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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, enero 22 de 2014
El pasado 20 de enero, en rueda de prensa, la ex senadora
Piedad Córdoba denunció ante el mundo la noticia del asesinato de 29
activistas del Movimiento político y social MARCHA PATRIÓTICA en dos
años de existencia. Y en el mismo evento, uno de los 256 activistas
encarcelados, Francisco Tolosa, responsable de relaciones
internacionales de esa organización,sin nunca haber empuñado un
arma,expresó vía telefónica desde la prisión, que, “estamos presos por
hacer política sin armas” y opinó “que no hay democracia real en
Colombia sin Marcha Patriótica”.
Hablamos con cierta desazón desde La Habana, donde hemos
firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos un acuerdo parcial para
ampliar la democracia y la participación política en Colombia, porque el
hecho denunciado por la dirigente de MARCHA es un mentís a lo
convenido, un desconocimiento de los deberes del Estado, y una pésima
señal que sigue minando la confianza en la palabra del gobierno.
Lo que denuncia Piedad Córdoba reafirma que durante el
gobierno de Santos se desconoce el derecho a la opción política y se
sigue exterminando a los activistas políticos, y de organizaciones
sociales y populares.
Para que este proceso de paz no termine en una farsa o en
una comedia, en sonoridades de palabras vacías sobre expansión de la
democracia, es urgente que el gobierno detenga el viacrucis de la Marcha
Patriótica.
Los colombianos todos, los que siempre hemos soñado con la
solución política al más largo de los conflictos en el hemisferio, con
el fin de la confrontación para que tengamos reconciliación nacional,
tenemos que defender el proceso de paz y exigir verdaderas garantías
políticas y seguridad para los movimientos sociales y políticos del
país.
No podemos tolerar que en medio de un proceso de paz, la
Marcha Patriótica sea aniquilada de manera sistemática, día a día, como
ocurrió con la UP, no solamente de cara al gobierno, sino con su
participación solapada, callando frente a los asesinatos, urdiendo el
empapelamiento jurídico de los líderes para colocarlos tras las rejas,
porque “representan un pensamiento peligroso”, como dice una de las
fiscales. Los asesinatos de líderes sociales y populares siempre
tuvieron en Colombia un comienzo con la denominada judicialización, pero
después terminaron muertos.
Se nos insta permanentemente desde el gobierno a cambiar
balas por votos, pero se asesina y se mutila a los campesinos cuando
protestan,henchidos de justicia, en las carreteras contra las políticas
del Estado que solo favorecen los intereses de las trasnacionales y
condenan a las mayorías a vivir como parias con las banderas de la
soberanía plegadas, tiradas en el suelo.
Cómo duelen las justificaciones que hacen algunos agentes
del Estado para explicar el por qué ocurrió el terrible genocidio de la
UP. Jamás aceptaremos la explicación brutal e incivilizada de que
aquellas muertes ocurrieron porque no podían permitir impunemente la
combinación de las formas de lucha. Pero nosotros afirmamos, que ni
Jaime Pardo, ni Bernardo Jaramillo, Ni Leonardo Posada, ni José
Antequera, ni Manuel Cépeda, ni los congresistas, ninguno de los miles
de mártires de la UP portaba fusiles ni antes ni al momento de ser
asesinados.
Cuánta razón asiste al señor Fiscal General de la
República, el doctor Eduardo Montealegre, cuando afirma que “el gran
desafío del posconflicto va a ser la guerra sucia”.
En Colombia es una necesidad vital desmontar la Doctrina
de la Seguridad Nacional, la concepción del enemigo interno y el
paramilitarismo, como factores que han acicateado el terrorismo de
Estado. El gobierno no solamente debe jurar un “nunca más”, sino
desplegar acciones convincentes para frenar operaciones sanguinarias
como la del tristemente célebre “Baile Rojo” que exterminó a un
movimiento y que ahora pretende aplicarse a la Marcha Patriótica.
¿Dónde está la tolerancia pregonada en el acuerdo parcial
para la Participación Política? Hay que dejar a un lado las palabras
zalameras y almibaradas sobre la democracia, cuando se tolera el
estallido de las balas contra los opositores al régimen, para destruir,
de manera calculada, cualquier asomo de construcción de una alternativa
política. Hay que comenzar la aplicación, ya, de lo acordado, para que
el proceso no sea palabrería vacua. Es un deber del Estado proteger la
vida de los ciudadanos y garantizar el derecho a la opción política en
Colombia.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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