Banco Mundial habría invertido en empresa que violó derechos humanos en Honduras

¿Cuál es el futuro de la izquierda en Colombia?

Exparamilitar testimonia ante la Fiscalía sobre reunión entre Uribe Vélez y Carlos Castaño

Militares patrullan con encapuchados en San Pablo (Bolívar)

Allende La Paz, Cambio Total.

A las tres de la mañana del pasado 30 de diciembre, un grupo armado ingresó al corregimiento de Santa Cecilia en Astrea, Cesar, e incendió siete casas.

Por: Tatiana Acevedo

Al día siguiente, pese a la llegada del Ejército, el mismo grupo quemó la casa del presidente de la Junta de Acción Comunal. El presidente ya no estaba en Santa Cecilia. Se había marchado días antes, después de que varias personas le contaran de un supuesto plan para asesinarlo. Los incendios no dejaron heridos, pero sí miedo, en un corregimiento que hace 14 años vivió la masacre, por cuenta del bloque Norte de las autodefensas, de doce personas (entre las cuales estaba un expresidente de la Junta de Acción Comunal). Quienes denunciaron el reciente ingreso del grupo armado sugieren que las acciones de intimidación deben estar relacionadas con “cuestiones de tierras”.

También relacionado con “cuestiones de tierras” estaría el asesinato de Giovany Leiton, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Zabaleta, en San José de Palmar, Chocó. Leiton, que pertenecía a la Mesa Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo, fue asesinado junto a su pareja hace cuatro días. Si vamos hacia atrás, a 2013, relacionado con despojo de tierras estaría el asesinato de Sergio Ulcué, líder campesino y vocero de un grupo de 170 familias desplazadas de Caloto, Cauca (el 18 de noviembre). El de Diana Marcela Morales, delegada ante el Comité Territorial de Justicia Transicional por el municipio de Angostura, Antioquia (el 22 de octubre). El de Ever Cordero, presidente de la Mesa Municipal de Desplazados en Valencia, Córdoba (el 9 de mayo). El de Iván Darío Restrepo, reclamante de tierras en Bello, Antioquia (el 5 de mayo). El de Ermes Vidal, líder de la población desplazada en Valencia, Córdoba (el 21 de marzo).

Para agosto de 2013, la Fiscalía General investigaba 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras”, perpetrados en 16 departamentos desde el año 2000. La Defensoría del Pueblo ha informado sobre “al menos 71 asesinatos de líderes de procesos de restitución de tierras ocurridos en 14 departamentos entre 2006 y 2011”. Pero el informe más completo sobre la situación de quienes regresan lo presentó Human Rights Watch, que habló de más de 80 casos de amenazas contra reclamantes de tierras y más de 30 nuevos casos de desplazamiento en los que reclamantes abandonaron su hogar una vez más luego de amenazas vinculadas con sus intentos de restitución o activismo. La ONG documentó episodios precisos de intimidación contra grupos enteros: contra los miembros de la asociación Urabá de Tierra y Vida, los líderes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar, los de la Mesa de Víctimas de Valencia (Córdoba), los promotores del retorno en el sur del Tolima y las poblaciones que regresaron a las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

Tras la publicación del informe, funcionarios y medios de comunicación se enfrascaron en una árida y necesaria discusión sobre lo exacto o exagerado de las cifras. Si retornaron una o varias familias ocupó la atención de quienes participaron en el debate. Sin embargo, el tiempo pasa y los asesinatos y amenazas son cotidianos. El problema no tiene que ver con el trabajo o las buenas intenciones de las unidades de víctimas o restitución. Tampoco es uno que se resuelva poniendo y quitando escoltas. Quizá es momento de cambiar de palabras: no hablar de un proceso que “tropieza con obstáculos de seguridad”, sino de uno que no funciona por el homicidio sistemático de sus líderes. Y cambiar de preguntas: en vez de cuántos regresaron, preguntarse en qué condiciones lo hicieron, por cuánto tiempo, a qué precio.