Esta es la noticia de El Tiempo:

"El paro agrario que tiene bloqueado al departamento de Boyacá ya se siente en el precio de los alimentos en Bogotá. Un bulto de cebolla que el lunes se vendía en 60.000 pesos este jueves costaba 120.000 en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos).

“Es inaudito que un bulto de cebolla cueste el doble. Si seguimos así, me voy a arruinar”, dijo María Antonia Bermúdez, propietaria de un restaurante. Según los comerciantes, el precio se disparó porque los alimentos no llegan. De 150 camiones que a diario vienen de Boyacá con productos como hortalizas y tubérculos, este jueves llegaron menos de 50.

El caso de las hortalizas es de los más graves. “Normalmente llegan 40 viajes. El jueves apenas hubo 12, que de milagro pasaron en medio de las protestas”, afirmó Luis Eduardo Parra, comerciante de Corabastos.
Rafael Cardozo, comerciante de papa, dice que la “papa sabanera no llega desde el miércoles” y que por eso ya no se comercializa en 30.000 pesos, sino en 75.000.

La arveja (de Nariño) también se encareció. De 70.000 pesos que costaba el bulto, este jueves pasó a 200.000. El bulto de cebolla cabezona pasó de 35.000 pesos a 80.000 y el cilantro (de Santander), de 15.000 pesos el atado de 12 kilos a 40.000. Los comerciantes dicen que las reservas de las que habla el Gobierno no se pueden mantener porque los alimentos perecederos se deben vender.

En la noche de este jueves, un grupo de campesinos de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar bloqueó el centro de Usme con 20 camiones, para unirse al paro.

REDACCIÓN TUNJA, POPAYÁN Y CALI."

¡Cuánto enseñan sobre ésto el paro campesino de la región del Catatumbo y el paro nacional agropecuario en curso en Colombia.


Si hay proclama manida y enarbolada hasta el cansancio en Colombia, es la de la libertad de prensa, la que supuestamente consistiría en ello, el derecho de decir la verdad, denunciando oprobios y vilezas sin ser coartados en esa misión ni perseguidos por ella. Pero claro, cuando se habla de ello, de no ser coartados  ni perseguidos, no se está refiriendo a nadie  distinto que al poder. Porque desde luego, esos agravios cuya denuncia reclama el fuero de la inmunidad que es en lo que consiste la sacrosanta “libertad de prensa” remite ineluctable,  a conductas del poder. No de los desvalidos, ni de los desposeídos, ni de los marginales, ni siquiera de los rebeldes. Del Estado.


La garantía de la libertad de prensa se reivindica inclusive de una manera que se nos antoja extorsiva, abusiva al exceso. No puede el mismo Estado mencionar, insinuar siquiera alguna regulación legal y normal al ejercicio periodístico, algún impuestos a la industria como al común de actividades de los demás mortales, aranceles a la importación de papel o cuestión similar, porque se orquesta de una manera que harto evidente se hace  obedece a intereses mercantiles, una frenética campaña nacional e internacional denunciando y  alertando al mundo que en Colombia se vislumbra implacable la conculcación del más sacrosanto de todos los derechos, la libertad de prensa. Y por ese camino se invocan legislaciones, tratados internacionales y principios democráticos que serían  brutalmente  destruidos si se concreta una de las atrocidades  que  esboza el Estado, el simple algo de porte por el envío de la prensa.


Y es más: una cosa que suena tan poderosa, si no más que el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, una llamada Sociedad Interamericana de Prensa SIP, aparece en el escenario al grito de uno de sus afiliados, alertando al mundo entero sobre la inminente aniquilación de la democracia colombiana por el  ataque aleve de que  es víctima  la libertad de prensa. Y claro, agrupadas todas las empresas comerciales que explotan la rica industria del periodismo de América en la tal Sociedad que es su organización gremial y que fiel a su naturaleza hace “lobby” en defensa de sus intereses empresariales, la alerta de la SIP resuena de inmediato en todos los medios del continente. Entonces, el aterrorizado funcionario, ministro del ramo cuando no presidente de la república o en el menor de los casos el vocero del Congreso si de lo que se trataba era de un proyecto de ley, sale a ofrecer rendidas disculpas ante esa Sociedad y ante “los agredidos”; ruega su indulgencia asegurando que todo fue un mal entendido, y hace juradas  protestas de que el gobierno nunca jamás intentará gravar así sea con el IVA de la canasta familiar,  el papel ni los fletes. Es decir, no volverá a dar la impresión de querer destruir la libertad de prensa en Colombia.


Hace apenas unas semanas los campesinos de la martirizada región del Catatumbo en el nororiente colombiano realzaron heroica gesta de un paro en toda la región para denunciar añejos atropellos y reclamar reivindicaciones mínimas de una vida digna. La respuesta del gobierno del presidente Juan Manuel Santos fue la brutalidad policial y militar con cuatro labriegos muertos y docenas gravemente heridos y mutilados con armas de largo alcance y no convencionales disparadas por la fuerza pública. Y en este episodio, la “libertad de prensa” en Colombia se hacía dolorosa y grotescamente patente: mientras los campesinos recogían sus muertos, sus mutilados y sus heridos, los medios todos al unísono alquilaban sus cámaras con amplísima cobertura, al general Palomino de la Policía responsable de la represión del campesinado, denunciando sus cincuenta y dos policías gravemente heridos por la acción criminal de los labriegos. Nadie nunca le hizo seguimiento a esos heridos: ¿murieron algunos, quedaron impedidos otros, perdieron algún miembro u órgano los de más allá? No. Mejor no menear esos asuntos tan políticamente incorrectos.


No dijeron los medios tampoco que los periodistas - en la acepción noble de la palabra-, de los medios alternativos integrados por jóvenes sin recursos, sin infraestructura empresarial, largueza de medios ni la garantía de estar entroncados y al servicio del poder, sino afrontando todos los riesgos y con  la sola asistencia de una cámara y modestos viáticos,  que esos periodistas fueron objeto de sistemática, deliberada y especial violencia policial. Que lo diga si no la periodista de Prensa Rural Verónica Luna  retenida y maltratada de palabra y obra por los policiales en Tibú, quienes le destruyeran la cámara y le robaron la memoria donde estaba los testimonio de los desafueros. Que lo digan los periodistas Milton  Henao de Telesur, Camilo Raigozo  de Notimundo, Julio Pulido de Marcha Patriótica, insultados y amenazados con hacerlos objetivo militar. O el comunicador Fred Núñez del Colectivo Brecha  quien puede perder un ojo por el disparo criminal de un tanque de gas en el rostro, a quien también le robaron su cámara. Y no era para menos la furiosa represión policial: fueron esos y esas jóvenes quienes dieron a conocer al mundo en vivo y en directo los estertores de los campesinos asesinados en la protesta, y los testimonios gráficos de los destrozos que las armas no convencionales disparadas por la policía produjeron en la humanidad de los protestantes.


Tampoco dijeron los medios de la “libertad de prensa”, que en el paro agropecuario en curso, este 20 de agosto, una sola organización popular, la Red de Medios Alternativos y Populares REMAP, fue objeto de la captura, maltrato y robo de sus elementos de seis de sus jóvenes miembros, Lorna Bierman, Milena Ricaurte, Camilo García Reyes, Alexánder Escobar, Fabián Passos y Steven Ospina, cuando cubrían la agresión policial contra los manifestantes en el corregimiento Presidente en la vía que de Buga conduce a Tuluá. Tampoco que allí mismo fueron capturados 4 defensores de derechos humanos del Comité Permanente del Valle y de la Red Francisco Isaías Cifuentes que acompañaban a la población.


Algún día se documentará y se tendrá como verdad inconcusa de la historia ya para los ciudadanos de ese momento, una de las vergüenzas más grandes del siglo que terminó y del que avanza: el periodismo como  agresiva arma legitimadora de las guerras injustas que se libran en el mundo: desde la del golfo donde había que destruir una nación entera incluidos los vestigios del origen de la humanidad y la vida de un millón de seres humanos, hasta los reclamos de los ofendidos y humillados en cualquier villorrio del planeta. El poder que avasalla y oprime supo ya hace rato que la guerra hay que librarla ante todo en la mente de los ciudadanos, y a esa penosa causa sirve el periodismo. Por eso, no terminamos de sorprendernos ni nos acostumbramos, cuando vemos que los  que nos parecen buenos son los malos y los que sentimos  malos  son los buenos. El agresor es el agredido, y la víctima el victimario. Y en pago de todo ello, la libertad de prensa. Digo de empresa.

1. Contrario a lo que plantea el presidente en los medios masivos y comerciales de comunicación el paro ha sido un éxito rotundo. Cerca de doscientos mil colombianos y colombianas se han movilizado a las carreteras y calles del país para protestar contra las políticas antipopulares del gobierno actual.

2. Que es necesario mantenerse en las acciones de movilización y paro trabajando permanentemente por su fortalecimiento, buscando que nuevas organizaciones, comunidades y sectores sociales se sumen a él.

3. Que se hace necesaria la presencia de delegados de todos los departamentos en la Mesa Nacional para la coordinación y la toma de decisiones.

4. Que es fundamental mejorar la comunicación para la coordinación interna en cada departamento y de estos con la Mesa Nacional.

5. Es urgente, hacer pronunciamientos desde cada departamento, que hagan visible y legítimos tanto el Pliego Nacional como la Mesa Nacional, MIA.

6. Buscar la intervención de la ONU y el CICR, para que intervengan ante el gobierno nacional buscando frenar la violación de los derechos humanos cometidos contra los manifestantes.

7. Realizar una reunión de todos los integrantes de la MIA el día viernes a las ocho de la mañana en Bogotá, para analizar la situación y tomar decisiones con respeto al movimiento. (no debe faltar ningún delegado de ningún departamento).

8. Continuaremos con las gestiones en busca de interlocutores del alto gobierno con el ánimo de concretar la instalación de la Mesa Nacional.

9. Reunirse con la comisión incidental de la Cámara de Representantes con el mismo fin.

10. Participar en las mesas departamentales que se propongan, aprovechando estas reuniones para solicitar garantías y respeto a la movilización, denunciar los atropellos de la fuerza pública y exigir la instalación de la mesa nacional, reiterando en las intervenciones, que nuestro pliego es nacional diferente al de los demás sectores y que debe ser abordado en una mesa nacional.

11. Publicar carta abierta dirigida al Presidente de la República, en la cual se dejen claro los motivos y objetivos del Paro, la legitimidad y legalidad de las acciones de movilización, al igual que la legitimidad de las organizaciones líderes y voceros del movimiento, ratificando en ella nuestra disposición a dialogar para resolver el conflicto.

12. Desarrollar una campaña nacional e internacional de comunicación e incidencia política con el fin de buscar apoyos y aliados que sirvan de garantes y veedores en el desarrollo del paro y en la Mesa de Interlocución y Acuerdos.

13. Mantenemos firme nuestra decisión de permanecer y acrecentar las acciones de movilización y protesta pacífica, hasta tanto se dé un dialogo con el gobierno nacional que permita llegar a acuerdos frente a los puntos planteados en el pliego.

MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDOS
CIRCULAR #001

Bogotá D.C. Agosto 21 de 2013

Contra la gran minería y extranjerización de la tierra: Por la soberanía nacional y alimentaria!
Contra el abandono estatal y la pobreza: Por la inversión social en el campo y la ciudad.
Por la tierra y el territorio: Contra el despojo!
Viva el Paro Nacional Agrario y Popular!

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Dick Emanuelsson.

• Por cada curso de capacitación a los agentes hondureños que realizan los policías estadounidenses y colombianos, aumentan el narcotráfico o las cifras dramáticas de hondureños asesinados. ¿Qué lectura hace Usted sobre ese hecho?

• Es decir, las capacitaciones que vienen haciendo los colombianos ¿tiene como meta criminalizar a la protesta social?

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) convocó a miles de hondureños que llegaron directamente de sus trabajos a la marcha hacia el Congreso Nacional. El bipartidismo esta sacudido ya que esta quedando derrotado en las elecciones en noviembre.

¡NO A LA LEY DE CONVERSIÓN DE LA DEUDA PUBLICA!

Según un informe encargado por la OTAN publicado por el World Tribune de EEUU  basado en datos recogidos de activistas occidentales y las organizaciones internacionales, el 70% de los sirios apoya al presidente Bashar al-Assad y al partido Baath (Partido del Renacimiento Árabe Socialista) de Siria, mientras que un 20% mantiene una posición neutral y sólo el 10% apoya a la oposición armada. Dice el informe que los sirios se alertaron sobre el peligro de control de al-Qaeda en su país, haciendo hincapié en que todos los combatientes que han quedado luchando contra el gobierno son extranjeros respaldados por Qatar y Arabia Saudita.

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Luis Jairo Ramirez H. Tomado de Agencia Prensa Rural.

En días pasados se dio a conocer la publicación institucional “Basta ya. Memorias de guerra y dignidad” que estuvo a cargo del Centro Nacional de la Memoria Histórica, liderado por el investigador Gonzalo Sánchez y una serie de conocidos profesionales. Esta entidad nació a la sombra de la célebre ley de “justicia y paz” en épocas del Gobierno de Uribe Vélez y permaneció con el gobierno de Santos.

Como se reconoce explícitamente en su prologo: “Este informe da cumplimiento al mandato legal (Ley 975 de Justicia y Paz) de elaborar un relato sobre el origen y la evolución de los actores armados ilegales.”, por tanto no podríamos aspirar a conocer una dimensión real de la violencia estatal, sus autores intelectuales y mucho menos los reales beneficiarios políticos y económicos de los crímenes de Estado, que después de dos leyes de víctimas permanecen en la impunidad; sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El informe indudablemente representa un esfuerzo académico importante que permite develar globalmente las dimensiones de la violencia en el país, pero se trata de una “verdad oficial” con el obvio sesgo institucional, que evita entrar en “honduras incómodas” que podrían conducir al lector a reconocer la existencia de una marcada violencia institucional, a demostrar que no se trata de simples “agentes del Estado” o “miembros aislados de la fuerza pública” sino de toda una estrategia, planeada, fríamente calculada, para favorecer poderosos intereses económicos y políticos del establecimiento.

La enmarañada lista de “actores violentos” que plantea la investigación distrae una realidad de bulto: el vínculo Estado-paramilitares, cuya acción común arroja el 85% de las víctimas, producto no del azar, sino de una estrategia coordinada de acumulación de capital y del monopolio del poder.

La violencia institucional

El solo hecho de anclarse en el término genérico de “la violencia” o “las víctimas del conflicto” en realidad esconde una verdad histórica del país, la violencia institucional, aquella que surgió de la acción represiva del Estado desde mediados de los años 40 del siglo pasado y que se fue adaptando para que fuera funcional a los intereses de las elites dominantes.

No pueden catalogarse “víctimas del conflicto” a cinco millones de campesinos, indígenas y negritudes expulsados de sus tierras por la acción militar-paramilitar para favorecer las inversiones de la agroindustria de la palma africana, la caña de azúcar; las explotaciones de oro y carbón; la construcción de hidroeléctricas o las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos. Estos no son hechos derivados del conflicto, son acciones criminales de despojo violento cobijados por el Estado para favorecer unos intereses desmedidos de lucro, por parte de grandes capitales trasnacionales.

¿Qué tienen que ver los llamados “falsos positivos” con el conflicto? 3.700 jóvenes reclutados por el ejército con la oferta de empleo que a los dos días fueron asesinados a sangre fría y después aparecieron enterrados en fosas comunes en zonas distantes de su lugar de origen. Es el retrato maloliente de una miseria institucional urgida de mostrar artificiosos triunfos militares al financiador del Plan Colombia.

La guerra y la muerte

La marcada dependencia de los EE.UU. y su protagonismo en los desarrollos de la violencia institucional, la asistencia militar y los manuales de torturas y desapariciones inspirada en las doctrinas de la seguridad nacional determina una responsabilidad concreta de los EE.UU. en la victimización y desarticulación de las diversas formas organizativas de la sociedad colombiana, los estados europeos no escapan a esta responsabilidad

Millones de dólares de “cooperación” para el Plan Colombia significaron bombardeos indiscriminados contra la población civil, desplazamientos masivos de campesinos, miles de detenciones arbitrarias, desa­parecidos, los “falsos positivos” e incentivos materiales a brigadas militares para la violación sistemática de los derechos humanos, dólares que financiaron el paramilitarismo. Al mismo tiempo que ocurrían masacres y desapariciones por montón los EE.UU. certificaban en derechos humanos a los sucesivos gobiernos de Colombia. Esta realidad no está registrada por la simple razón que la investigación es financiada por la USAID y agencias europeas.

Crímenes de Estado

El documento reduce la importancia de alrededor de 12 fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- que condenan al Estado colombiano por prácticas de terrorismo estatal y paramilitar, lo cual prácticamente pasa inadvertido en la publicación. (masacre de Trujillo, masacre de los 19 comerciantes del Magdalena Medio, masacre de La Rochela, masacre de Caloto-Cauca, masacre de Mapiripán, asesinato del Senador de la UP Manuel Cepeda, masacre de Santo Domingo-Arauca, etc.). En estos fallos se demuestra claramente el carácter de un estado infractor, promotor del paramilitarismo en su estrategia de “guerra sucia” contra organizaciones sociales y la oposición de izquierda en el país.

El genocidio del PC, la UP y la izquierda

Uno de los hechos más vergonzosos en la historia del país, el genocidio del Partido Comunista, la UP, el movimiento político A Luchar, del Frente Popular, el M-19 y otros, aparece refundido en el subtitulo: 2.2. Expansión guerrillera, políticas de paz y eclosión paramilitar (1982-1996) con interpretaciones bastante convenientes para los autores intelectuales de este exterminio.

Cada uno de los pocos fallos emanados de tribunales judiciales va configurando cada vez más una clara responsabilidad del Estado, que nunca protegió a la oposición de izquierda, los culpables tampoco fueron judicializados, a pesar de que las organizaciones de derechos humanos aportaron pruebas que señalan a políticos del bipartidismo, empresarios, militares y paramilitares involucrados en esta larga cadena de muerte.
En síntesis la población colombiana fue sacrificada con el fin perverso de colocar el Estado al servicio de las transnacionales y las mafias; los partidos tradicionales resultaron con fuertes vínculos con el paramilitarismo, los militares y el gran capital beneficiarios de la “guerra sucia”.

En lo sustancial la rama judicial no adelantó investigaciones, permitió la injerencia de los militares en procesos judiciales adelantados contra civiles y favoreció la impunidad; los medios de comunicación del gran capital no solo estigmatizaron, sino que guardaron silencio cómplice y ahora se muestran sorprendidos por lo ocurrido en los últimos 30 años.

Entre otras, tales son las precariedades de “la verdad oficial”. En entrevista concedida el 23 de julio pasado al diario El tiempo, el investigador Gonzalo Sánchez plantea: “La Comisión de la Verdad en Colombia no sería como la de Argentina o Perú, porque aquí ya está muy avanzado el esclarecimiento…” No compartimos tal apreciación porque estamos ante una “verdad parcial” en la que falta el testimonio de una parte importante de los sectores victimizados.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado propone “crear una Comisión de la Verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia desde 1945 hasta la fecha de la conclusión y entrada en vigor de un acuerdo de paz, con especial énfasis en los crímenes cometidos por agentes estatales y grupos paramilitares”.
(Propuestas mínimas sobre Verdad, Justicia y Reparación. http://www.movimientodevictimas.org/).

“La paz que soñamos exige la depuración de la fuerza pública, el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y el sometimiento a la justicia de los poderes económicos y políticos que han sembrado al país de violencia” (El Camino hacia la paz pasa por la Justicia – Ccajar).

Esta es una entrada muy breve para contarles de un descubrimiento que vi hace poco en la cuenta de twitter de Rafael Noguera (pero que al parecer fue originalmente publicado en la cuenta de @JOSEPHRALPH).
En medio del augue mediático que han tenido las problemáticas sobre la tenencia de tierras en Colombia, el descubrimiento consiste en que en 2007 (durante el gobierno de Uribe), la revista Semana era bastante estricta con la ley de baldíos.

En ese entonces, la publicación semanal opinaba esto sobre la estrategia que tenían el congresista risaraldense Habib Merheg (investigado por parapolítica) y algunos de sus allegados para quedarse con varias hectáreas de baldíos en el Vichada:

"Que él y sus amigos adquieran tierras y lleven inversión no tiene ninguna objeción. El problema surge cuando es el gobierno el que se las adjudica de un plumazo. Los baldíos son tierras que pertenecen a la Nación y por ley sólo se pueden entregar a colonos que demuestren que llevan más de cinco años ocupando y explotando por lo menos el 80 por ciento del área. Lo máximo que se entrega por persona es lo que se llama la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que corresponde a una porción de tierra que garantiza la subsistencia de una familia.
Esa extensión varía de acuerdo con la productividad de la tierra y para Vichada, la UAF equivale a máximo 1.294 hectáreas. Es claro que los amigos inversionistas del senador risaraldense no cumplen los requisitos de adjudicación, pues llevan menos de dos años en la zona. Incluso algunos de ellos, que hablaron con SEMANA, reconocen que nunca han ido a los Llanos".

Sin embargo, ahora la revista Semana parece tener una opinión muy diferente sobre este asunto de los baldíos. Hablando del reciente escándalo de compra irregular de terrenos baldíos que implicó a las compañías Riopaila y Cargill, a la firma de abogados Brigard y Urrutia y al ahora exembajador colombiano en Washington, Carlos Urrutia, Semana publicó este domingo un artículo en el que argumenta que:

"La otra realidad es que la solución de la altillanura no es la agricultura campesina, sino la agroindustria. Durante el reciente debate, todo el mundo repitió una y otra vez que en esas extensiones caben las dos modalidades. Eso puede ser verdad, pero como afirmó el gobernador de Vichada, Andrés Espinosa, el desarrollo de la región solo será posible si llegan los capitales privados.
Eso también lo pensaban los últimos gobiernos, los cuales eran conscientes de esas inversiones agroindustriales, que en ese momento eran consideradas convenientes. La tierra en la altillanura es muy mala y no es apta para el agro. El nivel de acidez es tan elevado que se requieren cuantiosas inversiones para volverla fértil. Ese problema no se podía solucionar si se le daba una interpretación restrictiva a la Ley 160 de 1994, pues la explotación de una sola UAF no podía ser rentable".

Probablemente este artículo no lo escribió la misma persona que escribió el mencionado antes, pero de todas maneras es interesante ver cómo cambió la posición editorial del medio en apenas cinco años. Ahora, ¿por qué el cambio? ¿Fue porque la discusión sobre los baldíos está en el centro del debate nacional actuañ? ¿Porque se viene un paro agrario y la revista quiere ser prudente? ¿Porque "Urrutia" suena más bogotano que "Merheg"? ¿Porque hubo un cambio de gobierno y el actual es cercano a la revista? ¿Porque el actual gobierno está impulsando –por lo menos de palabra– una reforma agraria y no quieren obstaculizarla? ¿Porque creen que hay más razones para sospechar de Metheg que de Urrutia o las compañías involucradas?

La verdad es que no lo sé, así que recurro a la fiel tribuna, ¿ustedes qué creen?

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