Esta semana campesinos de tres departamentos se levantaron de las mesas de negociación con el Gobierno por que los ministros del Interior y Agricultura no volvieron a aparecer; es la historia de siempre, al gobierno solo le preocupa que se levante el paro pero se desentiende de la soluciones sociales, solo que esta vez parece que los campesinos están dispuestos a no dejarse tomar del pelo. Octubre y Noviembre serán meses de intensa movilización.


El presidente Santos no solo hace groseras imposiciones  por fuera de la mesa de diálogos en  la Habana, como las del marco jurídico para la paz, el referendo; la negativa de interlocución entre insurgencia, parlamento y partidos políticos,  la limitación de espacios para la participación de la sociedad, sino que, hace oídos sordos ante los reclamos y propuestas de los distintos sectores sociales que se levantan en lucha, se burla una y otra vez de las exigencias populares.


El régimen se empecina en imponer una “paz” sin cambios políticos y sociales. Las elites dominantes acrecientan sus privilegios mientras las mayorías nacionales se hunden en el hambre y la pobreza. El país reclama reformas de fondo.


El modelo neoliberal ha significado empobrecimiento, desempleo, crisis de la salud y la educación pública, quiebra de la agricultura, saqueo de los recursos naturales. Los TLC son la ruina de los sectores productivos del país. Las dos leyes de victimas, de Uribe y Santos, son un rotundo fracaso. Las tierras despojadas finalmente están siendo tituladas a las transnacionales; el modelo Carimagua, Montes de María y vichada de los Urrutia, Riopaila, Sarmiento Angulo, Cementos Argos, y el empresariado antioqueño tiene luz verde, mientras tanto 5 millones de campesinos siguen desplazados, esperando la prometida restitución de tierras. Santos reclama “seguridad jurídica” para los latifundistas pero la niega a los campesinos. El régimen se resiste a reformarse, aspira a punta de fusil y judicialización de la protesta social a mantener el estatu quo.


En estos días el profesor Medòfilo Medina recuerda que después del paro cívico de 1977, 33 altos mandos militares asustados por la dimensión de la protesta le llevaron a López Michelsen un documento para proveer de facultades extraordinarias a las Fuerzas Militares en el manejo de la protesta social.  López le endoso a Turbay Ayala el documento que fue convertido entonces en el nefasto “Estatuto de Seguridad”, de las detenciones, torturas y desapariciones forzadas.


Ahora ocurre algo parecido, El ministro de la guerra  Juan Carlos Pinzón, anuncio  que duplicara el aparato represivo y criminal del ESMAD y la presentación de un proyecto de ley que busca aumentar penas como mecanismo para “judicializar el terrorismo  y el bloqueo de vías” entre otros. La obsesión del régimen es limitar las libertades e impedir los anhelos democratizadores de la sociedad. Hace poco habían impuesto ya la “ley de seguridad ciudadana” que no provee seguridad, sino que judicializa la inconformidad de los ciudadanos. No satisfechos,  impusieron el fuero militar para disponer de impunidad en sus operativos para aplastar la inconformidad social.


Maquinan un remedo de paz, mantienen un multimillonario presupuesto de guerra mientras la población se ahoga en necesidades de toda índole; millones de dólares en pauta publicitaria para maquillar la imagen militar, pacto de “seguridad” con la OTAN, compra de Drones maniobrados a control remoto, aumento del control social, convivencia de batallones militares con el paramilitarismo, plan para convertir al país en una gran cárcel.


Pareciera que el establecimiento no se da cuenta que el país es hoy una gran olla a presión. La mesa de la Habana tendrá futuro si cede la mezquindad de una oligarquía cicatera. Sr. Santos, no se equivoque, son 44 millones de Colombianos los que reclamamos cambios. La paradoja puede ser que una insurrección de masas desarmadas imponga la democracia tantas veces negada.



Foto Luis Alfonso Mena

  

Por Pedro Arenas/Agencia de Prensa Rural /

Distintas protestas culminan en acuerdos que luego deben reclamarse otra vez protestando. Los campesinos e indígenas se vieron obligados a especializarse en realizar jornadas que obligan a representantes del Estado a sentarse con ellos y a firmar acuerdos con los que se desbloquean vías, se levantan paros y se suspenden protestas. Por ejemplo los indígenas del Cauca cada tanto bloquean la Panamericana para recordarle al Estado y a la desmemoriada sociedad urbana que otro pacto anterior no se ha cumplido todavía.

Paros y marchas

Al final de los años 80 diversas regiones fueron escenario de movimientos cívicos que realizaron paros y marchas. Para 1986, el poblado de San José del Guaviare fue testigo de la llegada de miles de colonos campesinos que en éxodo vinieron de la cuenca media del río Guayabero. Manifestaban que habían llegado a esa región como consecuencia de la concentración de la tierra en el centro del país, que desposeídos por la violencia habían sido empujados hasta los confines de la frontera agrícola convirtiéndose en colonos al interior de las selvas de la Macarena, el Meta, Guaviare y Caquetá.

Le reclamaban al Estado, la construcción de una vía que comunicara a estos dos últimos departamentos, pedían también la construcción de puestos de salud, escuelas y apoyos para la producción agrícola, pues advertían que el abandono los había convertido en cultivadores de coca y querían que se les ayudara a dejarlos atrás.

Los gobiernos de Betancur y Barco acordaron con los campesinos la mayoría de los pliegos, se crearon la Consejería Presidencial de Normalización y el Plan Nacional de Rehabilitación. Grandes anuncios fueron hechos antes del fin de la tregua de La Uribe, pero el gobierno solo construyó algunas escuelas y abrió una trocha con solo el 30% de lo pactado, mientras que nunca resolvió el tema de salud y menos el apoyo a los agricultores.

Esto se agravó cuando el gobierno Gaviria liquidó el Idema. No obstante, la 7ª brigada del Ejército sí llegó en toda su fuerza, adelantando la “operación rastrillo” por todo el Guayabero, convirtiendo en objetivo a comunistas reales y supuestos, acusándolos de colaborar con la guerrilla, dislocando las organizaciones campesinas y desplazando gran parte de la población que había salido antes al “éxodo”.

Por esa época una coordinadora de movimientos cívicos agrupó en una publicación el conjunto de pactos firmados por el gobierno para levantar las protestas, en donde se observa cómo la mayoría de dichas tareas fue incumplida. Pero la violencia contra el movimiento popular ejecutada por el MAS dio al traste con muchas organizaciones, y cientos de líderes y activistas fueron asesinados. Mientras tanto, el discurso oficial propagó la idea de que “los conflictos se resuelven en paz”, la nueva constitución dio paso al lenguaje de la conciliación y se dejó a los campesinos por fuera de la nueva legislación.

Plan de fumigaciones

En 1994, los colonos de Miraflores y del río Inírida fueron los primeros en reaccionar ante el plan de fumigaciones que autorizó el presidente Samper. Él había dicho que en menos de seis meses se acabaría con todos los cultivos de coca. Aviones Turbo Thrush y OV-10 asperjaban con glifosato y otros aditivos, no solo sobre coca, sino además el pancoger campesino, lo que desató un fuerte rechazo de la población. Los pilotos nunca pudieron cumplir recomendaciones de manejo ambiental, tales como fumigar a menos de diez metros de altura, considerar el efecto derivado por los vientos o las condiciones de la selva tropical, a lo que se sumaron riesgos por el conflicto armado.

Miles de cultivadores de coca marcharon entonces a San José del Guaviare y tomaron su aeropuerto donde se ubica la gran base de policía antinarcóticos, apoyada por EE.UU. El gobierno comisionó a José Noé Ríos, quien pactó con los campesinos una diferenciación entre “cultivos industriales” y “cultivos de subsistencia”. Se aceptaba que predios menores a tres hectáreas eran economía campesina de subsistencia y por tanto no serían fumigados. Con ellos se concertaría un plan de sustitución voluntaria, mientras que las grandes extensiones, por estar ligadas directamente a traficantes, sí serían fumigadas y erradicadas de manera forzosa por las autoridades.

Pequeños cultivos

Aquel acuerdo fue rechazado por la embajada norteamericana, y el Fiscal y el Presidente dieron marcha atrás autorizando el reinicio de las fumigaciones sobre los pequeños cultivos tan pronto los campesinos levantaron su protesta. Antes de un año, tras el homicidio de Álvaro Gómez en Bogotá, el gobierno decretó un estado de conmoción interior y creó unas zonas especiales de orden público, curiosamente sobre zonas cocaleras.

Los abusos de la Fuerza Pública en la zona, la vulneración de los derechos humanos de la población y la destrucción del sustento de la comunidad desataron nuevas protestas, esta vez desde Calamar y el Retorno. Otra vez se pedía el reconocimiento de los derechos campesinos, la construcción de carreteras, escuelas, médicos, mejoras institucionales y apoyo estatal a planes de sustitución voluntaria.

Por causas similares, la protesta se esparció en el Meta, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Cauca y Magdalena Medio. Se dieron marchas reclamando suspender la fumigación y pidiendo planes de desarrollo rural. Después de dos meses de bloqueos y respuesta oficial por la vía militar y policiva, el gobierno envió delegados que lograron “negociar” en Putumayo, Caquetá y Catatumbo. En Guaviare no hubo acuerdo, pues los campesinos analizaron que el gobierno solo ofrecía generalidades e inversiones ya incluidas en los programas rutinarios de la Administración.

Al tiempo, los paramilitares de las AUC anunciaban su “ofensiva hacia el Sur”, inaugurada con la matanza de Mapiripán, en julio de 1997. En el Caquetá, la casi totalidad de voceros de las marchas cocaleras que habían sido negociadores fueron asesinados. En Putumayo, al no cumplirse el acuerdo rural, se pasó a la estrategia de pactos sociales de erradicación temprana, mientras que en Catatumbo, 16 años después, se sabe que de tales acuerdos ni siquiera se cumplió con la vía que se reclamaba de primera necesidad. Por su parte, los paramilitares del Bloque Norte exterminaron organizaciones campesinas enteras de esa región, al tiempo que en la frontera con Ecuador sucedía lo mismo.

Lenguaje de sustitución

Al lenguaje “erradicador” del gobierno central se le antepuso un lenguaje de sustitución desde las regiones, así pareciera que solo ha faltado voluntad para dejar atrás el uso de la fuerza y poder aplicar planes concertados para erradicar por las buenas las matas de coca. En esto puede estar cayendo este foro nacional convocado en el marco del proceso de paz, en una especie de voluntarismo. Lo único que faltaría para asegurar que bajo la lógica del lenguaje de la sustitución se acabaran los cultivos de coca en Colombia.

Así se eluden los demás factores socioeconómicos que influyen en esta actividad, los elementos globales del negocio, las situaciones denunciadas estos días por los sectores agrarios que protestan en medio de la implementación del desigual libre comercio, y la historia de incumplimientos aquí relatada.

Por: Hernan Camacho - Oficina de Prensa Marcha Patriotica

La radio vespertina lo insinuó, los ilustrados analistas lo sazonaron y el boletín informativo del medio día lo ratificó: la insurgencia armada es parte de Marcha Patriótica. Así se hace una noticia en la “gran prensa” nacional. No hay que ser el gurú de las comunicaciones o pretender ser el rígido observador mediático para sustraer el desequilibro informativo preponderante en la prensa nacional frente a la movilización social y la inconformidad nacional. No. Solamente es ser aplicado en las informaciones e ir más allá del simple titular y su respectivo análisis. Cuestionar.

Los contrapunteos o el equilibrio informativo en extensa franja de información colombiana, saturada mezcla insana y ausente de contexto, demuestran que está tomando fuerza la tesis del periodismo utilitario y el periodista útil o pagado. Lo más preocupante, y se deja ver con mayor nitidez; es la mano castrense que se está acostumbrando a dictar la información.

A eso se suscribe el periodismo informativo que hoy tiene secuestrado los principios, los conocimientos y la experticia con los que muchos, esos sí, señores periodistas de verdad se formaron por décadas. El cuestionamiento, el equilibrio de la información, la rigurosa consulta a las fuentes y la necesaria descripción del contexto, están soslayados en los ejercicios informativos apresurados que inundan el día de los colombianos. Prender el radio no es garantía para quedar bien informado.

Hace año y medio, previo al lanzamiento del movimiento social y político Marcha Patriótica, con multitudinarias movilizaciones de las gentes del común con alpargata, poncho y sombrero, muchos colegas fuimos invitados a una rueda de prensa entregada por los voceros de ese naciente movimiento; Justamente para enterarnos en detalle sobre la movilización que bautizó Marcha Patriótica como un sujeto político.

A la cita asistieron tal vez una docena de medios de orden nacional, regional, alternativo y especializado. Compartí asiento con una periodista cuyo nombre y medio no puedo revelar. Ella con notorio interés y luego de escuchar las declaraciones de Andrés Gil y David Flórez, oferentes de la rueda de prensa y voceros de Marcha,  me comentó en voz baja: “colega estoy indignada”.

La sorpresiva expresión llamó mi atención y por supuesto le di pista para que aterrizara su razón en mis oídos. “Qué le pasó”, le dije. Y sin prevención alguna la periodista que cubre la fuente Ministerio de Defensa me contó: “Nos llamaron hace dos días de urgencia para el Ministerio, y reunidos todos nos dieron línea”. Ese nos “dieron línea” me lo desmenuzó así: “Mostraron unos tales correos de computadores de las FARC, y nos aseguraron que Marcha Patriótica era el brazo político de la guerrilla”. ¿Sorprende?, no. Ese es un viejo truco de la guerra que encuentra en los medios de comunicación una ventana de batalla.

Lo realmente molesto es la conclusión del relato de mí contertulia: “nos pasaron las noticias redactadas y lista solamente para ponerle la firma”.  Desde los escritorios de los batallones se dictan el tipo de noticias, la redacción, de lo que se tiene que hablar y cómo se debe analizar cada uno de los acontecimientos que se enmarquen en el conflicto.

Eso tiene su consecuencia: Una cosa es estar estrechamente ligados a la fuente, porque no hay que ser puritanos, se puede, pero de eso a no controvertirle, negarse a cuestionarle o permitir que sea ella, la fuente, quien haga el trabajo periodístico de elaborar el sagrado oficio, hay mucho trecho. Pero no solo sucede en los periodistas practicantes o sin experiencia fácilmente cooptada “por el poder económico corrupto y mafioso”, decían recientemente la periodista de origen chileno Mónica González; pasa también con los editores, analistas y hasta directores.

No es solo transmitir una información del Ministerio como decía Néstor Morales, director de Blu Radio, cuando Carlos Lozano, vocero de Marcha Patriótica, pero en su condición de director de VOZ, lo confrontó por su ejercicio periodístico utilizando los micrófonos para acusarlo a él y a Marcha de los males del país, causando un efecto grave y delicado. Y ese efecto fue la judicialización de uno de sus dirigentes en el reciente paro agrario, Huber ballesteros. La advertencia pública del ministerio de Defensa, Juan Carlos Pinzón de una arremetida judicial se cumplió.

Un tiempo después de la pública controversia entre los directores, de nuevo se escuchó la afirmación mediante informes noticiosos y las denominadas fuentes militares que “Las FARC infiltraron las movilizaciones campesinas en el sur del país donde los de Marcha Patriótica tienen influencia”. Y se escuchó de nuevo en los micrófonos: “hablan como patos, caminan como patos… ¿son?” Yo me adelanto a contestar: laboratorios de guerra sucia con periodistas tarifados.

La idea que vuelve a tomar fuerza

Por: Redacción Política, El Espectador.

El proceso de negociación entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc que se adelanta en La Habana (Cuba) comienza a transitar peligrosamente por caminos pantanosos que podrían llevar a su suspensión o, incluso, su cancelación definitiva. El discurso del jefe de Estado el pasado martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas provocó una dura reacción de alias Timochenko, máximo líder de la organización subversiva, que en una carta publicada a través de internet califica la actitud del mandatario de “arrogante y mezquina” y anuncia que los negociadores en Cuba elaborarán un informe “con el exclusivo propósito de que el país y el mundo conozcan en verdad lo que ocurre en la mesa”.

Según el jefe guerrillero, tal es la respuesta que les queda ante la “ofensiva discursiva y mediática” por parte del presidente. En la carta, titulada “Tanta retórica hace daño, Santos”, Timochenko cuestiona que el Gobierno considere que sólo sus propuestas “merezcan atención” en la mesa de diálogo y que la responsabilidad del conflicto armado les sea atribuida a las Farc. Asimismo habla de “imposiciones unilaterales”, como el Marco Legal para la Paz y una ley de referendo, los cuales fueron, según él, diseñados “sin contar para nada con nuestra opinión” y son la “única fórmula que considera válida para los puntos sobre víctimas y participación política”. Luego enfatiza: “Santos, alucinado, confía en doblegarnos con gruñidos. Estamos muy viejos para eso. La clave está en consensuar, en cambiar para bien esa actitud arrogante y mezquina”.

Pero además, al referirse a las advertencias que el jefe de Estado les ha hecho a las Farc en el sentido de que el tiempo y la paciencia de los colombianos se agotan y que hay que firmar la paz —reiteradas en el discurso ante Naciones Unidas—, Timochenko dice que “lo que acorta en realidad es el tiempo para definir su candidatura a la reelección, y es evidente su afán de exhibir al país un acuerdo. Pero ni siquiera por ello asume una posición que facilite la concertación. Somos nosotros quienes debemos ceder a sus afanes y firmar cuanto antes lo que él quiere. Vuelve a llamarnos terroristas, se ufana de haber derramado nuestra sangre como nadie en los últimos cincuenta años y exhibe en cada mano la cabeza de un miembro del Secretariado”.

Para algunos, el comunicado podría llevar al rompimiento de las negociaciones, pero para otros se trata de una muestra más de que en este tipo de procesos cada quien trata de mostrarse lo más fuerte posible ante la contraparte. Quizás por eso han regresado los rumores sobre una propuesta que ya había sido ventilada y que apuntaría a suspender las conversaciones para evitar que se crucen con el debate electoral de 2014. De ahí la columna del pasado fin de semana del general (r) Óscar Naranjo en el diario El Tiempo, titulada “El poder de la pausa”, en la que señala que “con una agenda nacional centrada en el propósito de derrotar la violencia y alcanzar la paz, lo que se nos ocurre es que la pausa es necesaria para promover el debate político sobre argumentos más racionales que emocionales”.

Lo que se dice en los círculos cercanos al proceso de paz es que ya está claro que no es posible cumplir con la fecha de noviembre como plazo para la firma de un acuerdo final, incluyendo desmovilización y entrega de armas. También, que los avances en el segundo punto de la agenda, el de la participación política, han sido pocos. Ante esta coyuntura, la idea de parar o “hacer una pausa”, como dice Naranjo, ha vuelto a tomar fuerza.

Mejor dicho, las partes piensan que eso sería lo más conveniente para evitar el colapso de la mesa, que casi un año después de su instalación no ha logrado acuerdos sustanciales o definitivos. Y, al parecer, lo que se ha venido debatiendo es cuándo y cómo, además de definir los detalles para su reanudación una vez se supere el debate electoral en Colombia. Algo que se buscaría sería más apoyo internacional para presionar a la guerrilla en la concreción de un acuerdo. Por cierto, otra propuesta es que dicha suspensión vaya acompañada de una tregua bilateral, buscando ambientar el tema de convivir pacíficamente durante un tiempo prudencial. “Algo así como una especie de ensayo”, dijo una fuente cercana a la Casa de Nariño. Y a juzgar por la carta de Timochenko a Santos, sí que se necesita calmar los ánimos.