Allende La Paz, Cambio Total.

Lo dicho. Ya salió el presidente JMSantos a decir que ”con fuero o sin él”, las fuerzas militares-narcoparamilitares continuarían ”protegidas” por el ordenamiento jurídico burgués. Incluso, el ”pesista” Pinzón está pidiendo plata para ”defender” la honra de los militares inmersos en delitos comunes de violación, narcotráfico, sicariato, asalto a mano armada, etc, etc, además de violaciones en derechos humanos.

Ante esto tenemos que decir que la ”caída” del Fuero Militar fue por ”vicios en su aprobación”, mas el espíritu del Fuero Militar -el de la reforma y el ”viejo"- no ha sido cuestionado por la Corte Constitucional, en ningún sentido. El fallo fue por forma y no por contenido, es decir, el anterior ”fuero militar” sigue funcionando y seguirán haciendo lo que siempre han hecho, violar los derechos humanos de los colombianos pobres, y estas violaciones son avaladas no solamente por la Corte Constitucional sino por todas las Cortes, y también por los congresistas liberales, conservadores y U, por el presidente JMSantos y su séquito de gobierno, es decir, por todo el Estado burgués colombiano.

Lo que quieren los militares es que el Fuero Militar fuera más claro respecto de la impunidad que ellos quieren, necesitan y añoran, la impunidad total. Por eso es que están lloriqueando, por eso están elucubrando de que a las FARC-EP les darán ”impunidad total” y a ellos -los militares- los meterán a la cárcel. Es tanto el miedo que tienen que no se han parado a pensar en que lo que se apruebe en la Mesa de La Habana favorece a todo el mundo, o sea, si las FARC-EP resultan, por ejemplo, amnistiadas, lo serán igualmente los militares.

Lo que si debe quedar claro es que las violaciones de derechos cobijados por un Acuerdo en la Mesa de La Habana no puede cobijar los delitos comunes cometidos por los miembros de las fuerzas militares estatales. Si un militar, por ejemplo, viola una niña y mata a sus hermanitos y a ella, ese delito no puede ser cobijado por lo que se acuerde en La Habana porque ese delito es un delito común cometido por un militar, así esté en una zona de orden público. Si, por ejemplo, un militar viola una mujer en una acción militar de orden público ese es un delito común cometido por un militar en una misión.

No se puede aceptar la impunidad que pretende la cúpula militar que es el ”olvido” y ”borrón y cuenta nueva” porque son muchísimos los militares inmersos en delitos comunes. Narcotráfico, violaciones, robo, asaltos armados, sicariato, etc. Todos son delitos comunes. Y los delitos comunes son comunes así se cometan en servicio activo. Los delitos que cobijarían un posible acuerdo en La Habana serían los delitos cometidos en relación directa con la guerra.

Las FARC-EP responderían, por ejemplo, por lo que a ellas concierne. Las FARC-EP han violado el régimen burgués en lo concerniente a retenciones, que es lo que más preocupa a la oligarquía. Ya la organización insurgente armada ha dicho que se discutiría el punto en su momento preciso. Ellas no están sacándole el cuerpo a la cuestión.

Ahora bien, hay una diferencia significativa y trascendental en la comisión de ”violaciones” al régimen burgués. Los militares culpables violan el mismo régimen que ellos dicen defender y han aceptado totalmente, en tanto las FARC-EP están por fuera de ese ordenamiento por cuanto fueron obligados a proteger sus vidas defendiéndose con las armas en la mano y por tanto ese ordenamiento mal pudiera juzgarlos, si ellas no quisieran.

Además, los militares quieren para ellos total impunidad, en tanto a las FARC-EP las acusan de toda clase de delitos y los ”fascinerosos”, ”bandoleros”, ”narcotraficantes”, ”terroristas”, deben comparecer ante una justicia burguesa deformada como está todo lo estatal en Colombia. Nos preguntamos: si un militar trafica cocaína, no es un narcotraficante? Si un militar viola una niña, no  es un violador, así sea militar? Por qué ese doble rasero?

Tenemos que reiterar, como lo hemos hecho en cientos de oportunidades, que todos los problemas de la vida nacional de Colombia pasan por la Mesa de La Habana, es decir, por una solución política al conflicto interno.

Y en la Mesa hay igualdad entre las dos partes, o no?

Falso positivo judicial
 
Fredy Julián Cortés Urquijo /Agencia Prensa Rural.

“Burrito” le decíamos, o le dicen en el patio tres de prisioneros políticos de la cárcel de Acacías a un joven campesino de veinte y tantos años, de 1,50 m de estatura, delgado y liviano como una pluma. Su rostro dibuja una sonrisa permanente que en la cárcel puede ser considerada extraña, pues en tales condiciones infrahumanas, muchos prisioneros apenas pueden sonreír de vez en cuando. “Burrito” tiene otra particularidad, es tartamudo y difícilmente puede expresar una idea concreta no solo por su tartamudez de nacimiento, sino por su infortunada exclusión de la educación que no le permite leer ni escribir con habilidad y por lo tanto saber demasiado de cualquier tema, menos de política o de guerra de guerrillas.

Cuando una vez nos acercamos un grupo de compañeros de prisión para preguntarle si era cierto que él era el comandante Pitufo de las FARC, por lo cual había sido condenado a 40 años de prisión, éste nos respondió diciendo que a él lo condenaron como guerrillero, pero que él no era Pitufo, que nunca había sido de las FARC y que solo había vivido en zona de guerra y unos militares lo capturaron inculpándolo de ser Pitufo, comandante del frente 27. “Burrito” había sido afortunado en ese momento, pues no había corrido la misma suerte de muchos jóvenes con discapacidades mentales que, de un día para otro, miembros del ejército colombiano convierten en peligrosos guerrilleros dotándolos de un uniforme nuevo, botas pantaneras “cuidadosamente” puestas: la izquierda en el pie derecho y la derecha en el pie izquierdo, y suministrándoles unos cuantos certeros rafagazos que acaban con la vida de estos inermes colombianos.

La historia de por si es perversa: unos soldados que capturan a un joven y lo hacen pasar por comandante guerrillero, un fiscal que acepta las “pruebas” que le suministra el ejército en ese momento para hacer una acusación formal ante un juez. Hasta ahí puede ser un procedimiento de rutina en un país en guerra donde el estado se confronta militar, política y mediáticamente con la insurgencia y emplea todos sus instituciones para tal fin; pero lo grave del asunto, es que la justicia, una rama “independiente” de los poderes del estado en las democracias occidentales, acepte tales pruebas, tales cargos, y condene a una persona sin hacer el mas mínimo análisis adecuado, científico y hasta con sentido común del caso.

La justicia colombiana tiene un sinnúmero de falencias, faltan jueces, infraestructura, salarios bajos de algunos de los empleados judiciales, pero a mi parecer lo más grave es la cooptación sistemática que ha venido ejerciendo el régimen de una buena parte de jueces y magistrados que olvidan su debida imparcialidad y objetividad que debe tener cualquier juez para emitir sus fallos. Atrás quedo la época en que existían jueces críticos e independientes, atrás quedo la época de las cortes conformadas por algunos magistrados valientes provenientes de diversas tendencias ideológicas, que no temían ningún fallo ante los poderosos, que estudiaban los casos y fallaban en derecho, que difícilmente aceptaban el billete debajo de su escritorio para emitir un juicio.

Hoy, como en las fuerzas armadas, la carrera de un juez debe pasar por varios filtros, de tal manera que los ascensos deben contar con el aval de los partidos políticos tradicionales y de los poderosos de siempre, evitando de cualquier modo que se cuele en la rama judicial un “defensor del terrorismo”. Encontrar magistrados o jueces con el pensamiento progresista de Carlos Gaviria Diaz, o Jaime Pardo Leal -quien en su momento fundó el sindicato de los trabajadores de la rama judicial (Asonal judicial)- y tantos otros es impensable. De este modo las diferentes cortes gozan de una parcialidad impresionante y usan el derecho como un arma legal para imponer su punto de vista, generalmente ultraconservador y cómplice con el poder establecido.

Fallos como el que condenó al comandante tartamudo de las FARC dan una muestra de eso, la ley da para todo, “una orden de captura, una condena no se le niega a nadie”,- se dice en las prisiones-, y con el argumento de que las leyes pueden ser interpretadas de manera distinta por los jueces, se emplean verdaderas leguleyadas para hacer lo que el poder demande. Cuando a uno lo trasladan de cárcel es costumbre preguntar cómo es tal juez de ejecución de penas, cómo es éste, cómo es aquel. Porque dependiendo de ese criterio sabe el prisionero si un juez es “carcelero” o es “buena gente”. Los narcos preguntaban siempre cuál era el más sobornable, y así íbamos también evaluando la estrategia a seguir para poder tener la libertad o demás derechos que los prisioneros tienen y que la ley contempla. Quedan pues los privados de la libertad a merced del carácter y/o la personalidad de cada juez, incluso hasta del buen genio del mismo pero no del código penal. Entonces se pregunta uno, ¿para qué el código penal y el de procedimiento penal?, ¿para qué las leyes?, si en últimas cada juez acomoda el código según le parezca. Ya es costumbre ver fallos donde la argumentación dice una cosa pero la parte resolutiva otra. Por ejemplo: lo que dice el peticionario es cierto por tal y tal razón, sus argumentos son válidos,…. ………..Sin embargo, …….no se debe hacer acreedor a tal beneficio por tal y tal razón.

La ley da para todo, y al final todo fallo está influenciado por la posición política que tenga el juez. Así lo corroboró la compañera de un prisionero político cuando le preguntó a un juez por qué no podían dar el beneficio de la vigilancia electrónica para un condenado por rebelión cuando efectivamente este delito no está excluido del subrogado y además, el condenado cumplía todos los requisitos para obtener tal derecho. El juez le respondió que a los guerrilleros no se les da ningún beneficio. Ella le pregunta entonces, que su fallo era político, a lo que el muy descaradamente le responde que sí.

Casos como el de David Ravelo donde el fiscal que realizó la acusación era un ex-oficial de la policía implicado en un delito de desaparición forzada, el de Piedad Córdoba donde con leguleyadas se justificó su destitución claramente política, y cientos de casos como el del burrito donde los argumentos y pruebas de la defensa no importan y solo importa condenar a inocentes para mostrar eficiencia en la justicia y disminuir el índice de impunidad en Colombia, demuestran el estado deplorable en que se encuentra la justicia en el país.
Añádase a esto el famoso cartel de los testigos donde escasos jueces dudaron de esos falsos testimonios y por el contrario cuantos colombianos fueron privados de su libertad con el apoyo de los testigos suministrados por el abogado Gustavo Muñoz. (http://www.semana.com/nacion/articu...)

Solo a un juez de esta Colombia, se le ocurre aceptar que un comandante guerrillero pueda ser tartamudo y de esta manera condenar a un inocente. Años después de capturado burrito, o “pitufo” de las FARC, el ejército en un operativo anunciaba la captura en marzo de 2008, nuevamente del comandante Pitufo, (http://web.presidencia.gov.co/sp/20...), quien efectivamente se encuentra en una cárcel del país. Lo que no recordamos los colombianos es que ya había un hombre inocente condenado a 40 años como “Pitufo”. Han pasado más de cinco años de la captura del verdadero Pitufo y ningún juez le ha dado por revisar el caso del falso Pitufo.

“Burrito” no tiene los medios para mover su caso, para pagar un abogado y solicitar la revisión y posterior anulación de la condena, de hacerse, el estado nuevamente tendría que pagar una suma inimaginable por daños y perjuicios a este joven inocente, una víctima más de la política de seguridad democrática de Uribe.
El juez que lo condenó de haber usado su imaginación y sentido común, debió haber pensado en esta hipotética situación antes de emitir su fallo, situación que contábamos con humor negro entre los compañeros de prisión: Debió imaginarse al “Burrito” ante el peligro inminente de un combate dando órdenes:
CA-CA-CA MA RA-RA-RA-RA DAS, DIS-PA-PA-PA-PA REN.

En ese momento el enemigo avanza hasta tenerlos rodeados y “Burrito” en tono enérgico como cualquier comandante de guerrilla, expresó:

¡Ya, ya, ya, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa que…!

Ricardo Martínez/Rebelión

En forma ascendente, los servicios militares de compañías privadas se ofertan y demandan en países de América Latina.

Según organizaciones civiles de los derechos humanos y ambientalistas colombianas, peruanas y mexicanas, las corporaciones militares de origen estadunidense, inglés e israelí mantienen filiales y subsidiarias en la región, dedicadas a promover una gama de actividades de seguridad, entrenamiento, apoyo logístico, formación de combate y venta de armas ligeras y pesadas.

Empresas como SY Coleman Corporation, Risk Incorporated, Dyncorp, XeServices (antes Black Water), Global CST, entre otras, dominan el rentable mercado bajo la tutela y control de los órganos de seguridad de los Estados Unidos y países aliados en la llamada 'lucha contra el terrorismo' en el marco de la nueva doctrina de seguridad hemisférica.

En estos días, la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú dio a conocer la investigación sobre tres exministros del país sudamericano implicados en contratos secretos con la firma israelí Global CST, a partir de un decreto suscrito en 2009 bajo el segundo gobierno del expresidente Alan García, que consistió en "compra de servicios" de entrenamiento de fuerzas especiales de élite, seguridad y equipamiento por un valor de 16 millones de dólares.

También están implicados otros veinte exfuncionarios civiles y militares, presuntamente por formar parte de la red de gestores y consultores de servicios de entrenamiento vinculados a la corporación militar privada, que luego de varios años de investigaciones legales es que en 2013 sale por fin a la luz la trama de las 'empresas privadas de la muerte'.

Global CST cuenta con un historial de venta de aparatos y servicios de tipo militar en países de la región. Por ejemplo, en Colombia suministró entrenamiento en contrainsurgencia a tropas del Ejército durante la gestión del actual presidente, Juan Manuel Santos, cuando fue ministro de Defensa (2009) y encargado de la lucha contra la guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Otras empresas israelíes como Alfacom, de radiocomunicaciones e inteligencia, y Security and Intelligence Advising, de capación en seguridad, mantienen operaciones en Colombia ofertando sus productos al Gobierno en un proceso de restructuración de la inteligencia y los cuerpos de seguridad convencionales.

Este tipo de servicios responden al proceso de transformación estatal de algunos países latinoamericanos con mayor alienación a las políticas de libre mercado y desregulación de Ejércitos y Policías, pero bajo un rígido control de los resortes del poder político. Se trata de la penetración privada gradual al uso del monopolio de la fuerza que ejercen los Estados.

En Colombia, los servicios de otras empresas similares se despliegan en rubros como la llamada 'lucha antinarcóticos', lo mismo que a proteger empresas extractivas, sobre todo mineras y petroleras. La estadunidense DynCorp mantiene base operativa en el país andino y recibe orientaciones desde su base central en Florida.

Se dedica a la búsqueda y destrucción de cultivos de enervantes bajo operaciones encubiertas. Desarrolla estrategias de cobertura a militares y da soporte técnico de movilización de tropas con helicópteros y aviones propios en alquiler.

En febrero de este año en curso, la firma enfrentó un proceso legal por torturas y violaciones a los derechos humanos por parte de familiares de las víctimas que se opusieron a las empresas mineras y a la explotación petrolera en zonas naturales del quinto país que más vende el energético a los Estados Unidos.

El control de sitios estratégicos de empresas multinacionales son objetivos de las firmas del ramo 'new security and development'. Se combinan con hostigamientos a opositores sociales como sindicalistas, ambientalistas y campesinos.

En México, el Centro de Estudios sobre Seguridad Pública denunció el inicio de operaciones de SY Coleman Corporation, al abrir una convocatoria a exmilitares estadunidenses para realizar labores de vigilancia aérea en la zona petrolera del estado de Veracruz, en el golfo de México.

También, la organización civil registró las acciones de entrenamiento a policías del grupo especial táctico de la municipalidad de León, en el estado de Guanajuato, zona central del país azteca, por parte de la compañía Risk Incorporated, con sede en Miami.

Según la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Latinoamérica el mercado de bienes y servicios de la seguridad privada asciende a un 11% del total estatal y otra parte, sin cálculo certero, en contratos de 'outsourcing' (logística), armamento, sistemas tecnológicos de punta e inteligencia operativa y cibernética.

Mientras esto sucede en América Latina, los casos más sonados en el mundo sobre crímenes de lesa humanidad recientes cometidos por estas compañías bajo la cobertura estatal, sobre todo de Estados Unidos, siguen impunes en Irak y Afganistán.

Las corporaciones militares privadas suministraron sus servicios, antes, durante y después de las invasiones en 2001 y 2003 en los países asiáticos. Allí se emplearon alrededor de un contratista privado por cada soldado estadunidense. En realidad se trató de un ejército invasor con dos cabezas, la privada y la estatal, las mismas que se asoman hoy en el hemisferio americano.

Fuente: http://actualidad.rt.com/blogueros/ricardo-martinez/view/109320-empresas-militares-privadas-penetran-latinoamerica