La vida militar del coronel Publio Hernán Mejía, excomandante del batallón La Popa, de Valledupar, terminó en el 2007. Su excelente hoja de vida fue manchada con señalamientos según los cuales él hacía causa común con paramilitares, especialmente con Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, jefe de los paramilitares de la costa caribe.

El juez Sexto de Bogotá encontró fundada la acusación de la Fiscalía que lo responsabilizó de asesinatos extrajudiciales. Además, y según testigos de la época, este oficial recibía hasta 30 millones de pesos mensuales por su colaboración con los paramilitares. Por todas las pruebas en su contra el oficial fue condenado a 19 años de cárcel. Se encuentra recluido en el batallón de Policía Militar No 13 en el occidente de Bogotá.

En enero del 2007, ocho meses antes de ser retirado del Ejército, SEMANA contó la historia de este oficial que, seis años más tarde, la justicia confirmó.

Se trata del segundo oficial de alto rango que recibe una alta condena por los denominados ‘falsos positivos’. El primero de ellos fue el coronel Luis Fernando Borja, excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, quien fue condenado a 40 años por haber confesado 57 homicidios.

La historia del coronel

El 25 de octubre del 2002 el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, les informó a sus superiores que durante un combate habían dado de baja a 19 guerrilleros del frente 6 de diciembre del ELN.

La acción aparentaba ser una hazaña llena de detalles extraños. Era un combate atípico porque murieron todos los guerrilleros, pero ninguno de los 14 soldados sufrió el mínimo rasguño. Además, el supuesto enfrentamiento se había presentado en la hacienda El Socorro, en Bosconia, una zona de fuerte presencia paramilitar.

Finalmente, el hecho le valió felicitaciones y medallas al coronel Mejía, que después de ese día afianzó su fama de tropero. Pero el capítulo dio un vuelco cuando el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el alto mando castrense conocieron las denuncias hechas por un ex suboficial, subalterno del coronel Mejía.

Este suboficial le contó a la justicia penal militar todo lo que vio en estos años, y la gravedad de su testimonio hizo que el caso fuera trasladado de inmediato a la Fiscalía. Allí, como testigo de los hechos –pero no el único-, contó la verdadera historia sobre cómo el batallón La Popa se convirtió en una de las unidades que más bajas produjo entre el 2002 y el 2004.

El suboficial estuvo durante 18 años en el Ejército y conoció de cerca cómo funcionaban los vínculos entre algunos de sus superiores y las autodefensas en Urabá, Guaviare y la Costa. En Santa Marta había estado bajo órdenes del capitán Édgar Fierro, más conocido en el país como 'Don Antonio', el hombre del computador de 'Jorge 40'.

Cuando el coronel Mejía llegó a Valledupar, se apoyó inicialmente en este suboficial. Después terminaron de enemigos. El testigo de la Fiscalía resultó en la cárcel acusado de tráfico de munición, en un proceso lleno de irregularidades. Al salir, trabajó con los paramilitares durante varios meses hasta que finalmente decidió alejarse de la vida criminal. Ahora decidió contar todo lo que sabe. Especialmente, las andanzas del que fuera su comandante en el batallón La Popa.

Según el relato del suboficial, antes de cumplir su primer mes al mando del batallón La Popa, el coronel Mejía conformó un grupo especial con 14 militares de esa unidad con el argumento de tener una unidad de reacción rápida. El grupo era conocido dentro de las instalaciones con el nombre de ‘Zarpazo’.

“Ese grupito salía y como a las cuatro o cinco horas volvía con la novedad de que habían dado dos o tres bajas. Eso pasaba seguido. A todo el mundo le parecía raro que mientras las contraguerrillas completas, que patrullaban las partes altas y si estaba cerca de la guerrilla no daban bajas, los del grupo ‘Zarpazo’ siempre que salía sí daban bajas. El coronel acordó con ‘39’ que todo lo que él diera de bajas él se lo legalizaba”.

La muerte de los 19

Según el descarnado relato, paras y militares acordaron varias formas de trabajo conjunto. Uno de los episodios más escabrosos de esa alianza fue justamente el que ocurrió en octubre del 2005. Al parecer, '39' había tenido una serie de inconvenientes con varios de los hombres que estaban bajo su mando.

Decidió entonces hacer una purga interna en las filas de las autodefensas y ordenó asesinar 19 de ellos. “’39’ llamó a Mejía y el coronel envió a los del grupo 'Zarpazo' a legalizar el asunto”, contó el testigo. Así se fabricó la escena que se mostró a los medios como una hazaña militar, cuando en realidad no era más que una farsa.

“Esos no eran guerrilleros, eran paracos. Lo que hicieron fue ponerles unos brazaletes del ELN a los cuerpos. Todo el mundo se dio cuenta de que los muertos tenían el camuflado sucio y lleno de sangre y los brazaletes estaban intactos y eran nuevos”, dijo.

Una vez se conocieron las denuncias, el exministro Santos y los altos mandos militares tomaron medidas y por primera vez denunciaron públicamente los vínculos de un alto oficial de las Fuerzas Militares en servicio activo con grupos de autodefensa. Hoy el coronel ha sido condenado y constituye un ejemplo de lo que fue connivencia de los paramilitares con un sector de la fuerza pública que nunca más se debería repetir.