En este ensayo se esbozan los aspectos centrales que pueden ayudar a
comprender la importancia geopolítica del territorio colombiano en la
guerra mundial por los recursos, el punto de partida indispensable para
entender las guerras de agresión contra los pueblos que hoy adelantan
las potencias imperialistas, encabezadas por los Estados Unidos.
En este texto se consideran cuatro cuestiones: en primer lugar,
se indica cuales son las características de la guerra mundial por los
recursos y su influencia directa en América Latina; en segundo lugar, se
subrayan los aspectos medulares de la estrategia contrainsurgente de
los Estados Unidos en el continente latinoamericano; en tercer lugar, se
considera la importancia geoestratégica de las bases militares de
Estados Unidos en el mundo y particularmente en nuestros territorios; y
en cuarto lugar, se señalan en forma breve los objetivos de Estados
Unidos al convertir al territorio colombiano en uno de sus principales
centros de operaciones militares.
I. El imperialismo y la guerra mundial por los recursos
El
capitalismo de nuestros días requiere materiales y energía más que en
cualquier otro momento de su historia, como resultado del aumento del
consumo a nivel mundial, a medida que se extiende la lógica capitalista
de producción y derroche, porque la generalización del american way of
life requiere de un flujo constante de petróleo y materiales, para
asegurar la producción de mercancías que satisfagan los deseos
hedonistas, artificialmente creados, de cientos de millones de seres
humanos en todo el planeta.
Para producir automóviles,
aviones, tanques de guerra, computadores, celulares, neveras,
televisores y miles de mercancías se precisa de una cantidad ingente de
metales y otros recursos minerales. Entre estos se incluyen los metales
corrientes y conocidos, así como los metales raros. Hierro, cobre, zinc,
plata, cromo, cobalto, berilio, manganeso, litio, molibdeno, platino
titanio, tungsteno, son algunos de los metales más importantes en la
producción capitalista de hoy. Un ejemplo ayuda a visualizar la
importancia de esos metales: para producir el turborreactor de un avión
se usa un 39 % de metales corrientes y el resto consta de titanio (35
%), cromo (13 %), cobalto (11%), niobio (1%) y tántalo (1%)[1].
Para
mantener el nivel de producción y consumo del capitalismo se requiere
asegurar fuentes de abastecimiento de recursos materiales y energéticos,
los cuales se encuentran concentrados en unas pocas zonas del planeta, y
no precisamente en los Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, que
tienen déficits estructurales tanto en petróleo como en minerales
estratégicos. En términos de minerales, algunos datos ilustran la
dependencia externa de los Estados Unidos: “Entre el 100 y el 90 % del
manganeso, cromo y cobalto, 75 % del estaño, y 61 % del cobre, níquel y
zinc que consumen, 35 % de hierro y entre 16 y 12 % de la bauxita y
plomo que requieren. Europa depende en un 99 a 85 % de la importación de
estos minerales, con excepción del zinc, del que depende en un 74 % de
importaciones del extranjero”. Lo significativo estriba en que en
conjunto América Latina y el Caribe suministran a los Estados Unidos el
66 % de aluminio, el 40 % del cobre, el 50 % del níquel (Diez Canseco,
2007).
1. La importancia estratégica de América Latina
En
el escenario de esa guerra mundial por los recursos, América Latina es
uno de los principales campos de batalla, porque suministra el 25 % de
todos los recursos naturales y energéticos que necesitan los Estados
Unidos. Además, los pueblos de la América Latina y caribeña habitan un
territorio en el que se encuentra el 25 % de los bosques y el 40 % de la
biodiversidad del globo. Casi un tercio de las reservas mundiales de
cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y guarda en sus
entrañas el 27 % del carbón, el 24 % del petróleo, el 8 % del gas y el 5
% del uranio. Y sus cuencas acuíferas contienen el 35 % de la potencia
hidroenergética mundial.
En estos momentos ha vuelto a cobrar
importancia el esquema colonial de división internacional del trabajo,
que se basa en la explotación minera, de tipo intensivo y depredador, de
los países de América Latina. Esto ha implicado que compañías
multinacionales provenientes de Canadá, Europa, China, se hayan
apoderado, como en los viejos tiempos de la colonia, de grandes
porciones territoriales del continente, donde se encuentran yacimientos
minerales. La búsqueda insaciable de minerales metálicos y no metálicos
ha llevado a que en estos países se implanten multinacionales
extractivas, lo que ha generado un boom coyuntural que ha elevado los
precios de esos minerales.
Incluso, se están explotando
minerales que no tienen mucha utilidad práctica en términos productivos,
como el oro, en torno al cual se ha desatado también otro boom
inesperado. Esto está relacionado con la inestabilidad del dólar y la
búsqueda de sucedáneos seguros, y qué mejor que el oro, aunque su
explotación tenga consecuencias funestas para los países de América
Latina, que lo poseen en las entrañas de sus cordilleras o de sus ríos.
En
ese contexto geopolítico, Colombia desempeña un papel crucial: por su
privilegiada ubicación espacial, situada entre el sur y el centro de
América; por ser el único país sudamericano que tiene costas en dos
océanos; por su extraordinaria biodiversidad y fuentes de agua dulce;
por sus riquezas forestales y minerales, aunque estas últimas no sean
tan abundantes y variadas como las de Perú; porque en ese territorio se
pueden implantar sistemas aéreos y satelitales de control militar para
vigilar y agredir a cualquier país de la región. Además, las clases
dominantes de Colombia han mostrado históricamente su condición de
cipayos baratos del imperialismo estadounidense y, para completar, en
territorio colombiano se libra una guerra desde hace más de medio siglo,
como expresión de una permanente rebelión campesina contra el poder de
gamonales y terratenientes. Estas razones explican por qué en las
actuales circunstancias Colombia es tan importante para los Estados
Unidos.
2. América Latina en la doctrina militar del Pentágono
Cuando
se habla de la importancia geopolítica y geoeconómica de Sudamérica, no
hay que perder de vista que el imperialismo estadounidense está
pensando en términos mundiales al considerar las reservas de recursos
naturales y energéticos. Así, en el 2003, el llamado Informe Cheney, o
Política Nacional de Energía (NEP),postuló la obligatoriedad de dominar
las fuentes más importantes de petróleo en todo el mundo y recalcó como
prelación estratégica el control del petróleo que se encuentra fuera del
Golfo Pérsico, en particular en tres zonas: la región andina (Colombia y
Venezuela, en especial), la costa occidental del continente africano
(Angola, Guinea Ecuatorial, Malí y Nigeria) y la cuenca del Mar Caspio
(Azerbaiján y Kazajistán).
En la actualidad, cuando Estados
Unidos libra lo que denomina la “guerra contra el terrorismo”, un
eufemismo para ocultar la guerra mundial por los recursos, existe una
integración plena entre la política contrainsurgente y la protección del
petróleo, como sucede de manera concreta en Colombia. En 2002, el
Departamento de Estado había dicho al respecto:
La pérdida de
ganancias, debido a ataques guerrilleros, obstaculiza seriamente al
gobierno de Colombia en la satisfacción de las necesidades sociales,
políticas y de seguridad nacionales”. Por ello, determinó apoyar la
seguridad de los oleoductos, principalmente el de Caño Limón-Coveñas y
para eso Estados Unidos “fortalecerá al gobierno de Colombia en su
capacidad para proteger una parte vital de su infraestructura
energética” (Klare, 2004).
El analista Michael Klare decía en forma
premonitoria en el 2004 al comentar el involucramiento petrolero militar
de Estados Unidos en Colombia:
Se supone que los
instructores estadounidenses asignados a esta misión se atienen a su
papel de entrenamiento y apoyo. Pero hay indicios de que el personal
militar estadounidense ha acompañado a las tropas colombianas en
operaciones de combate contra las guerrillas. El entrenamiento ocurre
“durante misiones militares y de inteligencia reales”, reveló el US News
and World Report en febrero de 2003. Lentamente, Estados Unidos se
convierte en parte de la principal campaña contrainsurgente en Colombia,
con todos los signos de una guerra prolongada (ibíd.).
En
ese mismo sentido, el Plan Cheney enfatizaba la importancia del petróleo
de América Latina, puesto que Venezuela es el tercer proveedor Mundial,
México el cuarto y Colombia el séptimo, recomendando incluso la
ampliación del suministro de México y Venezuela (Klare, 2013).
Las
declaraciones de políticos, militares y empresarios de los Estados
Unidos sirven para sopesar la magnitud de la guerra por el control de
los recursos. Sólo a manera de ilustración, Ralph Peters, mayor retirado
del ejército de los Estados Unidos, afirmó en Armed Forces Journal,
(una revista mensual para oficiales y dirigentes de la comunidad militar
de EE.UU.) en agosto de 2006:
No habrá paz. En cualquier momento
dado durante el resto de nuestras vidas, habrá múltiples conflictos en
formas mutantes en todo el globo. Los conflictos violentos dominarán los
titulares, pero las luchas culturales y económicas serán más constantes
y, en última instancia, más decisivas. El rol de facto de las fuerzas
armadas de USA será mantener la seguridad del mundo para nuestra
economía y que se mantenga abierta a nuestro ataque cultural. Con esos
objetivos, mataremos una cantidad considerable de gente (Mosaddeq Ahmed,
2006).
3. El puño de hierro militar para imponer el neoliberalismo y la globalización
Estados
Unidos, como potencia hegemónica a nivel mundial, aprovechó su triunfo
en la Guerra Fría para reforzar su poder militar, valiéndose de los
desarrollos científicos y tecnológicos, con el fin de aterrorizar y
aplastar a sus eventuales adversarios en el caso de que se desencadenara
una guerra formal o surgieran posibles competidores. Esto quedó
plasmado en un documento de 1992, titulado “Guía para la Planificación
de Defensa”, en el cual se indicaba como prioridad que “Estados Unidos
debía impedir la competencia de quienes aspiren a jugar un papel
preponderante en el ámbito regional o global” y contemplaba incluso el
uso de armas nucleares, biológicas y químicas de manera preventiva, “aún
en conflictos en los que los intereses estadounidenses no estén
directamente amenazados” (García Cuñarro, s/a).
Los
estrategas del imperialismo estadounidense implementaron una visión del
mundo que se basa en determinar si los países son o no obedientes a los
dictados de Washington y a su proyecto de dominación mundial, presentado
en público con el nombre de globalización. Uno de estos estrategas,
Thomas Barnett, diseñó el Nuevo Mapa del Pentágono, en el cual se divide
al mundo en tres regiones, aunque de ellas en verdad importen dos. Por
una parte está el centro, conformado por los países capitalistas
desarrollados, con Estados fuertes; luego están los países eslabón, que
se constituyen en zonas de amortiguamiento y de disciplinamiento del
tercer grupo, los países “brecha”, donde se encuentran los Estados
fallidos y las zonas de peligro para el nuevo orden mundial y sobre los
cuales se debe desplegar una labor de vigilancia y control por parte de
los Estados Unidos, con el fin de consolidar un sistema verdaderamente
globalizado, incondicional y proclive a la dominación y explotación
abanderadas por Washington y sus compañías multinacionales (cf. Ceceña,
2004). Dicho de otra forma, el mundo está dividido en dos bandos: un
sector crítico, conformado por Estados fallidos que amenazan la
seguridad internacional a la que se denomina la “brecha no integrada”,
la cual está conformada por países de Centro América y el Caribe, la
región andina de Sudamérica, que se extiende por casi todo África (menos
Sudáfrica), Europa oriental, el Medio Oriente (excluyendo a Israel),
Asia Central, Indochina, Indonesia y Filipinas; la otra zona, formada
por lo que se denomina el “núcleo operante de la globalización”, del que
forman parte Estados Unidos, Canadá, Chile, Europa Occidental, China,
Japón, India, Australia. Los territorios no enganchados se convierten en
un peligro, deben ser sujetos por los primeros, y ponen en cuestión la
seguridad del Occidente. Por ello, tienen que ser integrados a la
fuerza, porque “si un país pierde ante la globalización o si rechaza
buena parte de los beneficios que esta ofrece, existe una probabilidad
considerablemente alta de que en algún momento los Estados Unidos
enviarán sus tropas a intervenir en este país” (Schmitt, 2009).
La “brecha” crítica del “Nuevo Mapa del Pentagono”
Llama
la atención que esta gran zona de conflictos y turbulencias corresponda
a los lugares donde se encuentran las mayores reservas de recursos
materiales y energéticos. La intervención de Estados Unidos en esta gran
zona del mundo se hace a nombre de mantener la gobernabilidad, con lo
cual se oculta el interés estratégico de asegurarse el dominio de esos
recursos naturales, imprescindibles para el funcionamiento del
capitalismo, así como el mantenimiento de la explotación de importantes
contingentes de fuerza de trabajo, a bajo costo o en términos casi
gratuitos: una condición indispensable para el mantenimiento y la
reproducción del capitalismo a escala mundial. Adicionalmente, esos
territorios no solamente se deben dominar por sus recursos, sino también
porque allí también existen movimientos de resistencia y rebelión,
donde se esbozan otras propuestas alternativas al capitalismo, que en el
“nuevo orden mundial” no se pueden tolerar (cf. Ceceña, 2004).
Este
mapa, que es crucial para entender lo que ha pasado en el mundo en las
dos últimas décadas, no puede considerarse como algo fijo e inmutable.
Por el contrario, es dinámico en concordancia con las modificaciones
presentadas en la periferia, en la medida en que en uno u otro país
desaparecen los Estados fallidos y canallas, no porque se hayan superado
las condiciones de pobreza y desigualdad –algo que le tiene sin cuidado
a los Estados Unidos–, sino porque se han realizado los “milagros” del
neoliberalismo y la globalización, y se han integrado perfectamente al
mercado capitalista mundial. En algunos casos de nuestra América, en
pocos años puede observarse que algún país ingresa en este amplio
círculo de inestabilidad, como hoy le ocurre a México, que ya está
siendo presentado como un Estado fallido, o también acontece, en sentido
inverso, que un territorio considerado ingobernable, como Colombia, hoy
es mostrado como ejemplo de “avance democrático” y consolidación de una
“economía prospera”, y por ello ha llegado la inversión extranjera,
aprovechando las bondades de la seguridad que se le brinda al
capitalismo.
I. Estados Unidos y la guerra irregular en Nuestra América
Estados
Unidos, como un imperialismo en crisis, apuesta a la guerra como una
forma de mantener su debilitada hegemonía. Esa guerra combina las
acciones bélicas convencionales, como se ha mostrado en Iraq y
Afganistán, con el combate irregular, sobre todo en aquellos lugares
donde su objetivo es derribar a los que concibe como enemigos de su
seguridad nacional, porque impulsan proyectos independientes y porque
poseen recursos estratégicos que necesita con urgencia para mantener su
despilfarrador modo de vida. Por eso, en el presupuesto del Pentágono
para el 2010 se impulsa la guerra irregular, y se señala que se deben
seguir apoyando, lo que no es nuevo en el caso de Estados Unidos, el
“contraterrorismo, las tácticas de guerra no convencional, la defensa
interna en países extranjeros, la contrainsurgencia y las operaciones de
estabilidad” y por lo mismo el Pentágono debe “institucionalizar las
capacidades necesarias para conducir la Guerra Irregular… desarrollar
nuevas capacidades para enfrentar el rango de desafíos irregulares”
(Golinger, 2010).
Se anuncia la continuación de la guerra sin
fin “contra el terrorismo” como un enfrentamiento más prolongado que el
de la Guerra Fría, pues sus principales ideólogos han sostenido que la
guerra actual se extenderá por lo menos durante un siglo (cf. Dieterich,
2003: 127ss.). En estas circunstancias, el de ahora es un conflicto
persistente de largo plazo y de carácter total, que involucra a las
poblaciones de los diversos países que se incluyen en el enfrentamiento.
El manual sostiene que las operaciones en esta guerra son de “espectro
completo”, en las que se incluyen acciones ofensivas, defensivas y de
naturaleza militar y civil, todas de manera simultánea. Por ello, se
recalca la importancia de las operaciones psicológicas, en las cuales
sobresalen la propaganda y la desinformación, al mismo tiempo que las
tareas cívicas deben ser desempeñadas, junto con las acciones militares,
por el ejército de los Estados Unidos. En concordancia, se plantea que
en los conflictos está incluida de manera forzosa la población civil
(cit. en Golinger, 2010).
En la práctica, es el
reconocimiento de que la doctrina militar imperante en las fuerzas
armadas de los Estados Unidos es la de la cuarta generación, porque ya
no existen campos de batalla claramente definidos, ni combatientes, ni
armas convencionales, porque finalmente “todos somos guerreros y
guerreras en una guerra sin fin y sin fronteras”, como dice Eva
Golinger.
1. Estrategia militar de los Estados Unidos en América Latina
El
despliegue de la IV Flota, el establecimiento de bases militares en
varios países, la intervención en Haití en enero de 2010, el despliegue
de la guerra de cuarta generación en varios países de la región forman
parte de una estrategia global del imperialismo estadounidense con la
intención de retomar el dominio pleno de los territorios del Caribe y de
toda nuestra América. Eso aparece claro en el informe del Comando Sur
de los Estados Unidos (USSOUTHCOM, por su sigla en inglés) titulado La
“Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos 2018 Amistad y
Cooperación por las Américas”, en el que se revela la estrategia de este
país para toda América Latina y el Caribe.[2] El Comando Sur es el
organismo militar encargado de toda América Latina, desde el sur de
México hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe. Su sede está en Miami y
cuenta con un personal permanente de 1200 efectivos militares y
funcionarios civiles (cf. Chiani, 2009). En este documento se enuncian
como objetivos prioritarios asegurar la defensa de los Estados Unidos,
fomentar la estabilidad del continente e impulsar su prosperidad. Para
que eso sea posible, hay que enfrentar las amenazas y desafíos, entre
los que menciona la pobreza, la inequidad social, la corrupción, el
terrorismo, el tráfico de drogas, la criminalidad y los desastres
naturales, todos los cuales, desde luego, plantea combatir con el fin de
alcanzar “los objetivos estratégicos de los Estados Unidos” (ibíd.).
El
Comando Sur está presente en la mayor parte de América Latina, a través
de las bases militares y de acuerdos con diversos gobiernos de la
región que les permiten participar en maniobras conjuntas y en otras
actividades de patrullaje, entrenamiento y ejercicios navales, aéreos y
terrestres con los ejércitos que participan en esos acuerdos con el
imperialismo estadounidense. Esto lo menciona sin titubeos este
documento del Comando Sur: “la misión más importante que tenemos es
proteger nuestra patria. Garantizamos la defensa avanzada de los Estados
Unidos al defender los accesos del sur. Debemos mantener nuestra
capacidad de operar en los espacios, aguas internacionales, aire y
ciberespacio comunes mundiales y desde ellos”.
En este
documento se expresan con claridad los verdaderos objetivos estratégicos
del imperialismo estadounidense, obviamente encubiertos con la retórica
típica del libre mercado y la seguridad, como cuando se señala que
“mientras se lleven a cabo operaciones militares y haya cooperación de
seguridad con los países de la región, se logrará una organización líder
que constituya la defensa avanzada de los Estados Unidos”. Esta puede
considerarse como una declaración similar a la del Destino Manifiesto
del siglo XIX, con la cual Estados Unidos reclamaba para sí el dominio
de todo el territorio que se encuentra al sur del Río Bravo.
2. Plan Colombia
El
acuerdo militar firmado en octubre de 2009 entre el gobierno colombiano
y los Estados Unidos fue la continuación del mal llamado Plan Colombia,
que se inició hace un poco más de una década. Este fue escrito
originalmente en inglés en los Estados Unidos y luego se dio a conocer
en Colombia. Fue presentado como un acuerdo encaminado a luchar contra
el narcotráfico, puesto que desde hace varias décadas Colombia es el
primer productor mundial de cocaína y produce en menor escala marihuana y
amapola, a partir de la cual se fabrica la heroína. Este plan fue
concebido desde un principio con un doble propósito estratégico: como un
proyecto contrainsurgente encaminado a fortalecer el aparato bélico del
Estado colombiano, el cual había recibido duros golpes militares de la
guerrilla; y controlar la región amazónica, una zona geopolítica
esencial para los Estados Unidos. Tanto el gobierno colombiano como el
de Estados Unidos reafirmaron de manera reiterada que el Plan Colombia
era un proyecto para luchar de manera exclusiva contra la producción de
narcóticos, pero era evidente, como se ha demostrado después, que su
finalidad era contrainsurgente y para eso se necesitaba financiar y
rearmar al Ejército. En ese contexto, mientras el gobierno de Andrés
Pastrana desarrollaba unos diálogos de paz con las FARC, Estados Unidos
financiaba y reorganizaba a las Fuerzas Armadas mediante el Plan
Colombia.
El gobierno de los Estados Unidos se presentaba con ese
plan como un adalid de la lucha contra los narcóticos en las zonas de
producción, pero sin enfrentar el problema del consumo doméstico,
privilegiando la militarización de Colombia como forma de combatir la
generación de cocaína, fórmula compartida por la oligarquía de este
país. Para ello nada mejor que poner en práctica una política de tierra
arrasada en las regiones productoras de hoja de coca, mediante la
realización de costosas e infructuosas fumigaciones aéreas, que han
devastado miles de hectáreas de pequeños campesinos en diversas regiones
del país, en especial en las zonas selváticas del Sur, lo que también
ha afectado a países fronterizos, como Ecuador. Pese a eso, la lucha
contra las “drogas ilícitas” solo era un pretexto para afianzar la
presencia directa de Estados Unidos en la región andino-amazónica, como
ha quedado suficientemente claro en los últimos años.
Hoy
puede apreciarse con claridad que uno de los objetivos del plan Colombia
era el de fortalecer la capacidad bélica del Estado colombiano, no solo
para enfrentar al movimiento insurgente, sino también para contar con
uno de los ejércitos mejor armados del continente, como lo es en la
actualidad. Eso se puede mostrar con unos pocos datos, de por sí muy
reveladores: entre 1998 y 2008, unos 72.000 militares y policías de
Colombia fueron adiestrados por personal de los Estados Unidos, lo que
hace que Colombia sea el segundo país del mundo, después de Corea del
Sur, en recibir este tipo de entrenamiento; a fines de la primera década
del siglo XXI, se encontraban operando en territorio colombiano 1.400
militares y contratistas (un eufemismo de mercenarios) de los Estados
Unidos, cuando a comienzos del Plan Colombia se había dicho que
solamente iban a operar unos 400; la Embajada de los Estados Unidos ha
crecido de tal manera en cantidad de personal administrativo, militar y
de espionaje que es la quinta más grande del mundo; el Plan Colombia ha
costado, hasta 2008, 66.126 millones de dólares, incluyendo el aporte de
Estados Unidos y el dinero dado por el gobierno de Colombia (cf. Otero
Prada, 2010: 129ss.).
Bases militares de Estados Unidos en Colombia según el acuerdo de 2009
Esa
fue la primera fase, el Plan Colombia propiamente dicho. La segunda
fase consistió en llevar la guerra interna de Colombia más allá de sus
fronteras para involucrar a los países vecinos, como en efecto ha
sucedido. Y la tercera fase es la de la guerra preventiva, la típica
doctrina nazi-estadounidense posterior al 11 de septiembre, que se ha
puesto en práctica en los últimos años, y cuyo hecho más resonante fue
el ataque aleve y criminal en el Ecuador en marzo de 2008 por parte de
Fuerzas Armadas de Colombia.
Algunas cifras ayudan a sopesar
la magnitud de la transformación militar que ha significado el Plan
Colombia: el gasto militar de Colombia representa el 6,5 del PIB, una de
las cifras más altas del mundo, mientras el de los países de Sudamérica
oscila entre el 1,5 % y el 2 %; las Fuerzas Armadas de Colombia son las
que más han crecido en el continente, y quizá en el mundo, en la última
década, pues hoy ya tienen cerca de medio millón de efectivos, contando
todos los contingentes de aire, mar y tierra, así como la policía, que
en Colombia es un cuerpo armado y depende directamente del Ministerio de
Defensa; en el 2008, el ejército de tierra tenía 210.000 miembros,
mientras que el de Brasil contaba con 190.000, el de Francia con
137.000, el de Israel con 125.000; la relación de efectivos del ejército
colombiano está en proporción de seis a uno con Venezuela y de once a
uno con Ecuador (cf. Isaza Delgado/Campos Romero, 2008: 3 ss.; Calle,
2008; Zibechi, 2008).
Como contraprestación a esta “ayuda
militar” de los Estados Unidos, estimada en 5.525 millones de dólares
entre 2001 y 2008 –que convierte a Colombia el tercer país del mundo en
recibir asistencia militar de los Estados Unidos, después de Israel y
Egipto–, el Estado colombiano ha respaldado cuanta aventura bélica o
agresión realiza el imperialismo estadounidense: fue el único de América
del Sur que apoyó abiertamente la criminal guerra y ocupación de Iraq,
llegando hasta el extremo de felicitar a George Bush por su “éxito” y
solicitar que, tras el proclamado fin de la guerra en mayo de 2003,
fueran enviados los bombarderos yanquis a Colombia a combatir a las
organizaciones guerrilleras; de este país han salido contingentes
militares para participar como miembros de las tropas de ocupación en
Afganistán, o como mercenarios privados en Iraq; el régimen de Uribe
apoyó el golpe de Estado en Honduras (junio del 2009) y fue el primer
presidente en visitar al ilegítimo Porfirio Lobo, quien sustituyó al
gobierno de facto. Más recientemente, el régimen de Juan Manuel Santos
ha sido el único de Sudamérica en negarse a apoyar el reconocimiento del
Estado Palestino y respaldar en la práctica al sionismo genocida, con
el pueril argumento de que solo apoyaría la creación de dicho Estado
cuando se reanuden los diálogos entre Israel y la autoridad Palestina.
En
conclusión, “el Plan Colombia, y sus otros anexos, es el mayor proyecto
geoestratégico que se haya trazado para recolonizar América Latina” y
la militarización ha sido “el mecanismo prioritario de Estados Unidos
para ejercer su dominio económico y geopolítico” (Calloni, 2009).
III. Las bases militares de los Estados Unidos: los eslabones de una red mundial de terror
Estados
Unidos tiene regadas bases militares por los cinco continentes. Con
exactitud no se conoce la cantidad de bases que posee, aunque según un
inventario oficial elaborado por el Pentágono, en el 2008 Estados Unidos
tenía 865 bases en 46 países, en los cuales desplegaba unos 200 mil
soldados. Sin embargo, algunos de los que han estudiado con detalle el
asunto sostienen que el número total de bases es de unas 1.250,
distribuidas en más de 100 países del mundo. La dificultar para precisar
su número estriba en que en las cifras oficiales no se consideran las
bases que se han instalado en Afganistán e Iraq, territorios actualmente
invadidos por los Estados Unidos.
En América Latina, Estados
Unidos cuenta en estos momentos con un total de 27 bases oficialmente
reconocidas, incluyendo a las colombianas, y a las cuales deben
agregarse otras que nunca se mencionan, pero que en la práctica operan,
como tres que hay en el Perú. Esas bases son las siguientes: en América
Central, se encuentran la base de Comalapa en el Salvador, la de
Soto-Cano (o Palmerola) en Honduras, desde donde se planeó el golpe
contra el presidente Zelalla, en Costa Rica está la base de Liberia, que
dejo de funcionar un tiempo pero que volvió a operar recientemente. En
América del Sur operan en Perú tres bases de las que poco se habla; en
Paraguay está la base militar Mariscal Estigarribia, localizada en el
Chaco, con capacidad para alojar a 20 mil soldados y se encuentra
situada en un lugar estratégico, cerca de la triple frontera y al
acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande del mundo; en el
Caribe, existen bases en Cuba, la de Guantánamo, usada como centro de
tortura; en Aruba, la base militar Reina Beatriz y en Curaçao la de
Hatos. A este listado deben agregarse las 7 bases reconocidas en
Colombia, cifra que es mayor, y las que se instalaran en Panamá (cf.
Modak, 2009).
¿Cómo podría definirse una base militar? De
manera simple puede decirse que es un lugar en donde un ejército
entrena, prepara y almacena sus maquinarías de guerra. Se puede hablar,
según sus funciones específicas, de cuatro tipos de bases militares:
aéreas, terrestres, navales y de comunicación y vigilancia. Como el
imperialismo estadounidense ve a la superficie terrestre como un inmenso
campo de batalla,
las bases o instalaciones militares de
diversa naturaleza están repartidas en una rejilla de mando dividida en
cinco unidades espaciales y cuatro unidades especiales (Comandos
Combatientes Unificados). Cada unidad está situada bajo el mando de un
general. La superficie terrestre está entonces considerada como un vasto
campo de batalla que puede ser patrullado o vigilado constantemente a
partir de estas bases (Dufour, 2007).
Chalmers Johnson señaló
que, durante el gobierno de Bush, se diseñó la estrategia de actuar
contra los “Estados Canalla”, que forman un arco de inestabilidad
mundial que va desde la zona andina (Colombia, Venezuela, Ecuador,
Bolivia), atraviesa el norte de África, pasando por el oriente próximo
hasta llegar a Filipinas e Indonesia. Este arco de inestabilidad
coincide con lo que se denomina el “anillo del petróleo”, que se
encuentra en gran medida en lo que antes se conocía como Tercer Mundo.
Según Johnson, “el militarismo y el imperialismo son hermanos siameses
unidos por la cadera… Cada uno se desarrolla con el otro. En otro
tiempo, se podía trazar la extensión del imperio contando las colonias.
La versión estadounidense de las colonias son las bases militares…”
(Johnson, 2004).
Comandos militares de Estados Unidos en el mundo
El
establecimiento de bases militares en todo el mundo, en zonas vitales
desde el punto de vista económico y político, demuestra que se han
ampliado las estrategias, porque ya no se trata solamente de las
clásicas intervenciones que operan desde afuera para derrocar a un
régimen considerado enemigo por parte de los Estados Unidos, como ha
sucedido en Iraq y Afganistán. Ahora se trata de tomar posesión del
territorio de un país de manera directa para contar con una fuerza
militar activa que funciona en forma autónoma y con una gran capacidad
operativa y en el ramo de la inteligencia. Para hacerlo posible, Estados
Unidos usa sofisticada tecnología y despliega una impresionante
capacidad de hacer daño a países y a territorios localizados en
cualquier lugar del planeta (cf. Ruiz Tirado, 2009).
La
difusión de los intereses económicos y financieros del imperialismo
hasta el último rincón del planeta requiere de un respaldo militar, que
se expresa en poder de fuego y en movilidad. Poder de fuego para
doblegar brutalmente a sus oponentes, como Estados Unidos lo viene
haciendo desde la invasión a Panamá en diciembre de 1989, y a la que han
seguido las apocalípticas guerras en el Golfo Pérsico, en la antigua
Yugoslavia, en Afganistán. No es casual el mismo nombre que se le ha
dado a algunas de esas campañas (Conmoción y Pavor, Tormenta del
Desierto) y que los voceros más cínicos de los Estados Unidos hayan
dicho que cada una de esas guerras tenía la finalidad de hacer regresar a
los países agredidos a la edad de piedra. Movilidad para poderse
desplazar de manera rápida de las bases militares hacia los teatros de
guerra, o en otros términos, desplegar la potencia militar sin
restricciones en cualquier lugar de la tierra.
En este
sentido, Estados Unidos dispone en la actualidad del más sofisticado y
terrorífico poderío militar que se ha erigido en la historia de la
humanidad, que se despliega por mar, aire y tierra. Tiene barcos de
guerra, portaaviones y submarinos en todos los océanos del mundo, desde
donde despegan cientos de aviones para bombardear objetivos situados a
cientos e incluso miles de kilómetros de distancia. Para que todo esto
sea posible es indispensable contar con una red mundial de bases
militares, distribuida en todos los continentes. Esas bases se
encuentran desplegadas en zonas en las que hay ejes de transporte
rápido, en donde se recoge información mundial, para espiar y vigilar a
sus adversarios. Esto permite disponer de una red comunicacional
interconectada con aviones, ferrocarriles, carros de combate, barcos,
submarinos, que cuentan con una infraestructura física vital para su
funcionamiento, mediante el control de aeropuertos, puertos fluviales y
marítimos, carreteras, autopistas y centrales de telecomunicaciones.
De
una importancia similar a las bases militares son los portaaviones,
desde donde se realizan intervenciones rápidas. Estados Unidos cuenta en
la actualidad con 12 portaaviones desplegados por todos los mares del
mundo. En torno a cada portaviones se constituye un grupo, esto es, una
flota en la que van buques y submarinos, que lo protegen de eventuales
ataques aéreos y submarinos: “Los portaviones forman la base de una
enorme capacidad ofensiva aérea sin equivalente. Cada portaviones
transporta 50 aviones capaces de llevar a cabo entre 90 y 170 ataques al
día en función de la misión. Cada grupo contiene también 2 cruceros
lanza misiles. Para tener capacidad de ataque terrestre, estos grupos
son completados con tropas y vehículos anfibios” (McEjércitos, 2007).
En
estas condiciones, la importancia militar de las bases instaladas en
Colombia –de hecho, todo su territorio– está relacionada con la
estrategia de movilidad de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en
el centro, el sur de América y en el Caribe. De manera un poco más
precisa, el imperialismo estadounidense ha propuesto cuatro modelos de
posicionamiento militar en nuestro continente: bases de gran tamaño,tipo
Guantánamo, en donde hay instalaciones militares completas, ocupadas en
forma permanente por efectivos militares y sus familias; bases de
tamaño medio, como la de Palmerola, que cuenta con amplias instalaciones
que están ocupadas por un personal que se renueva cada semestre; bases
pequeñas, bautizadas con el eufemismo de Cooperative Security Locations
(CSL), “localidades de seguridad cooperativa”, como las de Curaçao o
Comalapa, en donde hay poco personal, pero tienen una importante
capacidad operativa en materia de telecomunicaciones y de información,
la cual es transmitida a territorio de los Estados Unidos; las bases
micro, son sitios de transito que se usan para permitir el
avituallamiento de los aviones, los que luego despegan hacia sus
objetivos, como ejemplo de lo cual puede mencionarse la base de Iquitos,
en el Perú (cf. Herren, 2009).
3. Colombia, un portaaviones terrestre de los Estados Unidos
Colombia
pasó a convertirse oficialmente en un portaviones terrestre de los
Estados Unidos en octubre de 2009, cuando se firmó un “acuerdo” entre
los dos países, mediante el cual se establecieron 7 bases militares en
el territorio. Aunque, meses después, tribunales colombianos hayan
declarado la nulidad del tratado, en la práctica este ha seguido
operando como si nada hubiera pasado. Por ello, es necesario recordar
los elementos básicos de ese tratado, para sopesar el papel que
desempeña el Estado colombiano como servidor incondicional del
imperialismo estadounidense.
En ese ignominioso “acuerdo”,
Colombia le conceden a Estados Unidos siete bases, distribuidas a lo
largo y ancho de la geografía de Colombia, junto con otras prerrogativas
que convierten a este país en un protectorado yanqui. En la práctica,
hemos regresado a formas de sujeción cuasi coloniales, propias de un
distante pasado, tan lejano como el que se quiso superar con las guerras
de la independencia hace dos siglos.[3]
En el artículo III se detalla el alcance real de la ignominiosa entrega cuando se señala que las partes
acuerdan
profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad,
procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e
instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y
reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas
mutuamente, y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad,
la libertad y la democracia.
Así mismo,”se comprometen a
fortalecer y apoyar iniciativas de cooperación regionales y globales
para el cumplimiento de los fines del presente Acuerdo”. Es necesario
subrayar que está incluido prácticamente todo con esa afirmación tan
etérea de “otras actividades acordadas mutuamente”, entre las cuales
podían incluirse acciones como las de bombardear otro país, como le
sucedió a Ecuador el primero de marzo de 2008, lo cual se reafirma con
aquello de “fortalecer y apoyar iniciativas de cooperación regionales”,
entre las que pueden involucrarse todos los hechos ilegales que se
libran en estos momentos desde Colombia contra países.
Desde
hace ya varios años, mucho antes del acuerdo formal de 2009, venían
operando bases militares de los Estados Unidos en diversos lugares de la
geografía colombiana, entre las que cabe recordar las de Tres Esquinas y
Larandia en el sur del país. Y eso sin contar con que militares y
mercenarios de los Estados Unidos hacia presencia en gran parte de las
instalaciones militares del Ejército colombiano, como en las de
Tolemaida y Palanquero.
• bases militares de EE.UU • metales estratégicos
Al
observar el mapa, se constata que estas bases se encuentran
distribuidas en puntos estratégicos del territorio colombiano, tanto en
las dos costas como en zonas selváticas y en pleno centro del país.
Dados la velocidad de los aviones militares de los Estados Unidos y el
radio de acción de la tecnología satelital empleada para espiar a miles
de kilómetros de distancia, puede concluirse, sin mucho esfuerzo, por
qué se dice que Colombia se ha convertido en el portaaviones terrestre
del imperialismo estadounidense. Esto, por desgracia, no es una figura
retórica, sino que es una terrible realidad, máxime si se añade que
existen otras instalaciones militares que desde hace tiempo son
manejadas por los Estados Unidos, como acontece con la base de Marandua,
cerca de la frontera venezolana. Algo similar ocurre con las bases de
Tres Esquinas y Larandia, ubicadas en el Departamento de Caquetá, que
han sido utilizadas para operaciones aéreas y de inteligencia de las
fuerzas armadas de los Estados Unidos y desde donde salen los aviones
que fumigan con glisfosato las parcelas de indígenas y campesinos en el
sur del país.
El pretexto estadounidense de que las bases
militares en Colombia no van a ser usadas para agredir, espiar y atacar a
otros países de la región, sino que su objetivo es combatir el
narcotráfico no resiste la menor prueba empírica, como lo demuestra el
Plan Colombia. Este, en apariencia diseñado para combatir el
narcotráfico, tras una década de operación y con unos gastos de miles de
millones de dólares, no ha logrado disminuir el cultivo de hoja de
coca, sino que la ha expandido y llevado a sitios en donde hace 10 años
no se daba. Hoy Colombia cuenta con más de 100 mil hectáreas sembradas
de hoja de coca y desde aquí se exportan unas 900 toneladas de cocaína
cada año.
En cuanto a la importancia estratégica de estas
bases para los Estados Unidos, el mejor ejemplo es el de Palanquero.
Esta “base expedicionaria, tiene la capacidad de albergar C-17, aviones
de transportes, y para 2025 se prevé que esta base tenga la capacidad de
movilizar a 175.000 militares con sus pertrechos en apenas 72 horas”
(cit. en Machado, 2009). Palanquero posee una pista de 3 kilómetros de
largo, de la que pueden despegar de manera simultánea tres aviones cada
dos minutos; cuenta con hangares para una centena de aviones y puede
albergar hasta 2000 militares. El llamado Libro Blanco del año 2009, sin
ambigüedades afirma sobre Palanquero:
Recientemente, el
Comando Sur (USSOUTHCOM) ha tomado interés en establecer una localidad
en el continente suramericano que pudiera utilizarse tanto para las
operaciones antidroga como para operaciones de movilidad. En
consecuencia, con la ayuda del AMC y el Comando de Transporte, el
Comando Sur ha identificado Palanquero, Colombia (base aérea Germán
Olano, (SKPQ)) como una localidad de seguridad de cooperación (CSL). A
partir de esta localidad cerca de la mitad del continente puede cubrirse
con un C17 sin reabastecimiento.
De haber suministro
adecuado de combustible en el destino, un C17 puede abarcar todo el
continente exceptuando la región de Cabo de Hornos en Chile y Argentina.
Mientras el Comando Sur defina un sólido plan de compromiso de teatro,
la estrategia de establecer una localidad de cooperación en Palanquero
debería ser suficiente para el alcance de movilidad aérea en el
continente suramericano[4].
IV. Algunas razones que explican la implantación de bases de Estados Unidos en Colombia
Para
terminar, vale la pena indagar las razones que explican la implantación
de bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano. Hay por
lo menos tres hechos básicos: el interés de Estados Unidos en apoderarse
del petróleo de Venezuela y de los recursos naturales de la región
Andino-Amazónica; la pretensión de sabotear los intentos de unidad de
América Latina, en especial el ALBA; y el interés en impedir la
consolidación de procesos nacionalistas en ciertos países de la región.
Por supuesto, estos hechos no operan en forma aislada, sino que se
encuentran entrelazados, porque uno no se entiende sin el otro. En pocas
palabras, no pueden verse de manera separada, puesto que para conseguir
uno de ellos se precisa, en el caso de la estrategia de los Estados
Unidos, de la consecución de los otros dos. Así, por ejemplo, volver a
controlar de manera plena el petróleo de Venezuela requiere revertir la
revolución bolivariana, encabezada por Hugo Chávez, y de eso se
desprende liquidar los proyectos de integración, como el ALBA.
1. El petróleo de Venezuela y otros recursos naturales de la región
La
imposición de las bases en una zona estratégica como Colombia apunta al
control, por parte de los Estados Unidos, de importantes recursos
naturales que se encuentran en la zona andino-amazónica, empezando por
el petróleo. Al respecto sobresale Venezuela, que cuenta con importantes
reservas de crudo, que lo ubican entre los primeros productores a nivel
mundial. Aunque Venezuela no ha suspendido la venta de petróleo a
Estados Unidos, el gobierno de Hugo Chávez ha desempeñado un importante
papel en diversos planos, tanto a nivel local como mundial, en el manejo
del recurso petrolero a favor de la población venezolana. En ese
sentido, se destaca su activo papel en revivir a la OPEP, lo que ha
incido en el mejoramiento del precio del barril de petróleo en el
mercado mundial, su exigencia a las empresas multinacionales para que
paguen mejores regalías y respeten las leyes nacionales de Venezuela y
la venta de petróleo a precios subsidiados a Cuba, Haití y otros países
de la región. Estas determinaciones han chocado a Estados Unidos, por el
nivel de independencia y soberanía que representan si se les compara
con la política de sumisión petrolera de gobiernos como los de México o
Colombia.
Además, debe tenerse en cuenta que, en estos
momentos de agotamiento del petróleo a nivel mundial, Estados Unidos, el
principal consumidor de hidrocarburos, depende en gran medida de los
recursos materiales y energéticos que se encuentran fuera de su
territorio. Como, al mismo tiempo, no está dispuesto a modificar su
nivel de vida, basado en el consumo intensivo de energía fósil, libra en
la práctica una guerra mundial por el control de los recursos del
mundo. Y en esa guerra no declarada ni reconocida, Venezuela juega un
papel de primer orden, por la magnitud de sus reservas. Al respecto, en
un estudio reciente del Servicio Geológico de los Estados Unidos, se
calcula que la franja del Orinoco tiene unos 513.000 millones de
barriles, casi el doble de reservas de petróleo que Arabia Saudita, el
primer productor mundial de crudo en la actualidad y hasta ahora
poseedor de las que se consideraban las reservas más grandes del mundo,
con 266.000 millones de barriles. Resulta significativo que la
evaluación de un organismo de los Estados Unidos concluya que en
Venezuela se encuentran las reservas más grandes de petróleo del mundo y
que, además, sea la mayor estimación que hasta la fecha se ha hecho
sobre cualquier lugar del mundo.[5]
Esto pone de relieve la
importancia estratégica de Venezuela para los Estados Unidos, como lo
vienen manifestando desde hace algún tiempo diversos ideólogos y
portavoces del complejo militar-industrial-petrolero de la primera
potencia mundial. Las afirmaciones más enfáticas las hizo el senador
republicano Paul Coverdale, primer ponente del Plan Colombia, quien
aseguró en 1998 que “para controlar a Venezuela es necesario ocupar
militarmente a Colombia”. En 2000, este mismo personaje reafirmó con más
detalles:
Aunque muchos ciudadanos teman otro Vietnam,
resulta necesario, porque Venezuela tiene petróleo. Venezuela tiene
animadversión por Estados Unidos, éste debe intervenir en Colombia para
dominar a Venezuela. Y puesto, que Ecuador también resulta vital, y los
indios de allí son peligrosos, los Estados Unidos, también tienen que
intervenir ese país. [...] Si mi país está librando una guerra
civilizadora en el remoto Iraq, seguro estoy que también puede hacerlo
en Colombia, y dominarla a ella y a sus vecinos: Venezuela y Ecuador
(cit. en Pereyra, 2009).
Esto mismo ha sido ratificado en forma más
reciente en un documento redactado por el Comando Sur del Pentágono en
el que se indica sin muchos rodeos:
De acuerdo con el
Departamento de Energía, tres naciones, Canadá, México y Venezuela,
forman parte del grupo de los cuatro principales suministradores de
energía a EEUU, los tres localizados dentro del hemisferio occidental.
De acuerdo con la Coalition for Affordable and Reliable Energy, en las
próximas dos décadas EEUU requerirá 31 % más producción de petróleo y 62
% más de gas natural, y América Latina se está transformando en un
líder mundial energético con sus vastas reservas petroleras y de
producción de gas y petróleo (cit. en Saxe-Fernández, 2009).
Por
supuesto, no solo está en la mira el petróleo de Venezuela, sino que
Estados Unidos también desea controlar y apoderarse de otros recursos
naturales que se encuentran en los países de la región andino-amazónica,
entre los que pueden mencionarse el gas de Bolivia, el petróleo de
Ecuador, el agua, la biodiversidad y los recursos forestales de Colombia
y Brasil y todo aquello que sea susceptible de extraerse y
mercantilizarse para provecho del imperialismo y sus empresas, como los
saberes indígenas de los milenarios habitantes de selvas y bosques de
América Central y Sudamérica.
2. Destruir los proyectos de unidad regional
Laconstrucción
de una nación que integraría los antiguos territorios del imperio
español, como forma de asegurar su prosperidad y enfrentar y resistir
las ambiciones expansionistas de diversos imperios, de Europa y de los
nacientes Estados Unidos, se constituyó en uno de los sueños más
anhelados de los más preclaros líderes de la independencia en nuestro
continente. Desde un primer momento, esos intentos de unidad naufragaron
por diversas razones, entre ellas la constitución de poderes locales de
tipo caudillista y la acción soterrada o abierta de grandes potencias
que siempre se han basado en la lógica de “dividir para reinar”. En
tiempos recientes, y con un gran empuje del gobierno bolivariano de
Venezuela, se ha hecho revivir un proyecto de integración que se ha
plasmado en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA), que representa el proyecto de unidad económica, política y
cultural más importante de todos los que se han realizado en nuestra
América desde los tiempos de la Gran Colombia. Así mismo, en estos
momentos también existen otras propuestas de unidad, como la de El
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) y últimamente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC).
Como es de suponer, estos procesos de
integración, surcados por múltiples dificultades y contradicciones
internas, no son muy bien recibidos por Washington y sus socios más
arrodillados, como lo demuestra el caso de Honduras, donde se perpetró
un golpe contra su presidente constitucional, que tenía entre sus
objetivos principales impedir la vinculación efectiva de ese país al
ALBA, como lo lograron porque el régimen golpista, formado por
servidores incondicionales de Estados Unidos, retiró a Honduras de ese
acuerdo meses después. Esto indica, a través del caso de un país cuyos
gobernantes siempre han sido incondicionales a los Estados Unidos, que
para el imperialismo y sus multinacionales la existencia del ALBA es un
trago amargo difícil de digerir y están dispuestos a realizar todo tipo
de maniobras para sabotear este proyecto de integración.
En
ese propósito de torpedear dicha integración, en la que participan
países de la zona andina como Venezuela, Ecuador y Bolivia, el régimen
colombiano juega un papel de primer orden, como ya lo ha demostrado
fehacientemente. Esto se evidencia con algunos hechos que vale la pena
recordar: la atomización de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que
obligó a Venezuela a retirarse de este acuerdo, cuando Colombia, junto
con Perú, decidieron impulsar Tratados de Libre Comercio con Estados
Unidos en 2006, negociando de manera bilateral, sin consultar a los
otros miembros, y violando en la práctica los compromisos contraídos con
antelación de no entablar acuerdos en forma separada; el bombardeo a
territorio ecuatoriano el primer día de marzo de 2008 y la campaña de
calumnias e infundios que desde entonces se ha propagado desde las altas
esferas del gobierno, del ejército y de la “gran prensa” de Colombia,
no solo para justificar ese hecho ilegal y criminal, sino para enlodar a
los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, además del anuncio reiterado
que se volverían a realizar agresiones similares cuando lo consideren
necesario; las reiteradas incursiones de grupos paramilitares,
procedentes de Colombia, en los territorios de otros países con el fin
de causar pánico y aterrorizar a los ciudadanos colombianos que huyeron
de nuestro país o de advertir sobre lo que están dispuestos a hacer con
los vecinos; el racismo contra la población humilde de Ecuador y
Venezuela (indígenas, afrodescendientes y mulatos) que destilan
representantes de las clases dominantes de Colombia y que reproducen sus
medios de comunicación.
3. Saboteo a los procesos nacionalistas en marcha
La
implantación de las bases militares en Colombia también está
relacionada de manera directa con la decisión del gobierno de los
Estados Unidos, y de sus lacayos de América del Sur, de oponerse a los
gobiernos nacionalistas que han surgido en varios países de la región en
los últimos años. Sobre el particular, un documento de mayo de 2009 de
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos enfatiza la importancia de la base
de Palanquero, en el centro de Colombia, al recalcar que nos da una
oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una
subregión crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y
estabilidad están bajo amenaza constante por las insurgencias
terroristas financiadas con el narcotráfico, los gobiernos
antiestadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres
naturales (Blair, s/a).
Se agrega en este mismo documento que
la base de Palanquero, por su capacidad, excelente ubicación y buena
pista, significa ahorrar costos, y su aislamiento relativo “minimizará
el perfil de la presencia militar estadounidense”. Con ello, se mejorará
la capacidad de EEUU para responder rápidamente a una crisis, y
asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense con un costo
mínimo. Palanquero ayuda con la misión de movilidad porque garantiza el
acceso a todo el continente de Suramérica con la excepción de Cabo de
Hornos, si el combustible está disponible, y más de la mitad del
continente sin tener que reabastecer (Golinger, 2009).
En
cuanto a las cuatro razones mencionadas por las cuales se justifica el
establecimiento de la base de Palanquero (lucha contra lo que Estados
Unidos denomina “terrorismo” y narcotráfico, gobiernos
antiestadounidenses, pobreza y desastres naturales) en muy poco tiempo
la ocupación armada de Haití por los Estados Unidos ha saldado cualquier
discusión, pues los hechos han venido a mostrar el verdadero alcance
del intervencionismo de los Estados Unidos, aunque éste no haya sido
hecho desde Palanquero, pero si indica lo que les espera a los países de
la región en un futuro inmediato. En efecto, después del devastador
terremoto natural que asoló a la empobrecida isla caribeña, que se sumó
al terremoto social y económico provocado por el capitalismo y el
imperialismo desde hace décadas, Estados Unidos, en lugar de enviar
ayuda sanitaria, alimenticia o económica para socorrer a los millones de
damnificados, desembarcó más de 20 mil marines, y se convirtió en una
fuerzade facto con el pretexto de mantener el orden. En realidad, esa
ocupación está relacionada con otras razones de tipo estratégico:
convertir a Haití en otro portaviones terrestre para desde allí espiar y
preparar agresiones contra los países de la región; asegurarse el
control de posibles yacimientos de minerales y de petróleo que pudieran
encontrarse en el subsuelo de ese país; evitar la migración masiva hacia
los Estados Unidos de los haitianos que tratan de huir de la miseria y
la desolación; y, facilitar el establecimiento de maquilas para las
multinacionales, aprovechando una fuerza de trabajo casi gratuita. Estas
son algunas de las consecuencias que se desprenden de las
intervenciones imperialistas que se justifican a partir de lo que los
Estados Unidos denominan, en forma eufemística, “desastres naturales”.
Por
otro lado, en documentos oficiales de diversas instancias del gobierno
de los Estados Unidos, que son reproducidos de forma inmediata por las
clases dominantes de Colombia y por la prensa del país y del continente,
se acusa a los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia de múltiples
delitos: entorpecer la lucha contra las drogas, que supuestamente
llevaría a cabo Estados Unidos; haberse convertido en refugio de
“terroristas” de toda laya, llegando incluso a fabricar mentiras sobre
la supuesta presencia de grupos terroristas procedentes del Medio
Oriente en la Guajira venezolana o asegurar que en Venezuela se estarían
preparando armas nucleares y mil embustes por el estilo; en esos países
no se respetaría la libertad de prensa y se habrían convertido en
regímenes dictatoriales, que se oponen a la libre empresa y a la
propiedad privada. Para citar solo un ejemplo reciente, recordemos que
en febrero de 2010 Denis Blair, Director Nacional de Inteligencia de
Estados Unidos, señaló en forma irresponsable que el presidente
venezolano y sus aliados, y menciona en forma concreta a Cuba, Bolivia,
Ecuador y Nicaragua, se opondrán “a toda iniciativa estadounidense en la
región, entre ellas, la expansión del libre comercio, el entrenamiento
militar, la cooperación antidrogas y antinarcóticos, iniciativas de
seguridad e incluso programas de asistencia”. Dicha oposición, según el
vocero de los Estados Unidos, se explica porque el presidente Hugo
Chávez ha impuesto “un modelo político populista y autoritario en
Venezuela que mina las instituciones democráticas” (cf. Blair, s/a).
Todas
estas mentiras están inscritas en la llamada guerra de cuarta
generación que en estos momentos Estados Unidos, vía el gobierno
colombiano, libra de manera directa contra Venezuela y Ecuador. En este
tipo de guerra, el gobierno de Estados Unidos pretende mantenerse al
margen para dar la impresión que no está involucrado, recurriendo a
gobiernos títeres, como el de Colombia, para adelantar todas las
acciones criminales de saboteo y desestabilización interna en los países
que han adoptado proyectos revolucionarios o nacionalistas. Por eso, no
resulta extraño que desde el mismo momento de implantación de esos
gobiernos, Estados Unidos esté operando desde Colombia, y con la directa
participación de la oligarquía de este país para impedir la
consolidación de los procesos revolucionarios en marcha. Desde luego,
que esa oligarquía tiene sus propios intereses porque considera como un
muy mal ejemplo que se llegaran a fortalecer gobiernos nacionalistas,
que pudieran convertirse en un incentivo para los sectores populares de
Colombia, y para ello han librado con toda la premeditación y mentira
del caso una campaña mediática de infundios y mentiras entre la
población pobre, en la que se recurre a las calumnias racistas contra
los presidentes de varios países de la región, entre ellos Venezuela,
Ecuador y Bolivia.
En este tipo de guerra irregular, no
reconocida ni declarada nunca, pero tan mortífera como las guerras
convencionales, la oligarquía colombiana se ha valido de todas las
armas, que van desde la calumnia y la amenaza pública contra los
gobiernos de la región, pasando por su intento, por lo demás risible, de
acusar a Hugo Chávez y Rafael Correa como terroristas ante la ONU u
otras instancias internacionales, hasta llegar a la organización y
financiación de grupos de paramilitares que han incursionado en
territorio venezolano y que incluso han participado en acciones
criminales en ese país, incluyendo un intento de atentar contra el
presidente venezolano en 2005.
Que Estados Unidos sigue
pensando en términos de guerra irregular ha quedado demostrado con la
publicación de un Manual de Contrainsurgencia en 2009. El título podría
verse a primera vista como desfasado, puesto que este tipo de manuales
eran propios de la época de la Guerra Fría. Pero no hay tal desfase.
Ese
manual apunta a reforzar la idea que Estados Unidos se tiene que seguir
enfrentando a enemigos irregulares, y lo más preocupante para Colombia y
América Latina estriba en que a todos los mete en un mismo saco. En
efecto, en ese texto se sostiene que no hay diferencias entre
narcotráfico, terrorismo y movimientos guerrilleros; afirmación que se
sustenta en el hecho de que todas las organizaciones irregulares
comparten las mismas tácticas y estrategias y mecanismos de
financiación. Este nuevo rostro que la contrainsurgencia tiene un
terrible impacto, porque en esa lógica predomina una visión
exclusivamente militar y se renuncia a reformas sociales, económicas y
políticas, todo lo cual está inscrito en la lógica de guerra permanente y
preventiva.
Pero, además, al identificar como similares a
grupos guerrilleros con terroristas y narcotraficantes, lo que Estados
Unidos justifica es su involucramiento directo en las luchas internas,
que responden a condiciones política, que libran grupos que tienen sus
propios presupuestos ideológicos. Eso, sencillamente, es echarle leña al
fuego, porque una cosa es financiar, preparar y armar al ejército de un
Estado, lo que Estados Unidos viene haciendo desde hace 60 años, a
intervenir militarmente en forma abierta en un territorio extranjero, en
un país al cual no se le ha declarado la guerra. Desde luego, que
Estados Unidos ha intervenido de esta forma, pero eso se hacía en forma
soterrada y clandestina; lo que ahora se plantea es hacerlo de manera
directa, lo que supone ampliar la noción de campo de batalla a todo el
mundo (cf. Egremy, 2009). Esto quiere decir que Estados Unidos ha
decidido considerar que la guerra irregular adquiera tanta importancia
como la guerra convencional, y por ello deberá identificar sus
potenciales enemigos no estatales y estatales que se conviertan en
peligros para la seguridad de los Estados Unidos y atacarlos en sus
propios territorios. Con esto tenemos que a un país como Colombia ya no
solo van a venir mercenarios y asesores que, formalmente no intervienen
en las batallas, sino que en determinados momentos pueden llegar a
desembarcar marines.
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Vega Cantor, Renán. Historiador. Profesor titular de la Universidad
Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Doctor de la Universidad de
París VIII. Diplomado de la Universidad de París I, en Historia de
América Latina. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2
volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; El Caos
Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; Gente muy Rebelde (4
volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo:
mito y realidad; Entre sus últimos trabajos podemos mencionar: Los
economistas neoliberales, nuevos criminales de guerra: El genocidio
económico y social del capitalismo contemporáneo (2010). La República
Bolivariana de Venezuela le entregó en 2008 el Premio Libertador por su
obra Un mundo incierto, un mundo para aprender y enseñar. Dirige la
revista CEPA (Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo). Es
integrante del Consejo Asesor de la Revista Herramienta, en la que ha
publicado varios de sus trabajos.