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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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RUEDA DE PRENSA - La Coordinación de Organizaciones y Movimientos Sociales y Políticos de Colombia

Salsa Agraria, Nacional y Popular

Para llorar


Por Daniel Coronell, Revista Semana

31 agosto 2013

OPINIÓN. Por cada granada de humo blanco pagamos 43.880 pesos. Cada cartucho de gas nos vale 27.183 pesos.

Se ha vuelto un lugar común decir que todos pierden con los paros. La frase es tan repetida como falsa. Hay unos que ganan –y ganan mucho- cada vez que hay una protesta. La industria de las llamadas “armas no letales” recibe multimillonarias utilidades por cuenta de la represión de las manifest
aciones en Colombia y en el mundo. Los dueños de esa industria tienen a la vez intereses en negocios como la venta de productos lácteos o la calificación de riesgos en países como el nuestro.

El gas lacrimógeno es uno de los mejores negocios de esta época. A pesar de que la Organización de Naciones Unidas clasifica el gas lacrimógeno como un arma química, los poderosos intereses detrás de esta industria han logrado que su producto estrella se comercialice a nivel mundial como “arma no letal”

La mayor productora de gas lacrimógeno es una empresa llamada Combined Systems Inc. La compañía funciona en Jamestown, un pacífico pueblito con menos de 700 habitantes en Pensilvania, Estados Unidos.

De acuerdo con su página oficial su negocio es la “fabricación y suministro de municiones tácticas y dispositivos de control de masas a las fuerzas armadas, la policía, las autoridades carcelarias y las agencias de seguridad nacional en el mundo entero” (Ver link)

La compañía es una máquina de hacer dinero. Cuanto peor le vaya al mundo, mejor le va a ellos. Un reciente estudio adelantado por la profesora Anna Feigenbaum de la Universidad de Bornemouth en Gran Bretaña, prueba que durante los períodos de crisis económica se disparan los gastos antimotines. 

El periodista Marcelo Justo hizo un completo reporte para BBC Mundo que muestra, entre otras revelaciones, el ejemplo de España. Mientras el gobierno de Rajoy recortó el presupuesto de 2013 en casi todas las áreas, empezando por salud y educación, hubo un aumento de 17 veces (!) en el renglón de ‘antidisturbios’. Los fondos pasaron de 173.000 euros a más de tres millones. (Ver vínculo)

Colombia es un gran comprador de Combined Systems. De acuerdo con una publicación de Source Watch los principales clientes de la compañía fabricante de gas lacrimógeno son en su orden: Estados Unidos, Israel, Egipto, Colombia y Yemen. (Ver vínculo)

En el año 2007, se registraron 800 protestas en Colombia. El 26 de diciembre de ese año -en medio de las celebraciones de navidad y año nuevo- el gobierno de entonces firmó a través de la Policía Nacional un contrato con los representantes locales de Combined Systems por US $2.262.936 (Ver portada contrato)

El objeto del contrato es la compra de granadas de gas, armas lanzagases y otras municiones antimotines. Quien firmó el contrato como directora administrativa y financiera de la Policía fue la entonces coronel Luz Marina Bustos Castañeda, hoy subdirectora general de la institución. La coronel Bustos ahora es general y con su firma ese contrato ha sido extendido y adicionado, hasta nuestros días, en cantidades multimillonarias. 

Una de esas adiciones deja ver cuánto le cuesta cada disparo antimotines a los contribuyentes colombianos. Por cada granada de humo blanco pagamos $43.880. Cada cartucho de gas nos vale $27.183. (Ver valor gas)

Otro contrato, esta vez del Fondo Rotatorio de la Policía, indica que Colombia le compró a Combined Systems fusiles lanzagases por $242.604.960. (Ver fusiles lanzagases)

Los principales accionistas de Combined Systems son Point Lookout Capital Partners y The Carlyle Group. El grupo Carlyle es un conglomerado empresarial con múltiples intereses que van desde la banca internacional hasta la tecnología agropecuaria con Syangro Technologies, pasando por la producción de leche en la India con Tirumala Milk. Carlyle es dueño también de la calificadora de riesgos Duff and Phelps que evalúa la seguridad de las inversiones en países como Colombia.

Nuestro país es magnánimo con los conglomerados que explotan nuestros recursos y nos venden lo que no necesitamos en desarrollo de las ‘bondades’ del TLC. Al mismo tiempo es avaro con los campesinos que producen alimentos, severo con quienes se atreven a protestar y generoso con los  vendedores de instrumentos para la represión.

Al final ellos se quedan con la plata y nosotros con las lágrimas.

Agosto 28 2013, Rueda de prensa final de 12 ciclo.



Proceso de Paz y Paro Agrario y Popular

 
Allende La Paz, Cambio Total.

Hemos planteado desde hace ya algún tiempo que todos los problemas de los colombianos pasan por la Paz, es decir, por la Mesa de La Habana deberían pasar todas las soluciones de esos problemas toda vez que la raíz de ellos se hunde en las políticas erradas de los gobiernos oligárquicos-imperiales. Miremos.

Todos los puntos acordados en La Habana buscan solucionar las causas del conflicto interno colombiano. El primer punto sobre la tenencia de la Tierra demuestra que esa tenencia terrateniente, acumulada a punta de impunes asesinatos, desplazamientos y despojo de las propiedades de los desplazados, ha producido 5,5 millones de desplazados que han ido a engrosar la pobreza, la miseria y la indigencia, . Ahí arrancan los problemas.

A ello se suman las políticas impuestas como el ALCA y los TLC, los cuales « prohiben » a los campesinos tener sus propias semillas, despreciando el saber campesino que cuidadosamente ha seleccionado durante años, siglos, los granos que le darán continuidad a la producción agrícola. Con razón el campesinado dice que ellos no quieren ningún MON-SANTO que les imponga la compra de las semillas « certificadas » y les altere el ecosistema con sus fumigaciones asesinas de todo lo verde.

Años y años de paciencia y espera, de manifiestos y cartas, no han surtido efecto y desde las alturas « cachacas » -que es igual a decir santafesinas- han creído que los campesinos –y en general los colombianos- somos bobos y nos contentamos que nos den a probar el « bom bóm ». Desde la « Casa de Nari » creen que la sola presencia de los funcionarios « cachacos » -sudorosos porque el esfuerzo físico no es para ellos- es suficiente para acallar las protestas pacíficas de los ciudadanos de a pié.

Igualmente, la exclusión política del campesinado, evidenciado en el ataque a Marquetalia, ha permitido a la oligarquía adelantar la aprobación manzanilla y corrupta de los proyectos de ley que les son impuestos en esos ALCA y TLC ya que al hacer aprobar sus leyes « legalizan » sus políticas, como la ley de baldíos y la ley que permitió desaparecer –asesinar- a la U.P., por ejemplo, impidiendo la presencia y el desarrollo de una auténtica oposición en Colombia.

Igual situación veremos con los otros puntos de la Agenda de la Mesa de La Habana. Evidentemente que esa « conexión oculta » entre las conversaciones de la Mesa de La Habana y el Paro Nacional Agrario y Popular se ha ido dando por los vasos comunicantes entre las diferentes organizaciones populares, armadas y desarmadas. El marxismo nos ha enseñado que a la par del paradigma dominante va emergiendo subterráneo, oculto, el nuevo paradigma que lo reemplazará. Ya lo estamos viendo en la Mesa de La Habana y el Paro Agrario y Poåpular.

En la Mesa de La Habana son las FARC como « pueblo en armas » las que están planteando la modernización –todavía no el Socialismo- de las relaciones de producción, societales y políticas y el gobierno en representación del Estado se aferra -como « a un clavo ardiendo »- a su modelo arcaico y totalmente injusto y represivo. Igualmente, los ciudadanos colombianos participantes en el Paro Agrícola y Popular plantean la necesidad de nuevas relaciones en el campo de la agricultura, de la minería, de los trabajadores y las empresas nacionales y extranjeras para las que trabajan.

Si el gobierno sigue aferrado a sus políticas que sólo favorecen a los de siempre, alos potentados oligarcas-terratenientes y al imperio, en contra del pueblo que clama por cambios, tengan la seguridad que la explosión del Paro Nacional Agrario y Popular se multiplicará por mil, a la enésima potencia.

Qué « barraco » ese presidente

José María Carbonell, Cambio Total.

Qué « barraco » es JMSantos. Ese presidente que tiene Colombia ha demostrado a su clase su valía. A los ricos de todos los pelambres, empresarios, financistas, ganaderos-terratenientes, narcoparamilitares, etc, les soluciona en un santiamén, sus problemas como la solución que le dió a RioPaila, Cargill y Urrutia, Facho Santos (ay, primo de mi sangre !), al cacao Sarmiento Angulo, y demás, para « legalizarles » la propiación mediante maniobras fraudulentas para violar la « ley de baldíos », de los baldíos del Vichada.

En cambio, al pueblo, ese que le toca encapucharse para que después no lo desaparezcan de la vida o esos para que los verdaderos protagonistas no los descubran como « policías infiltrados », les dió represión y más represión. Y ahí cayeron muchos inocentes que fueron a las calles a protestar. Los ESMAD –robotizados asesinos- no distinguían a nadie. Quizá si las madre de ellos hubiera estado ahí protestando porque no pueden sembrar papa, o cebolla, a la pobre madrecita también le hubieran recetado y administrado su garrotera y le hubieran dado a beber su propia dosis de gas lacrimógeno.

Así de salvajes y robotizados se veían. Actuaban como autómatas, como drogados. Rompían todo lo que encontraban a su paso. Era como si quisieran enardecer la valentía de los campesinos y del puebo colombiano. Era como si desearan matar a las clases que los parieron. Era com siquisieran desaparecer de la faz de la tierra los hogares humildes en los cuales ellos nacieron.

Entendemos –pero nunca justificaremos- que JMSantos actúe así. Entendemos que el « pesista » ministro Pinzón diga muchas horas antes que el presidente que iban a militarizar las ciudades. Entendemos que ellos están ahí no para « gobernar » en favor de los desposeídos de todo, sino en favor de sus clases burguesas rapiñas que hasta se roban los dineros del Estado e impiden la inversión –poca- que hace el estado para satisfacer las necesidades del pueblo.

Siempre hemos sabido cuál es la respuesta del estado y su gobierno a las peticiones populares. Los muertos siempre los pone el pueblo. Acaso murió algún oligarca en desarrollo del Paro Nacional Agrario y Popular ? No. Eso jamás. Los muertos son del pueblo, siempre del pueblo.

Por ello, al igual que los anteriores presidentes, qué « barracos » son esos hombres. Qué « barracos » son esos presidentes.

Agencia Prensa Rural: Paro nacional agrario (parte I): lecciones no aprendidas de economía

Paro nacional agrario (parte I): lecciones no aprendidas de economía

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La Marcha TV

Opiniones de los líderes del paro agrario en el Magdalena Medio

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Colombia Resiste I Pronunciameinto oficial Marcha Patriótica

Conflicto, protestas y paz

Por: Rodrigo Uprimny

Hoy vivimos al mismo tiempo unas negociaciones de paz con las guerrillas con buenas posibilidades de éxito y una muy intensa conflictividad social, como lo muestra el paro agrario. ¿Cómo interpretar esa simultaneidad de procesos?

La respuesta autoritaria es que la negociación con las guerrillas es equivocada, pues debilita la autoridad y permite una infiltración guerrillera de las protestas. Y por ello se desencadenan estos desórdenes sociales, que un gobierno impotente no puede controlar.

Pero esa versión es equivocada y nos ata al pasado. Por el contrario, esa simultaneidad nos plantea uno de nuestros mayores desafíos: si queremos una paz duradera, debemos transformar la relación negativa que hasta ahora hemos vivido entre conflicto, protestas y democracia en una relación positiva.
En general, en Colombia, el Estado y las élites han visto las protestas como desórdenes y problemas de orden público que debían ser reprimidos. Un ejemplo de ese sesgo autoritario es que durante décadas, la revista Criminalidad de la Policía incluyó a las huelgas en las estadísticas sobre alteraciones del orden público, al lado de los ataques guerrilleros o los atentados.

La persistencia del conflicto armado obviamente ha acentuado ese sesgo. Las protestas han sido lideradas en general por la izquierda y por ello algunos sectores autoritarios las asociaron a expresiones guerrilleras, con esa idea falsa de que todo militante de izquierda no es más que un guerrillero encubierto. Pero a su vez, es cierto que las guerrillas han intentado, con mayor o menor éxito, infiltrar esas protestas, a fin de subordinarlas a sus estrategias políticas y militares.

La derecha autoritaria, como las guerrillas, ha coincidido entonces en meter a las protestas y al conflicto social en la lógica de guerra. Y el resultado ha sido el debilitamiento de los movimientos sociales y la represión reiterada de la protesta, lo cual a su vez ha acentuado, en un círculo vicioso, la violencia y la guerra. Instrumentada por la guerrilla o reprimida por el Estado, la protesta social no ha podido ser en Colombia el canal de expresión y transformación que es en sociedades verdaderamente democráticas. Y en parte por eso muchos conflictos sociales, desprovistos de canales pacíficos de resolución, han tendido a expresarse violentamente.

La democracia colombiana, si quiere ser digna de ese nombre, tiene una asignatura pendiente: reconocer la protesta como expresión legítima y encontrarle formas democráticas de respuesta, sin que debamos idealizar toda protesta, pues algunas degeneran en violencias inaceptables y no siempre quienes protestan tienen razón. Pero aquí está tal vez la respuesta a la pregunta inicial. La paz pasa no sólo por una negociación con las guerrillas, que ponga fin al conflicto armado, sino también tiene otro reto igualmente difícil: el Estado debe aprender a responder democráticamente a las protestas y a los reclamos ciudadanos.

* Director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
  • Rodrigo Uprimny * | Elespectador.com


La papa caliente

Por: Alfredo Molano Bravo

Si La Calera se rebela y decretan el toque de queda y la ley seca; si hay pedreas, heridos y ruanas ensangrentadas, es porque algo muy grave está pasando en el país.

La Calera ha sido un pueblo melancólico, frío, laureanista, donde hasta se llegó a celebrar, por orden del general Amadeo Rodríguez, el asesinato de unos presos volados de La Picota el 9 de abril del 48. Eran puros rojos, habría dicho, y, ¡fuego! Plinio Apuleyo saldrá a decir hoy que las Farc dejaron infiltrados ahí unos “piscos” el día que se la tomaron y que son ellos los que dirigen las marchas.

Es el argumento de siempre, que esta vez, por lo masivo y radical del movimiento, se ha vuelto a favor de la guerrilla: si las Farc mueven todo lo que se ve, el Gobierno está diciendo babosadas sobre su derrota estratégica y todas esas victorias de oficina. Visto así, como diríamos hace unos años, estamos ante los dolores de parto de una nueva criatura que lleva gestándose 50 años. Porque lo que está pasando en el campo, y ahora también en las ciudades, no es otra cosa que las demandas represadas —y reprimidas a balazos— durante muchos años. En el desenlace no juegan sólo los TLC y ni siquiera la apertura económica inaugurada hace 25 años; juegan el robo de tierras permanente, el destierro de millones de campesinos, la impunidad, la exclusión política, el desempleo masivo, el desprecio por su trabajo, las mentiras sistemáticas sobre su condición, la sangre. Todo pesa, todo entra hoy en la balanza. La trampa queda al descubierto. La verdad ha sido obligada a salir a la calle. Desde Ipiales, Nariño, a Campo de la Cruz, Atlántico, y desde Putumayo hasta Antioquia, pasando por Cajibío, Soacha, Fusa y Faca, las protestas avanzan y se organizan, llegan a las ciudades y se concentra en plazas y avenidas. El Gobierno —o mejor el gym boy que “funge” como ministro de Defensa— ha dado la orden de reprimir las marchas y las manifestaciones. Del otro lado, el ministro de Agricultura —que, como su nombre lo indica, no ha hecho más que torpezas— y el taciturno y balbuceante ministro del Interior no han podido entender qué pasa y ofrecen cualquier cosa, lo que se les ocurre, durante el viaje a Tunja. Por debajo la sangre corre y la indignación crece. Santos no sabe qué hacer. Un día dice que todo es mentira; otro, que todo es promovido por la guerrilla, y después que el negocio es barato, fácil; finalmente son labriegos. Nada. Por ningún lado. El Esmad es rebasado y ahora el Ejército da un paso adelante, sale a disparar a discreción, bombardea desde helicópteros con gases lacrimógenos a los manifestantes y abre los archivos de inteligencia para echarles mano a quienes no había podido capturar por falta de pruebas, como en el caso de Ballesteros. En Bogotá hubo cuatro muertos el jueves, en Tolima dos. Hay un centenar de heridos graves, debe haber miles de detenidos. El Gobierno va acumulando fracasos y fracasos; improvisa, se desdice, duda, dispara. Los campesinos son cada día más fuertes y afirmativos. La Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos, MIA, ha presentado unas demandas mínimas que constituirían, de acogerse, un verdadero revolcón institucional, que de hecho dejaría el país en paz. Es paradójico, el Gobierno que se negó con arrogancia e insensatez a negociar en La Habana el modelo de desarrollo y la doctrina militar, se verá ahora obligado a hacerlo con un movimiento civil, desarmado y democrático. Seguir con el cuento de que millones de manifestantes son manejados por cuatro vándalos inadaptados, como dice el intrépido general Palomino, es, por lo menos, ingenuo. El Gobierno está hoy entre la espada y la pared. Si opta por la represión brutal, de sobra se cae la negociación de La Habana, porque, ¿de qué garantías podría hablar si permite que se mate a la gente en los barrios y en las carreteras? Si opta por negociar el modelo económico y la doctrina militar, ¿cuál será la reacción de los gremios económicos y de los militares agremiados? Lo que se vio en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cartagena, en Ubaté, en Ibagué fue el prólogo de la primavera, largamente esperada, o el desplome del castillo de naipes que nos habían montado. En la calle, y no en el monte, se están jugando hoy la suerte del país y la suerte del presidente Santos.
  • Alfredo Molano Bravo | Elespectador.com


 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

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