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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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Educadores colombianos protestan por mejores condiciones laborales



Si el Gobierno nacional no llega a un acuerdo con los educadores del país, han manifestado que se irán a un paro indefinido el próximo 19 de agosto.
Por: Hispan TV
Publicación: Viernes, 02 Agosto 2013 06:22

Problema de la tierra en Colombia. Desplazamiento a la ciudad y agricultura urbana

por Colectivo Radicales Libres de Colombia
 
La expansión de la ciudad, puja por desplazar al campesino de las aéreas periféricas a la ciudad, en donde cultiva, constituyéndose en una problemática social que igualmente, con el fenómeno del desplazamiento y sus mil caras, ha traído a miles de campesinos a la ciudad

Estatizar no es socializar

El caso de Industrias Diana



El pasado martes 30 de julio, el centro de Caracas fue tomado por los trabajadores de Industrias Diana, quienes manifestaron a favor de la aprobación del Reglamento de los Consejos de Trabajadores, previsto en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, a la vez que protestaron la “designación sorpresiva e inconsulta” del presidente y la junta directiva de la empresa, sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores.

Industrias Diana es una empresa estatal productora del aceite y margarina y, aunque sigue funcionando, está en conflicto por la resistencia de los trabajadores a aceptar lo que consideran "imposiciones" que amenazan con liquidar el control obrero como concreción de la democracia participativa y protagónica que plantea la Constitución. Este conflicto nos lleva a recordar una vez más las causas que provocaron el colapso del Socialismo del Siglo XX (SSXX), el cual se basó en la propiedad estatal total y absoluta de la inmensa mayoría de los medios de producción, distribución y comercialización.

Desplazamiento de los trabajadores por el burocratismo

Si bien, en un principio los medios de producción fueron controlados por los obreros, con el paso del tiempo estos fueron desplazados por la burocracia, la cual liquidó la participación democrática del pueblo y los trabajadores en la toma de las decisiones fundamentales en las empresas. Así, los productores de la riqueza social fueron marginados del control real de la economía, dando origen al pernicioso fenómeno del burocratismo, entendido éste como la entronización de poderosas élites que administran los bienes públicos en función de su propio beneficio, aunque a nombre del interés social que supuestamente dicen representar. El burocratismo secuestra la propiedad estatal y arrebata a los trabajadores el control de los procesos productivos. De esta forma se prolongan las condiciones de explotación, toda vez que las nuevas élites dominantes logran apropiarse de buena parte del plusvalor generado por el esfuerzo productivo de los trabajadores.

En el SSXX, la propiedad estatal desplazó a la propiedad privada, pero se mantuvo la explotación del trabajo asalariado. Las clases propietarias de los medios de producción fueron desplazadas por las castas del burocratismo y la nomenclatura, las cuales operaron como una especie de burguesía funcional. Los intentos tardíos que se hicieron para superar el estancamiento de las fuerzas productivas y reiniciar el tránsito hacia relaciones solidarias de producción, se intentaron tardíamente, cuando ya las contradicciones internas habían minado la base social de apoyo y resultaba inevitable el descalabro de la URSS y del bloque de países socialistas de Europa oriental.

Socializar no es estatizar

El SSXX, tras el ideal humanista de derrotar la pobreza y la exclusión social, estatizó prácticamente todos los medios de producción. En nombre de eliminar la explotación del trabajo ajeno y asegurar la inversión social de las ganancias, procedió a expropiar desde una bodega, hasta una siderúrgica, pasando por talleres mecánicos, peluquerías, farmacias, empresas de refinación de petróleo, redes de clínicas y consultorios privados, cadenas de hoteles, restaurantes y cines, líneas de aviación, etc. A la larga, esta práctica derivó en un férreo mecanismo de dominación caracterizado por:

La implantación de un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor y las capacidades creadoras del pueblo, criminalizó la iniciativa empresarial de las personas, familias y colectivos sociales y frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, generando una permanente escasez, racionamiento y especulación de los productos que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente.

La entronización de poderosas élites de la burocracia estatal y la nomenclatura partidista que, en la práctica, derivaron en castas explotadoras que se apropiaron de parte importante del plustrabajo social, a través de los privilegios asociados a los altos cargos que disfrutaban en la estructura del Estado.
El agotamiento de la identificación y compromiso del ciudadano de a pié con un modelo organizativo y funcional del Estado y la sociedad, mediatizado por un ineficaz burocratismo y creciente control del partido que se extendió de forma cada vez más intrusiva a todos los campos de la vida social.
Decepción y pérdida de la confianza de las grandes mayorías explotadas y oprimidas con su dirigencia política y sus gobernantes, así como una creciente crítica y rechazo al Estado burocrático y al Partido.

Para evitar que esta historia se repita en Venezuela, el socialismo bolivariano debe ser construido a través de nuevas formas de propiedad social, que permitan la participación de los trabajadores directos y de la comunidad organizada en los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que resultan imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales. De allí la necesidad de ampliar las opciones más allá de la propiedad privada o estatal. Es en las nuevas formas de propiedad social, popular y comunitaria donde la sociedad encontrará la posibilidad real de avanzar en la construcción de un sistema socio-económico alternativo al capitalismo y al modo de producción soviético, evitando repetir errores que han costado muy caro al ideal humanista de construir una sociedad libre de desempleo, pobreza y exclusión social.

Fuente: http://www.aporrea.org/trabajadores/a171028.html

Discurso Presidente Rafael Correa inauguración de la XII Cumbre del ALBA


La Federación Sindical Mundial se solidariza con la huelga

Marcha Patriótica. 

Pese a los esfuerzos efectuados por la comisión negociadora de Sintramienergética para encontrar soluciones a las peticiones obreras de los mineros, plasmadas en un modesto y justo pliego de peticiones, la posición prepotente e intransigente de Drummond y la ineptitud del gobierno, condujo a los trabajadores a hacer efectiva la HUELGA a partir del 23 de Julio del 2013. Leer más...

El gobierno –para su conveniencia- cambia unilateralmente posición sobre participación popular en la Mesa

Domínico Nadal, Cambio Total.

El gobierno de Colombia y su presidente JM Santos –como buen tahur- cambia las reglas de juego cuando a ellos les conviene. Es conocida y reiterativa la propuesta de las FARC de tocar los problemas y soluciones de fondo que allanen el camino hacia la Paz y la Reconciliación. Propuestas que han recibido el NO rotundo por parte del gobierno. Sin embargo, ahora cuando creen que las « víctimas » de los secuestros acorralarán a las FARC-EP sí dice que las víctimas tendrán « un representante en la mesa, cuando llegue el momento ».

Por qué antes no y en este punto específico sí ? Ah, es puro ventajismo. Para la oligarquía « víctimas » solo hay del lado oligárquico. Los que valen para catalogarlas como víctimas son nada más los oligarcas y terratenientes y ganaderos que han sido víctimas del « secuestro ». Los campesinos, indígenas, obreros, trabajadores, estudiantes, mujeres, ancianos, víctimas del Terrorismo de Estado no son « víctimas » porque las fuerzas militares-narcoparamilitares son el « brazo armado » legal del estado que puede desaparecer, ejecutar extrajudicalmente, masacrar, torturar y desplazar millones de colombianos ?

La prensa oligárquica plantea claramente la cuestión : « Por qué el cambio de posición? Hay quienes creen que es el peso de peticiones como la del senador Juan Fernando Cristo, que en su discurso de posesión como presidente del Congreso el 20 de julio pasado, planteó que ya es conveniente que una delegación representativa de las víctimas participe en alguna de las próximas rondas de conversaciones en Cuba. Ello para exigir a la guerrilla un compromiso más claro con el reconocimiento, la verdad y la reparación. Una idea que caló en el Gobierno y ya el ministro del Interior, Fernando Carrillo, confirmó que cuando llegue el momento de la discusión del tema, habrá un representante de las víctimas en la mesa ».

Por qué no aceptó el gobierno la presencia de los campesinos en la Mesa de La Habana durante la discusión del 1er punto de la Agenda ? Por qué no acepta la participación de Marcha Patriótica y la U.P. en las discusiones del 2o punto ? Por qué la exclusión de los sectores populares de las discusiones de la Mesa de La Habana y por qué la inclusión de las víctimas de secuestros en ella ? Cuál es la razón del doble rasero del gobierno Santos ?

Ahora bien, puede el ministro del Interior del gobierno colombiano cambiar motu propio las reglas de juego de la Mesa de La Habana ? No se había definido que cualquier cambio sería de común acuerdo ? O es que estamos ante un gobierno prepotente y autocrático que puede « mandar incluso a la guerrilla » ? No es éste autoritarismo el que ha enterrado las necesarias e imprecindibles conversaciones con los campesinos del Catatumbo a fin de lograr una solución real y verdadera a las exigencias de los campesinos ?

Las FARC-EP han sido serias y han planteado más de 100 propuestas que muy poco tiene resonancia en los delegados gubernamentales. La Mesa de La Habana se realiza por, además de la incapacidad estatal de vencer a la insurgencia, la derrota del Plan Colombia y porque la realidad tozudamente le ha hecho ver a la oligarquía la necesidad imprescindible de buscar una solución política al conflicto interno, y no para logar en la Mesa lo que no han logrado en el campo de batalla : vencer a la guerrilla. Ténganlo presente, señores del gobierno. Ténganlo presente !

El perdón

Allende La Paz, Cambio Total.

No es lo mismo causa y consecuencia. Ni podemos juzgarlas igual. Si la causa y los causantes tienen una gran responsabilidad a la hora de analizar los fenómenos, esa responsabilidad se acrecienta hasta llegar al 80 o 90% cuando los causantes son los máximos violadores de derechos humanos, tanto en cantidad de actos violatorios como en la calidad de la sevicia conque son cometidas las violaciones.

En Colombia la oligarquía y el imperio –causantes- adelantan una guerra contra el pueblo desde 1964 –aunque el fenómeno data desde antes de 1948-, la cual ha arrojado más de 500.000 muertos, 75.000 desaparecidos -18.000 forzados dice la propia Fiscalía estatal-, 4.000 masacres, incontanbles ejecuciones extrajudiciales, y caso 6 millones de desplazados forzados internos y externos.

Se demuestra así que en tanto las guerrillas nunca tuvieron como estrategia afectar a la población civil, la contraparte gubernamental adelantaba estratégicamente el Terrorismo de Estado para implantar sus planes militares y económicos. Ello es más claro al analizar e Informe Basta Ya !, que con mala contabilidad y el maquiavelismo de tratar de excusar al estado, patentiza que las violaciones de los derechos de los colombianos –en primer lugar el derecho a la vida- son realizados por los agentes estatales muy por encima del 75%.

Los planes militares entregados por el imperio a la oligarquía –LASO, Estatuto de Seguridad, Guerra Integral de César Gaviria, Plan Colombia y sus fases Colombia, Patriota y Consolidación- tenían –y tienen- por objetivo implantar a « sangre y fuego » los planes económicos imperiales –ALCA, TLC y demás-, al tiempo que adelantaban estratégicamente el desplazamiento forzoso para la tenencia latifundista de la tierra para adelantar los megaproyectos de los « empresarios » del campo como la ganadería extensiva y la produccción de biocombustibles a partir de la palma africana, por ejemplo.

Por ello, el Estado y su gobierno tiene y debe pedir perdón a las víctimas de verdad verdad. No con posiciones farisaicas, no de dientes para afuera, sino pedir un perdón que signifique no volver a repetir su accionar criminal como forma de contricción. Desde luego que juega un papel importante el resarcimiento del honor de las víctimas y el pago de obligaciones económicas a que hubiere lugar.

La guerrilla por su parte también lo haría en los casos en que se compruebe la inocencia de las víctimas y que éstas no estaban comprometidas en la guerra como parte de ella. Hablamos de clarificar los miles de casos de ganaderos, empresarios, etc, que violaban los derechos laborales de sus trabajadores y sus derechos humanos de personas que no estaban inmersos en el conflicto interno, convirtiéndose en víctimas del accionar criminal de los usufrutuarios de la guerra y por ello recibían de parte de las guerrillas el tratamiento de enemigo de clase.

El perdón, para ser real y efectivo, tiene que partir de la base de la sinceridad del victimario y de la disposición de las víctimas a otorgarlo. Si vemos los perdones que ha pedido el gobierno veremos que adolecen de sinceridad. Máxime cuando sigue practicando las mismas doctrinas que le han dado sustento al Terrorismo de Estado. Por descontado que las víctimas y su familia serán liberadas de la carga de culpa cuando se realice el acto del perdón. Lo cual naturalmente no significa amnesia o liberación de la culpa de los victimarios. Significa un acto de liberación y de reconciliación.

Con la propuesta del senador Cristo y del minInterior Carrillo no estamos transitando hacia la reconciliación, sino hacia una carga mayor de culpa al tratar de manipular a una parte de las víctimas en contra de las guerrillas. Error fundamnetal que demuestra que el gobierno carece de disposición para superar el Conflicto Interno.

Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares

Campesinos del Catatumbo anunciaron que este sábado desbloquearán vía Cucuta-Tibu

por Ascamcat/Colectivo de Abogados.
Los campesinos aseguraron que este sábado levantarían el bloqueo para entrar en diálogos con el gobierno nacional hasta el viernes 9 de agosto, sin embargo; condicionaron esta muestra de buena voluntad a las muestras de cumplimiento de al menos a cinco puntos básicos, del pliego de peticiones presentado por ellos, de lo contrario, el 19 de agosto volverían a movilizarse unidos al paro nacional agrario que inicia en esa fecha.
 

En el Catatumbo insisten en instaurar una Zona de Reserva Campesina

Agencia de Prensa Rural.

Así lo hizo saber uno de los líderes de la protesta, César Jerez
Jueves 1ro de agosto de 2013
César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), dijo “el tema de la Zona de Reserva Campesina está y el Gobierno debe cumplir la ley”. Pese a que esa iniciativa quedó suspendida para lograr conjurar la protesta que completa 52 días, Jerez dijo que seguirá en (...). Leer más...

A propósito del momento político

A un año de finalizar el actual gobierno el momento político muestra una interesante dinámica de contradicciones. Mientras las luchas sociales indican la necesidad crecientemente acelerada de cambios en lo social y lo político la tendencia del régimen es a cerrar, frenar y reprimir. Las políticas públicas muestran la prioridad del sistema para imponer el argumento económico sobre el político y social. Su propósito explícito: favorecer poderosos intereses transnacionales,  monopolísticos sectoriales y regionales. Como dice el profesor de Harvard James Robinson, especialista en la realidad colombiana: “Entiendo el argumento económico, pero pienso que el argumento político y social es mucho más importante para este país en términos de tratar de encontrar un “contrato social” que funcione”. (El Espectador, julio 23 de 2013, pgs. 14-15).

Justo cuando se  discute una solución política entre guerrilla y gobierno en La Habana, con preacuerdos en torno a desarrollo rural y un cronograma de temas de alta prioridad para la paz, el “contrato social” en Colombia luce cada vez más dislocado y crítico. Esa dislocación, en contravía de la justicia social y la equidad es un producto de la dominación de clase conjugada con la política de la guerra que desarrolla el gobierno nacional.


Esa política esta orientada claramente a encajonar la paz en callejones que impidan, o en el mejor de los casos limiten extremadamente la democratización institucional y social como forma de la salida democrática de la crisis. El abordaje del segundo punto de la agenda de La Habana sobre “garantías y participación política” ha ido dejando al desnudo la posición gubernamental. El Marco jurídico para la paz, que seguramente será declarado exequible por la Corte Constitucional excluye los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra que no hayan sido perpetrados de modo sistemático y crea un régimen excepcional de cuatro años en la vigencia del derecho fundamental a la justicia. En el contexto de la política de la guerra, el marco jurídico debe ser leído en paralelo con la reciente reforma constitucional que amplió el fuero militar para amparar la impunidad de responsables del Estado en graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del DIH. Adicionalmente, el proyecto de ley de baldíos presentado por el gobierno al Congreso intenta legalizar la acumulación de tierras y desconocer la figura de la unidad agrícola familiar UAF, elemento clave en la configuración de las zonas de reserva campesinas. El argumento económico a favor de la “confianza inversionista” hace caso omiso de una política social para materializar los eventuales acuerdos de paz a favor del campesinado.


Sin embargo, lo significativo es que el aspecto principal de la contradicción está representado por la dinámica de huelgas, bloqueos,  movimiento sociales de protesta y el anuncio de un nuevo paro agrario nacional. En varios casos, más que expresiones de inconformidad rutinarias se observan verdaderos levantamientos sociales, localizados territorialmente y motivados por necesidades sentidas frente al abandono estatal, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito sin política alternativa de sustitución, la destrucción de maquinaria de la llamada minería ilegal y la actuación arbitraria de autoridades militares por encima de las civiles elegidas en las zonas del Plan de Consolidación. En suma, levantamientos populares frente a la iniquidad oficial, las políticas de la guerra y los tratamientos represivos envueltos en una descomunal propaganda de criminalización de la inconformidad y de sus dirigentes.


He allí el contraste con la política de la guerra que es preciso derrotar con la movilización organizada, coordinada, multirregional y sectorial del pueblo colombiano. La unidad es la estrategia y la táctica elegida. La unidad en la solidaridad, la fraternidad, el respeto por el Otro, la iniciativa creadora y la audacia colectiva para construir la nueva Colombia.

Colectivo de Abogados y Movimiento de Víctimas demandan reforma a la Ley de Justicia y Paz

Prensa - Colectivo
por
El Colectivo de Abogados ’José Alvear Restrepo’, junto con diversos ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos, algunas de las cuales hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-, presentarán una demanda ante la Corte Constitucional contra la reforma introducida a la llamada ley de ’Justicia y Paz’.

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Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

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Basta de Terrorismo de Estado

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