Alberto Pinzón Sánchez.

He vuelto a leer los dos tomos del libro “La Violencia en Colombia” (1) “Aquel libro tormentoso y atormentado, según su prologuista O. Fals Borda, que llega a sus manos luego de 40 años de su primera aparición y recoge la tragedia del pueblo colombiano desgarrado por una política nociva de carácter nacional y regional y diseñado por una oligarquía que se ha perpetuado en el poder a toda costa, desatando el terror y la violencia. Esta guerra insensata que ha sido prolífica al destruir lo mejor que tenemos: al pueblo humilde” (Prólogo edición 2005)

Lo leí con avidez juvenil una vez salió en 1962, tratando de entender lo que veía con repeluco y horror a mí alrededor en los pueblitos viejos de mi provincia natal de Vélez, y que marcaron para siempre mi vida posterior. Pronto descubriría que, no eran solamente los sonoros nombres de las veredas donde habían sucedido masacres políticas de campesinos, que el cura Rangel, (mi tío materno) sacerdote de Puente Nacional leía en la misa los domingos en una larga monserga melancólica y pausada: El fenómeno era nacional y, en la edición que tengo a mano, la sola mención de las masacres entre los años 1958 y 1963, abarca 32 páginas (págs. 329 a 361). Realismo mágico colombiano dirán con cinismo los ruiseñores del régimen

En los años 70 volvía leerlo en la universidad Nacional de Bogotá cuando cursaba estudios de Antropología, y a mi curiosidad inicial se sumó ahora el frio cientifismo de las ciencias sociales que soplaba arrasador desde las facultades de ciencias sociales de los EEUU y Europa, tratando de desarrollar con premura una teoría social que permitiera frenar el comunismo, imparable ya en Bahía cochinos y en los Andes americanos: Mucha paja y poco grano estructuro-funcionalista, que nunca explicó adecuadamente aquel cataclismo social sucedido en Colombia y tuvimos que leer por aquel entonces, cuando los violentólogos colombianos tenían nombres anglosajones o franceses y eran “visitors” o cuerpos de paz en los recién creados departamentos de ciencias sociales de las universidades colombianas.

Sin embargo, primero mimeografiados y luego en libro nos llegaron los conceptos del historiador marxista Eric Hobsbawm, emitidos en su conocida “Anatomía de la violencia en Colombia, capítulo 10 de su libro “Rebeldes Primitivos.1959” (2), que desbrozaron y abrieron otros caminos de pensamiento y de interpretación de la realidad social colombiana. Y que en el último párrafo, casi a forma de conclusión, Hobsbawm describe en la página 240 de la siguiente manera:

..” Nos llevaría muy lejos analizar ahora la peculiar naturaleza del sistema colombiano de dos partidos, la crisis de la economía desde alrededor de 1930, la creciente conversión del partido liberal en un partido de masas del pobre, bajo el impulso de políticos al estilo del New Deal y del carismático líder de masas Jorge Eliecer Gaitán quien se hizo dueño de ellas; su asesinato en 1948 y la espontánea insurrección de masas de 1948 en la Capital que la siguió e inició la era de la guerra civil y las matanzas. Será suficiente concluir con el profesor Orlando Fals Borda que la Violencia procede de una revolución social frustrada. Esto es lo que puede suceder cuando las tensiones revolucionarias sociales no son disipadas por el pacífico desarrollo económico, ni atajadas para crear estructuras sociales nuevas y revolucionarias. Los ejércitos de la muerte, los desarraigados, los mutilados físicos y mentales son el precio que paga Colombia por este fracaso”.
En junio de 1984, a raíz del 1º simposio Internacional sobre la Violencia en Colombia realizado en la Universidad Nacional de Bogotá; Hobsbawm, con más información, amplía su tesis de la revolución frustrada y dice:..”Las clases dirigentes tuvieron dificultades para integrar las nuevas fuerzas sociales que irrumpen en el escenario político del país en los años 30 y 40. Esta situación ligada a los desequilibrios entre cambios socioeconómicos y un Estado nacional atrasado y en formación, sentaron las condiciones para el desarrollo de la Violencia en Colombia. Esto hay que verlo en el parto de un nuevo mundo pronto a surgir, pero que no logró por el momento hallar una forma de estabilidad burguesa”…

El camino trazado por Hobsbawm se amplió con nuevos y abundantes estudios que mostraron una realidad compleja donde se conjugó la ofensiva violenta y militar o “revancha” de capitalistas y terratenientes contra los dominados, en un marco contradictorio y dicotómico de desarrollo del capitalismo-revolución, tradición-modernidad, movilidad social-anomia, en donde jugaron un papel fundamental las capas medias de la población especialmente la pequeña burguesía pueblerina y regional de políticos, funcionarios, mayordomos, administradores de fincas, ect y posteriormente a partir de 1970, la lumpen burguesía creada por el narcotráfico.

En este sentido el libro La Violencia en Colombia fue pionero y es una referencia casi que obligada. Sin embargo mientras más lo leo a la luz de la actualidad, más me hieren como algo pendiente, las palabras de Tulio Bayer, el médico farmacólogo de Harvard, profesor manizalita y guerrillero por ocasión en 1961 el Vichada, cuando dice:…”La Violencia en Colombia es un libro en el que el autor de la Violencia no está (subrayado mío) Estamos en cambio todos nosotros; mientras Jehová permanece puro, limpio, ajeno a todo derramamiento de sangre. Jehová y la tribu de Jehová incluyendo al cardenal Concha Córdova y al obispo Builes de Santa Rosa. Los militares que hacen negocios en las Zonas de Violencia, los intelectuales cobardes y criminales que azuzan para beneficiarse de ella, los guerrilleros de café, los guerrilleros de verdad, todos estamos en el libro del Padre, todos un poco de culpables de la Violencia. ¡Menos el señor Obispo¡”… (3)

El libro la Violencia en Colombia de Monseñor Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna, trabajado con las uñas y en medio de grandes trabas gubernamentales, dificultades y represiones, hoy no cabe duda que para poder salir a imprenta debió obviar algunas cosas sobre la responsabilidades oficiales directas. Al fin de cuentas sus autores no eran ninguna Comisión de la Verdad, ni tuvieron tal pretensión. Talvez, creo yo, consideraron que con los horrores documentados se sobreentendía hacia donde apuntaba la responsabilidad directa del genocidio; la que ha tenido que salir a la luz posteriormente y en medio de grandes cesuras, persecuciones y muertes, enriquecida con nuevas masacres.

Este vacío que aún no está del todo lleno en la memoria colectiva de los colombianos es el que se debe llenar sin más dilación, si de verdad se desea finalizar el conflicto colombiano y construir una Nueva Colombia.

Notas:
(1) La Violencia en Colombia II Tomos. Editorial Punto de lectura. 2010. Colombia.
(2) Hobsbawm. E. Rebeldes Primitivos. Editorial Crítica 2010. Barcelona.
(3) Bayer. Tulio. Carta a un analfabeto político. Editorial Nueva Era. 1979. Barcelona.



(*) Alberto Pinzón Sánchez es médico y antropólogo colombiano

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• Escrito por  FARC-EP.co

Estatuto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de colombia - Ejército del Pueblo -

No es la primera vez que nuestros voceros enfrentan con altura temas semejantes. Recientemente el comandante Pablo Catatumbo, en entrevista concedida a la periodista Natalia Orozco (por cierto bastante editada y manipulada), aborda con sinceridad temas como la muerte de los diputados del Valle del Cauca, los sucesos de Urrao, entre otros, enfatizando que las víctimas son del conflicto colombiano y no de la guerrilla, como de manera tendenciosa han querido acuñar desde el Estado, con el coro de los aparatos masivos de comunicación.

En el comunicado, nuestra organización reconoce que si bien hubo falta de previsión en los sucesos recientes de Pradera, dicho proceder no se corresponde con nuestra “filosofía, ni la orientación política o militar que nos caracteriza”. En efecto, la razón de ser de nuestra lucha, son las reivindicaciones, necesidades y expectativas de nuestro pueblo.

También ha dicho nuestra máxima dirección que habrá sanciones disciplinarias para con los mandos guerrilleros que ordenaron la acción, lógicamente, en el marco de los principios y normas definidas en el Estatuto de los guerrilleros de las FARC-EP. Y entonces llegamos a otro punto del debate: ¿En el marco de cuales normas se debe juzgar la conducta de hombres y mujeres que por 50 años han combatido con las armas en la mano, contra las políticas de un régimen injusto, terrorista y apátrida?

Fruto de 50 años de construcción de nuestro ejército popular, sintetizando experiencias de aciertos y desaciertos, en las FARC-EP, contamos hoy con un compendio de normas verdaderamente revolucionarias, que se inspiran en el humanismo y la justicia social. Desde nuestros orígenes en Marquetalia, el comandante Manuel Marulanda Vélez nos inculcó, que: “nosotros estamos obligados a poner en vigencia todo el contenido de nuestras normas militares, de nuestro reglamento, de nuestra disciplina interna, sobre la base de los principios del movimiento armado revolucionario”.

En estas normas que nos rigen se encuentran las garantías del trato digno a los prisioneros de guerra, trato respetuoso a la población y a sus creencias religiosas, entre otras.

Los guerrilleros de las FARC-EP tenemos nuestra propia juridicidad y bajo ninguna circunstancia aceptaremos el sometimiento a una justicia contraria a nuestros fundamentos políticos e ideológicos, a nuestra naturaleza subversiva, a nuestro carácter de rebeldes. En conclusión, al único Estado al que nos subordinamos, es al Estado Mayor Central de nuestra organización.

Sería la oportunidad de preguntar a quienes desde diversos ángulos nos presionan para que nos sometamos a su marco jurídico fuera de contexto y a su engendro de justicia transicional: ¿por qué ellos, los autores intelectuales de desapariciones forzadas, fosas comunes y mal llamados “falsos positivos”, los que se han enriquecido ilícitamente robando el erario público, los que apoyados en el paramilitarismo han propiciado el despojo de tierras campesinas, los que desde los micrófonos y los pulpitos y sin ir al campo de batalla, azuzan la guerra contra el pueblo, no se someten a la justicia revolucionaria nuestra?

Los sucesos de Pradera, invitan a retomar otro debate: ¿porqué la Policía y el Ejército colombianos siguen construyendo sus puestos y cuarteles militares en medio de los poblados y ciudades, cuando el país vive una guerra interna? ¿Y qué decir del trasporte de militares en vehículos civiles, o la utilización de civiles como guías de tropas en zonas de combate? Al respecto, las FARC-EP hemos insistido en la necesidad de firmar un tratado de regularización de la guerra entre las partes contendientes, un tratado que nos comprometa por igual ante la población no combatiente.

Insistiremos en El cese bilateral de fuego y en un tratado de regularización de la guerra, como preámbulo de la firma de un acuerdo de paz estable y duradera. Pero estamosconvencidos que en Colombia sólo habrá paz cuando se instaure la justicia social.

Montañas de Colombia, 29 de enero de 2014.

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• Ver Estatuto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo - 

Años más tarde, en esa fecha mataron a Camilo Torres. Ahora el Gobierno, barajando una carta sospechosa, reanuda las fumigaciones de cultivos de coca el próximo 15 de febrero. Los aviones con sus alas llenas de roundup —herbicida producido por la criminal Monsanto— y con las barrigas blindadas para evitar que con todo y avioneta los pilotos gringos se destripen contra el suelo, volverán a levantar vuelo en Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Caquetá, Meta, Nariño y Guaviare. Medio país bañado de veneno. Van 20 años fumigando y la coca sigue tan campante. La estrategia de fumigar para subir los precios y bajar el consumo es fallida. Sube el precio, pero no baja el consumo, lo que significa que a largo plazo la fumigación es una estrategia para sostener los precios y justificar la guerra contra las Farc, para cotizarles a las empresas contratistas norteamericanas que hacen el oficio y, claro está, contribuir al enriquecimiento de Monsanto.

“En los últimos 12 años Colombia —informa la Silla Vacía— ha asperjado 1,5 millones de hectáreas, un promedio de 128.000 hectáreas al año o de una hectárea cada cuatro minutos”… y nada. Siguen existiendo, verdes y lozanas, unas 50.000 hectáreas de coca. Con un agravante: las maticas producen cuatro cosechas en vez de una, el alcaloide contenido en la hoja es del 90 % en lugar del 40 % que tenían antes, y las técnicas de producción son mucho más refinadas y rentables.

No sólo no han logrado reducir la producción de cocaína, sino que han hecho que los cultivos migren de una región a otra y de un departamento a otro, destrozando selva y haciéndoles campo a la ganadería y a la palma africana.

La fumigación de cultivos ilícitos es la causa del desplazamiento campesino, porque además de secar las matas de coca, mata los cultivos de maíz, yuca, plátano y de pasto para las tres vacas que tienen. Los aviones sueltan el veneno pero, como en el caso de Ecuador, “deriva por el viento” y cae no sólo sobre la coca. Es pues un arma que, como las trampas explosivas de las Farc, no discrimina, característica que es lo que las hace, a ojos del DIH, artefactos terroristas.

En efecto, la fumigación causa terror en las zonas campesinas. Es un hecho comprobado que afecta la piel de niños y adultos y aumenta los abortos. Más criminal aún: ha sido plenamente establecido que “las tasas de mortalidad infantil en municipios fuertemente asperjados son más altas que en otros similares pero sin cultivos de coca” y que la tasa de homicidios aumenta. Por esas razones, Ecuador demandó a Colombia ante la Corte de La Haya. Era evidente que, por ejemplo, el veneno botado en el río Mecaya caía en Lago Agrio. Colombia reconoció el efecto, prometió no volver a hacerle daño al vecino y pagó en compensación 15 millones de dólares, equivalente al daño emergente. Obligada, por supuesto, lo que indica que los argumentos de Ecuador serían acogidos “científicamente” por la corte internacional. Correa se prepara para vigilar la frontera.

Hay que sumar a todo lo anterior el efecto político que tiene la guerra contra la droga en las zonas de cultivo de coca y marihuana: la gente se aferra a la guerrilla porque es de hecho su fuerza defensiva. Los colonos bombardeados con veneno legitiman las acciones guerrilleras contra el Ejército, que va detrás de la Policía antinarcóticos, que, a su vez, va detrás de los contratistas armados extranjeros. ¡Una cadena vergonzosa!

Y lo peor: para nada. O mejor, para algo: alimentar la guerra, el resentimiento campesino, el desplazamiento de poblaciones, el avance de la palma africana, la destrucción de la selva. ¿Cuánto le cuesta al país esta ridícula estrategia? Nadie sabe. Y los que saben lo mantienen en secreto, mientras en los estados de Washington y Colorado, en Uruguay, Holanda y Portugal se abre camino la regulación a través de la progresiva despenalización.

No es fácil entender el hecho de estar negociando el problema de los cultivos ilícitos en La Habana mientras en el país el Gobierno agrava la situación fumigando a diestra y siniestra la economía posible de colonos y campesinos. Entretanto, los gringos siguen metiéndose todo lo que les llega.