Quien haya leído el escrito de Timoleón Jiménez sabe bien que lo que éste criticó fue la pública orden presidencial de ejecutar a cualquier miembro de las FARC que se encuentre en territorio colombiano. El Presidente no puede emitir órdenes de matar compatriotas apenas los vean, porque la pena de muerte está proscrita en el país. Además tal orden resulta demasiado peligrosa cuando el mismo Presidente, sus ministros y generales viven acusando diariamente a los dirigentes populares y de oposición de ser miembros de las FARC.

El Presidente ha autorizado públicamente la ejecución de una innumerable cantidad de colombianos inconformes con sus políticas, lo cual coincide con su conminación al alto mando a ser contundentes con quienes promuevan desórdenes en las vías públicas. Es que así, aunque cueste a algunos admitirlo, con ese aire de aparente cordura y apego a la legalidad, las clases dominantes en Colombia llevan decenios ordenando asesinatos, desplazamientos, desaparecimientos, torturas, amenazas y parálisis política a causa del miedo.

El propio Santos reconocía que con su designación por Gaviria como ministro de comercio exterior, le fue ordenado abrir la economía. Desde entonces su empeño ha sido materializar en nuestro país el designio globalizador neoliberal: libre comercio total, apertura plena a la inversión extranjera, privatización de las entidades públicas, entrega de nuestras riquezas naturales al gran capital transnacional, desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y endeudamiento creciente con la banca internacional.

Así que la oligarquía colombiana no niega, sino que se ufana de haber asumido como propia la estrategia de dominación planetaria del gran capital, que, como todo el mundo ve, conduce a inmensas poblaciones a la más angustiosa crisis social, al desastre ambiental, a la guerra total de aplastamiento de los pueblos, a la hecatombe nuclear y hasta a una avizorada extinción de la especie humana. A ese proyecto vinculan todos sus mecanismos de dominación, desde la educación pública hasta la gran prensa, pasando por sus aparatos armados y de ley.

La Prosperidad para Todos no es otra cosa que la versión colombiana de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC, y todos los grupos de poder que los inspiran como el famoso Bilderberg o la Comisión Trilateral. Las locomotoras minera, agroindustrial, de infraestructura, vivienda y ciencia, lejos de procurar el bienestar de los colombianos, están concebidas para garantizar la penetración, el apoderamiento y control pleno del país por los poderes internacionales del capital financiero mundial.

Con los cuales se encuentran entrelazados los más importantes grupos económicos nacionales. Son ellos los que crecen y aumentan su riqueza a la sombra de los inversionistas extranjeros. Mientras Santos, como un generoso Rey Midas que transforma en oro todo cuanto toca, habla de que sus políticas han sacado a millones de colombianos de la miseria y la pobreza, además de llevarles alimentos, educación, salud, vivienda, empleo formal y jugosas oportunidades de prosperidad, la gente de carne y hueso se toma las carreteras y las plazas en reclamo de atención y justicia.

El recurso presidencial consiste en señalar que no hay reales razones para que la gente proteste. Su gobierno está haciendo todo cuanto puede hacerse por ella. Y no descarta que las protestas sean en realidad artimañas usadas por gentes interesadas en sembrar el caos, como ocurre con las guerrillas o algunos personajes de la oposición. Pese a ello, afirma que respeta el derecho a la protesta y al disentimiento. Claro, siempre que semeje un lloro ante el muro de las lamentaciones,un llanto incapaz de presionar cualquier cambio en sus políticas.

Ahora más que nunca está claro que han sido los designios del gran capital para Colombia, los que han exigido poner fin de modo definitivo al conflicto. Para la ejecución de sus planes en el país y el resto del continente resulta imperativo remover del camino esa mula muerta de la que habla Santos. Este ha asumido juicioso su tarea, terminar con el conflicto por las buenas o las malas. Allí entra a jugar su papel la vía del diálogo y las conversaciones. Como a la gente, a la guerrilla también habrá que darle la oportunidad de llorar sus penas.

Por eso la Mesa. Para que reclamen en voz baja y mansamente cuanto quieran. Aunque no se les acepte ni conceda nada de lo que planteen. La comunidad internacional, es decir los Estados Unidos y la Europa Occidental, están dispuestos a aceptar que la guerrilla desmovilizada sea beneficiaria de una justicia transicional, que la deje finalmente en una libertad precaria, pero anulada en materia política. En eso consistiría el Acuerdo, un perdón relativo a cambio del espaldarazo guerrillero a la globalización neoliberal para Colombia.

El primer punto de la Agenda, sobre política agraria integral, aparece como firmado con algunas salvedades que se definirán más adelante. Esas salvedades son todas las objeciones que las FARC han puesto a los planes del gran capital para convertir el territorio colombiano en su gran dispensador de recursos mineros, biológicos, agroindustriales y alimentarios, a costa de la propiedad y la tranquilidad de los pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y mineros, así como de las comunidades negras e indígenas.

Tampoco piensa Santos ceder un milímetro en materia de democratización de la vida nacional, el segundo punto de la Agenda. Cuando discursea que no está negociando el Estado, ni el modelo económico, ni el sistema político, ni el sector privado, lo hace para tranquilizar al gran capital expectante por cualquier debilidad en la Mesa. Tranquilos, que aquí no va a cambiar nada. Sólo se trata de darles la última oportunidad a los bandidos para que se desarmen y compongan su vida futura al calor de nuestras sagradas instituciones.

Si no lo hacen, como dijo recientemente, ellas serán las primeras damnificadas, también políticamente, como ocurrió en los procesos anteriores. Aunque el Presidente cree jugar con cartas marcadas y seguro de ganar, está nervioso. Promete y miente, amenaza y miente. Mientras tanto, un país del cual no gusta, que no se parece al Londres que sueña, sale a las calles a exigir cambios, a enfrentar la autoridad, a reclamar por políticas distintas. Las mismas por las que las FARC llevamos meses discutiendo en la Mesa de La Habana. Lo que Santos no quería.