El
22 de agosto se cumplieron 46 años de una de las protestas cívicas más
sangrientas que ocurrieron durante en el siglo XX en el Chocó. Ese día
de 1967 surgió en la capital chocoana un movimiento de inconformidad,
liderado por un grupo de estudiantes del Colegio Carrasquilla que
exigieron un s
uministro en los servicios de agua y energía eléctrica más eficiente en Quibdó.
En
aquel momento Quibdó era una ciudad devastada y en ruinas por un
incendio que las había destruido hacía 10 meses y la situación era
crítica. Por eso las protestas de de los estudiantes se convirtieron en
el motor que exacerbó el sufrimiento de un pueblo que reaccionó contra
la indolencia del gobierno central en los planes de reconstrucción de la
ciudad, la falta de servicios públicos, vías de comunicación y fuentes
de empleos.
Pronto, las inconformidades de los
estudiantes se transformaron en manifestaciones en todo el departamento
por los incumplimientos en la ejecución del Plan General de Obras
Públicas que se había suscrito hacía 39 años, en el gobierno de Miguel
Abadía Méndez; y renegociado en el mandato de Gustavo Rojas Pinilla,
luego de las protestas en contra de la desmembración del departamento en
1954.
De hecho, Rojas Pinilla se había
comprometido a ejecutar las mismas obras anunciadas en el cuatrienio de
Abadía Méndez, que consistieron en construcciones de carreteras,
puertos, programas de electrificación, saneamiento básico y de fomento
para el desarrollo económico de la región.
Aquel
22 de agosto habían pasado 13 años de las promesas de Rojas y los
habitantes de la capital chocoana seguían sufriendo los mismos
problemas. Por eso, sus apacibles calles y las de los otros centros
urbanos en pocas horas se volvieron epicentros de enardecías turbas que
dejaron como saldo destrozos, muertos, cientos de heridos y la firma de
otro acuerdo de ejecución de obras.
En estos
últimos 46 años se han firmado otros acuerdos de construcciones de obras
públicas, entre los chocoanos y el gobierno nacional, tras varias
protestas cívicas, entre ellas de la 1987, y aún siguen inconclusas la
mayoría de las obras que prometió construir la administración de Abadía
Méndez en 1928.
El balance en los 85 años que
van desde que se firmó el acuerdo con el gobierno de Abadía Méndez, 59
de haberse pactado la construcción de las mismas obras en la
administración de Rojas Pinilla y 46 de los trágicos hechos de 1967. El
de un panorama sigue siendo gris: el Chocó continua inmerso en una
crisis institucional con el lastre de siete gobernadores en tres años y
en una galopante insolvencia económica.
Continúa
siendo el departamento más pobre, aislado y con el índice de calidad de
vida más bajos del país, en donde el 35 % de sus habitantes no tiene
acceso al servicio de energía eléctrica, el 100 % no cuenta con agua
potable y más de 90 % sobreviven con menos de dos dólares diarios.
Con
un incontrovertible legado que, la mayoría de las obras públicas que se
han construido son productos de los paros cívicos y los desastres
naturales. Sin embargo, no todas las responsabilidades de este atraso
son imputables al Estado y a los gobiernos de turno, es claro que los
chocoanos tienen una enorme cuota de responsabilidad en el atraso de su
tierra.
Siguen teniendo una clase dirigente
incompetente y corrupta y, mientras esta continúe controlando el poder,
no existan sanciones morales y una conciencia colectiva sobre la
importancia de la eficiencia y la transparencia en la administración del
patrimonio público va ser difícil que salgan del atraso.
Por
la imperante cultura de la defraudación, eligieron a un gobernador
inhabilitado que engañó a los electores y en medio de la crisis de su
ingobernabilidad desarrolló una administración con serios
cuestionamientos éticos y para cerrar la faena, los principales líderes
políticos de las microempresas electorales regionales están condenados
por corrupción, nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Sus dos
actuales congresistas, la senadora Astrid Sánchez Montes de Oca y el
Representante a la Cámara, José Bernardo Flórez, electos por el Partido
de la U son sordos y mudos frente a la crisis de su región.
jemosquera@une.net.co
