Allende La Paz, Cambio Total.
El Acuerdo del 2o
punto de la Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana alcanzado entre
las FARC-EP y los delegados del gobierno colombiano plantea unas
transformaciones que –de cumplire por parte del estado- serían unas transformaciones
revolucionarias, aún en el marco del estado burgués.
Es que Colombia,
por cuenta de la oligarquía, es uno de los países más atrasados en cuanto a
democracia y defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, y ni se diga
en los derechos sociales y los derechos humanos. La oligarquía propagandiza que
es « la democracia más antigua del continente », mas en realidad lo
que practica es la forma más aberrante de fascismo, el Terrorismo de Estado.
Por cuenta de ese Terrorismo Estatal hay en Colombia 500.000 víctimas, aunque
el estado apenas reconoce 220.000 en el último informe conocido como Basta Ya !.
Entonces, las
alamedas que han abierto las FARC-EP con su persistente empeño de buscarle una
salida política al conflicto interno, empieza a dar sus frutos. En el 1er
punto, las FARC además de los Acuerdos logrados, ha planteado la necesidad
imperiosa de tocar el latifundio y el despojo de las tierras a los campesinos
como forma revolucionaria de resolver ese punto nodal del conflicto, porque
como hemos visto los grandes « empresarios del campo » -« Facho »
Santos, Uribhitler, Lafaurie y su Fedegán narcoparamilitar , Cargill, Riopaila
y las multinacionales-, en contra del proceso de Paz siguen apropiándose de los
terrenos « baldíos » -estatales- y mediante maniobras fraudulentas
constituir grandes empresas de palma –para producir biocombustible-, agravando
aún más la precaria existencia de los campesinos e indígenas.
Aún cuando los
Acuerdos alcanzados son todavía parciales, y « nada está acordado hasta
que todo esté acordado », el hasta ahora Acuerdo de Participación Política
toca la forma cavernaria y retardataria de hacer política, la cual contempla
entre otras cosas la sola existencia de los partidos burgueses –al estilo
Frente Nacional-, situación que ha llevado al tratamiento de « enemigo
interno » a los partidos de izquierda –y a toda la población desposeída-,
los cuales son susceptibles de ser asesinados.
Punto cardinal es
el respeto del derecho a la vida, y no solo al ser humano, ya que la vida es la
cardinal dimensión a la que tenemos derecho los seres humanos por el simple
hecho de existir. De allí se colige que entonces es obligación del estado –todos
los poderes en su conju8nto- garantizar y proteger la vida de todos los colombianos
y la vida de los guerrilleros, del guerrillero raso hasta la comandancia, ya
que en la guerrilla no hay guerrilleros de primera y/o de segunda clase, sino
que todos tienen ese derechos por ser guerrilleros de las FARC-EP.
Este punto fue
tratado especialmente por el Comandante en Jefe, Alfonso Cano, al cual las
fuerzas militares-narcoparamilitares del régimen no le respetaron su derecho a
la vida como consignamos en estas páginas en su momento. Ese respeto del
derecho a la vida contempla, naturalmente, desmontar la Doctrina actual que
rige a las fuerzas militares –la Doctrina de Seguridad Nacional-, y dotarlas de
una nueva doctrina y una nueva práctica, una Doctrina Bolivariana.
Hasta ahora, lo
logrado por las FARC-EP –y hay que decirlo, por los delegados gubernamentales
también-, abre nuevos capítulos en la historia colombiana, que de lograr
coincretarse –y en eso la responsabilidad es del estado en primer lugar- sería
un enorme salto hacia adelante y comprometería las energías del pueblo para la
construcción de ese país que tanto anhelamos.
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Pricipales
Acuerdos del 2o Punto :
- Cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos sin estar atados a la exigencia del umbral electoral.
- Creación de circunscripciones transitorias especiales de paz para las zonas más afectadas por el conflicto. Creación de una comisión para definir los lineamientos de un estatuto para la oposición.
- Un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, con énfasis en el nuevo movimiento que surja del tránsito de las Farc a la vida legal del país.
- Establecimiento de consejos para la reconciliación y la convivencia en los ámbitos nacional y regional.
