los campesinos ?
Las FARC-EP han
sido serias y han planteado más de 100 propuestas que muy poco tiene resonancia
en los delegados gubernamentales. La Mesa de La Habana se realiza por, además
de la incapacidad estatal de vencer a la insurgencia, la derrota del Plan
Colombia y porque la realidad tozudamente le ha hecho ver a la oligarquía la
necesidad imprescindible de buscar una solución política al conflicto interno,
y no para logar en la Mesa lo que no han logrado en el campo de batalla :
vencer a la guerrilla. Ténganlo presente, señores del gobierno. Ténganlo
presente !
Etiquetas:
dialogos,
Dominico Nadal,
feature,
headlines news,
ultimas noticias
viernes, agosto 02, 2013
El perdón
Allende La Paz,
Cambio Total.
No es lo
mismo causa y consecuencia. Ni
podemos juzgarlas igual. Si la causa y los causantes tienen una gran
responsabilidad a la hora de analizar los fenómenos, esa responsabilidad se
acrecienta hasta llegar al 80 o 90% cuando los causantes son los máximos
violadores de derechos humanos, tanto en cantidad de actos violatorios como en
la calidad de la sevicia conque son cometidas las violaciones.
En Colombia la
oligarquía y el imperio –causantes- adelantan una guerra contra el pueblo desde
1964 –aunque el fenómeno data desde antes de 1948-, la cual ha arrojado más de
500.000 muertos, 75.000 desaparecidos -18.000 forzados dice la propia Fiscalía
estatal-, 4.000 masacres, incontanbles ejecuciones extrajudiciales, y caso 6
millones de desplazados forzados internos y externos.
Se demuestra así
que en tanto las guerrillas nunca tuvieron como estrategia afectar a la
población civil, la contraparte gubernamental adelantaba estratégicamente el Terrorismo de
Estado para implantar sus planes militares y económicos. Ello es más claro al
analizar e Informe Basta Ya !, que con mala contabilidad y el
maquiavelismo de tratar de excusar al estado, patentiza que las violaciones de
los derechos de los colombianos –en primer lugar el derecho a la vida- son
realizados por los agentes estatales muy por encima del 75%.
Los planes
militares entregados por el imperio a la oligarquía –LASO, Estatuto de
Seguridad, Guerra Integral de César Gaviria, Plan Colombia y sus fases
Colombia, Patriota y Consolidación- tenían –y tienen- por objetivo implantar a « sangre
y fuego » los planes económicos imperiales –ALCA, TLC y demás-, al tiempo
que adelantaban estratégicamente el desplazamiento forzoso para la tenencia
latifundista de la tierra para adelantar los megaproyectos de los « empresarios »
del campo como la ganadería extensiva y la produccción de biocombustibles a
partir de la palma africana, por ejemplo.
Por ello, el
Estado y su gobierno tiene y debe pedir perdón a las víctimas de verdad verdad.
No con posiciones farisaicas, no de dientes para afuera, sino pedir un perdón
que signifique no volver a repetir su accionar criminal como forma de
contricción. Desde luego que juega un papel importante el resarcimiento del
honor de las víctimas y el pago de obligaciones económicas a que hubiere lugar.
La guerrilla por
su parte también lo haría en los casos en que se compruebe la inocencia de las
víctimas y que éstas no estaban comprometidas en la guerra como parte de ella.
Hablamos de clarificar los miles de casos de ganaderos, empresarios, etc, que
violaban los derechos laborales de sus trabajadores y sus derechos humanos de
personas que no estaban inmersos en el conflicto interno, convirtiéndose en víctimas
del accionar criminal de los usufrutuarios de la guerra y por ello recibían de
parte de las guerrillas el tratamiento de enemigo de clase.
El perdón, para
ser real y efectivo, tiene que partir de la base de la sinceridad del
victimario y de la disposición de las víctimas a otorgarlo. Si vemos los
perdones que ha pedido el gobierno veremos que adolecen de sinceridad. Máxime
cuando sigue practicando las mismas doctrinas que le han dado sustento al
Terrorismo de Estado. Por descontado que las víctimas y su familia serán
liberadas de la carga de culpa cuando se realice el acto del perdón. Lo cual
naturalmente no significa amnesia o liberación de la culpa de los victimarios. Significa
un acto de liberación y de reconciliación.
Con la propuesta
del senador Cristo y del minInterior Carrillo no estamos transitando hacia la
reconciliación, sino hacia una carga mayor de culpa al tratar de manipular a
una parte de las víctimas en contra de las guerrillas. Error fundamnetal que
demuestra que el gobierno carece de disposición para superar el Conflicto
Interno.
Etiquetas:
Allende La Paz,
dialogos,
feature,
headlines news
viernes, agosto 02, 2013
Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares
Etiquetas:
feature,
headlines news,
politica,
ultimas noticias
viernes, agosto 02, 2013
Campesinos del Catatumbo anunciaron que este sábado desbloquearán vía Cucuta-Tibu
por Ascamcat/Colectivo de Abogados.
Los campesinos aseguraron que este sábado levantarían el bloqueo
para entrar en diálogos con el gobierno nacional hasta el viernes 9 de
agosto, sin embargo; condicionaron esta muestra de buena voluntad a las
muestras de cumplimiento de al menos a cinco puntos básicos, del pliego
de peticiones presentado por ellos, de lo contrario, el 19 de agosto
volverían a movilizarse unidos al paro nacional agrario que inicia en
esa fecha.
Etiquetas:
conflicto interno,
feature,
headlines news,
ultimas noticias
viernes, agosto 02, 2013
En el Catatumbo insisten en instaurar una Zona de Reserva Campesina
Agencia de Prensa Rural.
Así lo hizo saber uno de los líderes de la protesta, César Jerez
Jueves 1ro de agosto de 2013
César Jerez, vocero de la
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), dijo “el
tema de la Zona de Reserva Campesina está y el Gobierno debe cumplir la
ley”.
Pese a que esa iniciativa quedó suspendida para lograr conjurar la
protesta que completa 52 días, Jerez dijo que seguirá en (...). Leer más...
Etiquetas:
cambio total,
feature,
headlines news,
ultimas noticias
viernes, agosto 02, 2013
Justo cuando se discute una solución política entre guerrilla y gobierno en La Habana, con preacuerdos en torno a desarrollo rural y un cronograma de temas de alta prioridad para la paz, el “contrato social” en Colombia luce cada vez más dislocado y crítico. Esa dislocación, en contravía de la justicia social y la equidad es un producto de la dominación de clase conjugada con la política de la guerra que desarrolla el gobierno nacional.
Esa política esta orientada claramente a encajonar la paz en callejones que impidan, o en el mejor de los casos limiten extremadamente la democratización institucional y social como forma de la salida democrática de la crisis. El abordaje del segundo punto de la agenda de La Habana sobre “garantías y participación política” ha ido dejando al desnudo la posición gubernamental. El Marco jurídico para la paz, que seguramente será declarado exequible por la Corte Constitucional excluye los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra que no hayan sido perpetrados de modo sistemático y crea un régimen excepcional de cuatro años en la vigencia del derecho fundamental a la justicia. En el contexto de la política de la guerra, el marco jurídico debe ser leído en paralelo con la reciente reforma constitucional que amplió el fuero militar para amparar la impunidad de responsables del Estado en graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del DIH. Adicionalmente, el proyecto de ley de baldíos presentado por el gobierno al Congreso intenta legalizar la acumulación de tierras y desconocer la figura de la unidad agrícola familiar UAF, elemento clave en la configuración de las zonas de reserva campesinas. El argumento económico a favor de la “confianza inversionista” hace caso omiso de una política social para materializar los eventuales acuerdos de paz a favor del campesinado.
Sin embargo, lo significativo es que el aspecto principal de la contradicción está representado por la dinámica de huelgas, bloqueos, movimiento sociales de protesta y el anuncio de un nuevo paro agrario nacional. En varios casos, más que expresiones de inconformidad rutinarias se observan verdaderos levantamientos sociales, localizados territorialmente y motivados por necesidades sentidas frente al abandono estatal, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito sin política alternativa de sustitución, la destrucción de maquinaria de la llamada minería ilegal y la actuación arbitraria de autoridades militares por encima de las civiles elegidas en las zonas del Plan de Consolidación. En suma, levantamientos populares frente a la iniquidad oficial, las políticas de la guerra y los tratamientos represivos envueltos en una descomunal propaganda de criminalización de la inconformidad y de sus dirigentes.
He allí el contraste con la política de la guerra que es preciso derrotar con la movilización organizada, coordinada, multirregional y sectorial del pueblo colombiano. La unidad es la estrategia y la táctica elegida. La unidad en la solidaridad, la fraternidad, el respeto por el Otro, la iniciativa creadora y la audacia colectiva para construir la nueva Colombia.
A propósito del momento político
Por: Jaime Caycedo Turriago/Pacocol.
A un año de finalizar el actual
gobierno el momento político muestra una interesante dinámica de
contradicciones. Mientras las luchas sociales indican la necesidad
crecientemente acelerada de cambios en lo social y lo político la
tendencia del régimen es a cerrar, frenar y reprimir. Las políticas
públicas muestran la prioridad del sistema para imponer el argumento
económico sobre el político y social. Su propósito explícito: favorecer
poderosos intereses transnacionales, monopolísticos sectoriales y
regionales. Como dice el profesor de Harvard James Robinson,
especialista en la realidad colombiana: “Entiendo el argumento
económico, pero pienso que el argumento político y social es mucho más
importante para este país en términos de tratar de encontrar un
“contrato social” que funcione”. (El Espectador, julio 23 de 2013, pgs.
14-15).
Justo cuando se discute una solución política entre guerrilla y gobierno en La Habana, con preacuerdos en torno a desarrollo rural y un cronograma de temas de alta prioridad para la paz, el “contrato social” en Colombia luce cada vez más dislocado y crítico. Esa dislocación, en contravía de la justicia social y la equidad es un producto de la dominación de clase conjugada con la política de la guerra que desarrolla el gobierno nacional.
Esa política esta orientada claramente a encajonar la paz en callejones que impidan, o en el mejor de los casos limiten extremadamente la democratización institucional y social como forma de la salida democrática de la crisis. El abordaje del segundo punto de la agenda de La Habana sobre “garantías y participación política” ha ido dejando al desnudo la posición gubernamental. El Marco jurídico para la paz, que seguramente será declarado exequible por la Corte Constitucional excluye los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra que no hayan sido perpetrados de modo sistemático y crea un régimen excepcional de cuatro años en la vigencia del derecho fundamental a la justicia. En el contexto de la política de la guerra, el marco jurídico debe ser leído en paralelo con la reciente reforma constitucional que amplió el fuero militar para amparar la impunidad de responsables del Estado en graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del DIH. Adicionalmente, el proyecto de ley de baldíos presentado por el gobierno al Congreso intenta legalizar la acumulación de tierras y desconocer la figura de la unidad agrícola familiar UAF, elemento clave en la configuración de las zonas de reserva campesinas. El argumento económico a favor de la “confianza inversionista” hace caso omiso de una política social para materializar los eventuales acuerdos de paz a favor del campesinado.
Sin embargo, lo significativo es que el aspecto principal de la contradicción está representado por la dinámica de huelgas, bloqueos, movimiento sociales de protesta y el anuncio de un nuevo paro agrario nacional. En varios casos, más que expresiones de inconformidad rutinarias se observan verdaderos levantamientos sociales, localizados territorialmente y motivados por necesidades sentidas frente al abandono estatal, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito sin política alternativa de sustitución, la destrucción de maquinaria de la llamada minería ilegal y la actuación arbitraria de autoridades militares por encima de las civiles elegidas en las zonas del Plan de Consolidación. En suma, levantamientos populares frente a la iniquidad oficial, las políticas de la guerra y los tratamientos represivos envueltos en una descomunal propaganda de criminalización de la inconformidad y de sus dirigentes.
He allí el contraste con la política de la guerra que es preciso derrotar con la movilización organizada, coordinada, multirregional y sectorial del pueblo colombiano. La unidad es la estrategia y la táctica elegida. La unidad en la solidaridad, la fraternidad, el respeto por el Otro, la iniciativa creadora y la audacia colectiva para construir la nueva Colombia.
Etiquetas:
feature,
headlines news,
politica,
ultimas noticias
viernes, agosto 02, 2013
Colectivo de Abogados y Movimiento de Víctimas demandan reforma a la Ley de Justicia y Paz
Prensa - Colectivo
por
El Colectivo de Abogados ’José Alvear Restrepo’, junto con diversos
ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos, algunas de
las cuales hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado -MOVICE-, presentarán una demanda ante la Corte Constitucional
contra la reforma introducida a la llamada ley de ’Justicia y Paz’.
Leer todo>>
por
Leer todo>>
Etiquetas:
derechos humanos,
feature,
headlines news,
ultimas noticias