Por: Alfredo Molano Bravo
Pitalito es una vereda de Chimichagua, Cesar, piedemonte de la
serranía del Perijá, conformada por dos fincas: San Miguel y Pitalito.
Hasta 1980, cuando fueron abandonadas, eran de la familia Chacón.
Los campesinos las trabajaron y las dividieron en 14
parcelas; formaron una junta de acción comunal, organizaron una tienda
comunal, construyeron una escuela y arreglaron las vías. Sembraron yuca,
ahuyama y principalmente maíz, que vendían en Curumaní. Nadie reclamó
nada a nadie. Entre 1998 y 2005 los parceleros vivieron una terrible ola
de asesinatos y robo de ganado; unas 30 familias salieron a vivir en
los pueblos cercanos o en Venezuela. En 2006 empezó la gente a retornar.
Organizaron de nuevo la vereda, reconstruyeron la escuela y solicitaron
al Incoder la titulación de sus predios, pero el gerente de la época
respondió que la zona estaba dentro de la reserva forestal, Ley Segunda.
Según
testigos, el 16 de enero de 2010
apareció con el Ejército un tal Juan
Manuel Fernández de Castro del Castillo, apodado El Capitán, a tomar
posesión de las tierras argumentando tener los títulos. Como los
campesinos carecían de papeles, el supuesto propietario les dijo: “Me
venden o me venden”. Los campesinos temblaron y le suplicaron al
Ejército que no los sacara. En esos tiempos, paramilitares y militares
andaban juntos. La maestra le dijo al Capitán: “Al menos respete la
escuela”. El señor Fernández respondió: “Me vale huevo”. Los campesinos
bajaron a Curumaní a denunciar la amenaza y cuando regresaron, les
habían tumbado los ranchos. Un mes más tarde llegó un grupo de sicarios
guajiros y a la madrugada mataron los perros. Una amenaza tétrica. El 24
de junio regresaron acompañados del Esmad, el Ejército y funcionarios
de las alcaldías de Chimichagua y Curumaní, entre ellos el personero, en
representación de la Defensoría del Pueblo. Sacaron en camiones y
zorras a todos los vivientes y los trasladaron a la hacienda La
Esperanza, del mismo Fernández; más tarde los llevaron a la vereda
Galaxia, donde fueron amenazados con quitarles los niños si intentaban
una nueva invasión de predios. Los menores de edad no pueden estar
sometidos al delito, dijeron. Fernández “nos obligó a firmar un papel
con el Ejército a un lado y nos dio lo que quiso”. El personero levantó
un acta afirmando que “todo había sido voluntario”. Denunciaron los
atropellos ante el gobernador de Cesar, que les dijo: “Devuélvanse, esas
tierras son de ustedes”.
El 21 de mayo de 2013 regresaron a sus
parcelas, convencidos de que la Ley de Tierras los protegía. Volvieron a
levantar ranchos; hicieron un salón comunal donde los niños recibían
las clases, y sembraron de nuevo maíz, yuca, habichuela, tomate y
patilla. El pasado 25 de octubre entró el Esmad, acompañado de la Sijín,
del procurador provincial y varios sujetos. Los campesinos fueron
acusados de cultivar coca. Las autoridades desalojaron a los parceleros a
pesar de que tanto Pitalito como San Miguel están bajo la protección
del Incoder. Los trasladaron a un albergue pagado, sostienen, por el
mismo señor Fernández, que fue uno de los beneficiarios de Agro Ingreso
Seguro y es propietario de varias haciendas cultivadas en palma. Más
tarde les destruyeron con motosierra los ranchos y todas sus
pertenencias. Hasta las botas de caucho fueron destrozadas con la
máquina. Una terrorífica sugerencia hecha a 17 familias: 24 niños y 30
adultos.
