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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

Blog ESTADÍSTICAS

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Adenda necesaria Tanta retórica hace daño, Santos

Web FARC-EP.

Algunos medios de comunicación, inspirados seguramente en el sensacionalismo, han especulado en torno a una supuesta amenaza mía en torno a la violación de la confidencialidad acordada en el Acuerdo General para la terminación del conflicto.

Vale recordar lo consignado en el punto 4 de las reglas de funcionamiento pactadas, las discusiones de la Mesa no se harán públicas. El Presidente Santos, en diversos espacios, ha hecho referencia a los avances logrados, e incluso sostenido que con algunas medidas de su gobierno ha empezado a desarrollar lo firmado en el primer punto.

No hemos considerado que esas expresiones del Presidente riñan con la confidencialidad pactada. No vemos porque ahora, si los delegados nuestros en la Mesa de Conversaciones informan a ese respecto al pueblo colombiano, estemos faltando a nuestra palabra. Con franqueza, resulta exorbitante y hasta malintencionado hablar de amenazas nuestras en ese sentido.

TIMOLEON JIMENEZ
27 de septiembre de 2013,

La Paz que el pueblo colombiano ansía

Allende La Paz, Cambio Total.

Hemos sabido desde hace muchísimos años, aún antes de que aparecieran las famosas “encuestas” para dirigir la opinión de los colombianos, que los colombianos ansían mayoritariamente la Paz. Es que a nadie le gusta vivir en guerra. Más en la guerra « soterrada » que la oligarquía adelanta contra los colombianos pobres.

Quién no recuerda el horror de « La Violencia » ? Llegaban callados, sigilosamente y asesinaban al « enemigo », liberal, comunista, etc. Ahí conoció el mundo el horror del « corte de franela », el cual consistía en decapitar a la víctima por el pegue del cuello al tórax. Esa violencia recetada y aplicada desde el Estado produjo 300.000 muertos y 2 millones de desplazados forzados. Allí nacieron también « nuevos » terratenientes entre los del bando oficial que se apoderaron de las tierras de los campesinos.

Alguien ha olvidado los horrores de la 2a Violencia, la violencia narco-paramilitarizada ejecutada por el trio fuerzas militares-políticos tradicionales-narcoparamilitares ? Ahí conoció el mundo el célebre « sicario en moto », los « Mochacabezas » -que cortaban la cabeza y jugaban al fútbol con ella-, los desaparecedores de desaparecidos, los « bebedores de sangre humana » y demás aberraciones de los miembros –cerebros del mal- del militarismo-narcoparamilitarismo.

Si alguien lo ha olvidado, nosotros no. Esas dos violencias anudadas por el mismo ejecutor –el Estado- no se borra de nuestras memorias. Nuestros padres vivieron y padecieron los sufrimientos de la 1a Violencia. Nosotros vivimos y padecimos « en carne propia » los horrores de la 2a violencia adelantada por las fuerzas militares-narcoparamilitares estatales.

Ante esas dos violencias siempre el pueblo tuvo que alzarse en armas para defender sus vidas. En la 1a Violencia la dirección del partido liberal orientó las guerrillas –hecho que hoy esconden vergonzantemente-, acompañados de miembros del PCC. En la 2a Violencia, el Partido Comunista ayudó a los 48 campesinos que enfrentaron la arremetida de 16.000 soldados, usos de aviación y armas biológicas, y cuando tuvieron la « mayoría de edad » siguieron sus vidas solos como hacen todos los hijos.

Porque sabemos qué es vivir la violencia « en carne propia » sabemos la Paz que ansiamos los colombianos. No se trata de una paz pegada con « saliva de loro ». Tampoco una paz sazonada con la demagogia de la oligarquía. Mucho menos una paz en que los representantes del pueblo –las FARC y el ELN- entreguen las armas y se desmovilicen y después el Estado siga asesinando a los colombianos pobres como siempre ha hecho.

La Paz que los colombianos å
pobres ansiamos es nada más y nada menos que el respeto del derecho a la vida.

Ya lo había dicho el comandante Alfonso Cano en los diálogos de Caracas en junio de 1991: « Pongamos en el centro de nuestra sociedad el derecho a la vida. Creemos la mentalidad nacional del respeto a la vida como el bien natural y social primario de la gente que habita nuestra patria.(…) todos y cada uno de nosotros tiene responsabilidad con la solución negociada. La paz no es cuestión de resolver la situación de personas o de organizaciones. No se trata de darles garantías electorales o curules a los dirigentes, se trata de lograr acuerdos que permitan iguales derechos y garantías para todos los colombianos sin excepción…esa es la esencia de la negociación».

Ese es el nudo gordiano del conflicto interno. No es que la tierra nos la arrebaten los « empresarios del campo », sino que para poder adelantar el despojo, para poder acumular el « capital », los representantes de la oligarquía en el poder proceden a aplicar el más terrorífico Terrorismo de Estado que nos arrebata nuestra vida, « el bien natural y social primario de la gente que habita nuestra patria ».

Ello explica que en las discusiones de la Mesa de La Habana se haya llegado más o menos fácilmente a Acuerdos parciales sobre el punto primero, la  tenencia de la tierra, y la « puerca tuerce el rabo » cuando de derechos políticos y derechos humanos se comienza a hablar. Aún no se ha llegado al punto de derechos humanos y el « derecho a la vida » comienza a ocupar el sitial que le merece.

Empezamos la corrida y a « agarrar el toro por los cachos ». Ninguna discusión ni petición está por encima de la exigencia del respeto a la vida de los colombianos. Una vez llegado allí, una vez alcanzado ese acuerdo, con compromiso del gobierno de respetar la vida de todos los colombianos, ahí sí es conducente seguir en la discusión –que no diálogo- de los demás temas. Y no de cualquier manera debe ser ese compromiso gubernamental, sino que la garantía para ello es la continuidad de las armas en poder de la guerrilla.

Marcha Patriótica: Finaliza primera reunión de la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación

Cada ministro con su baldío

Así desahucia el Ayuntamiento de Madrid

En la madrugada del 25 de septiembre de 2013, más de un centenar de antidisturbios ejecutaron con violencia la orden de desahucio de la casa de Isabel Rodríguez, perteneciente a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, donde vivía con su marido, su hija de 8 años y sus padres

La EMVS, sociedad anónima con capital 100% del Ayuntamiento de Madrid, es la encargada de desarrollar la política de vivienda municipal y facilitar el acceso a la misma a los sectores con mayores dificultades, teniendo, según ellos, un marcado caracter social.

El Ayuntamiento afirma que los padres de Isabel, adjudicatarios de la vivienda al ser realojados  después de que expropiaran su casa hace 24 años, y a la que ella se mudó para poder atenderles -su madre sufre trastorno bipolar y su padre una enfermedad degenerativa-, tienen una deuda de 1.000 euros y dos viviendas en propiedad, no pudiendo así ser beneficiarios de una vivienda pública. Isabel no reconoce la deuda que la EMVS les imputa, pues afirma haber intentado pagarla reiteradamente  resultando devueltos los recibos. Y respecto a las viviendas, alega que una se encuentra en nuda propiedad (solo podría usarla en caso de que fallezca el morador)  y la otra está embargada, encontrándose en caso de desamparo al estar ella y su marido en paro y no tener alternativa habitacional alguna


Según Manuel Sanpastor, abogado de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS, hermana de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca – PAH), no cabe ninguna duda de que el bloque de Unanimidad 25, donde hasta ayer vivía Isabel, será vendido en el futuro a un fondo de inversión privado con el objetivo de subsanar la deuda actual de la EMVS, como ocurriera el pasado mes de junio, cuando Ana Botella vendió 1.800 viviendas públicas a la entidad de capital de riesgo Blackstone.

Según Sanpastor, esta venta de pisos a fondos de inversión ha hecho aumentar los casos de desahucios por vivienda pública y social en Madrid hasta el punto de que en el último año han superado con creces a los desahucios por hipoteca que llegan a la PAH y a los grupos de vivienda de las asambleas de barrio, viéndose estos forzados a crear otras plataformas para poder llevar a cabo una atención especializada y sufriendo una inflexibilidad prácticamente absoluta por parte de la EMVS y el IVIMA (su equivalente en la Comunidad de Madrid, también en situación de deuda asfixiante) a la hora de dialogar para buscar soluciones a sus casos de impago, negándose incluso a recibir a sus afectados en sus oficinas y negándose también a recibir los pagos de sus deudas para así poder ejecutar el desahucio y poder realizar así la venta posterior del piso.

'Paras' relatan cómo capturaron contratos en el Caribe

Por Verdad Abierta. Le aseguraron a la Corte Suprema que se habían relacionado con políticos de la Costa, entre 2003 y 2005, y que, antes de desmovilizarse, pactaron negocios con las alcaldías de Barranquilla y Santa Marta, y con la gobernación de Magdalena.
  
Rodrigo Tovar Pupo estuvo detrás de contratos en Atlántico y Magdalena antes de desmovilizarse. Foto Semana

A cambio de multimillonarios contratos y comisiones, el ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, a través de Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, Carlos Mario García, alias ‘Gonzalo’ o ‘El Médico’, Mario Marenco Egea, alias ‘Rey’ o ‘El Gordo’, y José Gelves Albarracín, alias ‘El Canoso’, financió y apoyó, antes de las elecciones regionales de 2003, las campañas a las alcaldías de Barranquilla de Guillermo Hoenisgberg y Santa Marta de José Francisco Zúñiga, así como la de la gobernación de Magdalena de Trino Luna Correa.

Al menos, esta es la conclusión que se saca de las declaraciones de ‘Don Antonio’, Marenco, ‘El Canoso’ y otros paramilitares que hablaron ante la Corte Suprema de Justicia, a las que tuvo acceso VerdadAbierta.com, y que provocaron la el alto tribunal ordenara abrir investigaciones judiciales de varios políticos y personas en la Costa Caribe hace varias semanas.

Lo grave de estos testimonios es que confirman versiones anteriores, entre ellas las entregadas a la justicia por el ex alcalde Barranquilla, Bernardo Hoyos Montoya, sobre reuniones de políticos y empresarios de Barranquilla y Santa Marta con los paramilitares. Según las denuncias, hay sospechas de que a cambio del apoyo de los paramilitares en sus regiones, los gobernantes se comprometieron a repartir obras de infraestructura con contratistas o con empresas en las que ‘Jorge 40’ tenía acciones o manejaba a través de testaferros, para desviar así recursos a las autodefensas.

Los denunciantes aseguran que todo esto ocurrió entre 2003 y 2006. A pesar de que el ex alcalde de Santa Marta,  Zúñiga, y el ex gobernador del Magdalena, Luna, fueron condenados por concierto para delinquir por sus tratos con paramilitares, hoy, una década más tarde, las investigaciones por corrupción contra ellos y contra otros funcionarios públicos y personas privadas, ni siquiera han sido abiertas y muchos de los contratos denunciados ya fueron ejecutados o están produciendo multimillonarias ganancias a los contratistas, entre los que pueden aún hoy estar algunos ex paramilitares.

Estas declaraciones describieron que la estrategia de alias ‘Jorge 40’ al apoyar a congresistas del Atlántico y el Magdalena –además de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados– consistió en  que éstos, en contraprestación, repartieran contratos y comisiones, no sólo para garantizarles un cómodo retiro integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, sino también para apoyar económicamente a candidatos que tenía planeado lanzar a las elecciones de 2006.

Esta es la historia que VerdadAbierta.com pudo reconstruir a partir de los testimonios citados:

Para-financiación en Barranquilla

En 1998, ‘Jorge 40’ envió a Barranquilla a un grupo de hombres al mando del  ex mayor del Ejército, José Pablo Díaz, el cual se dedicó a la extorsión y a los asesinatos selectivos.

Inicialmente, este grupo no se metió en política pero a partir de la muerte de Díaz en una emboscada de las Farc perpetrada en la carretera troncal del Caribe, todo cambió. ‘Jorge 40’ decidió, en su reemplazo, nombrar a otro ex militar destituido en 2002, Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, quien se venía desempeñando como inspector del Frente Mártires de Upar en el Cesar.

‘Don Antonio’ asumió el Frente José Pablo Díaz en 2003, que además de atemorizar a la población del Atlántico, se dedicó a tejer alianzas con los políticos locales. ‘Jorge 40’ tenía claro que esas alianzas le servirían no solo para tener control sobre la región sino también para hacerse a negocios personales.
Por esa época, el país estaba en las preliminares de las elecciones regionales. ‘Jorge 40’ había logrado controlar el paramilitarismo del Magdalena luego de haber salido triunfante en una feroz guerra con otro paramilitar, Hernán Giraldo. En esa zona, dos hombres que trabajaban con Giraldo, Carlos Mario García, alias de ‘El Médico’ o ‘Gonzalo’, y José Gelves Albarracín, alias ‘El Canoso’, fueron entonces reclutados por ‘Jorge 40’ Norte para que establecieran una sólida  relación con los políticos.

‘Don Antonio’ contó a la Corte Suprema entre abril y septiembre de 2012, que cuando llegó a Barranquilla en 2003, ‘Gonzalo’, un médico de la Universidad del Norte y ex militante de las juventudes liberales del grupo político liderado por el entonces senador Dieb Maloof, fue vital para acercarse a las autodefensas. Para esa época se estaba lanzando a la alcaldía de Barranquilla, Guillermo Hoenisgberg y ‘Don Antonio’ cree –según dijo a los investigadores de la Corte– que ‘Gonzalo’ logró acercarse a este aspirante por intermedio de Eduardo Losada. Éste último era el dueño de Métodos y Sistemas, la empresa a la que la ciudad de Barranquilla le había otorgado en 2000 un contrato para administrar el recaudo de impuestos de la ciudad. (Esta firma mantuvo este beneficioso contrato hasta mayo de 2008, cuando el entonces alcalde Alex Char lo canceló).

A través de Losada, según coincidieron ‘Antonio’, Mario Marenco y ‘El Canoso’, los paramilitares de ‘Jorge 40’ lograron concretar una reunión con el candidato en la casa de José Pérez  –entonces asesor de la campaña de Hoenisgberg  y quien después de salir elegido alcalde, éste lo nombró como Secretario de Infraestructura de Barranquilla–. En esa cita acordaron que los paramilitares le prestarían al aspirante  2.500 millones de pesos para financiar su campaña y, que éste devolvería el dinero otorgándole contratos beneficiosos a la organización militar de ‘Jorge 40’. Para asegurarse de que Hoenisgberg cumpliera –dijo ‘Antonio’– el propio Losada puso como garantía del clandestino préstamo, un lote de 22 hectáreas, con un valor comercial de 10.000 millones de pesos, en la isla de la Loma 3 en Barranquilla, a orillas del río Magdalena.

Esta versión coincide con lo dicho por ‘Gonzalo’ en una entrevista concedida a El Espectador en noviembre de 2011. Contó que el entonces representante a la Cámara “(Jorge) Gerlein me comenta de su preocupación por la candidatura de Hoenigsberg, pues pensaba que si quedaba elegido no le iba a cumplir a la familia. Yo le dije que conocía a unos amigos que a lo mejor les interesaba invertir en la campaña y podían conseguir que respaldaran a Hoenigsberg, para que respetara los acuerdos”. A renglón seguido, ‘Gonzalo’ aseguró que fue entonces cuando le presentaron a Eduardo Losada. ”Él fue quien me dijo: “Médico, busque el respaldo de las autodefensas y nos ganamos de una vez esta Alcaldía”.

Las versiones sobre la procedencia de los 2.500 millones de pesos que presuntamente le prestaron los paramilitares a Hoenisgberg aún son confusas. Versiones anteriores, una de ellas de Franklin Morán -asesinado a comienzos de 2011 en Palmira-, quien aseguró que los paramilitares estaban cobrando deudas viejas de las elecciones de 2000 y que debían entregar a través de las acciones de Métodos y Sistemas. Unas más recientes de ‘Don Antonio’ señalan que Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ estaba cobrando la deuda de un tercero. Y que fue éste último, quien terminó dando la orden de asesinar a Losada en 2004, cuando vio que el Alcalde no les estaba cumpliendo en el trato a los paramilitares.

‘El Canoso’ relató que Hoenisgberg estaba desesperado por conseguir dinero para su campaña a la Alcaldía ya que las encuestas mostraban que estaba empatado con el locutor Édgar Perea. “Él venía con unos problemas del cura  Hoyos (ex alcalde de Barranquilla)que lo venían martirizando, entonces hubo una reunión inicial en la casa de José Pérez para nosotros brindarle el apoyo”, coincidió alias ‘El Canoso’ con la versión de ‘Antonio’. ‘Canoso’ dice que él también asistió a la reunión.

‘Don Antonio’ dijo a la Corte que ‘Gonzalo’ fue quien entregó el dinero en efectivo a Hoenisgberg en una tula y que no quedó registro del préstamo. “Entregándoselo nosotros iba a ser muy difícil que Guillermo  (Hoenisgberg ) no cumpliera los compromisos”, aseguró el desmovilizado.

En las elecciones de 2003, Guillermo Hoenigsberg ganó la Alcaldía de Barranquilla sobre Édgar Perea.

El trato en Magdalena

Mientras eso pasaba en la capital del Atlántico, algo parecido ocurría en Santa Marta, en donde los hermanos Miguel y Álvaro Cotes (conocidos como ‘Los Conejos’), cuñados del entonces candidato José Francisco Zúñiga, le pidieron a ‘El Canoso’ que les organizara una reunión con ‘Jorge 40’. Según contó ‘El Canoso’, para esa época,  ‘Jorge 40’, como jefe del Bloque Norte, se había comprometido a respaldar la candidatura de Trino Luna a la Gobernación del Magdalena.

Los Cotes buscaban que ‘Jorge 40’ respaldara a Zúñiga a la Alcaldía de Santa Marta, ya que al parecer, Hernán Giraldo, jefe del bloque paramilitar Resistencia Tayrona, apoyaba a su contendor, Alonso Ramírez,  y con ello, su elección estaba en peligro. “Chico (Zúñiga) era el candidato de la sociedad samaria y Alonso era visto como del pueblo”, dijo ‘El Canoso’.

“‘Jorge 40’ me dijo que los llevara (a los Cotes) a San Ángel a una finca de José Gamarra (entonces representante a la Cámara condenado luego por parapolítica), en donde se reuniría con otros políticos de Magdalena”, relató  ‘El Canoso’. El mismo paramilitar dijo que al encuentro fueron Álvaro Cotes, Zúñiga e Ignacio Rodríguez, un joven político que se había lanzado al Concejo de Santa Marta con el apoyo de los paramilitares y a quien ‘Jorge 40’ quería conocer. “Chico (Zúñiga) temblaba, Álvaro estaba muy asustado”, recordó ‘Canoso’, pero la tensión bajó tan pronto se encontraron con ‘Jorge 40’ y Cotes le recordó al jefe paramilitar que había estado en la Escuela Militar de Cadetes al mismo tiempo que el paramilitar.

“Allí ‘Jorge 40’ apoyó la candidatura de ‘Chico’ y me mandó llevarle la razón a Giraldo para que hiciera desistir a Alonso Ramírez y a los políticos que no quisieran apoyar a Zúñiga, pues los mataban”, dijo ‘Canoso’ a la Corte Suprema.

Después de esa reunión, ‘Canoso’ se encargó de decirles a los políticos, a los dirigentes del mercado y a los transportadores, que debían votar por Zúñiga. “Me mandaron a matar a Ramírez porque no se quería quitar”, dijo. “Allí fue cuando decidí reunirme con Alonso y le dije que había una orden de matarlo”, pero Ramírez se molestó por la amenaza y la denunció. No obstante, días después, el candidato terminó retirándose por las amenazas.

Al final de ese período electoral, en Magdalena, Trino Luna fue elegido gobernador con el 81 por ciento de la votación en una campaña en la que fue candidato único y Zúñiga también se alzó con el primer cargo en Santa Marta. Según ‘El Canoso’, con el apoyo de los paramilitares sus candidatos ganaron 28 de las 29 alcaldías de ese departamento.

Los políticos incumplieron

En 2003, los paramilitares avanzaban en la negociación con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Santa Fe de Ralito con miras a su desmovilización. A la par, como se ha conocido en los diferentes procesos por parapolítica en la Costa Caribe, ‘Jorge 40’ sacaba frutos de sus alianzas con varias administraciones locales y departamentales para cobrar tajadas por contratos.

“Estableció una red de contratación que se encargó, en una época, de recoger esos recursos”, relató ‘Antonio’ a los investigadores de la Corte. “Daba una parte (del dinero) al frente (paramilitar) donde se generaba el contrato, otra al funcionamiento de la red, otra para los alcaldes o funcionarios donde salía el contrato y otra más para los secretarios del despacho”.

‘Antonio’ explicó que como ‘Gonzalo’ era médico y por eso se especializó en el manejo de hospitales. “Ese fue un trabajo que hizo… visitando alcaldes y gerentes”, y el principal ejemplo de este dominio fue el hospital Materno Infantil de Soledad, en donde los paramilitares manejaban la nómina y los contratos  a su antojo.
Una vez en el poder, los alcaldes de Barranquilla y Santa Marta, Hoenigsberg y Zúñiga, incumplieron los compromisos pactados para lograr el respaldo de las autodefensas, según se desprende de las declaraciones de Marenco, ‘Antonio’ y ‘El Canoso’:

“Pasó algún tiempo –explicó ‘Antonio’– y Guillermo no empezó a devolver todo lo que se había hecho para que llegara a la Alcaldía, entonces fue necesario llevarlo donde ‘40’”. Según el relato del paramilitar, ‘Antonio’ obligó al Alcalde a ir a Santa Fe de Ralito en 2004.

“Allá (‘Jorge 40’) le pregunta: ¿Qué pasa con los compromisos? Ya ha pasado determinado tiempo y no se ve ninguna retribución a lo que hizo en su campaña”, recuerda ‘Antonio’ que le increpó el jefe paramilitar al entonces alcalde de Barranquilla. ‘Antonio’ también dijo que Eduardo Losada estaba molesto con Hoenisgberg porque “ni le salía, ni asistía a las reuniones”.

Hoenisgberg tranquilizó a ‘Jorge 40’, asegurándole que “era mejor dedicarse a los proyectos grandes”, contó ’Antonio’ y se comprometió a entregarle participaciones en proyectos multimillonarios de la Administración, como el alumbrado público, valorización, tratamiento de residuos sólidos, basuras y la doble calzada de la circunvalar, entre otros. “Eran como seis negocios muy grandes de la ciudad en los que se compromete a que van a tener participación tanto la organización (paramilitar) como Eduardo Losada”, dijo ‘Antonio’ a la Corte

Los paramilitares tenían contactos con varios contratistas de la ciudad, con los que ‘Gonzalo’ trataba con gran familiaridad. Así coincidieron en sus versiones ‘Antonio’, Marenco y ‘Canoso’. “Teníamos a una persona, Roberto Castillejo, que era un ingeniero, para que se encargara de esos temas. Él y ‘Gonzalo’ se encargaban de todos los temas de esos proyectos que teníamos nosotros para realizar”, dijo ‘Antonio’. Castillejo era un experto en temas ambientales que colaboraba con los paramilitares y que fue asesinado en 2010.

Una vez finalizaron la reunión, ‘Antonio’ y Hoenisgberg regresaron a Barranquilla, donde el Alcalde cumplió a medias los acuerdos. Según ‘Antonio’, “es cuando matan a Eduardo Losada llegando a su oficina, unos sicarios al servicio de ‘Don Berna’”.

En una versión libre del 12 de septiembre de 2012, ‘Antonio’ le dijo a la Fiscalía que, como retaliación a la muerte de Losada, el mismo ‘Jorge 40’ ordenó el asesinato del contratista del Distrito José Manuel, ‘Yuyo’ Daes el 25 de octubre 2004 en Barranquilla, quien sufrió un atentado realizado por un sicario conocido por el alias de ‘Blas’. ‘El Yuyo’ Daes, que sobrevivió al atentado pero quedó parapléjico, pagó una condena en Estados Unidos por narcotráfico y se quedó viviendo en Miami.

A partir de ese momento, ‘Jorge 40’ le ordenó a ‘Antonio’ reunirse con los socios de Métodos y Sistemas y la viuda de Losada, para obligarlos a entregarle las acciones de la empresa. El paramilitar declaró ante la Corte que llamó a los accionistas Carlos Rey - asesinado- y David Name, para cumplir la orden.

“Yo fui el que pidió esas acciones, después fue ‘Gonzalo’ el que quedó encargado de establecer cómo sería la forma de entregarlas. Ellos dijeron que sí, que no tenían problema en devolverlas. No sé si esas acciones se las entregaron a ‘Gonzalo’ y a ‘40’. Esa fue la única relación que tuve directamente con David Name”, dijo.

David Name, al ser preguntado por VerdadAbierta.com sobre esta afirmación de ‘Don Antonio’ de haberse reunido con él,  dijo desconocer lo dicho el jefe paramilitar ante la Corte Suprema. “No conozco ni esa declaración, ni de ese señor que lo dijo, ni sé de qué me están hablando, si esa reunión existió no me acuerdo de ella”.

Agregó además que la venta de sus acciones en Métodos y Sistemas ocurrió “hace mucho tiempo, lo cierto es que no tengo vínculo con eso. Hay cosas que dicen que no son. Esa reunión que yo me acuerde no se dio, y si se dio no conocí a los personajes, las acciones las tuve y se las reintegré a la empresa cuando decidí salirme,” dijo Name.

Sobre la venta de sus acciones a una sociedad panameña y la aparición del esposo de una prima de ‘Jorge 40’en Métodos y Sistemas como representante suplente, Luis Hernando Silva Nupia, Name dijo que “las acciones las pasé a la empresa por un derecho de preferencia, no sé después qué pasó porque yo me retiré.”

Según lo reveló Semana en un artículo del 10 de febrero de 2007, el 12 de diciembre de 2005 la junta directiva de Métodos y Sistemas discutió y aprobó la venta de las acciones a la compañía panameña Data Base Corporation, y allí se nombró al abogado Luis Hernando Silva Nupia como suplente del representante legal. Silva es esposo de una prima hermana de 'Jorge 40'. Pese a que la relación puede ser apenas una coincidencia, quedó en el aire que Silva podría ser cuota de 'Jorge 40' en Métodos y Sistemas. Esta reunión se realizó apenas meses antes de que el Bloque Norte se desmovilizara en Chimila, Cesar, el 10 de marzo del 2006.

En archivos electrónicos del computador decomisado a ‘Antonio’, los investigadores han encontrado numerosas conversaciones en las que ‘Gonzalo’ le cuenta a ‘Don Antonio’ de los avances en los negocios. En uno de ellos, fechado el 22 de diciembre de 2005, ‘Antonio’ le informa que están a punto de salir “cien barras” por una comisión por un contrato de 1.500 millones de pesos por el saneamiento de un caño en la capital del Atlántico. Y otro por “mil barras, de Transmetro”.

Sobre este punto, ‘Antonio’ aseguró que ‘Gonzalo’ era quien estaba pendiente de que Hoenisgberg cumpliera con sus compromisos, en especial uno que comprometería 36 mil millones de pesos. “No sé si ‘Gonzalo’ cobró esos negocios”, dijo el paramilitar, quien sostuvo que luego de su captura en marzo de 2006, días después de haberse desmovilizado en Cesar, quedó desconectado de lo que pasaba en Barranquilla.

Mario Marenco, segundo de ‘Gonzalo’ en el “comando político” del Frente José Pablo Díaz y quien fue capturado en 2007, aseguró a los investigadores de la Corte que la conexión de los paramilitares con políticos y empresarios en Barranquilla continúo a pesar de la captura de ‘Antonio’. Como prueba de ello, asegura que Jesús Vergara alias ‘Don Ramón’, jefe financiero del frente,  se reunió con el entonces concejal de Barranquilla, Alejandro Munaris, a quien le entregó un dinero que repartió entre los concejales de la ciudad para aprobar un proyecto de valorización, y del que sacaron tajadas el Alcalde Hoenisgberg, algunos concejales y las autodefensas.

Sobre esta afirmación, Munaris aseguró a VerdadAbierta.com que “nunca me he reunido con ese señor”, sostuvo además que no se acordaba del proyecto de valorización referido por Marenco. “No conozco ni física, ni mental no me he sentado con ninguna persona, no hubo físicamente ningún contacto. No sé del proyecto que hablan.”

Marenco declaró que se reunió en varias ocasiones con José Pérez, secretario de Infraestructura de Hoenisgberg, incluso después de la desmovilización, para recordarle los contratos pendientes con ‘Jorge 40’.  Aseguró, además, que en el proceso judicial que se le adelantó por su pertenencia a la ‘Banda de los 40’, hay grabaciones de sus llamadas en las que habla con políticos, empresarios y funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla. De probarse ciertas, estas declaraciones revelarían una situación muy grave, pues indican que los paramilitares seguían intentando hacerse ilegalmente a rentas públicas, aún después de haberse desmovilizado.

El afán de los paramilitares por recuperar el dinero que habían “invertido” en hacer elegir a un gobierno amigo en Barranquilla, al parecer fue lo que explica la escalada de asesinatos, atentados y amenazas que se vino, en esos meses después de la desmovilización del Bloque Norte de las Auc, como las muertes de Losada y Castillejo.

El ‘conejo’ de los ‘Conejos’

Algo parecido a lo que ocurrió en Barranquilla, sucedió  en Santa Marta, en donde –según lo contado por ‘El Canoso’– el alcalde de esa ciudad, José Francisco Zúñiga y sus cuñados Álvaro y Luis Miguel Cotes, empezaron a escondérseles a los paramilitares, según coincidieron los relatos de los desmovilizados ante la Justicia. “Entonces ‘Jorge 40’ los quería matar, porque no habían querido cumplir, se encerraron en el apartamento y no querían salir”, dijo ‘Canoso’.

El afán de ‘Jorge 40’ era que el Distrito de Santa Marta estaba discutiendo varios contratos multimillonarios en donde tenían intereses los paramilitares, entre ellos, según ‘El Canoso’, los de la doble calzada Ciénaga- Santa Marta, la extensión del contrato de aseo, la construcción de un relleno sanitario y del mercado de la ciudad. De nuevo, ‘Jorge 40’, a través de Gonzalo, llamó al orden a ‘Los Conejos’. “Cuando vienen los apretonazos, en el año 2005 se hace un acercamiento con ‘40’ y quedó ‘Gonzalo’ al frente en los temas de Santa Marta y Barranquilla”. Esta situación generó tensiones internas entre los paramilitares porque Giraldo y sus hombres creyeron que con la llegada de ‘Gonzalo’, ‘40’ los podía dejar por fuera de la repartición de contratos.

“En algún momento le preguntamos a ‘Gonzalo’ hacia donde estaba jalando. Él nos dijo que respetaba lo de nosotros y se comprometió a que en cualquier reunión que se hiciera en Santa Marta estaría ‘El Canoso’, y eso fue lo que hizo. Los alcaldes no me copiaban porque ‘Jorge 40’ envió un mensaje confirmando que todo lo hacía a través de ‘Gonzalo’”, explicó ‘El Canoso’ a la Corte.

Aunque ‘Canoso’ dijo que los negocios se dieron a pesar de que los conejos Cote incumplieron en Santa Marta, y que esa fue la forma en la que ‘Jorge 40’ lavó su fortuna mal habida, también reconoce que varios desmovilizados se han dedicado a extorsionar para ocultar la verdad y que otros simplemente se han beneficiado de los negocios.

“Muchos siguen chupando, hay negocios amarrados a largo plazo como las basuras, el relleno, la doble calzada, el puerto de Palermo. Hay terceros que no son ni ‘Jorge 40’, ‘Antonio’ o José Gelves y ‘Gonzalo’, que colocaron para que manejen eso, los negocios no pararon ahí”, dijo el ex jefe político del Bloque Norte, que si bien está postulado a Justicia y Paz, tiene una orden de extradición pendiente por narcotráfico.
‘Don Antonio’, por su parte, asegura que tras su captura, esos negocios legales con los que ellos pudieron haberse vuelto ricos, quedaron truncados y el único que puede explicar lo que realmente pasó es ‘Gonzalo’, quien hoy se encuentra prófugo, y, hasta donde pudo averiguar VerdadAbierta.com,  negociando su entrega a la justicia.

Después de la desmovilización de Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40) en marzo de 2006, el jefe paramilitar conformó otro grupo llamado ‘La Banda de los 40’, comandada por Miguel Villareal Archila, alias ‘Salomón’, de la que hizo parte Mario Marenco, el mismo que había sido segundo de ‘Gonzalo’ en el frente José Pablo Díaz. Uno de los encargos de ‘40’ a Marenco con la nueva banda fue intentar recuperar el dinero que Hoenisgberg, Zúñiga, y Trino Luna le debían, según dijo el propio Marenco a la Corte.

Hoy, casi 10 años después de ocurridos todos estos hechos, solo Zúñiga y Luna fueron condenados por concierto para delinquir con los paramilitares. Guillermo Hoenisgberg – condenado por un caso de corrupción cuando fue secretario de Hacienda en la segunda administración de Bernardo Hoyos– tiene pendiente una investigación por este mismo delito. En lo que se refiere a casos de corrupción ninguno de ellos, ni los empresarios y políticos salpicados, tienen aún investigaciones abiertas a pesar de que la Corte Suprema ordenó investigarlas desde septiembre de 2012.
 

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