Por: Alfredo Molano Bravo

Sería mejor pensar que lo que está buscando el empresario-ministro es un nuevo despelote. La primera medida que tiene en su diminuta cabeza es fortalecer los gremios agropecuarios y meter a todos los medianos y pequeños agricultores y ganaderos en el mismo saco; es decir, obligarlos a depender de los grandes empresarios del campo. Negociar con campesinos de Cauca, Putumayo, Catatumbo, Caldas, Nariño por separado no fue nada fácil y siempre se corre el riesgo de darles voz a las regiones. Negociar con los altos funcionarios gremiales nacionales sale barato y tiene la ventaja de dividir siempre los movimientos, como en el caso de los cafeteros. Lizarralde quiere negociar los paros campesinos sólo con sus amigos. La segunda iniciativa es todavía más perversa: permitir la acumulación de las unidades agrícolas familiares (UAF) en los Llanos Orientales o donde haya baldíos, y de paso liquidar la pieza maestra de la figura de reservas campesinas. La Ley 160 del 94 prohíbe explícitamente la concentración de baldíos, pero eso choca con los intereses de los empresarios que compran a precio de huevo las mejoras de los colonos para negociarlas en bolsas internacionales o para llenarlas de palma, caña, soya. En otras palabras: impedir la creación de zonas de reserva campesina y a cambio solicitar a las compañías agroindustriales que en el 20% de sus nuevas propiedades formen alianzas productivas con campesinos desalojados o por desalojar. La ley del embudo: lo ancho para los empresarios, que el único campo que conocen es el de golf, y lo angosto para sus obligados socios campesinos.

Como se sabe, la mesa de concertación del Catatumbo se suspendió y terminará por ser liquidada. La razón es simple: el Gobierno acuerda pero no cumple. Motivo por el cual se preparan de nuevo paros campesinos en todo el país, comenzando por el indígena. La estrategia del Gobierno no tiene pierde: dilata las soluciones a punta de Esmad y de negociadores sin poder de decisión; la gente se cansa; los dirigentes, entre la espada y la pared, firman acuerdos, y el Gobierno los desconoce. Ahora el ministro de Defensa, cada día más parecido a Manolito el de Mafalda, va a llevar una iniciativa al Congreso para meter a la cárcel al que no proteste por medio de respetuosos memoriales, es decir, a quien salga a la calle o a la carretera y grite.

Es difícil —imposible— entender que el Gobierno con semejantes medidas pueda pretender que las negociaciones de La Habana avancen. Si incumple todo acuerdo; si vuelve babas toda palabra empeñada; si a todo el mundo, salvo a militares, congresistas y uribistas, le mama gallo, ¿qué se puede esperar de lo que promete en las mesas donde se sienta y posa para la foto? ¿Cómo puede legalizar el despojo de tierras en Vichada, Meta y Casanare a posteriori? ¿Cómo puede desconocer las demandas de gente que la única mermelada que conoce es la verde oliva?

Punto aparte. Estamos en plena fiebre de fútbol. Diez asesinatos de hinchas han tenido lugar en los dos últimos años. Los medios pasan videos; los editoriales truenan; las autoridades se sacan fotos con los responsables, que en el fondo son sólo los últimos actores de un drama que se origina en la mercantilización del deporte, se prolonga con la tronante publicidad y termina a puñaladas en las calles. El papel de los locutores que llaman a la victoria, a la batalla, a la revancha es idéntico al que cumplían los gamonales y los curas y párrocos durante la Violencia de los 50. Exacerbación del espíritu partidista, el sectarismo extremo, el radicalismo inconsciente dan frutos y, sobre todo, venden más. ¿No podrían relatar un partido con la serenidad y la inteligencia de un doctor Peláez?