Por Verdad Abierta. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordena
que se investiguen a varios funcionarios y ex funcionarios públicos y a
empresarios, de posibles omisiones o complicidades con el
paramilitarismo.
En
una de las decisiones más trascendentales que hasta el momento se han
tomado en tribunales de justicia transicional en el país, la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó investigar a una
decena de ex funcionarios y ex militares de alto nivel por la posible
comisión de diversos delitos relacionados con el paramilitarismo. Esta
semana, como lo informó VerdadAbierta.com, la Sala anunció que pediría a
la Cámara de Representantes investigar al ex presidente Álvaro Uribe
Vélez.
(ver nota).
La
decisión, tomada en sala mayoritaria (dos de tres magistrados), fue
leída en Medellín durante una audiencia de control de legalidad de
cargos contra siete desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes aspiraban a obtener los
beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, entre ellos, la
pena alternativa de ocho años de cárcel.
La
magistratura ordenó investigar a la ex fiscal Viviane Morales Hoyos,
al Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Eberto
Rodríguez Hernández, al Fiscal 28 de la Unidad Delegada de Fiscalía
contra el Terrorismo de la época (2009 - 2011) y al Fiscal 7 Delegado
ante la Corte, “por el posible delito de prevaricato por omisión, por su
omisión en la investigación y juicio de los generales Mario Montoya
Uribe y Leonardo Gallego Castrillón y de los demás generales y altos
oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en graves violaciones a
los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.Ambos
oficiales, el primero de ellos del Ejército y el segundo de la Policía,
estuvieron destacados en Medellín para octubre de 2002, cuando se
realizó la llamada ‘Operación Orión’, una acción conjunta de fuerzas de
seguridad del Estado ordenada por el entonces presidente Uribe Vélez
para retomar la comuna 13, dominada en ese momento por milicias de las
Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo.
Los diversos
testimonios y versiones, entre ellas la confesión de Diego Fernando
Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, llevaron a la Sala a establecer que
existen sospechas suficientes de que en esa acción militar, los
miembros del Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia
(Auc) pudieron haber participado de manera concertada con los altos
oficiales.
La Sala de Justicia y Paz de Medellín también ordenó
investigar a los ex generales Oscar Botero Restrepo, Carlos Alberto
Ospina, Martín Orlando Carreño (fallecido en un accidente en el 2007) e
Iván Ramírez; al Teniente Coronel John Jairo Cardona Chaparro y al
coronel Germán Morantes Hernández. A todos ellos pidió ser
investigarlos para determinar si “promovieron, organizaron y apoyaron a
los grupos paramilitares y/o se concertaron con éstos”.
Semanas
atrás, la Sala ya había ordenado investigar al general retirado
Alejandro Navas Ramos, quien se desempeñó hasta hace poco como
comandante de las Fuerzas Militares, por su presunta responsabilidad en
la masacre de La Horqueta, ocurrida en la Mesa, Cundinamarca, el 21 de
noviembre de 1997, en la que murieron 14 personas, época en la cual el
oficial, siendo Teniente Coronel estuvo al mando del batallón Miguel
Antonio Caro, guarnición clave en la comisión del múltiple crimen
perpetrado por un comando conjunto de militares y paramilitares llevados
allí desde el Urabá antioqueño.
“La Fiscalía deberá informar a
esta Sala de todas las investigaciones que se adelantan contra generales
y altos oficiales de las Fuerzas Militares y del Estado de su proceso,
incluidos los mencionados en el párrafo anterior, e identificar a los
que aún no lo han sido plenamente en esta decisión”, anunció el
magistrado Darío Pinilla Cogollo, quien presidía la audiencia.
Esta
magistratura también le exigió al Ente Acusador investigar e informar
de los procesos que se adelantan contra un grupo de empresarios privados
que han sido mencionados a lo largo del proceso que se lleva contra el
Bloque Cacique Nutibara de las Auc, para establecer si estuvieron
“comprometidos en la promoción, organización, financiación y apoyo de
grupos paramilitares”.
Una de las decisiones que más llama la
atención es la solicitud de la Sala de investigar a varios funcionarios
judiciales, sobre quienes dice se debe establecer “conducta y omisiones
en la investigación de violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario” asociadas al paramilitarismo. Se trata de la
Fiscal 6 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz, Oher Hadith Hernández
Roa; al Fiscal 64 Delegado, Javier Girón Rodríguez; al Fiscal 90
Delegado, Hernando Antonio Bustamante Triviño; al Fiscal 129 Delegado,
Hugo Alberto Gómez Lemus; al Fiscal 3 Delegado, Carlos Alberto Rico
Correa; al Fiscal 113 Delegado, Milton Javier Rodríguez; al Fiscal
Primero Delegado, Rafael Antonio Vargas Gallo; al Fiscal 14 Delegado,
Guillermo Alonso Uribe Rueda; la Fiscal 51 Delegada, Ana Lucia Jiménez
Zapata, y policía judicial identificado como ‘Australia Cuatro’, quien
además deberá ser investigado por el delito de concierto para delinquir.
Adicional
a ello, y teniéndolo en frente de la audiencia, pues es el fiscal que
lleva el proceso del Bloque Cacique Nutibara, la magistratura anunció el
envío de copias de esta decisión a la Fiscalía General de la Nación
para que “evalúe el cumplimiento de sus funciones” del Fiscal 45
Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro
Ávila, así como de los Juan Guillermo Jiménez Moreno; María del Pilar
Vélez Estrada; Elizabeth Chilamak Neira, Fiscal 89 Delegada; Matilde
Cardona, Fiscal 22 Delegada; Alexandra Vélez Rincón, Fiscal 104
Delegada; y Diana Builes González, Fiscal 23 Delegada.
Otra
decisión trascendental para el caso de Medellín tiene que ver con la
expedición de copias a la jurisdicción pertinente de la decisión asumida
en sala mayoritaria y de las pruebas correspondientes con destino a la
investigación que se le adelanta a Luis Pérez Gutiérrez por el posible
"concierto con las bandas o grupos armados ilegales en las elecciones
del 2.007 y de 2.011 y los delitos electorales cometidos por éstos”.
Asimismo,
le hizo un llamado a la Alcaldía de Medellín para que en “asocio de las
autoridades competentes, y en cumplimiento de los compromisos y deberes
internacionales del Estado”, tome las medidas necesarias para
“suspender el arrojo de escombros en los sitios conocidos y delimitados
como la Escombrera y la Arenera de Medellín y rehabilitar esas zonas de
tal manera que constituyan un acto de memoria y dignificación de las
víctimas y de los desaparecidos que fueron sepultados en esa zona, con
audiencia y opinión de las víctimas. La Sala lo exhorta a cumplir ese
deber y le hará seguimiento a esas medidas y al cumplimiento de ese
deber”.
Ambos sitios están en laderas de la comuna 13, zona
occidental de la ciudad, donde los bloques Cacique Nutibara y Héroes de
Granada, tuvieron una fuerte injerencia, sobre todo después de octubre
de 2002, cuando se ejecutó la llamada ‘Operación Orión’. Se presume que
en el área están sepultadas cientos de personas asesinadas y
desaparecidas por estas facciones paramilitares. Con esa decisión, se
cumple un anhelo de las víctimas, quienes infructuosamente han reclamado
acciones de la administración municipal desde hace varios años sin
resultado alguno
Consideró la Sala que la Alcaldía de Medellín,
la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y
la Personería Municipal “tienen el deber de adoptar e implementar
mecanismos eficaces para garantizar la búsqueda y protección de los
desaparecidos, los cuales han sido ineficaces. La Sala los exhorta a
cumplir ese deber y le hará seguimiento a esas medidas”.
La Sala
expedirá copias de decisión para ser trasladadas a la Fiscalía de la
Corte Penal Internacional para efectos de la evaluación y seguimiento
que adelanta de la situación de graves violaciones a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia.
Por
último, y teniendo en cuenta que se trataba de una audiencia de control
de legalidad de cargos, requisito indispensable para optar por los
beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, entre ellos penas
alternativas de 5 a 8 años, la Sala consideró que los ex paramilitares
del Bloque Cacique Nutibata que comparecieron ante ella no cumplieron
con los requisitos de verdad y reparación, por lo tanto ordenó excluir
del proceso a Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, alias ‘Bertico’ o
‘Cañitas’; Néstor Eduardo Cardona Cardona, alias ‘el Mono’ o ‘Alpinito’;
Juan Fernando Chica Atehortúa; Édgar Alexander Erazo Guzmán, alias
‘Alex el Bonito’; Mauro Alexander Mejía Ocampo, alias ‘el Aguacate’ o
‘Mauro’; Juan Mauricio Ospina Bolívar, alias ‘el Rolo’; y Wander Ley
Viasus Torres.
El auto proferido en sala mayoritaria de la Sala
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín tuvo un salvamento
de voto del magistrado Juan Guillermo Cárdenas, quien se mostró
contrario a buena parte de sus contenidos. En relación con la orden dada
a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se
investigue al expresidente Uribe, aseveró que se llegó a ella a través
de conclsuiones generalizadas y no acertadas.
Asimismo se mostró
contrariado con relación a la orden de investigar a una decena de
funcionarios y exfuncionarios, particularmente de la Fiscalía General de
la Nación, entre ellas a la exfiscal Viviane Morales Hoyos, pues estimó
que se podría incurrir en una extralimitación de funciones. De otro
lado, llamó la atención sobre los postulados en riesgo de ser excluidos,
pues de un lado se le dio credibilidad a sus versiones y, de otro,
decide excluirlos del proceso de Justicia y Paz.
El magistrado
Cárdenas cuestionó el hecho de ordenar una investigación contra el
exgeneral Alejandro Navas por la masacre de La Horqueta, Cundinamarca,
pues las declaraciones en su contra no provinieron de los postulados del
Bloque Cacique Nutibara sino del Bloque Elmer Cárdenas, lo que impide
que sea presentada en este proceso.
Finalmente, la decisiòn de
excluir a estos siete postulados del Bloque Cacique Nutibara fue apelada
por los representantes de la Fiscalía, la Procuraduria, por su abogado
defensor y por los representantes de victimas. En esta audiencia no se
expusieron las razones de su apelación, las cuales se presentarán el
próximo 18 de octubre. De ratificarse la decisión, los exparamilitares
deberán ser procesados por la justicia
ordinaria, responder en ella por sus delitos y, de ser condenados,
afrontarán penas que superarían los 20 años de cárcel.
