Lamentamos que la protesta pacífica que adelantan las organizaciones, comunidades rurales en Colombia haya sido reprimida de forma tan grave, desbordada, violenta por parte de las Fuerzas policiales y de las Fuerzas Militares.


La protesta legítima debe ser siempre respetada y los gobiernos deben asegurar la libertad de expresión y de locomoción. Esas garantías hacen vivas las democracias y son responsabilidad del Estado asegurarlas.


Como integrantes de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia nos sentimos interpelados por las graves situaciones que hemos conocido en videos, en denuncias y las que hemos recibido de organizaciones y medios de altísima credibilidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado para controlar la protesta pacífica que se viene adelantando en Colombia desde el pasado 19 de agosto.


Lamentamos las muertes violentas, solidaridad con sus familias, reprochamos las restricciones y abusos contra los manifestantes, los periodistas de empresas informativas y de periodistas de medios de información independientes.


Invitamos en cualquier circunstancia a que las fuerzas regulares, entre ellos el ESMAD, actúen en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, son una fuerza para proteger no para atacar a los ciudadanos.


Un equívoco mensaje se ha dado a la comunidad de derechos humanos, a la comunidad de naciones cuando la protesta pacífica ha sido reprimida con actuaciones contra derecho, desafueros nunca vistos por muchos colombianos, y ahora evidenciados desde el pasado 19 de agosto por ese comportamiento de la fuerza pública.


Llamamos al presidente Santos a que en virtud de su papel como comandante de las Fuerzas Armadas llame al acatamiento irrestricto de respeto a los derechos humanos y adopte decisiones administrativas conforme a la responsabilidad de los daños causados a la vida, a la integridad, a las libertades de los manifestantes. La legitimidad de un Estado Democrático de Derecho está en cuestión por estas actuaciones contra derecho.


Invitamos a la Fiscalía General de la Nación a actuar en debido proceso para investigar, sancionar y esclarecer tantísimos atropellos de los que hemos tenido conocimiento. Un esclarecimiento pleno, una sanción penal de los responsables aportará a la consolidación de una cultura democrática en el interior de las fuerzas militares.


Los mensajes represivos son contradictorios en un escenario de conversaciones para terminar el conflicto armado y de una aparente mejoría del respeto a los derechos humanos.


Cuando se avanza en conversaciones con la guerrilla de las FARC y se espera que se inicie con el ELN, y al mismo tiempo se reprime a la población que expresa su inconformidad y su desacuerdo con un modelo agrario, que viene generando empobrecimiento y profundizando crisis ambientales en Colombia, el mensaje de fondo es que no se cree en el diálogo.


Invitamos a una reflexión seria y profunda sobre la ley de seguridad ciudadanía y las doctrinas policiales y militares para que se asuman a los ciudadanos, incluyendo, los que disienten como sujetos con derecho, con libertad de expresión y de asociación y no como enemigos.


Sin modificaciones en cambios de la mentalidad de la Fuerza Pública no es posible consolidar un proceso hacia la paz.


En medio, de esta situación esperamos que el presidente Santos actúe coherentemente conforme a la disposición de diálogo que ha expresado a los campesinos, y requiera a la fuerza pública el cese de la represión, lo que será un mensaje de confianza para el diálogo.


La disposición del presidente Santos y de las comunidades y organizaciones rurales para iniciar una discusión de fondo sobre los asuntos agrarios, si el diálogo es generoso y productivo, propiciará un modelo económico incluyente en lo social, respetuoso en lo ambiental para consolidar el camino hacia la paz.


Valoramos que cualquier propuesta de Estatuto Desarrollo Rural debe contemplar una politica pública que redefina la tenencia de la tierra, la soberanía alimentaria y la protección ambiental, la redefinición de acuerdos comerciales para que estos sean democráticos, justos y posibiliten la paz de Colombia.


Esperamos que el presidente Santos asuma con sensatez en este momento de la historia en un diálogo eficaz con la sociedad para encontrar salidas a la crisis social que viven los habitantes rurales y sus territorios. Crisis que afectan a los que habitan en la ciudades y también a los que estamos en este planeta tierra, espacio en el cosmos, en que Colombia es una de las mayores reservas de riqueza biológica y ecosistémica en el mundo.


Diversos países del mundo, 5 de septiembre de 2013


• Adolfo Pérez Esquivel - Argentina


• Mirta Acuña de Baravalle, Las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora- Argentina


• Stephen Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos


• Comisión Ética contra la Tortura de Chile, Nelson Agustín Aramburu, Secretario Ejecutivo,


• France Amérique Latine, Francia


• Comunidad Sto. Tomás de Aquino, España


•Abogado Enrique Santiago, España


•Lerenzo Loncon, Pueblo Mapuche Chile

Comisión humanitaria en Barbosa (Antioquia) denuncia agresiones policiales contra campesinos

Resistencia y expectativa en delegaciones del Oriente colombiano en paro

Interview med FARC´s forhandlingsleder Iván Márquez

Llamamiento a las constituyentes agrarias por la paz con justicia social

Saludo de Húber Ballesteros desde la Picota

por Thierry Meyssan, Red Voltaire.Damasco (Siria)¿Le gustaron a usted el incidente del Golfo de Tonkín y la guerra de Vietnam, la masacre de las incubadoras en Kuwait y la primera guerra del Golfo, la masacre de Racak y la guerra de Kosovo, las armas de destrucción masiva iraquíes y la segunda guerra del Golfo, la amenaza de masacre contra los civiles de Bengazi y la guerra contra Libia? Si es así, de seguro adorará usted el uso de gas...
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Dentro de la hoja de vida de Rubén Darío Lizarralde presentada por El Espectador vale la pena destacar que cuenta con un máster en gerencia de la Universidad de Miami, que fue Vicepresidente de FASECOLDA, Viceministro de Desarrollo Económico, Tesorero General y Secretario de Hacienda de Bogotá y que actualmente hace parte de la Junta Directiva de Corpoica y por último -y no menos importante- que desde 1994 es Gerente General de INDUPALMA S.A.

Para encontrar las motivaciones del presidente Santos para tan merecido nombramiento no hay que ir tan lejos. Concentrémonos en su último cargo, probablemente el más destacado, no en vano casi cumple 20 años a cargo de tan ejemplar modelo empresarial.

Hacia mediados de los años 90 y en gran medida por los altos costos que para INDUPALMA representaban los miles de trabajadores sindicalizados, se decide optar por Unidades Autónomas Empresariales como las Cooperativas de Trabajo Asociado y convertir a los cultivadores de palma en nuevos empresarios. Ya no serían más campesinos sindicalizados, era hora de ser grandes emprendedores propietarios de la tierra a cultivar.

En 1995 se crea la primera CTA, con 41 asociados, el año siguiente ya son 12 las Cooperativas y 463 asociados, para el año 2000 ya eran 20 y sus afiliados sumaban más de 900, los ingresos anuales aumentaron de 9 mil millones a 35 mil millones. Como si fuera poco, el ambiente de conflicto que se vivía en la empresa había terminado, fue catalogado como todo un experimento de paz. (El Tiempo, El sueño de San Alberto, mayo 21 del 2000).

Pero el éxito del modelo no se agota allí, para el 2008 existían 30 cooperativas con 1.300 afiliados, los trabajadores directos eran sólo 376. Se logran producir 250.000 toneladas de fruta de palma de aceite, que representaron más de US$75 millones en ventas. En los años siguientes se logran aumentar las plantaciones y los proyectos agroindustriales como las 25.000 hectáreas de baldíos adquiridas en el Vichada. Estas últimas sin incurrir en ninguna ilegalidad, pues diversas sociedades de acciones simplificadas se encargaron de comprar las Unidades Agrícolas Familiares colindantes. Además, de los 3000 afiliados con lo que llegó a contar SINTRAPROACEITES, hoy sólo quedan 220. No hay duda, Lizarralde es el ministro que Santos necesita.

Despertando un poco de tan maravilloso sueño de INDUPALMA y atendiendo a hechos que el presidente ha querido desconocer se debe señalar que seis presidentes de SINTRAPROACEITES fueron asesinados entre abril de 1991 y febrero de 2001, cuatro de ellos mientras Lizarralde ya ejercía la Gerencia General. Pablo Antonio Padilla fue el último de ellos, fue asesinado en su residencia y en presencia de su familia, tras su asesinato se decidió disolver la Junta Directiva y manejar el sindicato de forma discreta, tres fueron los encargados, hoy sólo uno de ellos está con vida.

Pero la violencia no fue selectiva, fueron asesinados y desparecidos cerca de cien trabajadores de INDUPALMA, 400 familias fueron desplazadas forzosamente y al menos una docena se encuentra en el exilio. Peor aún la violencia antisindical no cesa, si bien los asesinatos han disminuido, se presenta más de un homicidio anual en el sector palmicultor. Actualmente son despedidos la mayoría de trabajadores que valientemente deciden afiliarse al sindicato. Aquellos que deciden promover una reparación colectiva son amenazados al igual que quienes procuran construir una memoria histórica de lo ocurrido. La mayoría de las violaciones fueron perpetradas por los grupos paramilitares que operaban –u operan con otros nombres- en la zona del Magdalena Medio, como las Autodefensas Campesinas del Cesar y el Bloque Norte. Algunos desmovilizados han señalado a miembros de Indupalma de ser colaboradores activos de las AUC. ¿Quiénes fueron los principales beneficiaros de tanta brutalidad?

El cambio organizacional en INDUPALMA eliminó progresivamente los beneficios que durante décadas de lucha y organización los trabajadores habían adquirido. Actualmente se desconoce y persigue a la organización sindical, somete a los campesinos a décadas de trabajo mal remunerado, obligándolos a vender el fruto de la palma a un precio injustamente estipulado: los condena a la pobreza. Por eso Lizarralde es el ministro que Santos escogió.

A pesar de las sistemáticas violaciones en su contra, hoy los campesinos palmeros vuelven a luchar, acompañados de los paperos, cebolleros, lecheros, cacaoteros y demás, cansados de estar condenados a la pobreza hoy exigen algo más que dignidad.

¡Viva el Paro Agrario y Popular!

Lo olvidaba: una de las encargadas de ayudar a Lizarralde en la compra ilícita de los baldíos en Vichada, fue su ex-esposa, María Fernanda Campo, ratificada como Ministra de Educación.

Reivindicar lo que somos, a contracorriente de los señalamientos, de las culpaciones… identificar a los asesinos de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros sueños… a quienes planearon, a quienes encubrieron, a quienes ejecutaron, a quienes callaron “… y empezó nuestro sueño”

Familias trabajadoras de la palma contamos nuestra historia. Memoria de las victimas del sur del Cesar. Fundesvic (2011).

http://asociacionminga.org/pdf/libr...