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Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

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[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

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Es más importante la honra de Yamhure que la vida de los asesinados por Carlos Castaño

Domínico Nadal, Cambio Total.

La « herramienta barata del Uribismo » como le decía acertadamente el periodista sueco Dick Emanuelsson, sale a lloriquear que los que lo denunciamos –entre ellos Dick quien fue el primero que demostró el compromiso de ese individuo con el narco-paramilitarismo- le « dañamos la honra » en publicación de El Espectador que todavía hoy, todavía, le mantiene las puertas abiertas a semejante asesino.

De qué habla semejante « ideólogo » del capo narco-paramilitar Carlos Castaño ? De inocencia ? Increíble ! La participación de Yamhure en la producción de una fachada ideológica para Carlos Castaño y sus bandas de asesinos narco-paramilitares es todo un monumento de imåpunidad a la participación de un elemento fascistoide en lo que se ha llamado el narco-paramilitarismo en Colombia. Además, no es un delito según las leyes colombianas que un « ideólogo » -como gusta de presentarse ese asesino sin charreteras- que hace parte de la estructura de una organización criminal y es el que le da « sustento » a los crímenens por ellos cometidos ?

Hemos visto que a las guerrillas les endilgan que el señor fulanto de tal es el « ideólogo » y por tanto pertenece a la organización y debe responder por los « delitos » que según la ley burguesa comete la insurgencia armada. No extraditaron a Simón Trinidad a pesar de que todos sabían que su labor era política al interior de las FARC ? No está preso Julián Conrado en Venezuela a pesar de que las burguesías saben que el cantautor se dedicaba –y dedica- a componer canciones sobre la vida guerrillera y las ansias de paz del pueblo colombiano ?

Por qué la Fiscalía no ha judicializado con « celeridad » al narco-paramilitar « ideólogo » de las AUC de Carlos Castaño ? No están más que comprobados los crímenes cometidos por esos asesinos ? Por qué la Fiscalía no ha actuado con la « celeridad » que la caracteriza cuando se trata de judicializar a los que por las fuerzas militares-policiales-narcoparamilitares son señalados de « guerrilleros », « auxiliares de la guerrilla », y de simples « simpatizantes » ?

Evidentemente porque la « justicia » colombiana tiene un sello de clase y las leyes se hicieron para « castigar » a los hijos enruanados del pueblo que osan levantarse y reclamar sus derechos o que en armas se levantan para defender su derecho a la vida. Es la misma justicia practicada por la mirada tórpida y torcida del procurador, llevado allí por los votos de la llamada « izquierda », desgraciadamente.

En Colombia todas las tropelías y violaciones al ordenamiento burgués son permitidas siempre y cuando se cometan para defender al corrompido y decrépito orden económico-social y a los representantes de la oligarquía que posan sus sucias posaderas en los sillones del Palacio de Nariño, llamado por eso podridos « Casa de Nari ».

Con qué fariseísmo se presenta ahora el señor Yamhure como una « inocente corderita » que cuando escribía las proclamas que leía Carlos Castaño no sabía que eran para justificar los crímenes por ellos cometidos, lógicamente que de la mano de las corruptas fuerzas militares estatales, brazo armado del estado burgués colombiano. Tampoco sabía « la herramienta barata del uribismo » lo que hacía cuando filmaba a los refugiados políticos que protestaban frente al buque Gloria en territorio sueco, filación que sirvió entre otras cosas para la captura en Maiquetía (Caracas) del director de Anncol, Joaquín Pérez Becerra ?

De verdad que no me lo creo. Mas bien, mira como tengo el dedo... Mamola !

Siguen reacciones por detención del Jefe de Seguridad de Álvaro Uribe

Por: Telesur tv 

En Colombia, se siguen produciendo reacciones por la detención del general retirado, Flavio Buitrago, quien fue jefe de seguridad durante la presidencia de Álvaro Uribe, y a quien se le acusa de tener nexos con el narcotráfico, hasta el momento 20 funcionarios de Uribe han sido procesados por la justicia

Asesinada defensora de derechos y lidereza campesina del macizo colombiano

Marcha Patriótica: Prisioneros políticos - Dos años y continúa la injusticia

Luchas sociales, derechos humanos y representación política del campesinado 1988-2012

Por Oidhaco.


Informe especial del CINEP que aborda uno de los problemas críticos de la coyuntura nacional: el reconocimiento político del campesinado.

Resumen ejecutivo

Para acercarse a una mejor comprensión de las dinámicas políticas y sociales del campesinado en Colombia, el informe presenta datos sobre las tendencias de luchas sociales protagonizadas por los sectores campesinos, las dinámicas de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario de las cuales son víctimas y algunas características del proceso de construcción del Estado de cara a las necesidades y demandas de estos grupos sociales. El momento actual de movilización social que se vive en el país, en el cual los campesinos y otros sectores sociales se expresan vigorosamente, invita a reconocer los vínculos y relaciones que han tenido los procesos de victimización, las trayectorias de las luchas sociales y la formulación de políticas públicas orientadas a estos sectores sociales.

El presente informe, es un llamado a profundizar el proceso de reconocimiento político de los sectores campesinos, partiendo de las deudas históricas que el Estado central y los gobiernos regionales tienen con ellos, las graves y sistemáticas violaciones de sus derechos humanos y la necesidad de implementación de políticas públicas que respondan a sus necesidades al igual que a las de toda la población. Igualmente, pretende hacer énfasis en que el reconocimiento político de estos sectores, pasa por la necesaria construcción de diseños institucionales y de políticas públicas en los cuales su participación sea efectiva.

El documento presenta información de luchas sociales y violaciones de los derechos humanos contra campesinos en el periodo 1988-2012. La persistencia en los motivos de sus luchas sociales y la emergencia de nuevas exigencias en las movilizaciones, permite comprender el carácter dinámico de estos sectores y su capacidad de formular propuestas tanto para la solución de problemas estructurales - la alta concentración de la propiedad de la tierra-, como para la implementación de políticas sectoriales y/o territoriales.

En términos de derechos humanos, los campesinos son unos de los sectores sociales que más victimizaciones han sufrido en el marco de la violencia política y el conflicto armado en Colombia. El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de CINEP/PPP, reporta 17.559 campesinos víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario entre 1988 y 2012. Durante los últimos años, se puede observar que muchas de estas victimizaciones han ocurrido en el transcurso de protestas protagonizadas por las organizaciones campesinas. Es necesario superar la estigmatización de la protesta social y comprender las trayectorias de las luchas y las demandas sociales que las motivan, para poder atender y superar los elementos estructurales que las generan.

Si bien este informe hace énfasis en las luchas sociales y la victimización de los sectores campesinos, el déficit de reconocimiento político también es una realidad para otros sectores rurales populares, como los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. Así, es necesario reconocer la deuda histórica con los sectores rurales campesinos, indígenas y afrocolombianos, cuya principal expresión en el país es el continuo fracaso en la implementación de las políticas de reforma agraria. A esta situación se suman las remotas posibilidades de participación e incidencia de éstos en los procesos regionales y nacionales de planificación y formulación de políticas de desarrollo rural.

El informe presenta datos que evidencian que ha sido precaria la constitución de instancias de participación, los posibles vínculos de esta situación con las demandas no satisfechas de estos sectores, y la expresión de esto en la persistencia de las luchas sociales en determinadas regiones del país.

El reconocimiento político del campesinado requiere además de su reparación como víctimas de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, una profundización democrática que les permita participar e incidir efectivamente en la formulación e implementación de políticas agrarias y de desarrollo rural que les afectan directamente. La reciente conformación de una comisión negociadora para superar la crisis que se vive en la región del Catatumbo, la reinstalación de la mesa de interlocución del Sur de Bolívar o la conformación de una mesa intersectorial de desarrollo rural para los Montes de María, son ejercicios de reconocimiento político que deben ser profundizados y replicados de forma prioritaria en aquellas regiones del país en las cuales las luchas sociales se han mantenido a lo largo del tiempo, o en las que las violaciones a los derechos humanos contra estos sectores se hayan presentado de una forma sistemática. El reconocimiento de derechos especiales para los campesinos, puede permitir afianzar el reconocimiento político de este sector, hecho que además se vislumbra necesario de cara al proceso de construcción de una paz sostenible y duradera.


Ver informe completo en adjunto



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‘Riesgosa pausa de los diálogos del Catatumbo’

Por Juan Carlos Castañeda Guerrero, Agencia Prensa Rural. /

Los diálogos entre voceros de los campesinos del Catatumbo y el Gobierno Nacional se empezaron a congelar, al punto de definir ayer una pausa al proceso de negociación, pues los retrasos que se han presentado, hicieron que los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), tomaran la determinación.

Una de las gotas que les rebosó la copa fue que los comisionados por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, les dijeron que la metodología pactada semanas atrás, se iba a modificar, explicándoles que, de los tres días que se venían trabajando, ahora solo iban a ser dos.

Los encuentros se venían efectuando los martes, miércoles y jueves. Los dos primeros eran jornadas en las que se sentaban a la mesa los líderes campesinos con la comisión técnica, y los jueves era el día en el que se tomaban las decisiones, teniendo a la cabeza autoridades con poder de decisión, como Bruce Mac Master, director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y Mauricio Perfetti, subdirector de Planeación Nacional.

Olga Quintero, vocera de Ascamcat alegó que ellos no aceptan ese cambio en las reglas de juego, “pues el Gobierno es el que tiene que resolver su problema sobre la gente que va a mandar a negociar”. A ellos les dijeron que “ahora los viceministros deben hacer parte de la Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional, por los paros que se presentaron en otras regiones”.

Llamado a garantes

Otro de los voceros de los campesinos, César Jerez, aclaró que esto no significa una suspensión definitiva de los diálogos ni tampoco un rompimiento en las negociaciones. Pese a eso, reseñó que es de suma urgencia citar a quienes actuaron como garantes para desbloquear la carretera Tibú-Cúcuta, con el fin de que le den un nuevo impulso a los acercamientos entre las partes.

“Estamos cumpliendo dos meses de haber desbloqueado la vía, y tres meses y medio de haber iniciado diálogos con el Gobierno, y solo hemos avanzado en el punto de la reparación de las familias afectadas con las erradicaciones. Por eso estamos convocando a una reunión urgente con los garantes del proceso”, señaló.

Jerez se refirió al expresidente Ernesto Samper, a la excongresista Piedad Córdoba, al presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo; al padre Francisco De Roux, al alto comisionado de Naciones Unidas, Todd Howland; al obispo de Tibú, Omar Sánchez; al vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y a los alcaldes de los municipios que conforman el Catatumbo.

“Esta pausa se levanta apenas nos podamos reunir con los garantes. Si mañana (hoy) nos reuniéramos con ellos, el martes volveríamos a la mesa”, dijo el dirigente campesino.

“Esto no va a generar movilizaciones, pero lo que pasa es que el Gobierno viene cayendo en incumplimientos no solo acá, sino en Boyacá y Nariño, y esto es factor de incubación de otras movilizaciones”, agregó César Jerez.

“Por ejemplo, del hospital de que pedíamos para Tibú, nos bajamos a uno de primer nivel que tenga servicios de segundo nivel, y no hay respuesta, pero cosas como estas no se logran con chichiguas”, puntualizó el vocero.

Denuncian 2 desapariciones
Los voceros de los campesinos denunciaron ayer la desaparición de dos manifestantes de El Tarra que hicieron parte de las movilizaciones que se registraron en Ocaña, cuando estalló el paro del Catatumbo. Señalaron que se trata de dos labriegos que estaban cumpliendo oficios de mototaxismo entre su tierra y Ocaña y que el martes desaparecieron en medio del recorrido.

Olga Quintero y César Jerez expresaron su preocupación, al señalar que a esto se suma que las autoridades encontraron ayer los cuerpos de dos hombres en el sector de El Chamizo, en jurisdicción de González (César), quienes fueron asesinados.

Las primeras pesquisas le indicaron a los líderes de Ascamcat que las víctimas tienen rasgos similares a los dos desaparecidos, por lo que hicieron pública la situación, al relacionar el hecho con la falta de garantías en el proceso. El gobernador (e), Gregorio Angarita Lamk, dijo que está a la espera de los resultados de la Policía y que espera que la reunión con los garantes surta efecto urgente para reanudar los diálogos, como petición expresa del gobernador Edgar Díaz Contreras.
 

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